La acción penal anunciada por el candidato presidencial de la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, contra su contrincante de ultraderecha Abelardo de la Espriella introduce un punto de inflexión en la campaña presidencial colombiana. No se trata únicamente de una controversia jurídica ni de un episodio más de confrontación electoral: la denuncia desplaza una disputa ideológica de alta intensidad hacia el terreno penal y reactiva, en plena competencia por el poder, una de las memorias más sensibles del conflicto armado interno: la relación entre política, paramilitarismo, justicia transicional e impunidad.
El hecho adquiere especial relevancia porque ocurre en un momento electoral crítico y entre dos candidaturas que encarnan relatos antagónicos sobre seguridad, memoria histórica, paz y orden institucional.
Cepeda busca situar la discusión pública en el terreno de la verdad judicial, la responsabilidad histórica y la defensa de las víctimas; De la Espriella, por su parte, queda obligado a responder no solo por la existencia o inexistencia de responsabilidad penal, sino por la aceptabilidad política de una cuestionada trayectoria señalada por presuntos vínculos con estructuras paramilitares y narcotráficantes.
En juego la legitimidad
La judicialización del proceso electoral no debe entenderse de manera automática como una distorsión de la democracia. En contextos marcados por denuncias de financiación ilegal, vínculos con estructuras armadas o enriquecimiento ilícito, el control judicial se convierte en una condición mínima para proteger la legitimidad electoral. Sin embargo, cuando la acción penal se activa en el tramo decisivo de una campaña, también produce efectos políticos inmediatos: redefine la agenda pública, condiciona la percepción de los votantes y obliga a las campañas a disputar no solo propuestas de gobierno, sino credenciales morales.
En ese sentido, la denuncia de Cepeda opera en dos planos simultáneos. En el plano jurídico, plantea la necesidad de esclarecer si existen hechos penalmente relevantes relacionados con concierto para delinquir, financiación del terrorismo o enriquecimiento ilícito.
En el plano político, instala una pregunta más amplia: ¿puede un candidato presidencial presentarse como garante del orden democrático cuando su biografía pública aparece asociada a escenarios de legitimación social del paramilitarismo?
El peso simbólico de una memoria no resuelta
El centro político de la denuncia está en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), y en el papel que De la Espriella desempeñó durante los diálogos entre el cuestionado Gobierno de Álvaro Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba (norte del país). Ese episodio conserva una carga simbólica enorme. Ralito fue presentado como escenario de desmovilización, pero también quedó asociado a la expansión social y política del proyecto paramilitar, a la parapolítica y a las tensiones entre verdad, negociación e impunidad.
La acusación de Cepeda apunta a que la organización de foros universitarios financiados por estructuras paramilitares y con participación de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y Ernesto Báez no puede reducirse a una actividad de acompañamiento civil o pedagógico del proceso de desmovilización. Desde esta perspectiva, dichos espacios habrían contribuido a la normalización pública de actores responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a la construcción de legitimidad social para un proyecto armado que buscaba traducir su poder territorial en influencia política.
Por eso, el debate de fondo no se agota en la pregunta penal sobre si hubo o no condena. La cuestión central es de legitimidad democrática: si la aspiración presidencial exige un estándar ético superior al de la mera ausencia de sentencia condenatoria, y si la sociedad colombiana está dispuesta a separar la legalidad formal de la responsabilidad política frente al paramilitarismo.
Responsabilidad política
Uno de los puntos más delicados del caso es que varias de las acusaciones contra De la Espriella han circulado durante años y algunas investigaciones habrían sido precluidas por la Fiscalía. Esa circunstancia crea una tensión central. Para la defensa del candidato de ultraderecha, las preclusiones pueden presentarse como prueba de ausencia de responsabilidad penal y como argumento contra lo que denomina una estrategia electoral de desprestigio.
Para Cepeda, en cambio, la existencia de nuevos documentos, testimonios o patrones conocidos en escenarios de justicia transicional justificar reabrir indagaciones y examinar hechos que no han sido suficientemente esclarecidos.
Esta tensión revela una característica estructural de la democracia colombiana: la distancia entre verdad judicial, verdad histórica y verdad política. Una preclusión puede cerrar provisionalmente una vía penal, pero no necesariamente clausura la discusión pública sobre responsabilidades éticas, redes de poder o beneficios derivados de contextos de violencia.
Coherencia biográfica y apuesta por la memoria como criterio electoral
Para Iván Cepeda, promover esta acción penal refuerza una línea de coherencia biográfica. Su carrera política ha estado asociada a la defensa de las víctimas, la promoción de los derechos humanos, la denuncia del paramilitarismo, la búsqueda de verdad histórica y la crítica a las formas de impunidad que acompañaron la expansión de estructuras armadas ilegales. En ese marco, la denuncia consolida su perfil ético y convierte la memoria del conflicto en un criterio decisivo para evaluar la idoneidad democrática de un candidato presidencial.
Su apuesta consiste en demostrar que la discusión sobre el pasado no es una evasión del futuro, sino una condición para definir qué tipo de orden democrático puede construirse.
La vulnerabilidad de una cuestionada biografía pública asociada al paramilitarismo y al narcotráfico
Para Abelardo de la Espriella, la denuncia reactiva una zona vulnerable de su biografía pública: su relación con Fipaz, Ralito, jefes paramilitares, narcotráfico y el entorno del muy cuestionado exfiscal Mario Iguarán. Aunque su campaña alegue preclusiones, ausencia de condena o instrumentalización electoral de viejos señalamientos, queda obligada a explicar no solo lo legalmente probado, sino lo políticamente aceptable.
La dificultad para De la Espriella radica en que su discurso de orden, autoridad y defensa institucional entra en contradicción con cualquier percepción de cercanía histórica con actores que desafiaron violentamente al Estado. En una campaña con alto grado de pugnacidad política, la denuncia le impone una carga explicativa: diferenciar acompañamiento jurídico o civil de legitimación política del paramilitarismo, y demostrar que su proyecto presidencial no reproduce las ambigüedades del pasado.
Si bien la acción penal de Iván Cepeda contra Abelardo de la Espriella judicializa la campaña, también revela una disputa más profunda por el sentido de la democracia colombiana. El caso obliga a decidir si la memoria del paramilitarismo seguirá siendo tratada como un capítulo cerrado del pasado o como un criterio activo para evaluar la legitimidad de quienes aspiran a gobernar.
En términos políticos, Cepeda apuesta a que la verdad histórica y la defensa de las víctimas sean condiciones de autoridad democrática. De la Espriella, en cambio, enfrenta el reto de demostrar que su proyecto de orden no está marcado por las sombras de Ralito ni por las redes de legitimación social del paramilitarismo y el narcotráfico.
Si bien el desenlace judicial tardará más que la elección presidencial, el efecto político ya está producido: la campaña presidencial quedó atravesada por una pregunta incómoda y decisiva para la democracia colombiana: ¿puede haber futuro institucional sólido sin esclarecer las responsabilidades políticas del pasado paramilitar?
Fuente: Cronicón, 13 de junio de 2026
Editado por María Piedad Ossaba