Más de 43 días consecutivos de protestas, cerca de 80 puntos de bloqueos en seis de los nueve departamentos y el endurecimiento de las protestas frente a la amenaza de declarar el estado de excepción son el símbolo de un pueblo que ha decidido levantarse contra el programa neoliberal del FMI y las políticas neocoloniales de Washington.
El gobierno de Bolivia se sumerge en una espiral de autoritarismo y profundiza una fórmula fallida que el neoliberalismo repite en cada rincón del planeta: ajuste y represión. Una política que se da en el marco del intento de alinear al país con las políticas de recomposición neocolonial que Washington implementa en la región, pero que parece haber encontrado en el pueblo boliviano una barrera de contención.
El camino del autoritarismo
Las protestas en Bolivia llevan más de 43 días y comenzaron tras la negativa del gobierno a atender el pliego de peticiones de la Central Obrera Boliviana (COB). Esa fue la chispa que encendió un polvorín. A las movilizaciones se sumaron los reclamos de sectores campesinos, mineros, maestros, transportistas, comunidades indígenas y otros grupos sociales que se sintieron traicionados por el incumplimiento de las promesas electorales o que se vieron afectados por decisión del presidente Rodrigo Paz Pereira de implementar las recetas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las medidas tomadas en solo seis meses de gobierno profundizaron la crisis económica. En una combinación de medidas que generaron una transferencia de recursos de los sectores más vulnerables hacia los sectores que concentran la riqueza, el gobierno decidió realizar una quita de subsidios al combustible, lo que provocó, también, un aumento en los productos de la canasta básica a la vez que se eliminó el impuesto a las grandes fortunas. Además, el gobierno importó combustible adulterado que dañó una gran parte del parque automotor boliviano; el gobierno impulsó una reforma agraria que buscaba favorecer la concentración de tierras en desmedro de los intereses de los pequeños productores y, en claro incumplimiento de sus promesas de campaña, Paz Pereira comenzó con un desmantelamiento del Estado Plurinacional.
En ese derrotero, todas las demandas se encadenaron y se sintetizaron en un único reclamo: la exigencia de que Paz Pereira y todo su gabinete deben renunciar.
En la actualidad existen alrededor de 80 puntos de bloqueo en 6 de los 9 departamentos del país. Lo que ha generado desabastecimiento y ha profundizado la inflación.
En una votación expedita, el 7 de junio, el Poder Legislativo (controlado en ambas Cámaras por la derecha) aprobó una ley que elimina las limitaciones del Ejecutivo para dictar “Estado de excepción”.
Poco después, el 10 de junio, el presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la nueva Ley de Regulación de estados de excepción.
La Iglesia Católica boliviana (que en 2019 fue partícipe del golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales), se ofreció a mediar en el conflicto.
El 12 de junio las organizaciones sociales y los sindicatos nucleados en la COB realizaron un Cabildo Abierto para analizar los caminos a seguir. Contra las expectativas del gobierno y los medios afines aseguran que se podría anunciar el fin de las protestas, los manifestantes ratificaron la continuidad y profundización del plan de lucha y los bloqueos y la exigencia de la renuncia del presidente.
Los Comités Cívicos de Santa Cruz le exigen al mandatario usar esa herramienta para acabar con las protestas y desbloquear las rutas. La aplicación del estado de excepción implicaría la intervención directa de las Fuerzas Armadas en los intentos por eliminar los bloqueos y la suspensión de garantías civiles por lo cual se podrían realizar allanamientos y arrestos sin orden judicial (entre otras medidas).
Si bien, militares, policías y grupos de choque de los Comités Cívicos ya actuaron en conjunto para reprimir las protestas, Paz Pereira sabe que la aplicación del estado de excepción puede ser la medida que, más que sostenerlo, termine de derrumbar a su gobierno.
Detenciones arbitrarias
El mismo día que el Congreso aprobó la nueva ley de regulación del estado de excepción, la COB denunció el secuestro de varios de sus dirigentes. Mediante un comunicado se señaló que “la Central Obrera Boliviana, denuncia ante el pueblo boliviano y la comunidad internacional el secuestro, atentado a la vida y aprehensión ilegal de cinco de nuestros dirigentes nacionales, perpetrado el día de ayer, 07 de junio de 2026. Nuestros compañeros fueron interceptados violentamente mientras transitaban en vía pública de manera pacífica en su vehículo particular por sujetos encapuchados, vestidos de civil y con armas”.
“Actualmente, nuestros dirigentes se encuentran retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) sin un informe policial de acción directa que justifique esta detención, lo que confirma el carácter arbitrario de este operativo. Este accionar cobarde e irregular constituye una flagrante vulneración a la Constitución Política del Estado, específicamente a los derechos a la vida, a la integridad física, fuero sindical, al debido proceso y a la prohibición expresa de detenciones arbitrarias sin orden judicial ni flagrancia”, señala el texto.
Luego agrega: “exigimos la liberación inmediata e irrestricta de nuestros cinco dirigentes, al tratarse de una aprehensión completamente nula de pleno derecho. Solicitamos la intervención urgente del Defensor del Pueblo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la OIT. Nos declaramos en estado de emergencia nacional, exigiendo la sanción de los responsables materiales e intelectuales de este operativo y advertimos que la clase obrera no permitirá que se criminalice la labor dirigencial ni se instauren prácticas ilegales de secuestro”.
Los intereses extrarregionales
Mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, el 16 de mayo, el gobierno de Benjamín Netanyahu manifestó que “el Estado de Israel expresa su apoyo y solidaridad con el gobierno y pueblo de Bolivia, así como con el presidente Rodrigo Paz Pereira, quien fue elegido legítima y democráticamente”.
“Seguimos con preocupación la situación humanitaria causada por los disturbios y bloqueos de carreteras, que han provocado escasez de alimentos y suministros esenciales a la población”, señala.
El comunicado expresa una “preocupación” que se contradice con lo que el propio Estado de Israel hace en Gaza y en el resto de los territorios palestinos ocupados.
Por su parte, el 20 de mayo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mediante una publicación en la red social X, señaló: “Que no quepa duda: Estados Unidos apoya sin reservas al gobierno constitucional legítimo de Bolivia. No dejaremos que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio”.
Por su parte, el 11 de junio, en una conferencia de prensa, el expresidente Jorge Tuto Quiroga aseguró: “yo le garantizo que hay imputaciones. No tengo pruebas, pero no tengo dudas que hay imputaciones selladas contra Evo Morales”.
Tuto Quiroga es considerado un hombre de la Embajada de Estados Unidos, entre 1997 y 2001 fue vicepresidente del ex dictador Hugo Banzer Suárez y, tras la renuncia del mandatario por problemas de salud, asumió la presidencia entre 2001 y 2002.
Con el afán de sostener el relato construido desde Washington y en el marco de la estrategia narrativa que se desprende del proyecto del Escudo de las Américas, el presidente Paz Pereira aseguró que los sectores que realizan los bloqueos están financiados por grupos “narcoterroristas”.
Una pieza clave en el armado regional
La implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional anunciada en 2025 por Washington ha puesto a la región frente a un proceso neocolonial. Hasta el momento, el punto más alto de esta nueva arremetida imperialista ha sido el bombardeo a Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.
Las amenazas contra Cuba, la injerencia en los procesos electorales de Argentina, Honduras y Colombia, los intentos de desestabilización contra los gobiernos de México y Brasil, las presiones para recuperar el control de Canal de Panamá, la pentagonización de las políticas hacia América Latina con el aumento de la presencia militar norteamericana y de los acuerdos con las Fuerzas Armadas locales son parte del proyecto que busca el control total de un territorio.
En ese contexto, Bolivia representa un punto estratégico para los intereses estadounidenses. Su ubicación geográfica, la búsqueda de consolidar el dominio total del Triángulo del Litio (entre Argentina, Chile y Bolivia), y de las denominadas tierras raras y el control de los hidrocarburos y del resto de los recursos naturales vuelven al país un punto clave en el proyecto de redespliegue imperial.
La insurrección popular del pueblo boliviano representa una trinchera fundamental en la resistencia contra el avance de la ultraderecha local, del proyecto neoliberal que toma cuerpo en el programa del FMI y de la arremetida neocolonial del imperialismo norteamericano en la región. En Bolivia se lleva adelante una batalla con múltiples dimensiones. Una de las peleas decisivas para el destino de los pueblos de toda América Latina.
Héctor Bernardo: Periodista y docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina (UNLP). Jefe de redacción de la