Muchos han criticado el reemplazo de los “técnicos” por los “políticos” en el gobierno de Gustavo Petro, pero con los “técnicos” no es posible llevar a cabo los cambios que prometió este gobierno del cambio.
Tres tipos de autoridad
¿Qué hace que cumplamos órdenes? Hace ya un siglo, el sociólogo Max Weber distinguió tres formas de dominación legítima en una sociedad: la autoridad tradicional, la legal-racional y la carismática.
La primera se basa en la costumbre, es decir, en las tradiciones instaladas desde tiempos inmemoriales; este es el caso de las monarquías, donde la gente obedece al mandatario o, en el caso de un funcionario, obedece a los mandatos escritos o no escritos provenientes de un superior jerárquico en el marco de la tradición establecida.
La segunda se basa en el respeto a normas legales escritas que se cumplen debido al profesionalismo de los funcionarios. La autoridad viene de la norma, no de la persona; ésta es la esencia del régimen político moderno y burocrático.
Bajo la autoridad carismática, el subalterno obedece al mandatario como persona que se presume dueña de la verdad; se acata la voluntad del superior sin ningún tipo de restricción. Weber, además, señala que la legitimidad carismática no es transmisible porque está atada a una persona, y no trasciende como la tradición o la norma escrita.
Las anteriores formas de autoridad son tenidas por legítimas cuando coinciden con las creencias y valores de los subordinados; los mandatos entonces se cumplen sin oponer resistencia y de manera adecuada.
“En resumidas cuentas, lo técnico representa el modelo neoliberal o neoinstitucional y a aquellos funcionarios formados y entrenados bajo este paradigma.”
En la vida real, sin embargo, los tres tipos de autoridad no se encuentran en estado puro, sino que están incorporadas en nuestras mentes y comportamientos en distintas proporciones. La mezcla de las formas de dominación, como también nuestra subjetividad y circunstancias personales, hacen que cumplamos o no con lo que nos ordenan.
La aceptación de la autoridad puede llegar a extremos; por ejemplo, el famoso experimento de Milgram muestra cómo una persona está dispuesta a descargar una corriente eléctrica mortal a otro individuo si la autoridad que lo solicita es legítima.
Ahora bien, ¿a qué tipo de dominación legítima responden o deberían responder los funcionarios del gobierno Petro?
Técnicos vs políticos
En los últimos días, los medios de comunicación han criticado el reemplazo de funcionarios “técnicos” por servidores públicos más “políticos”. Este tipo de encabezados sugiere que los “políticos” no disponen del conocimiento técnico- administrativo suficiente, comenzando por la legislación que regula su cargo (Constitución, leyes, decretos, jurisprudencia).
Bajo esta lógica, los funcionarios “políticos” no están capacitados para tomar las decisiones adecuadas, puesto que estas están guiadas por la ideología o la lealtad al presidente. En consecuencia, las decisiones administrativas ya no están basadas en la autoridad legal-racional sino en una carismática.
Pero ante la complejidad de los cambios sociales que propone un gobierno como el de Petro hay que hacerse otra pregunta: ¿es posible llevar a cabo estos cambios en el contexto jurídico y administrativo actual del Estado colombiano? La respuesta probable es que no; esos cambios no serían posibles sin que antes haya cambios legislativos, políticos y de personal.
En lo político, sin la mayoría en el Congreso, es imposible modificar las leyes que se basan en la autoridad legal-racional para cambiar la actuación político-administrativa del Estado. De allí los constantes llamados del presidente a una movilización externa a la legitimidad institucional de la representación política.
En lo jurídico-administrativo, el gobierno se encuentra ante un entramado legal desarrollado a partir de un paradigma filosófico y político de tipo neoliberal (prioridad del libre mercado) o neo institucional (prioridad del mercado con cierta regulación estatal). Este enfoque favorece las políticas basadas en los valores de la iniciativa privada, la libre competencia, etcétera.
De esta manera, lo que consideramos como técnico, o neutral en materia de valores, resulta estar inscrito en una perspectiva ideológica. En resumidas cuentas, lo técnico representa el modelo neoliberal o neoinstitucional y a aquellos funcionarios formados y entrenados bajo este paradigma.
Por este motivo, las normas vigentes y las costumbres de los funcionarios técnicos son obstáculos para las políticas del cambio. Así, pese a la elección de un gobierno ideológicamente divergente, se hace imposible modificar un modelo político y administrativo arraigado en las instituciones.
Funcionarios en la era Petro
Como sugiere la literatura sobre el cambio de políticas públicas, para llevar a cabo una transformación real se necesita un personal alineado con las ideas del gobierno.
Aunque parezca un argumento extraño, el tipo de formación profesional influye sobre las decisiones político-administrativas. Por ejemplo, el 80% de los altos funcionarios de los gobiernos de Santos y Duque se educaron en universidades privadas, casi el 60% de ellos en las universidades de los Andes, Externado, Javeriana y Rosario. Apenas cerca del 15%, se educaron en universidad públicas (Nacional, del Valle y de Antioquia).
“Las políticas del cambio necesitan de funcionarios capaces de construir otra legitimidad legal-racional que se traduzca en una renovación de la alta función pública y la estructura jurídico-administrativa actual.”
En contraste con lo anterior, bajo el gobierno Petro, antes de la primera crisis de su coalición, el 40% de los funcionarios fueron educados en una universidad pública y la proporción de egresados de aquellas cuatro universidades privadas se redujo en un 38%.
Es importante señalar que, en el gobierno actual, como también en los anteriores, más de la mitad de los funcionarios eran economistas o abogados, dos disciplinas que legitimaron y ayudaron a construir el régimen político actual.
Los motivos anteriores explican, por lo menos parcialmente, las dificultades para concretar los cambios de política que pretende lograr el presidente Petro. Específicamente, las principales dificultades son la legislación vigente (aquella que favorece el régimen neoliberal) y la permanencia de funcionarios técnicos atados a un paradigma antiguo y arraigado en el statu quo.
Por eso mismo la nueva élite administrativa debería disentir del paradigma dominante y, preferiblemente, no estar formada en las instituciones o disciplinas que contribuyeron a la legitimación y consolidación del régimen político vigente.
Las políticas del cambio necesitan de funcionarios capaces de construir otra legitimidad legal-racional que se traduzca en una renovación de la alta función pública y la estructura jurídico-administrativa actual.
Como señala Max Weber, solo la legitimidad carismática permite cambios profundos en el régimen político por su desapego a las normas tradicionales y legales.
Pero acá nos encontramos con otros dos interrogantes: ¿tendrá el presidente Petro suficiente legitimidad carismática para lograr transformarla en legitimidad legal-racional o tradicional? y ¿Será esta conveniente para el país y la democracia?
André-Noël Roth Deubel
Fuente: Razón Pública, 10 de marzo de 2024
Editado por María Piedad Ossaba
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