Aunque el sugerente estudio Élites, poder y principios de dominación en Colombia (1991-2022) : Orígenes, perfiles y recuento histórico, dirigido por Jenny Pearce, docente británica e investigadora del Latin America and Caribbean Centre del London School of Economics y Juan David Velasco Montoya, profesor de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana de Bogotá, no ahonda en la influencia determinante de factores como el narcotráfico, el paramilitarismo y la denominada parapolítica (alianza de ejércitos privados con mafias políticas que han secuestrado prácticamente todas las regiones del país), los cuales han posibilitado la consolidación de estructuras de dominio socioeconómico a lo largo y ancho de la geografía nacional, su conclusión general es que la mezquindad, corrupción, pequeñez de miras y el espíritu mafioso del establishment colombiano, no han permitido generar un proyecto de nación.
La investigación identifica que a más de que numéricamente son pocas las personas que dirigen el rumbo del Estado y la economía en Colombia, “existe una profunda fragmentación del poder y se observa una dificultad estructural para que existan proyectos nacionales que sean vinculantes y hegemónicos, ya que cada constelación de élite (judicial, política, económica y tecnocrática) que surgió con posterioridad a la Constitución de 1991, tiene valores, costumbres, miradas de género, procedencias regionales y preparaciones académicas diferentes (en ocasiones, diametralmente opuestas). En otros términos, son mínimas las identidades y los factores de cohesión entre las élites, lo que denota un patrón histórico de construcción de coaliciones de poder inestables y sin vocación de permanencia. Esto explicaría porque proyectos reformistas han fracasado”.
La corrupción en Colombia es históricamente un mal endémico que se evidencia en el hecho de que durante más de dos siglos de vida republicana el Estado ha sido dominado por alrededor de 100 familias que siempre lo han utilizado como botín y que consecuentemente se volvió inherente a la sobrevivencia y el statu quo de las élites. De esta manera detentan su dominio político y su capacidad económica privilegiada que les permite como gobernantes vender y transferir bienes públicos de acuerdo a sus conveniencias y corruptos intereses. El caso más patético, aunque se puede enumerar mucho más ejemplos, fue la pérdida de Panamá en 1903, orquestada por el gobierno de Washington. En realidad y los hechos históricos así lo demuestran, es que el istmo no fue robado sino que fue vendido por las élites colombianas con el presidente de la época José Manuel Marroquín y su hijo Lorenzo a la cabeza, para que Estados Unidos tuviera una posición de dominio sobre América del Sur y lograra expandir sus acciones de injerencia.
Colombia, uno de los países más desiguales del mundo
El diario El Espectador de Bogotá entrevistó a Jenny Pearce para ahondar sobre el resultado de su investigación académica, cuyos hallazgos dejan entrever la poquedad de la clase dominante en Colombia que no llega a ser dirigente, sino que se constituye en un grupúsculo parásito del botín estatal que históricamente se lo han robado para consolidar sus fortunas mal habidas y convertir al país con sus acciones y complicidad en un narco-estado.
Pearce asegura que de acuerdo con los datos recabados en desarrollo de la pesquisa académica, desde 1991 tan solo el 0,02 % de la población colombiana ha direccionado el rumbo de un país que hoy tiene 50 millones de habitantes. El estudio “documenta que 68 familias han manejado la política y que aún prevalece el patriarcado en la cúpula del poder público”. La investigación perfila además quiénes y cómo son las élites que han ocupado los máximos cargos en el Gobierno, los organismos de control, las altas cortes, el Congreso, los gremios económicos y los propietarios de las empresas más grandes del país.
La mafia política colombiana ha logrado consolidar “una cultura de intercambio de fidelidades y votos, por acceso privilegiado a los bienes y servicios que provee el Estado”, lo que comúnmente se conoce como clientelismo.
Si como se sabe América Latina tiene un problema de violencia aguda y preocupante que la hace la región más desigual del mundo, Colombia es el país más inequitativo de los países de la OCDE y el segundo más desigual entre 18 naciones de la región, explica Pearce. En tal sentido, recalca, “desigualdad, violencia y élites son temas conectados”.
Otro de los elementos que la académica subraya del informe es que la élite colombiana se ha destacado por ser totalmente obsecuente con los dictados de Washington, pues desde los años 20 del siglo pasado hizo suya la directriz diplomática formulada por el expresidente conservador Marco Fidel Suárez, quien ocupando la Cancillería, pocos años antes de haber asumido la jefatura del Estado, acuñó la doctrina de réspice polum (mirar hacia el norte) como principio de subordinación y entrega a Estados Unidos.
Adicionalmente, Pearce destaca que la cuestionada élite colombiana ha sacralizado la propiedad privada “como principio de dominación”, de ahí los bloqueos históricos a la reforma agraria y la negación reiterada de la validez de la expropiación con fines redistributivos. En buena parte, ello explica la primacía de la política transaccional mediante el clientelismo como eje ordenador de las relaciones políticas y socioeconómicas en Colombia.
La investigadora británica sugiere que “es necesario entender mejor el concepto de ‘élite’ para generar un debate sobre cómo la concentración de poder político, social y económico se relaciona con factores que reproducen violencias e impiden transformaciones necesarias para una sociedad”.
Las élites son el palo en la rueda para consolidar la paz
Sobre los múltiples intentos por alcanzar una paz sólida y consecuentemente duradera en el país, Pearce hace una lectura contundente respecto del miserable papel que ha cumplido el establishment colombiano.
“Colombia –afirma- es el décimo país con más negociaciones y acuerdos de paz firmados con grupos guerrilleros y paramilitares en la historia del mundo. Precisamente, desde los años 80 hasta ahora se han desarrollado 16 negociaciones de paz y se han desmovilizado más de 75 mil excombatientes. Con las Farc ocurrió el Acuerdo de Paz más amplio y sofisticado, pero a pesar de esto el país se encuentra en una nueva fase de conflicto armado, con indicadores que podrían asemejarse a lo que ocurría a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI en cuanto al número de masacres, la oleada de desplazamientos forzados masivos de poblaciones, confinamiento, descuartizamientos, etc. Por eso en nuestro estudio planteamos que no sería posible hacer una paz completa y reducir todas las expresiones de violencia si las élites no se comprometen a construir un Estado de derecho equitativo en todos los territorios, acepten una tributación más progresiva y se construya una seguridad pública y humana accesible a todos y todas que trascienda la protección de fincas, empresas y sitios de recreo”.
Explica además que “en Colombia se ha hecho muy difícil construir una nación, porque las coaliciones entre élites tienden a ser muy inestables. También por la sub-representación de la sociedad en los cargos directivos del Estado y la economía. Por eso, cuando se logran consensos como en el Frente Nacional, se excluyen -y con violencia del Estado- a enormes sectores de la población, generando así espacios para las contestaciones violentas e insurreccionales”.
Gustavo Petro tiene una oportunidad histórica
Pearce considera que el presidente Gustavo Petro “tiene la oportunidad histórica de unir a dos países diferentes. Si se analiza el patrón de votos en las elecciones presidenciales de 2018 y 2022 se observa que ha logrado consolidar mayorías electorales en el Pacífico y el Caribe, dos regiones donde se ha concentrado la violencia y la desigualdad. Pero también ha enganchado en grandes ciudades como Bogotá, Barranquilla, Santa Marta y Cali. En ese sentido, puede impulsar una amplia coalición de sectores urbanos y rurales. Sin embargo, el peso de la historia es fuerte, pues en Colombia desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo, pasando por los mandatos de Alberto Lleras Camargo y Carlos Lleras Restrepo, hasta el punto uno del Acuerdo de Paz con Juan Manuel Santos, se presentaron frenos e incluso retrocesos en los planes de redistribución de la tierra. Entonces surge la pregunta: ¿será sostenible el plan de reforma agraria teniendo en cuenta esos vetos históricos por parte de ciertas élites regionales? La clave estará en la celeridad con la que hagan la reforma, la solidez del catastro multipropósito, la fijación de altos impuestos a los latifundios improductivos, la eficacia administrativa de las diferentes agencias estatales y asegurar que haya alternativas a la violencia para resolver los conflictos agrarios”.
Intereses del gran capital se atravesarán a las reformas de Petro
Hay que tener muy presente que si revisa el rango que publica la Superintendencia de Sociedades sobre las empresas con mayores ingresos operacionales en Colombia, agrega la docente británica, se puede observar que en la cima de la lista están aquellos holdings financieros, compañías petroleras y empresas promotoras de salud (EPS) que verían afectados sus codiciosos y oscuros intereses si se ponen en marcha las reformas socioeconómicas que plantea Petro.
“En términos estadísticos, podemos estimar que llegaría a afectar a las personas jurídicas que controlan más del 40 % del PIB, si lo relacionamos con el tamaño de los activos y los ingresos operacionales de estos en 2021. Es decir, si Petro cumple a cabalidad con lo que se comprometió en campaña sobre descarbonización de la economía, pensiones y EPS, se echaría encima a los poderes económicos más fuertes. La gran incógnita es cómo reaccionaría lo que llamamos la élite oligárquica por la importancia que dan a la defensa de su riqueza, pues nunca en la historia de Colombia un presidente llegó a la Casa de Nariño con unas propuestas de reforma tan ambiciosas en diferentes frentes a la vez”.
La lectura de la investigación académica de Pearce y Velasco Montoya auspiciada por el Latin America and Caribbean Centre del London School of Economics y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz, evidencia que el triunfo electoral de Gustavo Petro en junio de 2022 en buena medida es consecuencia de que el patrón de corrupción generalizado en el manejo del país por las criminales estructuras de poder colmó la paciencia de la sociedad colombiana, sentenciando el fin del régimen mafioso que ha gobernado por décadas, repudiando de manera categórica su falsa retórica, prácticas e impunidades, que lograron sostener la delincuencial apropiación y enajenación de bienes y riquezas de la nación y “neutralizado” adversarios, combinando todos los medios de lucha para mantener el control absoluto del Estado como propósito que une y asocia a élites y “gentes de bien”, sin importar el costo para la nación.