Cuatro meses de gestión, once ministros cesados, dos cuestiones de confianza sobre un primer ministro y una moción de vacancia al presidente de la República es el balance de la relación entre el Congreso y el Ejecutivo peruano.
La moción destituyente fue derrotada y el presidente Pedro Castillo salió fortalecido, aunque es probable que en 2022 la oposición vuelva a intentar la misma estrategia.
Sin duda, el evento político central del convulso mandato de Pedro Castillo (Perú Libre) ha sido la derrota de la moción de vacancia que intentaba deponerlo bajo la acusación de “incapacidad moral”. Pese a los augurios iniciales, solo logró el apoyo del sector más radical de la derecha peruana y partió en dos a la oposición, que vio cómo fuerzas acreditadamente derechistas, como Podemos Perú o Somos Perú, votaban en contra.
Los 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones, parecían haber aislado al fujimorismo y fortalecido una primitiva alianza parlamentaria del Ejecutivo con Acción Popular (centro) y Alianza para el Progreso (centro derecha). Pero en este frágil escenario se produjo la moción de censura contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva (Acción Popular), y el Gobierno quedó de nuevo en minoría. En el volátil escenario político peruano cualquier movimiento puede desequilibrar el balance de fuerzas, y la vacancia de Alva acabó por fortalecerla e implosionar al oficialismo.
En consecuencia, la bancada de Perú Libre (PL) está hoy fuertemente fracturada. Por un lado, el sector afín a Castillo y, por otro, el cercano a Vladmir Cerrón, presidente del partido. Finalmente, los ‘independientes’ o ‘díscolos’, que han acabado por renunciar tras este movimiento.
Está por verse si -tras el acercamiento entre Cerrón y Castillo durante la moción de vacancia- este nuevo terremoto interno no ensancha las distancias entre Gobierno y bancada. La situación no puede ser más complicada: Castillo precisa de estructura partidaria, mientras que Cerrón necesita respaldo en un momento en que corre riesgo de ser encarcelado en el marco de la causa “Dinámicos del centro”, por supuesta organización criminal y cohecho pasivo en su Gobierno al frente de Junín.
La estrategia de desestabilización de la derecha parece dar sus frutos. De un lado, cargan contra la cohesión interna en la Cámara Legislativa. Del otro, asedio mediático. Finalmente, ponen en práctica todas las herramientas del filibusterismo parlamentario para bloquear los avances de un Gobierno que debe dedicar todas sus energías a lidiar con un Legislativo obstruccionista. Una suerte de softlawfare que coquetea permanentemente con el impeachment.
Pero la ofensiva fujimorista no se limita a recursos de vacancia, y el escenario político ha sido afectado por dos medidas de peso: en primer lugar, una enmienda a la Ley de derechos de participación y control ciudadano que establece que el referéndum sobre la reforma constitucional deba ser convocado “por disposición del Congreso”. De este modo el Congreso elimina la consulta popular como instancia disparadora de reforma constitucional. Esta medida demuestra la fragilidad de los respaldos parlamentarios de Castillo y aleja la principal promesa de campaña: la reforma constitucional, amenazando al profesor con la “humalización” de su Gobierno.
En segundo lugar, la Comisión constitucional impulsó la reglamentación de la cuestión de confianza ‒una muerte cruzada que permite al Ejecutivo cerrar el Congreso si obstruye sistemáticamente iniciativas gubernamentales-. Así, buscan impedir al presidente solicitar este recurso en casos vinculados a reformas constitucionales. De aprobarse, desencadenaría un desequilibrio de poderes: continuaría vigente el recurso de vacancia y la capacidad del Congreso de afectar el poder presidencial, pero limitaría la potestad del Ejecutivo de afrontar obstrucciones legislativas.
En tanto, que el efímero respiro de la moción de vacancia pudiera permitirle avanzar con algunas de sus iniciativas económicas al Gobierno es algo que hoy está aún en entredicho. Entre las reformas destaca la tributaria, impulsada por el ministro de Economía, Pedro Francke, que busca impactar de forma progresiva en el escenario fiscal peruano. El proyecto prevé aumentar tasas impositivas a mineras, ajustar el impuesto a la renta (por venta y alquiler de inmuebles, intereses, regalías y dividendos), gravar de manera progresiva los tramos de mayores ingresos, y reducir la evasión y el incumplimiento fiscal.
Esta ofensiva ya cosechó el rechazo de grandes consorcios mineros que se oponen a la elevación de tres puntos porcentuales en impuestos al sector. El conglomerado Las Bambas, gestionado por la china MMG Ltd, amenazó con suspender su producción como mecanismo de presión al Ejecutivo. Un reclamo difícil de entender, ya que la carga tributaria promedio en el sector minero peruano es 41,7 %, muy inferior a la de Chile (47,1 %), Brasil (47,9 %) o Canadá (49,9 %), según señalaron desde el Ministerio de Economía peruano.
En este convulso contexto, dos posibles escenarios se abren en el Perú. Si Castillo -con la fuerza propia dispersa y dividida, condicionado desde el Congreso, los grandes medios y los principales espacios económicos-, no profundiza en transformaciones, lo más factible es que se sostenga en el poder a cambio de garantizar la continuidad económica de un país que lleva 20 años de crecimiento sin redistribución.
Si, por el contrario, Castillo reagrupa la fuerza popular propia y la unifica de cara a las elecciones municipales del próximo año, si fortalece la articulación parlamentaria con el ala popular del cincuentenario Acción Popular, si profundiza los cambios y busca las grietas del sistema para romper con el statu quo apoyándose en el incipiente movimiento popular que generó su elección, quizá, solo quizá, podrá enfrentar el desafío de fondo del Perú: cambiar la Constitución fujimorista para redistribuir la ultraconcentrada riqueza del país andino.
Yair Cybel y Sergio Pascual
Editado por María Piedad Ossaba
Publicado por CELAG
Yair Cybel: Licenciado en Comunicación Social (UBA) especializado en Comunicación Política (UNTREF). Docente del Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires. Asesor del Frente de Todos en la Legislatura de Buenos Aires. Participó de campañas electorales en Perú, Argentina, Panamá y Paraguay. Como periodista se desempeñó en los canales de televisión Telesur e HispanTV. Investigador. Fundador del medio El Grito del Sur.
Sergio Pascual: Ingeniero de Telecomunicaciones y Antropólogo (España). Fue el primer secretario de organización de Podemos, cargo que dejó tras las elecciones del 20D de 2015. Fue diputado en el Congreso español durante las legislaturas XI y XII además de Presidente de la Comisión de Fomento de la Cámara. Destaca su colaboración en misiones de observación electoral y trabajos de diseño y análisis demoscópico en Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador.