La situación en Colombia es grave para su pueblo. A las injusticias y desigualdades históricas que benefician a un sector muy concentrado de la población que mantiene sus privilegios con la violencia y la represión, se le agregan los retrocesos ocasionados por el gobierno de Iván Duque, quien no solo demuestra una nula voluntad de cumplir con los Acuerdos de Paz firmados en 2016 entre las FARC y el Estado Colombiano, que criminaliza la protesta social y reprime con violencia las distintas movilizaciones.
Desde la llegada del actual presidente al gobierno, se contabilizan más de cien asesinatos de líderes y lideresas sociales, un incremento de la judicialización de las organizaciones campesinas, indígenas y negras, como también a movimientos populares que defienden la Paz con justicia social.
Los incumplimientos en los Acuerdos de La Habana y en los cientos de acuerdos logrados con la protesta social nuevamente han llevado al campo popular colombiano a las rutas y calles. Como sucede desde inicios de Marzo hasta la fecha con la “Minga indígena, social y popular en defensa de la vida, el territorio, la autonomía y la soberanía”, que ya lleva varias semanas de movilización para poder dialogar y resolver sus problemas básicos. La respuesta del gobierno ha sido la represión y la muerte, que al día de hoy suman once víctimas mortales, entre las que se encuentran mingueros, mingueras, y estudiantes que se han movilizado en defensa de la Minga, además de decenas de personas heridas.
En lo que respecta a la implementación de los Acuerdos de Paz, desde varias instituciones y organismos internacionales responsables de la observación y monitoreo se viene denunciando con preocupación el incumplimiento a lo acordado por parte del gobierno, que se verifica en la desfinanciación de las nuevas instituciones creadas para garantizar la paz estable y duradera, en el cuestionamiento a la Justicia Especial para la Paz y por sobre todo en la ausencia de las garantías para resguardar la vida tanto de ex combatientes y sus familiares, como de aquellos sectores que históricamente han sido afectados por las desigualdades que caracterizan al Estado colombiano y que ocasionaron el conflicto armado, como son las poblaciones campesinas, indígenas y negras.
Los organismos multilaterales internacionales y regionales como la OEA no se han pronunciado ni han denunciado las acciones violatorias de los derechos humanos que comete el gobierno colombiano, cuando paradójicamente, si se han pronunciado en muchos casos que son de conveniencia para la agenda injerencista de los EE.UU.
Por estas razones, las organizaciones sociales, políticas y sindicales de todo el territorio nacional han definido que el 25 de abril se realice un Paro Nacional en defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales, en apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz firmados, en exigencia a la continuación de los diálogos con el ELN y en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.
Como organizaciones y plataformas internacionales, preocupadas enormemente por lo que sucede en Colombia y la invisibilización en la opinión pública internacional, hacemos un llamado global a que nos solidaricemos con el pueblo colombiano en su voluntad de movilización en escenarios como la Minga, su compromiso con la construcción de la Paz con justicia social, para que exijamos internacionalmente el cumplimiento por parte del gobierno de Duque de los Acuerdos de paz, la reanudación de la mesa de diálogo con el ELN y denunciemos la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia.
Este 25 de abril convocamos:
A realizar concentraciones, movilizaciones plantones en las embajadas y consulados de Colombia en todo los países.
A expresarnos a través de videos, fotos, pintadas, y acciones en las redes sociales.
A presentar cartas de denuncia en la cancillerías de nuestros países.
DuqueRespeteLaPaz
DuqueRespeteLosDerechosHumanos
Fuente: Alba Movimientos
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Comunicado Paro Nacional
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Centro Oriente de Colombia, 22 de abril de 2019.
Las condiciones de vida digna para las mayorías, cada vez son más reducidas, pues el Estado colombiano fiel a las tareas designadas por los imperios, afianza sus políticas en detrimento del bienestar del pueblo. No es gratis que su agenda legislativa y política vaya encaminada a legalizar el despojo de los territorios de pueblos indígenas, afros y campesinos; a garantizar el saqueo de los bienes de la naturaleza; a continuar la privatización de la Salud y la Educación; al desmonte de garantías laborales ganadas mediante luchas históricas de las y los obreros; a desconocer, recriminar y discriminar a las personas por su orientación y opción sexual; y a garantizar la impunidad frente a los crímenes de Estado; situación que se avizora empeorará con el Plan Nacional de Desarrollo.
Así mismo, la criminalización de la protesta social se agudiza, más de 600 dirigentes sociales y defensores de DDHH asesinados desde el 2016, al menos un centenar judicializados y otro tanto de amenazados, como consecuencia de su accionar social en defensa de la vida y los territorios.
Ante este panorama de represión y opresión, el pueblo organizado se ha movilizado históricamente para exigir al Estado unas mínimas garantías para la vida digna, sin embargo, la respuesta del régimen ha sido la estigmatización, la militarización, judicialización y la eliminación física a través de los homicidios sistemáticos, igualmente, los acuerdos pactados han sido reiteradamente incumplidos y menospreciados.
Esa misma situación es la que hoy nos lleva nuevamente a hacer uso de la protesta y movilización social, como herramienta legítima y derecho constitucional para reclamar el cumplimiento de los compromisos que el Estado ha firmado internacionalmente y ratificado a nivel interno en materia de Derechos Humanos.
En este sentido, como Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia articulados a nivel nacional en el Congreso de los Pueblos, nos unimos al Paro Nacional para rechazar el asesinato de líderes, lideresas y defensores de Derechos Humanos, contra el Plan Nacional de Desarrollo, la agenda económica y social de Iván Duque, y la agudización de la guerra contra nuestro pueblo y contra pueblos vecinos como lo evidencia el afán intervencionista sobre la hermana República Bolivariana de Venezuela.
Convocamos a nuestras bases sociales y a toda la población de la región, a participar activamente de las actividades que en cada uno de los territorios se han programado y organizado durante esta semana y de manera contundente el 25 de abril, en articulación con el llamado que a nivel nacional hace el movimiento social y de Derechos Humanos.
Al Estado colombiano le exigimos el respeto por las comunidades que se vinculan a esta jornada nacional y a abstenerse de adelantar acciones de represión contra las mismas.
A la comunidad en general, estar atentos a los medios alternativos de comunicación, a través de los cuales estaremos informando las dinámicas en las que se desarrolla la jornada.
¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
¡MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA!!!
¡CONGRESO DE LOS PUEBLOS CONSTRUYENDO PAÍS PARA LA VIDA DIGNA!!!
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