Crisis política en Perú: Destitución de Pedro Castillo y nuevo gobierno

El presidente peruano intentó cerrar el Congreso, que lo quería destituir, en un casi inexplicable salto al vacío. Pocos minutos más tarde, era detenido y reemplazado por la vicepresidenta. Hoy queda más claro que la independencia política de la izquierda y los movimientos populares son vitales para preparar una salida democrática y de ruptura antineoliberal antes la crisis política permanente.

Golpe parlamentario contra Pedro Castillo

Johnatan Fuentes

La victoria electoral de Pedro Castillo y Perú Libre en las elecciones presidenciales del 2021 auguraba la profundización de la crisis política peruana de hace más de un quinquenio, con la particularidad del ensañamiento de las clases dominantes ante un dirigente sindical de origen campesino que cristalizó con crudeza el racismo y macartismo imperante de nuestra sociedad.

Un populismo de baja intensidad

A diferencias de las experiencias nacional-populares recurrentes en América Latina, el proyecto de Castillo adoleció de una estrategia definida, sólidas bases populares y una amplia mayoría parlamentaria para implementar los cambios propuestos en campaña electoral. Además de ello la convivencia con el partido Perú Libre era más un entendimiento práctico, que una apuesta por construir partido que finalmente se formalizó la separación hace algunos meses.

Ante el asedio golpista de la ultraderecha, Castillo optó constantemente por otorgar concesiones a las clases dominantes hasta el punto de dejar sepultado las medidas mínimas del programa de cambios con que ganó la segunda vuelta electoral.  Cuestión que se evidenció con el cambio de gabinete ministerial donde la tecnocracia neoliberal recuperaba el Ministerio de Economía y algunos sectores de derecha se agazapaban en el ejecutivo a tan solo 6 meses de gobierno.

Castillo derrotó las dos primeras mociones de vacancia estableciendo acuerdos con las bancadas de derecha ligadas más a las regiones y a cierta burguesía provinciana como Alianza para el Progreso (APP) y una fracción de Acción Popular (AP) y Podemos. De cierta forma la división de la izquierda, las disputas entre Perú Libre y Nuevo Perú, en los primeros 6 meses de gobierno contribuyó a esta dinámica fortaleciendo al entorno regionalista y familiar cercano a Castillo que se desempeñó como dirección política informal del ejecutivo apuntalando su derechización y capitulación.

El asedio golpista permanente

La ultraderecha peruana liderada por el Fujimorismo desde el día cero desconoció la victoria electoral de Castillo, que bajo diversas formas intentó impedir la investidura presidencial recurriendo a un pool de abogados reaccionarios, así como a los grandes medios de comunicación que se propusieron menoscabar la legitimidad del nuevo gobierno que llegaba con banderas de izquierda.

Las movilizaciones antigubernamentales que convocaban solo lograban congregar a la vieja partidocracia del APRA y el PPC, y algunas fracciones de la clase media y la burguesía limeña que no toleraban a alguien proveniente del mundo popular como presidente de la república. En cierta medida el empate de fuerzas en las calles y el congreso entre la oposición burguesa y el oficialismo habilitó la política de sobrevivencia que llevaba a Castillo a sostener el piloto automático neoliberal.

Ante el impasse se abrió con más contundencia otro frente de disputa política desde el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación que aperturaron 6 carpetas fiscales en tiempo récord contra el entonces presidente Pedro Castillo con el fin de lograr su derrocamiento previa deslegitimación ante la opinión pública.  La fiscal a cargo de la investigación que tiene presuntos lazos con el narcotráfico se convertía ahora en una referente de la lucha contra la corrupción según la narrativa de los grandes medios de comunicación alineados con los golpistas. Hasta el momento contra el expresidente Castillo solo pudieron obtener testimonios de ex altos funcionarios y empresarios lobbystas sin alguna prueba que acredite las denuncias vertidas.

Desde el congreso se preparaba una solicitud de suspensión del entonces presidente Castillo, ya que requería menor votación que las mociones de vacancia, pero esta vía no logra prosperar ante lo cual se aprueba la tercera solicitud de admisión de la moción de vacancia presidencial que implicaba una segunda votación este siete de diciembre para su aprobación final.

Una salida precipitada

Ante la crisis política irresuelta Castillo decidió cerrar el congreso golpista sin la correlación política necesaria y sin el apoyo popular contundente que le permitiera materializar su medida de excepción. Su aislamiento fue a tal punto que todos los ministros terminaron renunciando a las pocas horas o minutos, inclusive los sectores provenientes de la izquierda castillista como Roberto Sánchez de Juntos por el Perú y Betssy Chávez de Voces del Pueblo.

El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas en contra del cierre del congreso clarificó la correlación de fuerzas actual, así como el carácter precipitado y absurdo de la medida de excepción que intentó implementar, más allá de cuestiones formales/constitucionales priorizadas en el análisis de la izquierda liberal que llamó golpista al expresidente Castillo llegando incluso a compararlo con Alberto Fujimori y algunos  Exministros como Pedro Francke y Mirtha Vásquez se unieron al coro mediático de la reacción que fustigaba el frustrado intento de cierre del congreso.

Derrotada la medida precipitada de Castillo, el congreso se alistó a aprobar la tercera moción de vacancia presidencial contando con los votos a favor de algunos congresistas de Perú Libre, Nuevo Perú y el Partido Magisterial y Popular. Consumado el golpe parlamentario, efectivos policiales detuvieron al expresidente en la prefectura bajo el cargo de rebelión evidenciándose una vez más el ensañamiento de las clases dominantes del Perú con el dirigente sindical de origen campesino.

La crisis continua

La asunción presidencial de Dina Boluarte, ex vicepresidenta, es producto del acuerdo tácito de las fuerzas políticas del congreso en su maniobra de normalizar el golpe parlamentario consumado. Tan solo meses antes la ultraderecha intentó inhabilitar a la entonces vicepresidenta con razones absurdas, pero en los últimos días se retrocedió en la medida con el fin de habilitar la transferencia de mando presidencial sin irrupciones populares.

Boluarte anunció un gobierno de unidad nacional que en realidad significa continuismo neoliberal ahora quizás a un nivel de mayor vínculo con la tecnocracia y la derecha tradicional.  No cumplió su promesa de renunciar si vacan a Castillo, como lo señaló en unos de sus últimas intervenciones políticas, tampoco mencionó algo sobre el proceso constituyente o alguna reforma progresiva durante su toma de mando presidencial. Aun así, la ultraderecha no arriará sus banderas golpistas, solo se alista para un contexto en mejores condiciones para su política sediciosa.

Hoy queda más claro que la independencia política de la izquierda y los movimientos populares son vitales para preparar una salida democrática y de ruptura antineoliberal antes la crisis política permanente. En esa medida construir un referente político para las mayorías populares es la tarea principal del momento y de las nuevas generaciones de la militancia revolucionaria.

Punto de Vista Internacional

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Entrevista a Marisa Glave

De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú

Pablo Stefanoni

El presidente peruano intentó cerrar el Congreso, que lo quería destituir, en un casi inexplicable salto al vacío. Pocos minutos más tarde, era detenido y reemplazado por la vicepresidenta.

La crisis política peruana ha dado un vuelco. Tras asumir el poder el 28 de julio de 2021 como expresión del «Perú profundo», despreciado por las elites limeñas, Pedro Castillo nunca encontró un rumbo. Cambió un gabinete de ministros tras otro, perdió aliados, se mostró políticamente errático y terminó dependiendo de círculos oscuros de asesores y envuelto en crecientes denuncias de corrupción de su entorno y su familia. Pero fue su decisión de cerrar el Congreso -al que acusó de obstruccionista en un discurso con voz temblorosa– lo que selló su fin. Dos horas después, el Congreso que hasta ese momento no tenía mayoría para «vacarlo» la consiguió, y en pocos minutos el mandatario fue detenido, al parecer mientras buscaba llegar a la embajada mexicana. ¿Cómo se explican esta aceleración de la crisis y los errores del mandatario peruano? En esta entrevista, Marisa Glave ofrece algunas claves de lectura. Entre 2007 y 2013, Glave fue regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima y entre 2016 y 2019, congresista de la República. Actualmente es investigadora asociada del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO).

¿Cómo se explica la torpeza de Pedro Castillo de disolver el Congreso sin prever que en pocos minutos se quedaría completamente solo, cuando el Congreso además no tenía los votos para destituirlo?

El pecado original de Pedro Castillo no solo fue cómo armó sus gabinetes de ministros sino cómo dio lugar a opacos entornos palaciegos. Luego de formar un gabinete más amplio, con figuras de diversos sectores progresistas, terminó recostado en un entorno que la prensa ha llamado «los chotanos» o «los chiclayanos», dependiendo de su origen, que concentraron poderes de decisión alrededor del presidente y fueron además sus interlocutores en relación con lo que estaba ocurriendo en el país.

Recordemos una de las más penosas entrevistas del presidente, en la cadena CNN, en la que dijo que no leía periódicos ni veía televisión. De esa forma, ha ido recibiendo información mediada de quienes le hablaban al oído. Este entorno, muy poco capacitado, ha estado tomando decisiones y cometido error tras error.

El presidente Castillo nombró por ejemplo como canciller a una persona, Miguel Rodríguez Mackay, que había hecho declaraciones contra el propio presidente, a quien había tildado de comunista, que apoyó el indulto a Alberto Fujimori e incluso habló de fraude electoral, una denuncia sin fundamento del fujimorismo. Castillo también nombró como ministro del Interior a Mariano González, a quien terminó considerando un topo del golpismo dentro de su gobierno. Hubo niveles de precariedad e ingenuidad, y una especie de soberbia muy fuerte entre las personas que han estado tomando las decisiones.

Recientemente, Castillo cambió a dos figuras importantes: al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y al ministro de Defensa. En la DINI colocó al ex-general Wilson Barrantes, y en Defensa, a Gustavo Bobbio, dos personas muy enfrentadas entre síHoy hay muchos rumores que están circulando en redacciones y diversos espacios de que estos dos funcionarios le habrían asegurado a Castillo que tenía la fuerza suficiente, entre las Fuerzas Armadas y la Policía, para avanzar en el cierre del Congreso, hacia ese golpe absurdo. Porque fue un golpe. La policía decidió de facto no responder a las órdenes del presidente, y evidentemente los militares también. Y luego hay un conjunto de personajes políticos del entorno del presidente, incluida la premier, Betssy Chávez [33 años, quinta presidenta del Consejo de Ministros desde que asumió Castillo], que creo que sobredimensionaron un posible respaldo popular a la decisión del presidente de cerrar el Congreso y convocar a una Asamblea Constituyente.

Diría demás que estas fantasías estaban acompañadas de un temor real de Pedro Castillo ante el avance de las investigaciones de la Fiscalía y el surgimiento de nuevos «colaboradores eficaces» (de la justicia) con un conjunto de testimonios que comenzaron a filtrarse en la prensa. Quizás el que más lo ha golpeado es el del ex-jefe de la DINI, José Fernández Latorre, hablando de posibles pagos a familiares de Castillo, así como del apoyo a funcionarios que están fugados en este momento. Y el día de hoy [7 de diciembre], el ex-jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, ha dado detalles muy pormenorizados de la suma de nueve millones de soles (más de dos millones de dólares) que habría recibido de una empresaria para financiar un conjunto de acciones del presidente Castillo, e incluso dinero que habría llegado para él. Creo que estos temores explican en parte la decisión de avanzar en esta tentación autoritaria, que se ha visto por otro lado como una característica en parte de su entorno.

Marisa Glave

Todo se terminó desarrollando en muy pocas horas y Perú tiene otro ex-presidente preso, parece una crisis sin fin en la que todos los mandatarios terminan en la cárcel, o incluso suicidados como Alan García…

Todo esto podría interpretarse como eficacia de la justicia peruana, pero lo cierto es que, en realidad, se trata de muestras de la precariedad de la representación política y de un conjunto de golpes a la propia confianza de los peruanos. Si vemos las encuestas de IPSOS, Perú es uno de los países de América Latina con menor confianza en la democracia y mayor desconfianza en las autoridades. Entonces, ¿cómo sostener la democracia y las instituciones cuando más de 80% de los peruanos cree que la clase política solo se fija en su propia reproducción -y autoprotección- antes que en la búsqueda de transformaciones mínimas o pautas básicas de justicia en el país?

Castillo llegó como candidato del Perú profundo y desde el comienzo se vio que su gobierno transitaba un rumbo errático, sin mayoría parlamentaria, sin ideas y, como usted mencionaba, con entornos que terminaron sumergidos en la lógica de clientelismo y corrupción. ¿Cómo afecta esta experiencia a la izquierda peruana?

Yo creo que la experiencia de este gobierno, sin claridad programática, sin ninguna reforma básica que pudiera darle alguna bandera de cambio social, de justicia social, va a golpear mucho a la izquierda, y más aún al sector de la izquierda autoritaria, como Perú Libre y otras organizaciones, que mantuvieron por más tiempo su apoyo al gobierno. Pero también a la izquierda democrática, que ha sido vacilante y no ha podido decir con claridad que, más allá de la presencia de una derecha golpista que existió desde el día uno de Castillo y ni siquiera reconoció su triunfo en las urnas, era necesario marcar con claridad distancia con un gobierno con cero voluntad de transformación. Además de los mencionados signos evidentes de corrupción y de falta de capacidad para dar pasos mínimos en materia de salud y educación tras los efectos de la pandemia, uno de los peores de América Latina.

Pero también diré que si bien todo esto le va a pasar factura a la izquierda, no hay que olvidar que el Congreso, en manos de la derecha opositora que vimos actuar durante este tiempo, tiene niveles de rechazo cercanos a 90%. Estamos ante una profunda descomposición de la representación política en su conjunto. Lo que es riesgoso por la posibilidad de que crezcan supuestas soluciones autoritarias.

¿Cuánto puede favorecer esta situación a la extrema derecha, con figuras como el alcalde electo de Lima Rafael López Aliaga?

Yo creo que la extrema derecha tiende a sobredimensionar las cosas. Castillo se ha autovacado [autodestituído], y esto ha sido capitalizado provisionalmente por el Congreso. Pero no creo que la extrema derecha pueda sacar tanto provecho de este momento de crisis. Más bien, mi preocupación, diré con sinceridad, es que proyectos como el de Antauro Humala, que es una expresión autoritaria pero de signo diferente al de López Aliaga, autoproclamado etnonacionalista, puedan crecer en algunos espacios y territorios de Perú. [Antauro Humala propuso, por ejemplo, fusilar a los ex-presidentes corruptos, incluido su hermano Ollanta «por traidor»]

¿Qué se puede esperar de Dina Boluarte, a la luz de su perfil de vicepresidenta tan inesperada como Castillo?

La señora Boluarte ha dado un mensaje, al momento de asumir la Presidencia, llamando al diálogo nacional, a la construcción de un gobierno de unidad y ancha base, pidiendo una tregua política y comprometiéndose en la lucha contra la corrupción. Ella misma ha dicho que parte de los problemas se vinculan con la necesidad de una reforma electoral que aún está pendiente. Sin embargo, yo creo que la nueva presidenta y quienes piensan que esta sucesión constitucional generará algo más de estabilidad se están equivocando. Es difícil pensar que la mayoría de los peruanos acepten que este Congreso y Dina Boluarte se mantengan hasta 2026 como si nada. Mi impresión es que habrá movilización ciudadana en un contexto muy complicado: hay una sequía muy fuerte que afecta a parte del país, que genera mucho malestar entre los campesinos y agricultores, que ya se venían discutiendo la posibilidad de un paro… y además la derecha en el Parlamento, sectores como Fuerza Popular (fujimorista), Avanza País (con vínculos con el partido español Vox) o Renovación Nacional (López Aliaga) tienen una voluntad expresa de buscar también la salida de Boluarte. Sin bancada parlamentaria propia, sería ingenuo de su parte pensar que tendrá una gestión tranquila en relación con el Congreso. Boluarte haría bien en propiciar un diálogo sobre posibles reformas políticas y electorales que decanten en un adelanto de las elecciones. Es posible que no tenga luna de miel ni con el Congreso ni con la ciudadanía, por eso es importante abrir el diálogo hacia un adelanto electoral, que no será en los próximos tres meses, pero que debe abrirse paso.

En fin, como colofón diría que estamos en transición hacia nuestra próxima crisis. No creo que estemos solucionando la crisis, sino transitando hacia otra.

Johnatan Fuentes-Pablo Stefanoni

Editado por María Piedad Ossaba

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