La red de comunidades mapuche lavkenche autorganizadas se ha dedicado los últimos 10 a 15 años a llevar a cabo procesos de recuperación territorial en la cordillera de Nahuelbuta hacia el mar. La cordillera de la Costa es un bastión natural que genera un clima físico y social que ha marcado el devenir histórico de los mapuche que viven en ese espacio.
Con el escenario de roca y mar de mapa, el caso Grollmus se sintetiza en el actual procesamiento de 18 comuneros que están condenados en primera instancia, ponderadamente, a 1.055 años de presidio, acusados por la fiscalía de haber participado en la destrucción del molino de la familia Grollmus, sin evidencias.
En agosto de 2022 hubo un ataque de desconocidos a un antiguo molino, propiedad de la familia Grollmus, y convertido en un referente de la colonización alemana tras la denominada “pacificación de La Araucanía” en el siglo XIX. El molino simboliza el triunfo de la concepción de desarrollo del Estado chileno mediante la usurpación territorial y la expulsión de poblaciones originarias que incumplían las condiciones étnicas y culturales de la modernidad occidental. El sitio fue cubierto y habilitado legal, institucional y materialmente para recepcionar a los colonos europeos.
El vocero de los presos políticos mapuche del caso, Auka Castro, afirma que “en un primer momento, los entes persecutores se encontraban en una ceguera total, así es que recurrieron a un viejo mecanismo conocido por las comunidades desde los últimos 20 años: los testigos protegidos. De repente apareció una persona sin nombre y sin rostro que dijo que estuvo en el lugar de los hechos, que conocía lo que sucedió y qué rol cumplió cada sujeto imputado, y sin más pruebas concretas que el relato de un desconocido, la fiscalía armó una correlación de hechos para presentar al tribunal”, y explica que “esta acción del Ministerio Público abrió una caja de pandora que recorrió todas las comunidades contra los jóvenes que cumplían cierto rol de liderazgo en la organización territorial y política de la zona”.
“Hemos manifestado en innumerables ocasiones nuestro pesar por lo ocurrido a la familia Grollmus, debido al daño patrimonial y psicológico que sufrieron”, expresa Auka, y añade que “de todos modos, las comunidades organizadas en un proyecto político aparte, lejos de los colonos, no podemos, en ningún caso, hacernos cargo de lo acontecido porque no tuvimos nada que ver con ello”.
– ¿Y qué criterio empleó la fiscalía para detener a unos y a otros no?
“Después del primer testigo protegido comenzaron a aparecer más, con las mismas características. Llegado un punto, la carpeta investigativa sumó 13 testigos protegidos. En los últimos dos años fueron aprehendidos 22 comuneros. Se formalizó a 19 personas, a quienes recién en ese momento se les comunicó que estaban imputados por el caso Grollmus. ¡Hablamos de gente como don Dago, a quien condenaron con 75 años de cárcel y que no tiene su brazo derecho! El señor Paineo, en el día y a la hora de los acontecimientos, se encontraba sacándose una muela, y su dentista dio testimonio de ello. Así se repiten los ejemplos.”
– ¿Quieres decir que la investigación no encontró ni una huella digital, ni un arma, ni una evidencia tangible para respaldar las formalizaciones y luego las condenas?
“En efecto. No encontraron ni un pelo. Y durante el juicio, de los 13 testigos, se presentaron 4 a declarar. La fiscalía usó un sistema muy llamativo. Señaló que las personas formalizadas fueron escogidas porque aparecieron nombradas de forma aleatoria más de 3 veces. O sea, si uno de los detenidos era nombrado 2 veces, entonces quedaba fuera del caso, y si lo mencionaban 3 veces, sí permanecía en el caso. En resumen, el Tribunal de Cañete tomó la decisión de condenar a 1.055 años de presidio a un conjunto de comuneros mapuche, participantes de los procesos de recuperación territorial de la última década, solamente por el relato único y exclusivo de 4 testigos protegidos.”
Auka Castro recuerda que cuando los comuneros fueron detenidos por el Grupo de Tareas de la Policía de Investigaciones, PDI, “ya le tenían escritas las declaraciones y fueron coaccionados a firmar por la policía”. El incidente conmovió a toda la sociedad local y, a causa de presiones políticas, la fiscalía abrió una investigación. “De hecho, creemos que hubo una intención premeditada del gobierno anterior y del actual respecto a dar una condena ejemplificadora y mortal con el fin de destruir el espíritu y el proyecto político que las comunidades han decidido levantar”, indica el vocero y agrega que “nuestra tesis es que las condenas a las que han sido sometidos nuestros hermanos, incluidos los tres menores de edad, tienen que ver con su participación activa en los procesos de nguillatun, recuperación de tierras y la posterior siembra de predios. En otras palabras, por comportarse como hijos de su pueblo”.
Andrés Figueroa Cornejo para La Pluma, 2 de noviembre de 2026