Mucho revuelo causó la revelación del expresidente Juan Manuel Santos acerca de que uno de sus primeros actos de gobierno, en 2010, fue tramitar la inmunidad diplomática de Uribe en Estados Unidos, cuando varias organizaciones de derechos humanos enfilaban sus demandas para ver al exmandatario ante la justicia estadounidense. Lo dicho por Santos, con la serenidad que lo caracteriza, fue contestado con rabia por Uribe y no precisamente porque fuera mentira, como inicialmente dijo, o porque se acabara de enterar, como atinó a responder, sino porque lo obligó a confesar algo que el país tampoco conocía: que la Drummond pagó su abogado, apenas unos meses después de dejar la Presidencia.
La confesión de Uribe, que entrevera con nombres pomposos para restarle importancia, debería ser la puerta de entrada de una investigación más amplia sobre sus relaciones con esta compañía y la influencia que tuvieron las empresas del carbón en la expansión del paramilitarismo en la costa Caribe. Las relaciones de esta empresa con el gobierno de Uribe fueron estrechas. De hecho, le ahorró miles de millones de pesos en exenciones tributarias, así como creó convenios entre la multinacional y batallones del Ejército para cuidar las minas. Y fue justamente de esta relación entre oficiales, empresarios y políticos que nació el paramilitarismo en el Cesar.
Esta vez Uribe dijo que la Drummond le pagó los abogados porque el asunto era con la compañía y no con él, y que lo estaban acusando del asesinato de “unos trabajadores”, en 2001, un año antes de que llegara a la Presidencia. Lo que no detalló fue que se trató del asesinato de tres dirigentes sindicales de la Drummond por parte de paramilitares, por lo que investigan en la justicia a esta multinacional estadounidense. En marzo de 2001, los paramilitares al mando de Jorge 40 detuvieron el bus en el que iban Valmore Locarno y Víctor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato, los hicieron bajar y los asesinaron. La misma suerte corrió, en octubre de ese mismo año, Gustavo Soler Mora, quien asumió la presidencia del sindicato tras las muertes de sus compañeros.
De estos crímenes la justicia ordinaria apenas ha condenado al gatillero, pero no ha permitido entender el entramado que dirigió las balas. Salvatore Mancuso dijo con toda claridad, en sus versiones recientes ante la JEP, que el Bloque Norte fue financiado por la Drummond y otras multinacionales del carbón, que eran estas empresas las que ordenaban los crímenes en Cesar y las que pagaban su operación. Un testigo es Jairo de Jesús Charris, un paramilitar que responde al alias de Miguel, quien dijo, por ejemplo, que el asesinato de Soler habría sido ordenado por Augusto Jiménez Mejía —expresidente de la Drummond en Colombia—, el propio Gary Drummond y el expresidente de la multinacional Mike Tracy.
Alias Miguel también reveló los nombres de los militares que participaron en estos crímenes, varios de los cuales fungieron como jefes de seguridad de la compañía, como el coronel (r) Jorge Garzón, el general (r) Rafael Peña Ríos y el coronel (r) Luis Carlos Rodríguez. Y ni qué decir de las menciones que hay sobre James Lee Atkins y los políticos que habrían participado de la manguala entre paras y la élite del Cesar, entre los que se encuentran el exgobernador Alfredo Araújo y Jorge Gnecco, fieles representantes de dos familias que han gobernado Cesar, manejado las relaciones empresariales de la Drummond y cuyas huellas la justicia está en mora de seguir. Detrás de estos muertos y de lo que significó el paramilitarismo en el corredor minero está la sombra de la empresa que generosamente le pagó los abogados al expresidente Uribe, pero seguramente él dirá que se acaba de enterar.