En la cámara de Diputados argentina, bajo la coordinación de su Comisión de Juicio Político, está siendo investigada la Suprema Corte de Justicia debido a una lista de conductas que pudieran ser delictivas, en una gama muy amplia de sentidos. Esa Comisión de Juicio Político trabaja con método, rigurosidad y precauciones relativas al carácter de las denuncias y con apego al principio general de inocencia hasta la exhibición de las pruebas y las sentencias correspondientes. Se trata de una iniciativa política de importancia suprema, no sólo para la Argentina sino para todo un continente. Habría que comunicar mejor semejante experiencia de escrutinio cívico y carácter histórico que interpela al, normalmente intocable, Poder Judicial.
Excede a estas líneas la complejidad jurídica que se cursa en la dicha Comisión de Juicio Político, y sus contextos histórico-culturales. Eso demanda conocimientos especializados (incluso para el solo hecho de elaborar una crónica) y no obstante aquí se intenta una reflexión atingente a la trascendencia histórica de tal Juicio Político en el escenario latinoamericano donde muy poca Justicia Social impera en todas sus definiciones. Por eso el fulgor de semejante iniciativa cívica de alcance mundial.
Ese Juicio Político a la Suprema Corte es una iniciativa que, además de constituirse en una referencia cívica de valor didáctico excepcional, recuerda a los pueblos que los “poderes” deben ser revisados permanentemente y a profundidad. Más aún cuando se infecta a los pueblos con tufos de ilegalidad y arbitrariedades -de toda índole- desde lo administrativo, lo procedimental y lo económico, además de aberraciones jurídicas internas en las que, por colmo, la vida democrática no existe ni existe participación social de base, en una sola de las instancias donde se define la filosofía del derecho, sus prioridades y los dictámenes con que se norma la vida de una sociedad entera.
Con la Comisión de Juicio Político, Argentina se habilita para dar batalla formal al “Lawfare” o Guerra Judicial, desplegada en todas sus formas contra referentes de la vida política y contra la historia de un país que tiene viva, a “flor de piel”, la desgracia macabra de las dictaduras militares, judiciales y económicas al servicio del neoliberalismo. Esa “Suprema Corte de Justicia”, que hoy es sometida a Juicio Político, está siendo juzgada porque ha resignado la supremacía y la justicia para subordinarse a los poderes económicos y a los poderes de la estulticia, de lo general a lo particular. Jueces que se votan a sí mismos, que han alterado los procedimientos de su designación, que negocian componendas a conveniencia de intereses personales las propias leyes que les corresponde cuidar y dignificar… en suma una Suprema Corte de Justicia que lejos de impartir justicia imparte injusticias de todo tipo. Hay ejemplos estruendosos como el de Cristina Fernández. Dictámenes sin pruebas, favoritismos, dispendio, ceguera, sordera y franca incapacidad para asegurar al pueblo eficacia y eficiencia en la consolidación de la Justicia Social. Nada menos.
Con el neoliberalismo, que ha asfixiado al pueblo argentino con todas las ignominias imaginables, el “poder judicial” se convirtió en ejército camuflado con leyes y reglamentos para “controlar” a los pueblos. Pasó a ser un Poder mafioso que usa armas híbridas (judiciales y mediáticas) para defender los intereses económicos e ideológicos, geopolíticos y bélicos de cierto establishment mientras dispara silogismos maltrechos con palabrerío legalista. Sus fuerzas de ataque cuentan con jueces, asociaciones de abogados, monopolios de la comunicación, mercenarios académicos, periodistas vendidos e influencers, policías, embajadas y espías endógenos y exógenos. Se atribuyen el derecho a normar y sancionar, envueltos en cuerpos ideológicos y procedimentales mercenarios, planificados “ad hoc” para defender sus negocios, los de sus jefes, los de sus compadres y los de sus clientelas. Y salen por la “tele”. Se sienten dueños de la “ultima palabra” y cuentan con las artimañas necesarias para castigar o exculpar, a su antojo, todo lo que no les conviene. Es una amenaza gravísima a las democracias.
El neoliberalismo, que es un estado de injusticia permanente, desarrolla “bases legales” para apuntalar a un aparato económico, jurídico y político motor de injusticias que mayormente ha servido a la oligarquía para esconder sus resultados criminales, asimétricos e injustos. Sus mayores galardones devienen de su trapecismo empresarial-burocrático, de su habilidad para moverse y contonearse en salas de audiencias, careos y ventanillas de declaración desde donde se torturan, física y mentalmente, a una inmensa cantidad de inocentes encarcelados, o encarcelables, principalmente por no ser mascotas del poder económico. Cuentan con miles de aliados sometidos, con todos los medios posibles, incluyendo el de la creación de mentalidades sumisas a la barbarie legalizada. No les faltan intelectuales ni les falta publicidad para vender su “verdad” mafiosa que no se limita a secuestrar a la justicia, sino que ataca, principalmente a las organizaciones sociales, a sus demandas más profundas, mientras las criminaliza y reprime.
Como a muchas de las más cruciales y valiosas contribuciones, a esta Comisión de Juicio Político le falta fortalecer una estrategia comunicacional internacionalista. Que se sepa en serio. Veremos Justicia cuando, una Revolución de la Conciencia, aprenda a defender, valorar y difundir los logros ejemplares de sus pueblos; cuando haya un reparto equitativo del trabajo, de la riqueza y de los bienes… y cuando la humanidad se emancipe. La idea neoliberal de Justicia es ilusionismo legaloide para camuflar las trapacerías de la clase explotadora. No hay atenuantes. La historia de la humanidad tiene en las Supremas Cortes de Justicia, de todo el mundo, una fuente de horrores que no podremos superar sólo con la supresión de las mafias, es necesaria una movilización política, desde las bases de los pueblos, contra un negocio, horrendo y costosísimo, disfrazado de “justicia” que ha enriquecido miles de oligarcas impunemente a fuerza de vejaciones infinitas. Transparentar el financiamiento del Poder Judicial. Hay que abrir las cuentas bancarias de los jueces y sus abogados, sus chequeras, sus inversiones, sus libros contables…el dinero robado, que es probable y probado. Y devolvérselo a las víctimas. Eso sí sería lo justo.
Fernando Buen Abad Dominguez para La Pluma, 25 de abril de 2023
Editado por María Piedad Ossaba
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