La producción en Colombia corresponde a su naturaleza de país periférico en el sistema capitalista mundial: se renuncia a producir localmente medios de producción, se centra la actividad económica estratégica en la extracción y exportación de materias primas, mercancías de escaso valor agregado y a una emigración masiva a las economías centrales que por lo general termina en esos mercados como mano de obra barata. Para las clases dominantes y sus sectores afines (una minoría) el consumo es similar al existente en las metrópolis; es bastante limitado para los sectores medios en cuestiones claves como salud, educación o pensiones y resulta muy escaso para las clases asalariadas; además, Colombia, como el resto de países de esta región tiene un porcentaje muy elevado de población que apenas sobrevive, ese pobrerío que habita en las regiones rurales más atrasadas y ocupa con su miseria los alrededores de las grandes ciudades. El objetivo del nuevo gobierno de Petro, de impulsar un modelo productivo esencialmente diferente del actual, tiene como correlato necesario cambios substanciales en el perfil de los consumos; para las mayorías pobres se trataría de consumir más (alimentos, por ejemplo), estructurar otro perfil del consumos para los sectores medios y asalariados mientras sobre todo los sectores acomodados tendrían que aceptar limitar o inclusive renunciar a determinados consumos por las prioridades que impone un proyecto de desarrollo diferente.
Apostar por una economía diferente supone impulsar la producción local de artículos de consumo (ahora importados en buena medida) y sobre todo avanzar todo lo que sea posible (y en una perspectiva de largo plazo) en la elaboración local de medios de producción (actual monopolio de las economías avanzadas). Se busca dar al Estado un rol determinante en el control de la economía y un papel decisivo en la misma producción (las empresas públicas) consolidando su posición en las áreas claves como productor directo. Un proyecto nacional pues que supone necesariamente una función decisiva de lo público en sectores como la educación y la salud para asegurar una mano de obra educada y sana, no menos que su presencia decisiva en el sector financiero, la industria, la producción de energía, la explotación de los recursos naturales, el transporte y las telecomunicaciones, y sobre todo un rol decisivo en la investigación y en las nuevas tecnologías (cibernética, por ejemplo).
Desde esta perspectiva es indispensable equilibrar las tareas inmediatas y aquellas de mediano y largo plazo pues tal propósito nacional supera los esfuerzos de una o dos generaciones y exige por tanto que el proyecto sea asumido por las mayorías sociales, con todos los esfuerzos y sacrificios que supone. Las medidas de impacto inmediato son sin duda indispensables dado el elevado nivel de pobreza y desigualdad de amplios sectores de su población pero realizadas de tal manera que no comprometan las inversiones estratégicas; un amplio apoyo popular es entonces indispensable pues la oposición local e internacional ve un tal proyecto con muy malos ojos y hará todo lo posible por hacerlo fracasar.
Generar otro tipo de producción y de consumo debe ser el fruto de nuevas formas de participación y democracia. Además de los apoyos parlamentarios indispensables (la democracia tradicional) se necesita impulsar novedosos mecanismos de participación política que den dimensiones nuevas y otro contenido a las formas de esa democracia tradicional, necesaria sin duda, pero insuficiente. Se trata de conseguir que el propósito nacional resulte de un amplio debate social y que se asuma como un proceso permanente para ir profundizando en sus alcances, corrigiendo errores y generando formas nuevas de participación ciudadana. Valga un ejemplo: el nuevo gobierno necesita ampliar de inmediato todo lo que sea posible la cobertura del sistema educativo público así sea de forma más cuantitativa ya que alcanzar la calidad necesaria requiere tiempo; este es un objetivo a mediano plazo.
Para comenzar habría que aumentar mucho el número de docentes y de centros educativos a todos los niveles con el objetivo de conseguir el acceso universal, público y gratuito. El sector privado de la educación (hoy mayoritario en muchas áreas) permanecerá sin problemas pues en la medida en que el sector público avance en cobertura y calidad será la competencia franca en el mercado la que decida quien alcance la hegemonía en este sector clave. El núcleo central del proyecto educativo es sin duda la investigación (básica y aplicada) sin lo cual es imposible alcanzar los objetivos buscados. El debate público sobre los lineamientos de un nuevo modelo educativo, formativo y de investigación científica debe ser condición permanente. Su impulso y protección es responsabilidad del gobernante. Y lo que vale para la educación y la ciencia vale igualmente para los demás sectores de la economía, de suerte que resulte realmente democrática la decisión de qué producir y qué no producir y cómo avanzar en este propósito. El Estado será entonces tan solo un propiciador de este diálogo nacional al tiempo que tendrá la tarea de gestionar las medidas pertinentes que se acuerden. A diferencia del actual modelo que elimina en la práctica el rol del Estado y deja las decisiones claves a la iniciativa privada (nacional y extranjera) el nuevo gobierno de Colombia apuesta por dar al Estado un rol decisivo al tiempo que se propician formas de amplia democracia que le permitan a las entidades oficiales ser ejecutoras de todo aquello que las mayorías sociales decidan.
En un diálogo amplio con toda la sociedad para decidir democráticamente sobre la producción y sus condiciones básicas, se estará decidiendo igualmente el tipo de consumo. Será necesario ampliar mucho ciertas producciones (alimentos, por ejemplo) dado el alto porcentaje de población que tiene actualmente carencias enormes en este aspecto; otros sectores importantes tendrían que ajustar sus consumos a las nuevas realidades (los sectores medios) sobre todo porque en su inmensa mayoría no verían afectadas sus necesidades básicas sino sus consumos prescindibles, sobre todo si el objetivo global es destinar esos recursos a la producción de bienes y servicios esenciales que ahora faltan a amplios sectores de la población. El debate democrático sobre la producción y el consumo propicia que las medidas gubernamentales al respecto tengan una legitimidad suficiente y pueden conseguir que ciertos sacrificios sean asumidos sin mayores dificultades por la mayoría de la población. La reforma fiscal del nuevo gobierno de Colombia, indispensable para financiar las reformas, muestra también cómo hacer real la democracia.
Esta reforma es parte sustancial del programa de Petro y busca que el gran capital (sobre todo) pague impuestos en la debida proporción y no evada sus obligaciones. El gobierno deberá entonces adelantar un amplio diálogo para decidir en qué invertir y en qué no hacerlo y cómo cambiar el actual perfil de los consumos de tal manera que se armonice un consumo básico esencial para el bienestar de las mayorías con los necesarios sacrificios del consumo no indispensable de algunos sectores. Se trata de salir del atraso, la pobreza, la desesperanza y la violencia; a ello apuesta hoy el pueblo de Colombia.