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Entre la puta guerra y la maldita degradación de las Fuerzas Militares

Entre la puta guerra y la maldita degradación de las Fuerzas Militares

Es urgente que los debates por la paz visibilicen la urgencia de la transformación, democratización y control ciudadano de las Fuerzas Militares.

El 11 de febrero de 2022, la revista CAMBIO ha hecho pública unas conversaciones del Mayor General Hernando Herrera Díaz, comandante de la Sexta División del Ejército Nacional, por cierto removido del cargo el pasado lunes, en la cual reconoce la alianza con narcotraficantes para enfrentar las disidencias de las Farc en el Cauca, “Es la puta guerra” ha dicho el general como argumento justificatorio; sin embargo este evento noticioso se suma a una cadena de acontecimientos que en los últimos 50 años han venido evidenciando la “maldita” degradación de las Fuerzas Militares Colombianas.

Según la revista CAMBIO, “En reunión de comandantes de la Brigada 29 del Ejército Nacional, el general Jorge Hernando Herrera Díaz admitió su relación con la banda de Los Pocillos que administra un corredor por el que fluyen 150 toneladas de cocaína al año, el 15 por ciento del consumo mundial.” (Cambio, 2021, P 1)

También pone en evidencia el reportaje de la revista CAMBIO, como en estas reuniones “el general explica cómo funciona la organización criminal de Los Pocillos, admite sus reuniones con ellos y las justifica como estrategia contra las disidencias de Gentil Duarte, que aún intentan tomar el control del corredor del río Micay. “Esa es la puta guerra”, concluye el general frente a su relación con el grupo narcotraficante.” (Cambio, 2021, p 1)

El general Jorge Hernando Herrera Díaz en su puesto de mando en el Cauca. Crédito: Archivo particular

Las declaraciones del general Herrera Díaz arrojan elementos probatorios a la ya conocida práctica de emparentamiento con la criminalidad de las Fuerzas Militares en los territorios.

Nuestro trabajo de campo como Corporación Arco Iris en los territorios urbanos y rurales del suroccidente y noroccidente del país nos ha permitido constatar como la presencia de los grupos narco paramilitares se da en espacios donde la presencia de las Fuerzas Militares y de policía es intensa, mientras que su intención de combatirlas es casi nula, al respecto la voz de uno de los líderes sociales del suroccidente nos ejemplifica esta situación:

Harrison Moreno, de las comunidades afro de Buenaventura, señala la aparición de otros actores armados, como “Los Pelusos” y las “Autodefensas Gaitanistas”, y nos introduce en un tema nuevo que vale la pena destacar. Los “espacios sin gobierno” en zonas urbanas, especialmente en Buenaventura y Tumaco (en Tumaco, la tasa de homicidios supera las 70 por 100.000 habitantes, mientras en el resto del país es de 25/100.000); son territorios apropiados por bandas armadas con fusiles y otras armas de largo alcance, que roban, secuestran, atracan y extorsionan a la población con total indiferencia de la Fuerza Pública: en Tumaco hay 1.000 soldados y 2.000 policías, incluido el ESMAD. (Pedraza, 2021)

La anterior cita está contenida en nuestro informe “Violencia en el suroccidente colombiano: una barbarie que no cesa (2021), el cual contiene detalles y reflexiones que arrojan luz sobre este contexto de coexistencia de las Fuerzas Armadas con los actores criminales narco paramilitares.

Este tipo de alianzas y conexiones configuran un orden de poder despótico y tiránico por fuera de la legalidad que cierra las garantías constitucionales asfixiando la vivencia efectiva de la democracia, la presencia de la institucionalidad civil y de las fuerzas militares no supone en estos territorios la expansión del Estado de derecho y la ampliación de las garantías constitucionales, por el contrario, legitima y valida su cierre.

Este desborde de la legalidad expresa una relación de dominación que va más allá de una actuación desviada de uno o alguno de los agentes estatales, configura un cierre del orden constitucional como Estado de derecho, anula las garantías como relación cotidiana para los ciudadanos. Las prácticas alineadas con una profunda contrainsurgencia anticomunista y desbordes o prácticas degradadas de alianza con los actores narco paramilitares, son una constante en la doctrina e historia de las Fuerzas Militares Colombianas.

Las fuerzas militares colombianas se configuran de manera “profesional” a partir de 1907 con la creación de la Escuela militar del ejército nacional y en 1909 la Escuela Superior de Guerra. Vendrían luego en la década del 20’ un conjunto de misiones alemanas y chilenas que le imprimirían una estructura y doctrina definida desde el paradigma militar prusiano.

El contenido de esta doctrina está dado por la esencia ideológica del absolutismo y su desprecio a los Estados Democráticos. Su lema es “La guerra es el orden universal de Dios”, las fuerzas militares son construidas como estamento de élite por encima de la sociedad, al respecto el mayor Gonzalo Bermúdez Rosi (1997) afirma, “Es de anotar que en el esquema prusiano se estimuló el ingreso a la academia militar de la más rancia aristocracia criolla y las capas de la pequeña burguesía” (Rosi,1997). Si bien la concepción prusiana impulsa la retórica de unas fuerzas militares profesionales, no politizadas ni deliberantes, en la práctica esto es un formalismo que esconde su peso en la coalición de poder hegemónica en cada ciclo.

En estas primeras décadas del siglo XX en Colombia, de la academia militar, surgen unas fuerzas militares como élite de poder, no subordinadas al poder civil, sino como factor estructurante y decisivo en la configuración del régimen político.

La segunda guerra mundial (1939-1945), trae un alineamiento total de Colombia con EE. UU., el cual hace una presencia activa en las escuelas de formación de la oficialidad de las fuerzas militares colombianas, en el marco de la guerra de Corea (1950-1953), en la cual Colombia envía contingentes de combate, se desplaza la hegemonía de la oficialidad y doctrina corporativista-falangista-fascista y se hace hegemónica la doctrina del enemigo interno y la seguridad nacional.

Previo a 1970, podríamos concluir que el eje de configuración de las fuerzas militares colombianas era centralmente ideológico-reaccionario, falangista-fascista en su primer ciclo antes de la segunda guerra mundial y anticomunista posteriormente; pero a mediados del 70’ traería un cambio definitivo en la mentalidad y composición de las FFMM, este se da a partir de su degeneración moral alrededor del narcotráfico. Inicialmente en torno a la llamada bonanza marimbera en Colombia, acaecida entre 1975 y 1980, para posteriormente ser un actor central en la configuración del narcoestado colombiano alrededor de la cocaína. Pero seamos justos, no fue un viraje de lumpenización solo de las fuerzas militares, fue el conjunto de la élite económica y política colombiana quien funcionaliza la droga como nuevo factor central de la reproducción política y económica del poder.

Desde entonces, para las Fuerzas Armadas Colombianas, el anticomunismo pasa a ser retórica para estimular la continuidad y justificación de la guerra, sin embargo, su fondo estratégico y de interés desde entonces, ha sido su articulación como eslabón en la cadena agroindustrial de la cocaína y su creciente participación en el negociado del presupuesto de defensa, el cual no es auditable.

El período de gobierno de Turbay Ayala coloca al ejército en el centro como herramienta de represión contra el movimiento social y político de izquierda, sin embargo el alto desprestigio alcanzado, lleva al poder a reordenar su estrategia hacia la “guerra de baja intensidad”, en la cual el número de asesinatos políticos se incrementa, así como las desapariciones, sin embargo son los escuadrones “paramilitares”, o mejor, los militares travestidos de civiles anticomunistas, los ejecutores directos. La danza de sangre contra los movimientos civiles y políticos de oposición, se da en conexión activa de los militares con los factores centrales del narcotráfico, las transnacionales y el conjunto del empresariado; emerge así el fenómeno del paramilitarismo, el cual no puede ser explicado por fuera de la estructura de doctrina y operacionalidad de las fuerzas militares, como bien concluye los diversos fallos de Tribunales de Justicia y paz, liderado por el magistrado Rubén Darío Pinilla (Pinilla, 2015).

Esta nueva trama de una oficialidad y fuerzas militares alineadas en el exterminio físico de la oposición política no es más que la constante desde su creación, una pulsión permanente por obrar en la ilegalidad, ya desde la conspiración y el golpe, ya desde el asesinato o la desaparición. Pero su debut magistral en la ilegalidad lo consiguen, en su intenso esfuerzo por garantizar la existencia de los cultivos de coca y su posterior exportación, así la teatralidad de la erradicación o la incautación sean un componente coreográfico central. El ropaje colorido y sus condecoraciones no logra borrar su esencia de aparato criminal al servicio de la reproducción del orden del narco capital.

Es importante destacar como el régimen político u orden de poder en Colombia responde a una práctica escénica, en la cual existe una legalidad democrática formal, sin embargo las fuerzas militares crean espacio-tiempos territoriales donde se cierran las garantías y se configura una regulación tiránica en la cual la violación del derecho a la vida es el centro, podríamos definirlo como un orden de poder bifronte, de dos caras, desde una se construye legitimidad  y hegemonía, mientras que con la otra está la disciplina y “ordena” las anomalías sistémicas, es decir el disfrute real de los derechos civiles y políticos.

La existencia de estas alianzas perversas y tiránicas en las regiones soportadas por la convivencia cómplice de las Fuerzas militares con el narco paramilitarismo, ha sido una constante en todo el siglo XX y el transcurso del XXI. Pero hay tres eventos importantes por reseñar, los cuales, al haber ocurrido tanto en las ciudades como en importantes municipios, han dejado una huella de mayor rastro: uno es el genocidio de la unión patriótica UP; la operación Orión en el año 2002; el reciente paro cívico nacional, veamos a continuación cada uno de ellos.

El genocidio al Partido político Unión Patriótica fue una de las claras formas en cómo opera el Ejército, y el Estado en confluencia con grupos paramilitares y narcotraficantes, un plan de exterminio como está comprobado que se elaboraban desde las propias Fuerzas Militares para acabar y eliminar las bases de organización entre ellos la “Operación Cóndor” (1985), el “Plan Baile Rojo” (1986), el “Plan Esmeralda” (1988), “Plan Golpe de gracia” y “Plan Retorno” (1993) (Todos estos confirmados por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el fallo de 2016 contra el Estado colombiano por el Genocidio de la Unión Patriótica), concebidos para socavar las estructuras de dirección nacional del movimiento y asesinar o secuestrar a sus dirigentes elegidos a las corporaciones públicas (Quiroga 2003, 137), para lograr estos fines se aplicó la estrategia de la conformación y crecimiento de grupos paramilitares que actuaban bajo el amparo oficial.

Estos grupos se especializaron en el empleo de métodos de tortura y de tratamientos crueles practicados públicamente en el contexto de masacre planificadas como forma de aterrorizar a la población, y prevenirla acerca de las implicaciones que tenía su simpatía hacia los militantes de izquierda. Las masacres como espectáculos de terror tuvieron como resultado el aislamiento social de los sobrevivientes, o el desplazamiento de quienes se negaban a abandonar las regiones.[1]

También se legitimó el accionar paramilitar por medio de decretos y la legalidad que permitían a civiles la utilización y el porte de armas, la política Nacional permitió la creación de cooperativas de seguridad como “Las Convivir” con el pretexto de tener que enfrentar a las guerrillas, lo que realmente genero este tipo de cooperativas armadas fueron decenas de asesinatos en la región del Urabá, desplazamiento forzado, y persecución.

Por estos hechos sucedidos en este nefasto episodio de nuestra historia, el hoy senador Iván Cepeda asevero en esos momentos.

“Por todas estas razones, el genocidio contra la UP se ha convertido en uno de los factores más poderosos de la clausura de una salida política al conflicto armado en Colombia. Para muchos sectores, su perpetración ha ratificado que los procesos democráticos en Colombia se estrellan inmediatamente con la barrera de la violencia sistemática y el homicidio político como únicas vías para resolver los conflictos sociales. La suerte que corrieron miles de miembros de la UP, y esto suele olvidarse en el debate sobre la naturaleza del conflicto armado en Colombia, es el mayor argumento que tienen quienes desconfían de la acción política legal.” (Cepeda, 2006)

La Operación Orión, realizada en el año 2002 tuvo como objetivo un desbordante operativo militar para desalojar a las milicias populares de la comuna 13 de Medellín. Sobre este evento los actores comunitarios y paramilitares han denunciado:

Narración de los pobladores:

“Había una casa grande donde era la sede de operaciones de los paramilitares, ejército y la policía, todos tres se reunían a coordinar como iba a ser la estrategia, los paramilitares empezaron a llegar desde la montaña y la fuerza pública venía desde abajo, encerrando a las milicias.”[2]

Según cuenta Juan Esteban Velásquez, vicepresidente de la Junta de Acción Local (JAL) de la Comuna 13, “Orión fue un anillo, autodefensas por un lado y Fuerza Pública por otro para lograr encerrar a la población y que no se permitiera la huida de nadie”.

“…..A eso de las 02:00 a.m. las autodefensas atacaron la periferia, sacaron a toda la gente que vivía en la parte alta y le prendieron fuego a todos esos ranchos, ellos suponían que todas esas casas eran escondederos de la guerrilla. Después de todo eso fue que se metió el Ejército”[3].

Las versiones comunitarias son corroboradas por las declaraciones de los paramilitares en los tribunales de Justicia y Paz. Declaraciones de Diego Fernando Murillo alias “Don Berna” lo ejemplifican, al respecto el periódico el Tiempo[4] narró las declaraciones de Don Berna de la siguiente manera:

De pie y con su mano derecha levantada que tapaba un pendón blanco de la Fiscalía como fondo del lúgubre salón del Metropolitan Correctional Center en Estados Unidos.

Lo dijo sin titubear. Y en más de dos ocasiones reiteró la presunta alianza en el operativo que desterró a guerrilleros del Eln y las Farc de los 23 barrios que componen la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002.

Antes del juramento, Alias ‘Don Berna’ dio detalles de la supuesta alianza. Aseguró que el enlace fue Elkin Loaiza, alias ‘El Negro’ y quien era comandante de su Bloque el Cacique Nutibara. Dijo que ‘El Negro’ se reunió meses antes de la Operación Orión con los militares y comandantes para planear el operativo.

“Un día me llamó y me dijo que todo estaba listo para la operación con los hombres del Cacique y que después de que se recuperara el área, ellos se iban a replegar para evitar problemas con la población civil”, dijo ‘Don Berna’.”

El inmenso arsenal probatorio del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín, el cual, con base en versiones de los postulados a beneficios de dicha ley, concluyo:

“La operación Orión es otra clara muestra de este entramado de relaciones, pues constituyó una operación concertada entre el Ejército Nacional al mando del General Mario Montoya Uribe, la Policía Nacional al mando del General Leonardo Gallego Castrillón y el Bloque Cacique Nutibara, al mando de Diego Fernando Murillo Bejarano. Así se desprende de la versión de Luis Adrián Palacio Londoño, alias Diomedes 132 y el propio Diego Fernando Murillo, quien admitió que la operación fue concertada con la Fuerza Pública porque era la única zona de la ciudad de Medellín que el Bloque Cacique Nutibara no había podido capturar, dominar y controlar”.[5]

El paro nacional de 2021 fue una clara prueba del desborde tiránico y emparentamiento de la fuerza pública con actores paramilitares, la respuesta de la policía como está registrado en las decenas de videos en redes sociales fue disparar indiscriminadamente contra manifestantes en todas las ciudades junto a civiles armados (Paramilitares), los protocolos de contención civil fueron obviados y reaccionaron desde la “doctrina”, hecha mentalidad asesina.

El desborde autoritario y la convivencia con el narco paramilitarismo en las ciudades en estos eventos ha traído un alto costo en la legitimidad de las Fuerzas Militares, estaban en la ciudad, espacio que el poder ha intentado mantener desde la ficción de la legalidad democrática, en la ciudad su actuación ha sido registrada, convirtiéndose en pública y notoria, diferente a las regiones rurales donde este mismo tipo de prácticas son reiteradas, pero quedan en el silencio y la impunidad.

A modo de conclusión, en un análisis de lo ocurrido en los últimos días, se observa que no solo han emergido en los medios de comunicación casos como el del Mayor General Jorge Hernando Herrera Díaz. Los coroneles en retiro Robinson González del Río (condenado en el pasado por casos extrajudiciales o falsos positivos) y Harry Leonardo Gómez Tabares (excomandante del Batallón Boyacá con sede en Pasto) fueron enviados en los días pasados a  la cárcel “por presuntamente integrar un grupo narcotraficante en el departamento de Nariño” (El Espectador, 2022, Párr. 2), grupo al servicio del Clan del Golfo denominado “La Cordillera”, al parecer el Coronel en retiro del Río, brindaba orientación y asesoramiento armado y logístico a alias Matamba, máximo líder de la ‘Cordillera Sur’; además de tener acusaciones en su contra por ser presuntamente el “líder de una red de oficiales y suboficiales activos y retirados que habrían sacado armas de largo alcance de distintos batallones del Ejército para vendérselas a grupos al margen de la ley” (El Espectador, 2022, Párr. 8), su principal cliente era el Clan del Golfo.

Por otro lado, Tabares recibía un dineral por parte de alias Matamba, para trasladar tropas por las rutas para que los cargamentos se movieran libremente hacia el territorio del Pacífico y con destino a Estados Unidos y Europa (Fiscalía General de la Nación , 2022).

En este caso, está también implicado el general retirado del ejército Leonardo Alfonso Barrero, designado con el alias El Padrino, de acuerdo con Blu Radio, el coronel retirado hacía parte del grupo “La Cordillera” desde el 2019, el ex alto mando militar recibía órdenes directamente de alias Matamba.

Ahora bien, si nos devolvemos al 2019, el jefe del Estado Mayor del Comando de Reclutamiento y Control Reservas Coronel del Ejército Elkin Alfonso Argote, un comandante activo del Ejército Nacional de Colombia fue sorprendido por la Fiscalía cuando se desarrolló el operativo para capturar a Miguel Antonio Bastidas Bravo, alias “Gárgola” capo y líder de La Constru, estructura criminal que surge tras la desmovilización de los paramilitares del Frente Sur de Putumayo (InSight Crime, 2019). Al parecer el alto mando del Ejército amparaba al narcotraficante, lo escondía en unidades militares y el criminal se desplazaba en vehículos oficiales del Ejército por Bogotá.

Por más políticas de defensa y de seguridad que hayan, si no hay una reacción de justicia determinante contra la fuerza pública y sus vínculos con narcotraficantes, el fracaso de los planes estratégicos será visible al no contrarrestar el problema del narcotráfico y la violencia en los territorios que, se ha desbordado, continuará el ciclo de violencia en los territorios, el ciclo de predecesores del narcotráfico y el ciclo de predecesores de coroneles y mayores de la fuerza pública en el país, finalmente todos son fichas que se pueden reemplazar.

La conclusión es que si, de forma hipotética, desaparecieran todas las estructuras ilegales del suroccidente y solo permaneciera en el territorio la fuerza pública, seguramente el cultivo, el procesamiento, el tráfico y embarque de cocaína no desaparecerían; simplemente seria absorbido por el único y hegemónico actor prevaleciente (la policía, el ejército y la armada) (CNAI, 2020, pág. 57)

Todo lo anterior ya no sorprende, pero sí indigna el tabú con que se aborda el problema de las Fuerzas Militares en el país, son una casta intocada, sin transparencia  ni control, lo cual las ha sumido en una crisis de moralidad y degradación desde la década del 70, antes eran un revoltijo ideológico afincados en doctrinas fascistas, falangistas y de seguridad nacional, desde entonces son una máquina efectista sin referente moral, son una pragmática en acción para quien no importan los medios con tal de concretar sus fines, los cuales se reducen a anticomunismo y las rentas del territorio. Es urgente que los debates por la paz visibilicen la urgencia de la transformación, democratización y control ciudadano de las Fuerzas Militares.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

  • Diario El tiempo, 23 de junio 2009.
  • Periódico de la Urbe. Consultado en: http://delaurbe.udea.edu.co/2015/08/18/la-operacion-orion-antes-durante-y-despues/
  • Revista Cambio Colombia: “Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc. 12 de febrero, 2022.
  • Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, veinticuatro de septiembre de dos mil quince. Acta No. 004 Magistrado Ponente Rubén Darío Pinilla Cogollo.2015
  • (2020). Violencia en el Suroccidente Colombiano: Una Barbarie que No Cesa. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.
  • El Espectador. (15 de Feb de 2022). El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/judicial/coronel-r-gonzalez-del-rio-a-prision-mientras-es-investigado-por-nexo-con-narcos/
  • El Espectador. (2 de Feb de 2022). El Espectador. Obtenido de https://www.elespectador.com/judicial/capturan-al-coronel-r-gonzalez-del-rio-por-supuestos-vinculos-con-narcotrafico/
  • Fiscalía General de la Nación . (15 de Feb de 2022). Noticias – Fiscalía General de la Nación Obtenido de https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/carcel-para-coronel-en-retiro-robinson-gonzalez-del-rio-por-presunto-asesoramiento-armado-a-la-estructura-cordillera-sur-del-clan-del-golfo/
  • InSight Crime. (5 de JUL de 2019). InSight Crime. Obtenido de https://es.insightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/aliados-en-el-poder-la-explicacion-delascenso-de-la-constru-en-colombia/

Fuentes:

[1] Un caso ilustrativo de estas estrategias fue la masacre de Segovia. El 11 de noviembre de 1988, 40 integrantes de la UP fueron asesinados públicamente en la plaza central del municipio de Segovia, Antioquia.

[2] Líderes comunitarios Vieira, Katherine. Kábala y El Perro narran lo que fue la Operación Orión. https://www.youtube.com/watch?v=Pf4YWBsb3qU&t=503s

[3] Periódico de la Urbe. Consultado en: http://delaurbe.udea.edu.co/2015/08/18/la-operacion-orion-antes-durante-y-despues/

[4]Diario El tiempo, 23 de junio 2009.

[5]Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Medellín, Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, veinticuatro de septiembre de dos mil quince.  Acta No. 004 Magistrado Ponente Rubén Darío Pinilla Cogollo.2015

Observatorio del Conflicto y el Post Conflicto / Corporación Nuevo Arco Iris

Editado por María Piedad Ossaba