Putumayo: Siguen vigentes los falsos positivos
“Durante el año 2021, Colombia contabilizó 114 masacres y al menos 198 líderes sociales asesinados, para un total de 1.284 dirigentes asesinados tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016”.
Mayor general Edgar Alberto Rodriguez
Terrible lo que acaba de suceder en la vereda el Remanso del municipio de Puerto Leguízamo, departamento del Putumayo.
El Ejército nacional en esa región a cuya cabeza se encuentra un alto oficial con graves y criminales antecedentes, el mayor general Edgar Alberto Rodriguez, ha ejecutado una masacre del presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, de Ana María Sarria Barrera (esposa del presidente de la Junta), de Pablo Panduro Coquinche (gobernador del cabildo Kichwa, Brayan Santiago Pama), de un menor de edad de 16 años, Oscar Olivo Yela, de dos personas más conocidas como Pequeño y Cuéllar, resultando heridos Willinton Galíndez, Vanesa Rivadeneira Reyes y Nora Andrade, todos estos habitantes ampliamente reconocidos en esta comunidad, que participaban de un bazar comunitario.
Todo indica que este operativo fue financiado por las mafias del narcotráfico de reconocidos criminales como la Araña (Giovany Andrés Rojas) y el Alacrán (Víctor Patiño Fomeque) con fluidas y abundantes relaciones con oficiales, sub oficiales y soldados profesionales de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas a quienes aportan millonarias cifras de dinero y lujosas propiedades en Bogotá y Medellín. Recientemente un hermano de la Araña fue sorprendido en Bogota en un vehículo del Ministerio de Defensa asignado a un alto general del Ejército.
La demencial acción fue ejecutada por el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales en el Putumayo; esta operación ha sido presentada como un combate contra un grupo de las Farc organizado en el Frente 48.
La Defensoría del pueblo, la población del municipio y la vereda, y las organizaciones de los Derechos humanos están indicando que se trata de un “falso positivo” de civiles inermes presentados como guerrilleros muertos en combate.
Es una masacre cometida por el ejército y su Sexta Brigada encadenada al sistema de masacres y exterminio de líderes ejecutado por el régimen neonazi de Ivan Duque y del uribismo (en los últimos 4 años), tan amigo de este tipo de limpiezas contra los campesinos y los indígenas.
El responsable de este operativo, Mayor Edgar Alberto Rodríguez, tiene acusaciones por su participación en 73 ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, y aun así siempre ha tenido el apoyo de toda la camarilla política del régimen genocida para ocupar altos cargos en las Fuerzas Armadas como encargado de Educación y Doctrina del Ejército Nacional; como comandante de la IX Brigada en Neiva (Huila), donde su deporte preferido eran las ejecuciones extrajudiciales de campesinos; y como integrante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles que opera en el Bajo Cauca y el Nudo del Paramillo, que fue duramente cuestionado por las organizaciones sociales debido a la presunta participación de Rodríguez en ejecuciones extrajudiciales.
En el Bajo Cauca Antioqueño los campesinos denunciaron el sitio exacto donde se encontraban mandos del frente neoparamilitar Virgilio Peralta Arenas, más conocida como los Caparrapos, alias Caín y alias Flechas, quienes se encontraban bajo los efectos del licor en un billar en el corregimiento de El Guaimaro del municipio de Taraza, tropas de la Operación Aquiles al mando del general Rodriguez extrañamente nunca buscaron capturarlos. Situación que aún no es aclarada por la Inspección general del Ejército.
La duda sobre las actuaciones del General Rodríguez son permanente en su sangriento recorrido como militar, y por esa razón esta nueva masacre ocurrida en el Putumayo en la cual el Ejército quiere hacer pasar a varios civiles como “guerrilleros muertos en combate” debe ser no solo verificada, sino que la rápida investigación de los entes del Estado debe surtir por fin una acción efectiva contra la impunidad.
A pesar de la grave denuncia, que vuelve a poner el foco sobre el dantesco capítulo de los “falsos positivos”, el Gobierno uribista de Duque descartó de inmediato cualquier irregularidad criminal. El irresponsable ministro de Defensa, el uribista Diego Molano, respondió en sus redes sociales: “Operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros”. Pero crecen las dudas sobre la versión que ha entregado la Fuerza Pública del oficial Rodriguez.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac), denuncio que eran “Eran civiles, no guerrilleros”, sobre la muerte de 11 personas en un operativo militar en Puerto Leguízamo (Putumayo). La comunidad dice que el Ejército irrumpió en un bazar comunitario de indígenas y campesinos asesinando a dos reconocidos líderes de la región.
La OPIAC recupero los relatos de la comunidad, los cuales apuntan a que no hubo ningún tipo de enfrentamiento armado. “El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un indígena de la región a una emisora comunitaria. Aseguraron que “dicha actividad era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda. En este espacio se encontraban el señor Divier Hernández y su mujer, padres de dos menores de edad de 6 y 2 años”. Eran personas que estaban en una reunión con la comunidad para reunir dinero y así construir unas ‘placas huellas’ que les sirvieran a los campesinos.
La comunidad señaló que el bazar era para recolectar fondos para atender necesidades de la misma vereda y que se recolectaron once millones de pesos, los cuales desaparecieron en manos de los soldados durante los hechos. En el pronunciamiento, la organización señaló que estos ataques contra las comunidades indígenas en esta zona del país no son hechos aislados y que en meses pasados también se han presentado asesinatos de sus integrantes.
Ni desde el Ejército ni en el Gobierno han explicado por qué los campesinos y los indígenas fueron masacrados en este operativo de Rodríguez.
La Opiac (organización indígena) ha dicho que fue el Ejército el que hizo el levantamiento y que no tienen claro su paradero. Sin embargo, el secretario de Gobierno de Putumayo dijo a las emisoras comunitaria que los 13 cuerpos están en Mocoa, en poder de Medicina Legal, con una frágil cadena de custodia por el interés del Ejercito en alterar la escena del crimen.
Una fuente indicó que quienes hicieron el levantamiento de los cuerpos fueron agentes del CTI de la Fiscalía que acompañaban el operativo militar que buscaba capturar a alias Bruno. El lío sería que esos investigadores no estarían autorizados para hacerlo.
De acuerdo con Opiac, el Ministerio Público debe dirigirse de manera inmediata al lugar de los hechos y garantizar la protección de la escena de los hechos. La comisión de derechos indígenas solicitó que fuerzas como el Ejército Nacional frenen el asesinato por mediación de la modalidad de falsos positivos, contra la población de Puerto Leguízamo.
La Opiac enfatizo que es deber del Ministerio de Defensa de Colombia retirar las declaraciones estigmatizadoras, donde justificaron el asesinato de civiles a manos de militares aludiendo que «pertenecían a grupos guerrilleros» sin evidenciar ninguna prueba de tal acusación.
La Opiac solicita a la Procuraduría General de la Nación para que, en el marco de sus funciones legales, haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en este falso positivo, incluyendo al ministro de Defensa, Diego Molano.
Ante los nefastos acontecimientos, la organización indígena instó a los organismos internacionales, defensores de los derechos humanos, incluir los homicidios denunciados en el Putumayo en los informes sobre la crítica situación que atraviesa Colombia en cuestión de derechos humanos e internacional humanitario.
La Opiac exigió el desarrollo de una investigación con el objetivo de que se analicen judicialmente los sucesos reportados en el área, además del enjuiciamiento de los autores de estos hechos criminales.
Un actor de Derechos Humanos de entidades extranjeras ha dicho que es urgente que las autoridades aclaren estos hechos y que desempeñen su tarea con profesionalismo. No es responsable, a cuatro días de los hechos, estar llegando a conclusiones de estar asumiendo que se trataba de miembros de las disidencias o que se trató de falsos positivos. Se debe investigar, y si hubo irregularidades o crímenes, los responsables deben ser llevados ante la justicia.
La Defensoría del Pueblo acompaño ese llamado. El organismo informo que ha venido asistiendo a las familias afectadas y que les brindará la asesoría necesaria. En concreto, se brindará el servicio de representación judicial a través de un defensor público de víctimas en todos los procesos que se deriven de los hechos, que ojalá sea cierto dada la politiquería uribista de la Defensoría de Camargo, la ficha de las mafias de Montería.
Las familias de Divier Hernández y Ana María Sarria anunciaron que demandarán al Estado, pues sostienen que no eran “bandidos”, como ha asegurado el ministro Molano. Recién inicia este episodio que vuelve a enlodar el actuar del Ejército en una región profundamente afectada por el conflicto y los cultivos de uso ilícito.
Exigimos el castigo de los funcionarios comprometidos en este genocidio contra las comunidades indígenas y campesinas del Putumayo.
Horacio Duque
Fuente: Rebelión 1 de abril de 2022
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Denuncian como falso positivo masacre de Putumayo, Colombia
Organizaciones sociales colombianas exigen este miércoles que se investigue el caso de falsos positivos en la masacre del Puerto Leguízamo (Putumayo) donde hubo 11 víctimas.
Entre los asesinados se encuentra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso. | Foto: @AlaorillaCaq
En este sentido, varias estructuras campesinas, indígenas, afrodescendientes y gremiales han denunciado los sucesos ocurridos este lunes, donde el Ejército Nacional de Colombia asesinó a 11 habitantes de la comunidad de Puerto Leguízamo, bajo el supuesto de que eran disidentes de las Farc.
La Red de Derechos Humanos de Putumayo detalló la identidad de algunas de las víctimas y asegura que eran “habitantes de la Comunidad, reconocidos y reclamados hoy”. De igual forma, reportan desaparecidos y desplazados de los habitantes de la vereda.
#PuertoLeguízamo #Urgente La fundación Liderazgo y Paz en su misión de verificación envía las primeras fotos del lugar donde ocurrió la masacre en Puerto Leguízamo de la cual exigimos esclarecimiento. @BluRadioCo @NoticiasCaracol @William_Garra @FelicianoValen pic.twitter.com/VpzzXcEjf0
— AlaOrillaDelRío (@AlaorillaCaq) March 30, 2022
Entre las personas asesinadas se encuentra: el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, el cual fue “elegido en el nuevo proceso de nuevos dignatarios comunales”.
De igual forma, figuran: la esposa del presidente de la junta, Ana María Sarria Barrera; un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche y Oscar Olivo Yela.
Nos siguen asesinando, los falsos positivos están vigentes #PuertoLeguizamo pic.twitter.com/qdJ28uDsfQ
— El Gran Cumbal 🇵🇸 (@elgrancumbal) March 30, 2022
El resto no ha podido ser precisado entre otras cuestiones, por los obstáculos que el Ejército colombiano impone a las investigaciones y al temor de los habitantes. No obstante, es ardua la labor que las organizaciones llevan a cabo para conocer la veracidad de los acontecimientos.
A partir de ello, la Red de DD.HH. de Putumayo exige que se lleve a cabo un proceso de “investigación y misión de verificación en campo acudiendo al derecho que tiene la comunidad de ser atendida”.
Entre las personas asesinadas se encuentra: el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Remanso, Didier Hernández Rojas, el cual fue “elegido en el nuevo proceso de nuevos dignatarios comunales”.
De igual forma, figuran: la esposa del presidente de la junta, Ana María Sarria Barrera; un menor de 16 años, Brayan Santiago Pama; el gobernador del Cabildo Kichwa, Pablo Panduro Coquinche y Oscar Olivo Yela.
Fuente: teleSur, 31 de mayo de 2022
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Puerto Leguízamo: persiste el fantasma de los falsos positivos en Colombia
Aunque el ministro de Defensa asegura que los muertos en Puerto Leguízamo eran miembros de la Segunda Marquetalia, la Defensoría del Pueblo y la comunidad advierten que entre las víctimas hay civiles, como un gobernador indígena, un líder comunal y su esposa.
El pasado lunes 28 de marzo, en su cuenta de Twitter, el ministro de Defensa, Diego Molano, informó de una operación militar contra miembros de la Segunda Marquetalia en Puerto Leguízamo, Putumayo. “Neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más”, escribió el ministro.
#ATENCIÓN Gracias a operaciones ofensivas de la Fuerza Pública, que continúan en desarrollo, contra disidencias de las Farc, neutralizamos a 9 criminales y capturamos a 4 más en Puerto Leguízamo, Putumayo. #ConTodasNuestrasFuerzas protegemos a Colombia de estos #SímbolosDelMal.
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 28, 2022
El presidente Iván Duque, por su parte, añadió que habían sido 11 los muertos –no nueve, como dijo inicialmente Molano–
Continúa la ofensiva #SinTregua contra estructuras narcoterroristas en todas las regiones del país. En operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las Farc y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo).
— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) March 28, 2022
Unas horas después, Jorge Eliécer Hernández, familiar de dos de las personas fallecidas, desmintió la versión de Molano y Duque y aseguró que se trató de un ataque a un bazar que se había convocado para recolectar fondos.
“El muchacho fallecido, mi sobrino, se llama Divier Hernández; la esposa, una muchacha. Tenían dos niños, uno de 6 y otro de 2 años. A mí se me hace muy raro, y a toda la comunidad, cómo van a pasar estos muchachos por guerrilleros si no lo son. Ellos vivían acá en Florencia (Caquetá)”, dijo Hernández, el lunes en la noche, al informativo local Andrés Prensa.
“Ellos estaban en un evento de un bazar, eso es un bazar que había en una caseta comunal. ¿Cómo va a llegar el Ejército disparando y el Ejército va a decir que eran disidentes de las Farc? Eso es un error muy grave. Yo sí quisiera decirle al Ejército, al que reportó eso, que se retracte”, añadió.
El testimonio de Hernández sembró la primera de una serie de dudas sobre la versión oficial respecto de lo que pasó en Puerto Leguízamo, sobre todo porque miembros de la comunidad temen que se trate de una reedición de los llamados falsos positivos, es decir, de civiles asesinados para ser presentados como miembros de grupos armados ilegales.
Molano mantiene su versión
Al día siguiente de la declaración de Jorge Eliécer Hernández, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos aseguró que en realidad se trató de civiles asesinados para ser presentados como disidentes, y entregó más nombres de víctimas.
Además de Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, entre los muertos estaban Pablo Panduro Coquinche, gobernador del cabildo kichwa, un menor de 16 años y otras tres personas.
“Todos ellos, según manifiesta la comunidad, eran habitantes de la comunidad, reconocidos y reclamados hoy”, indicó la Red, y pidió la presencia de una misión de verificación que investigue lo ocurrido.
A pesar de esa información, el Ejército emitió un comunicado en el que reiteró la versión del ministro de Defensa y aseguró que los fallecidos y capturados pertenecían al “grupo armado organizado residual estructura 48”, que presuntamente haría parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia.
“(…) en inmediaciones del caserío Alto Remanso, en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, se produjo la muerte, en desarrollo de operaciones militares, de once presuntos integrantes de esa estructura criminal, y cuatro capturados”, dijo la institución, y añadió que un soldado resultó herido en medio del operativo.
De nuevo, esa versión se puso en duda. La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) calificó lo ocurrido como un falso positivo, reiteró que se estaba adelantando un bazar cuando llegaron los uniformados y publicó el acta de posesión de Panduro Coquinche como gobernador indígena para demostrar que no era ningún miembro de las disidencias.
Acta de posesión de gobernador indígena en Puerto Leguízamo
“El Ejército abrió fuego contra los asistentes de la actividad comunal asesinando a nueve personas”, afirmó la Opiac.
El pronunciamiento de la organización indígena logró que varios sectores políticos empezaran a pedirle al Gobierno que aclarara lo que había sucedido.
El ministro de Defensa respondió, con una mención específica a Gustavo Petro y usando la etiqueta #PetroEmbustero: “No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados”.
Y para darle mayor sustento a sus palabras, Molano publicó un video con el testimonio del soldado que resultó herido durante el operativo. “Me encontraba en mi posición, se inició el combate, avancé aproximadamente diez metros, cuando me encontré de frente con un bandido vestido de civil. Inicialmente, yo le veo las características de civil y por eso él me hiere, pues porque yo me confié en que era un civil”, dice el uniformado en la grabación.
Un “indefenso campesino” hiere con un fusil a un soldado. #PetroEmbustero #OperaciónLegítima pic.twitter.com/unFvOG872t
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 30, 2022
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo hacía un pronunciamiento con el que, de nuevo, se ponía en duda al Ministerio de Defensa, pues confirmaba las muertes de cuatro civiles en el operativo: Divier Hernández, Ana María Sarria (su esposa), el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche y el joven de 16 años.
“La Defensoría del Pueblo insiste en que la población civil debe quedar al margen de cualquier tipo de acción en el marco del conflicto y que su derecho a la vida debe ser siempre protegido”, indicó la entidad.
Defensoría solicita pronto esclarecimiento de la muerte de 11 personas en la vereda El Remanso, Puerto Leguízamo, #Putumayo. Hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional para acompañar a la comunidad, particularmente a familiares de las víctimas. https://t.co/hnnbusTg2G pic.twitter.com/RyagKoVwLh
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) March 30, 2022
Puerto Leguízamo y el cruce de versiones
El Ejército, sin embargo, insistió en que se trató de una operación “legal y legítima”, y que las personas muertas sí eran integrantes de la Segunda Marquetalia. “(…) la operación militar iba dirigida contra el GAO-r E-48 Segunda Marquetalia (autodenominados Comandos de la Frontera), cuyo cabecilla en esa zona del sur del país es alias Bruno, sujeto sobre quien pesa una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado. Por esta razón, con información de inteligencia, se planeó y desarrolló la acción en esa zona donde había presencia de la estructura delictiva”, dijo el Ejército en un comunicado publicado el miércoles.
La representante en Colombia alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, por su parte, hizo un llamado para aclarar todo lo ocurrido en Puerto Leguízamo.
Damos seguimiento a hechos presentados en Alto Remanso, Puerto Leguízamo #Putumayo, donde habrían perdido la vida civiles, líderes comunales e indígenas. Llamamos a autoridades a q se investigue y esclarezca lo ocurrido, garantizando derechos a debido proceso y acceso a justicia.
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 31, 2022
Pero nada de esto ha detenido el cruce de versiones. Una fuente anónima le aseguró a Caracol Radio que soldados llegaron a la zona, junto con agentes de CTI, llegaron a la zona para capturar a alias Bruno, por lo que hicieron un cordón de seguridad hasta que notaron que el cabecilla no estaba en el sitio. Después de eso, no es muy claro cómo empezó el supuesto enfrentamiento, dijo la fuente, y añadió que es común que los grupos armados se aprovechen de los bazares o que presionen a la comunidad para organizarlos.
Por otro lado, Óscar Daza Gutiérrez, coordinador de derechos humanos de la Opiac, le dijo a Blu Radio que otro video que presentó Molano, en el que aparecen hombres armados, no corresponde al operativo del Ejército en Puerto Leguízamo, y que él no reconoce a ninguna de las personas en las imágenes: “No hacen parte de los compañeros que (…) salieron muertos (…) Ese video que publicó el señor ministro Molano no hace parte de la realidad. Tal vez lo haya sacado de otra parte”.
.@COL_EJERCITO informa: operativo no fue contra campesinos, sino disidencias Farc. No fue contra inocentes indígenas, sino narcococaleros. No fue en bazar, sino contra criminales que atacaron soldados. Defendemos a colombianos. #PetroEmbustero de qué lado está? #OperacionLegitima https://t.co/TSHk0j4Qhx pic.twitter.com/tWFDCnbmvO
— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) March 30, 2022
Y Argemiro Hernández, padre de Divier Hernández, le dijo a esa misma emisora que el dinero que mostró el ministro, unos 10 millones de pesos, no tenía nada que ver con el narcotráfico, sino provenía de lo que se recolectó del bazar. Indicó que su hijo se dedicaba a la construcción de casas de madera y también puso en duda el video: “Tres días la gente tomando trago, eso debería estar lleno de envases. Eso no aparece en el video porque es un montaje. El video no corresponde en nada con la actividad que se estaba realizando ahí”.
El presidente Iván Duque reitera que el operativo en Puerto Leguízamo se ajustó a todos los protocolos y que en el sitio había “delincuentes”, aunque le pidió a la Fiscalía hacer todas las labores pertinentes para aclarar lo sucedido.
#Contrarreloj | Se ha actuado con todos los protocolos de la Fuerza Pública: Duque tras operativo en Putumayo → https://t.co/HopxaSd96R pic.twitter.com/SQN3OQzqaG
— W Radio Colombia (@WRadioColombia) March 31, 2022
Sin embargo, que la propia Defensoría de Pueblo dé por confirmadas las muertes de civiles en la operación –entre ellos un menor de edad– es algo que no debería tomarse a la ligera. El temor hacia los falsos positivos sigue estando latente y la herida por estos crímenes de lesa humanidad aún no se cierra. Esto sin contar la denuncias sobre bombardeos en campamentos con presencia de menores.
Fuente: Diario Criterio, 31 de marzo de 2022