Como en una pelea de borrachos, el general Cuellar desafía a sus ‘oponentes’: “Sale pa’ juera poh, sale pa’ juera”. Pa’ juera, o sea allí donde tiene cuatro amigos esperando. Este comportamiento de un general de la República -milico en territorio ocupado- es penoso y lamentable. La alta oficialidad no se distingue mucho de los matones de barrio. Una nota del periodista Alejandro Kirk.
Resultó un tiro en el pie el ya famoso desafío de callejón formulado por el general chileno Luis Felipe Cuellar, jefe militar del estado de excepción en el Wallmapu (Araucanía), a los supuestos grupos armados que operan en la zona: “…aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros?” los invitó.
La incitación al enfrentamiento – y el anuncio de que el Ejército iba a matar gente- fue condenada masivamente, incluido el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), cuyo director, Sergio Micco, no se caracteriza por su asertividad en el tema.
Más bien, la oferta de caerse a balazos con una fuerza infinitamente inferior, vino a reforzar las iniciativas de norma para que en la nueva Constitución, actualmente en redacción, se transforme profundamente la naturaleza y el carácter de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, que en cada oportunidad demuestran no haberse desligado de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Hay ya tres iniciativas populares de ese tipo presentadas a la Convención Constitucional.
La bravuconada de Cuellar responde a una larga tradición del Ejército de Chile, cuyo tejado de vidrio (o rabo de paja) en el tema no parece haber sido comprendido por los herederos del dictador Augusto Pinochet: si algo ha caracterizado a este cuerpo armado en su historia, es haber reprimido, secuestrado, torturado, asesinado y hecho desaparecer alegremente a miles de sus propios conciudadanos civiles… siempre desarmados.
Ha sido diferente cuando los oponentes estaban armados y entrenados.
Los relatos de los participantes del atentado en contra de Pinochet, en 1986, coinciden en que la guardia personal militar del dictador no opuso resistencia alguna. Huyeron despavoridos al primer tiroteo, se escondieron debajo de los vehículos o incluso se lanzaron a un barranco, como mostraron las reconstituciones judiciales. Si Pinochet no cayó ese día, fue tanto por las fallas del armamento de los atacantes como por la calidad del blindaje del auto y la pericia del chofer.
Pinochet no murió, pero los atacantes escaparon todos ilesos, dejando en ridículo a los comandos especializados que habían jurado dar la vida por su jefe.
En Chile jamás se dice, pero en Perú son conocidas las tropelías de las tropas chilenas victoriosas -un Ejército organizado a toda prisa en 1879 con leva de campesinos- contra la población civil en las poblaciones que ocupaban. La guerra lanzada en 1879 contra Perú y Bolivia para anexar los yacimientos de salitre fue el último conflicto armado en que participó Chile.
En el Wallmapu está muy fresca la memoria del genocidio conocido como “Pacificación de la Araucanía”, perpetrado por las fuerzas militares entre 1861 y 1883, para arrebatarles sus tierras y entregárselas a inmigrantes europeos y terratenientes chilenos.
Una de las Iniciativas Populares de Norma, la del capitán (R) Juan Painecura, hace una descripción detallada de 23 masacres perpetradas contra civiles por el Ejército chileno (ver aquí).
La lista no incluye los 17 años de dictadura entre 1973 y 1991, en que al menos tres mil personas fueron asesinadas, dos mil desaparecidas, y decenas de miles sufrieron secuestros, torturas, exilio y persecuciones.
Si es que de verdad existen grupos armados activos en el territorio mapuche -y no son meras operaciones de inteligencia del Estado o las poderosas corporaciones forestales- atender el llamado de Cuellar a un enfrentamiento directo sería una llana estupidez: el sentido mismo de una guerrilla es evitar el choque directo con fuerzas enormemente superiores en número y poder de fuego.
En ese sentido, la propuesta del general sería también cobarde, porque propone una situación en que tendría la victoria asegurada: esos supuestos grupos necesariamente serían pocos, y precariamente armados y entrenados. Su única ventaja es que conocen el terreno y cuentan con apoyo de las comunidades, única forma de evadir la intensa militarización de la zona.
Las tres propuestas de normas constitucionales subrayan la necesidad de que las fuerzas militares se subordinen efectivamente al poder civil, y que sean no deliberantes, única forma de evitar papelones como el del general Cuéllar, quien difícilmente diría algo así sin consultar con sus jefes.
Alejandro Kirk