El representante legal de la Junta de acción comunal de la vereda Campo Alegre, municipio de Convención, ubicado en la subregión del Catatumbo nos hizo llegar un audio en el que denuncia el asesinato de Dimar Torres Arévalo por miembros del Ejército Nacional. Y exige al gobierno que haga las investigaciones de rigor para que este crímen no quede impune
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Dimar Torres Arévalo, excombatiente de las FARC-EP, se había desmovilizado durante el proceso de paz firmado con el Gobierno y se había radicado en el lugar con su esposa y sus hijos, y quien, según versiones del territorio, participaba activamente de la vida comunitaria y de los procesos de reincorporación con las Naciones Unidas.
Según la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), los hechos sucedieron la tarde del pasado 22 de abril. Un grupo de habitantes de la vereda Carrizal escuchó disparos y luego recorrió el sector para cerciorarse de que toda la comunidad estaba bien.
Los vecinos relatan que durante el recorrido por las viviendas se percataron que Torres Arévalo, quien residía en la vereda, no se encontraba en su casa ni en el sector. La Junta de Acción Comunal informó que estaba en el corregimiento de Miraflores comprando rulas para trabajar, pero no regresó.
Alrededor de 80 campesinos salieron a buscar a Dimar por un camino que conduce a la carretera en la que el Ejército Nacional hace presencia permanente en la vereda desde hace varios años . Allí indagaron a los soldados por el origen de los disparos y si tenían retenido a Dimar, sin embargo, miembros de esta unidad negaron conocer su paradero.
Los campesinos, incrédulos, entraron al espacio donde los soldados tienen sus carpas; para ellos no era concebible que la Fuerza Pública que patrulla continuamente la zona no tuviese conocimiento acerca lo que estaba ocurriendo.
Tras 20 minutos de búsqueda intensa y desesperada, según versión de la comunidad, encontraron un hueco en la tierra recién cavado en donde yacían las herramientas de trabajo que Dimar había salido a buscar cuando partió de su casa. Impresionados por este hallazgo, continuaron la búsqueda y cinco minutos después hallaron un cuerpo tendido en el suelo y junto a él una motocicleta.
Se trataba de Dimar, a quien le habían disparado en la cabeza y se encontraba con su torso totalmente desnudo. La información conocida hasta el momento no da cuenta de hostigamientos ni combates de ningún tipo, únicamente del asesinato de una persona en condición de discapacidad que se acogió al acuerdo de paz suscrito con la otrora guerrilla de las FARC-EP.
La organización social dice que “teme que exista nuevamente un plan desde los altos mandos del Ejército Nacional y del Gobierno Nacional”. En este sentido, piden a las autoridades investigar el hecho. Como medida, rodearon el cuerpo hasta que se realizara el levantamiento por parte de la Fiscalía.
“El asesinato fue perpetrado por una patrulla del Ejército Nacional. Eso ya está plenamente establecido, ese vil asesinato de un hombre que dejó las armas para apostarle a la paz”, señaló el congresista Carlos Antonio Lozada del partido Farc.
“Le exigimos al gobierno nacional que nos dé plenas garantías a quienes dejamos las armas para que podamos hacer nuestro proceso de reincorporación socioeconómica y política”, agregó el legislador.
La violencia no es ajena para los pobladores y pobladoras del Catatumbo; otros nueve excombatientes de las FARC-EP han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz, con el agravante que en esta ocasión se presume de la autoría de miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano de ser los responsables de este homicidio en persona protegida.
Según confirmó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Dimar Torres venía cumpliendo a cabalidad con el proceso de tránsito a la vida civil y, en razón de esto, hoy presentaría un proyecto productivo.
Según funcionarios de Ministerio Público, las denuncias contra la Fuerza Pública por atropellos a la comunidad han aumentado desde el año 2017.
Además, este sería otro hecho de violación a los Derechos Humanos y de infracción al DIH registrado en la región presuntamente cometido por la Fuerza Pública, entre los cuales, recientemente, se registró un ataque directo a tres líderes sociales de la región en el municipio de San Calixto a quienes, según versiones de la comunidad, unidades del Ejército les dispararon en reiteradas ocasiones mientras se movilizaban por la vereda San Luis.
Hay preocupación, por parte de las comunidades catatumberas, debido a la constante militarización del territorio que pone en riesgo a los y las habitantes de este territorio ante eventuales combates, hostigamientos y violaciones de Derechos Humanos, como ha sido denunciado.
Por su parte, las Fuerzas Militares han negado cualquier tipo de responsabilidad en el asesinato de Dimar Torres: “hemos sido los garantes de la seguridad de los integrantes de las FARC, de tal forma que esto es una apreciación totalmente equivocada porque el Ejército Nacional está para proteger los colombianos, independiente de su distingo político”, declaró a BluRadio el General Luis Fernando Navarro.
Actualmente se adelanta una comisión de Derechos Humanos por parte de la regional de la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal y ONU DD.HH para el esclarecimiento de los hechos.
Las comunidades de Campo Alegre y del Catatumbo en general esperan la investigación, esclarecimiento y posterior judicialización por lo acontecido, ya que esto representa un acto de ruptura de la frágil confianza existente de la población civil hacia la Fuerza Pública quienes deben velar por la protección de las y los colombianos.
La Pluma, con información de PARES Y KIENY KE 24 de abril de 2019
Fuente: Somos Colombia, 26 de abril de 2019
