El presidente Daniel Noboa impulsa una reforma constitucional para autorizar su instalación
Frente a una estrategia gubernamental sin resultados a la vista ante el crecimiento de la inseguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impulsa una reforma a la Constitución para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras.
Sin embargo, de acuerdo con expertos en temas de seguridad y defensa, EE.UU. ya tiene presencia militar en el país suramericano gracias a tres convenios de cooperación bilateral firmados durante el Gobierno anterior.
La iniciativa, aseguran, lejos de constituir una solución para poner un alto a la violencia, no es sino una herramienta de propaganda que el mandatario busca explotar en el plano electoral.
Las claves de la reforma
El proyecto para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras de la Constitución ecuatoriana ha conseguido abrirse camino en medio de un ambiente político signado por la confrontación.
La iniciativa que pretende modificar el artículo 5º, ya logró la aprobación de la Corte constitucional. A mediados de octubre pasado, la Corte determinó que la propuesta no restringe derechos ni garantías constitucionales.
EE.UU. ya tiene presencia militar en el país suramericano gracias a tres convenios de cooperación bilateral firmados durante el Gobierno anterior.
Sobre el artículo 3º de la Constitución, en donde se establece que se debe garantizar y defender la soberanía nacional, la Corte si bien expresó que la iniciativa contiene algunos riesgos, finalmente consideró que en lo general no contraviene la estructura del Estado.
Una vez superado este filtro, la propuesta ahora está en manos de la Asamblea Nacional, donde se ha integrado una comisión parlamentaria ocasional para su revisión y análisis. Posteriormente, será sometida a votación.
La bancada del oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el Poder Legislativo para aprobar la iniciativa, con lo cual, resulta indispensable negociar con la oposición.
El objetivo del Gobierno de Noboa es lograr su aprobación en la Asamblea Nacional cuanto antes para que, de esta forma, sea sometida a plebiscito durante los primeros meses del año entrante.
Algunos legisladores han sugerido incluso hacer coincidir la elección presidencial, cuya segunda vuelta está prevista para mediados de abril de 2025, con el plebiscito.
De este modo, a decir de congresistas de las bancadas de ADN, Construye y Suma, se podrían ahorrar recursos por un monto superior a los 60 millones de dólares.
‘Puertas abiertas’ para Washington
Autorizar la instalación de bases militares extranjeras a través de una reforma constitucional no es más que una « formalización de la injerencia », asegura en entrevista Luis Córdova, catedrático de la Universidad Central del Ecuador.
En el contexto actual, explica el especialista en temas de seguridad y defensa, resulta irrelevante: las Fuerzas Armadas de EE.UU. ya cuentan con las prerrogativas para desplazarse en territorio nacional.
« EE.UU. no tiene interés en instalar una base militar en nuestro país por una sencilla razón: Washington tiene firmados tres acuerdos que le otorgan la autorización para desplegar personal civil o militar del Pentágono ».
Los acuerdos de cooperación a los que hace referencia Córdova —y que integran el marco regulatorio de la participación de EE.UU. en operaciones relacionadas con la seguridad nacional—, se firmaron durante el gobierno de Guillermo Lasso y su implementación se encuentra vigente:
- El Acuerdo para Asistencia e Interceptación Aérea.
- El Acuerdo para realizar Operaciones contra Actividades Marítimas Transnacionales ilícitas.
- El Estatuto de las Fuerzas Armadas (SOFA, por sus siglas en inglés).
En el caso del primero, el acuerdo relativo a la interceptación aérea, contempla el financiamiento, el intercambio de datos de inteligencia y radar, de comando y comunicaciones, soporte logístico, así como capacitación y mantenimiento de equipo.
Este acuerdo acompaña otro ordenamiento, la Ley para el Control del Espacio Aéreo Nacional, aprobada en mayo de este año. Esta ley de 36 artículos sienta las bases para los trabajos en coordinación con Washington en materia de interdicción de aeronaves y navíos.
En cuanto al convenio para llevar a cabo operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas, se plantea que las Fuerzas Armadas de ambos países realicen operaciones conjuntas con el objetivo de combatir el tráfico de migrantes, drogas, armas de destrucción masiva, así como la pesca ilegal.
Finalmente, el acuerdo relacionado con el Estatuto de las Fuerzas, hace referencia a una serie de privilegios, exenciones e inmunidades que se atribuyen no solo a las Fuerzas Armadas, sino también a los empleados civiles del Departamento de Defensa de EE.UU. en Ecuador, equivalentes a los del personal diplomático.
A través de la implementación de estos convenios, las condiciones de las que goza actualmente EE.UU. en Ecuador son muy similares a las que se tenían antes de 2009, año en que venció el contrato de la base en Manta.
Cuando se llevó a cabo la instalación de esa base militar, cuyo convenio entró en vigor a partir de 1999 y finalizó una década después, también se otorgó inmunidad diplomática al personal estadounidense.
La instalación de esa base, sin embargo, lejos de contribuir a garantizar la seguridad de la población, trajo como saldo violaciones a los derechos humanos y actos de hostilidad en contra de la nación suramericana que quedaron en la impunidad.
Galápagos, Manta y más allá
La presencia de EE.UU. en Ecuador se remonta a mediados del siglo XX. Como parte de la historia reciente, en medio de la Segunda Guerra Mundial, las islas Galápagos se convirtieron en una base militar a cargo de Washington.
A punto de cruzar el nuevo siglo, en 1999 el presidente Jamil Mahuad suscribió un acuerdo, vigente por diez años, que autorizaba a EE.UU. a establecer la ‘Forward Operating Location’ (FOL) en la base aérea Eloy Alfaro de Manta.
El objetivo no era disminuir la inseguridad y la violencia, sino realizar operaciones diversas para detectar, controlar y rastrear aeronaves vinculadas con el narcotráfico.
Ya con Rafael Correa en el Gobierno y la aprobación de una nueva Constitución en 2008, además de que se tomó la decisión de no renovar el contrato con EE.UU., quedó plasmada en la Carta Magna la prohibición de instalar bases militares extranjeras y se definió a la nación suramericana como un territorio de paz.
En entrevista, Pedro Páez, quien fue ministro Coordinador de Política Económica durante el primer mandato de Correa, considera que la base militar en Manta, a contrapelo de la narrativa del Gobierno de Noboa, en realidad no logró socavar a los grupos criminales.
« La base de Manta supuestamente era para formar parte de la ‘lucha contra las drogas’. Sin embargo, su instalación no impidió que surgieran franquicias de los cárteles mexicanos como Los Choneros y escalara la violencia ».
Páez asevera que, en lugar de apoyarse en el despliegue militar de una potencia extranjera, el Gobierno actual debería abocarse, por un lado, a realizar investigaciones a fondo sobre los decomisos de droga.
Más allá de reportar el número de toneladas decomisado, sostiene, « desde el Gobierno se deben proporcionar los nombres de las empresas propietarias de las embarcaciones en donde se encuentran sustancias ilícitas, así como informar qué autoridades fallaron a la hora de realizar la supervisión ».
Por otro lado, Pedro Páez considera que tanto la dolarización, así como las políticas orientadas a la desregulación, propiciaron el auge del narcotráfico. « El gran atractivo del crimen organizado viene del lado del sistema financiero », sentencia.
Luis Córdova, por su parte, explica que la base militar auspiciada por EE.UU. en Manta, representó un flagelo, en lugar de una contribución. « El costo social para nuestro país fue muy alto« , recuerda el investigador.
Las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Manta están documentadas en el informe ‘A nadie le importó’, elaborado por la Comisión legislativa y de fiscalización de la República.
El informe publicado en 2009 da cuenta de las violaciones y atropellos a mujeres, el hundimiento y destrucción de embarcaciones, así como de los secuestros y homicidios perpetrados por las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Noboa, en busca de insumos para la reelección
En medio de una inseguridad y violencia galopantes, uno de los objetivos del presidente Daniel Noboa de cara a la elección del próximo año, es dotarse de una estrategia política que le permita ganar popularidad.
En este sentido, comenta Luis Córdova, haber instalado un escenario de « guerra interna » en contra de un « enemigo común » a principios de este año, a la vez que le ha permitido redirigir la atención pública, ha amortiguado el rechazo ante la falta de resultados de su gestión.
La reforma para eliminar la prohibición de instalar bases militares extranjeras, pretende, a decir de Córdova, sembrar la idea de que fue durante el gobierno de Rafael Correa que aumentaron la delincuencia y el crimen organizado.
En este sentido, el presidente Noboa insiste que la no renovación del convenio de la base militar de Manta, es una de las causas que explican el crecimiento exponencial de la inseguridad y la violencia durante los últimos años.
Bajo esta perspectiva, permitir de nuevo la instalación de una base contribuiría a reducir el número de homicidios en el país. Sin embargo, Luis Córdova asegura que hasta el momento no existe evidencia de que una mayor militarización sea una solución.
En realidad, asevera, el presidente Noboa ha puesto sobre la mesa del debate público la instalación de una base militar como parte de una « estrategia de propaganda política ».
« La decisión del Gobierno de proponer esta reforma parcial, seguramente se basa en estudios de opinión que confirman que hay una mayoría social que respalda una mayor militarización. El presidente Daniel Noboa quiere capitalizar todo el polo ‘anticorreísta' ».
Así las cosas, todo apunta a que la iniciativa obedece sobre todo a un cálculo político. Y es que, desde Washington, de hecho, ni siquiera se tiene contemplada la instalación de una base militar.
Durante su visita a Quito en septiembre pasado, la almirante de la Guardia Costera de EE.UU., Linda L. Fagan, aclaró que, si bien buscan estrechar la cooperación con el Gobierno de Ecuador, no hay ningún plan para solicitar una presencia militar permanente.
