Han pasado los primeros 100 días de Milei como presidente de Argentina. La construida imagen del “outsider” de la política durante la campaña electoral se derrumba tras el avance de un programa político antipopular, cuyas recetas ya son conocidas en la región y en suelo nacional, de la mano de los grupos concentrados del poder económico.
Casi el 70 de la población ha caído bajo la línea de la pobreza, se despiden diariamente cientos de trabajadores, la inflación trimestral acumulada alcanza el 71%, cae un 19,4% la producción industrial, se derrumban un 30% las ventas minoristas, se destruye el poder adquisitivo del salario en un 50% y las partidas presupuestarias no llegan a los comedores comunitarios donde todos los días comen más de 10 millones de personas, asfixiadas por la crisis.
Mientras tanto, se destruye el Estado y se aceitan los mecanismos financieros por los cuales se fuga la riqueza nacional hacia las cuentas privadas de los grandes grupos económicos, bajo los lineamientos del Fondo Monetario Internacional.
Una crisis político-institucional marcó la victoria de Milei, en una ofensiva global de los proyectos neoconservadores que llegan al poder por vía electoral, combinada con la insuficiencia de respuestas de los proyectos populares a las demandas reales de las grandes mayorías. Hoy, y aprovechando las contradicciones de la época, el control de la política de gobierno argentino es disputado por las elites empresarias articuladas al capital global, en el seno de lo que mediáticamente es bautizado como “Círculo Rojo”. Una burguesía parasitaria, financiera y exportadora, que solo persigue el lucro en la bicicleta financiera mundial a costa del trabajo de millones de trabajadores y trabajadoras.
El expresidente empresario Mauricio Macri, y Eduardo Eurnekian, dueño del holding Corporación América se debaten para imponer su poderío, y así poder instrumentar los hilos estatales con el fin de aumentar sus ganancias. Avanzan a fuerza de mega Decretos de Necesidad y Urgencia, grandes paquetes de leyes y el poder de las carteras que encabezan.
Impulsan la construcción de una especie de democracia “de excepción”, una nueva forma de gobierno, donde se “pretende normalizar la suspensión de las garantías constitucionales a costa de expulsar del sistema a las fuerzas sociales que le son incómodas”. como lo define el comunicador boliviano Hugo Moldiz. En síntesis, se impulsa la construcción de un régimen, en apariencia “democrático”, donde las elites económicas están intentando limitar la presencia plebeya en el manejo de la cosa pública, como un peligroso “exceso” de democracia que atenta contra la única “libertad” posible: la libertad de que la clase capitalista local y transnacional se apropie de nuestros recursos naturales, desintegre nuestra “unidad nacional”, y legitime la sobreexplotación de las y los trabajadores argentinos.
El plan de hambre y saqueo de las grandes mayorías debe acompañarse necesariamente de un plan represivo, llevado adelante por la conocida ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Su “protocolo antipiquetes” y su reglamento de “gatillo fácil” se combinan con una estrategia mediática que construye la figura del enemigo interno, con el objetivo de legitimar socialmente la violencia ejercida desde las fuerzas de seguridad sobre las protestas callejeras y el ataque sistemático a sindicatos, movimientos sociales, feministas y organizaciones políticas.
A pesar de dicha ofensiva, que avanza aceleradamente, hay iniciativas de rearticulación de una fuerza política y social de oposición a políticas de gobierno. En los primeros 100 días, se destacan en el escenario de calle, los “cacerolazos” en repudio al mega DNU de diciembre, el paro general y movilización del movimiento sindical en unidad el 24 de enero, y especialmente, las masivas movilizaciones realizadas por el movimiento feminista y transfeminista en todo el país, el pasado 8 de marzo, en el marco del Paro Internacional.
Las mujeres y diversidades han sido especialmente identificadas por este gobierno como un enemigo a combatir, demostrándolo en sus discursos y sus acciones de gobierno, dirigidas contra quienes principalmente sufren las consecuencias de la violencia económica.
El movimiento nacional y popular argentino está dando muestras de su capacidad y de su voluntad de lucha. La crisis se agudiza día a día, mientras las organizaciones construyen herramientas para enfrentar el proyecto en posición de gobierno, en un tiempo donde necesariamente hay que encontrar nuevas recetas, en medio de una profunda reconfiguración del escenario político.
Hoy el debate debe dirigirse a las propias bases de la democracia como la conocemos, superar las vías institucionales formales, donde el pueblo no está invitado, para construir verdaderos mecanismos de democracia popular y participativa, que devuelva a las mayorías el control sobre sus destinos, y que permita hacer efectivo el sueño de vivir con dignidad.