En el turbio caldo de la corrupción y la depredación, vio la luz la actual Ley de Pesca, conocida por su nombre menos glamoroso, Ley Longueira. Un alumbramiento manchado por sobornos a legisladores que consagró la explotación sin freno de nuestro océano por parte de unas pocas élites privilegiadas del sector pesquero industrial. Hoy, en medio del debate sobre la posibilidad de una nueva legislación que enmiende las injusticias, surge la pregunta clave: ¿realmente avanzamos hacia un modelo más justo y sostenible?
La propuesta presidencial, sometida a la Cámara de Diputados para su análisis, revela que el cambio prometido es más un espejismo que una realidad. En una era donde la conciencia ambiental y la justicia social deben prevalecer, la propuesta parece aferrarse a prácticas anticuadas, ignorando por completo la existencia de pueblos originarios pescadores, como los camanchacos, lafkenches, huilliches, Kawéskar y Selk’nam. Para esta nueva ley, los pueblos originarios parecen invisibles, mencionados tan solo dos veces en 375 artículos, sin ninguna distinción entre ellos.
Aunque se llevaron a cabo 154 encuentros locales con pescadores artesanales, 17 con mujeres del sector pesquero artesanal, y varios encuentros con distintos sectores, no se registró ni un solo encuentro con los cinco pueblos originarios marinos del país. En otras palabras, se gestó un proyecto de ley a espaldas de las comunidades indígenas que viven del mar.
En consecuencia, la iniciativa carece de una perspectiva inclusiva hacia los pueblos originarios, relegándolos una vez más al margen de la legislación, con apenas un par de menciones en una ley que nunca los convocó. La nueva ley, por ejemplo, ignora gravemente el derecho ancestral a la trashumancia de los pueblos originarios marinos, una práctica milenaria que les permite desplazarse según las migraciones de los peces. Mientras se persigue y criminaliza esta práctica, se concede a la industria depredadora el privilegio de moverse a su antojo. ¿Cómo puede considerarse justa una propuesta que niega a los pueblos originarios su derecho ancestral a la trashumancia, un derecho que poseen desde antes de la creación del Estado chileno y aún antes de la colonización española?
La nueva ley mantiene el concepto de “habitualidad”, algo completamente inaplicable a los pueblos originarios. El castigo desproporcionado propuesto para los pescadores artesanales, que podrían perder su permiso si no trabajan durante un año, no solo constituye un atentado contra sus derechos humanos básicos, sino también una privación arbitraria de un derecho ancestral que han ejercido mucho antes de la existencia del Estado chileno. ¿Es justo penalizar a estas comunidades, especialmente a los pescadores pertenecientes a los pueblos originarios marinos, al ignorar sus tradiciones y su conexión histórica con la pesca, especialmente cuando la realidad económica, climática y el deterioro de su salud pueden obstaculizar su actividad en determinados períodos?
Asimismo, la llamada “comunidad hereditaria”, persiste en la propuesta como otro engranaje colonialista, al no distinguir a los pescadores de pueblos originarios, los ignora y los atropella. Según este concepto insensato, si un pescador fallece su cupo como pescador se lo lleva consigo solo a un heredero afortunado. Pero claro, en el caso de los pueblos indígenas, esta extravagante ley parece desconocer que el derecho a pescar y cazar le pertenece a la familia en su totalidad, y no a un simple descendiente.
En conclusión, una nueva Ley de Pesca no puede jactarse de equidad si excluye a estos cinco pueblos originarios marinos. La equidad, la sostenibilidad y el respeto a los derechos fundamentales deben ser los cimientos de cualquier legislación que pretenda regular el uso de nuestros recursos marinos. Es hora de abandonar prácticas arcaicas y abrazar un enfoque que promueva un equilibrio armonioso entre la actividad humana y la preservación de nuestro valioso ecosistema marino. No necesitamos más leyes que sean como anzuelos para unos pocos y redes de olvido para los más vulnerables.
Aram Aharonian
Fuente: SURySUR, 27 de enero de 2024
Editado por María Piedad Ossaba