Argentina: El legado de los genocidas es esta democracia sin justicia social

La definición de golpe de Estado “oligárquico-militar” – a nuestro criterio, más precisa que la de “cívico – militar”, ya que da cuenta de qué sector social sponsoreó el horror que campeó en nuestro país y resultó el gran beneficiado durante los llamados “años de plomo” – requiere considerar no solo el plan sistemático de exterminio a disidentes sino fundamentalmente el componente de clase hegemónico que lo dirigió. Una de sus claves es la auto denominación que los golpistas de 1976 escogieron al identificarse mediante la definición de Proceso de Reorganización Nacional, lo cual remite directamente a los fundadores de la “colonia próspera”, es decir, la Generación del 80. Y muy particularmente a la etapa que la historia oficial bautizara como Organización Nacional, proceso de instauración de una república a la europea, con un Estado ajeno a los intereses nacionales y edificado sobre los restos de una autoctonía compuesta básicamente por la indiada de los malones y el criollaje de las montoneras. La Argentina blanca y moderna, en consecuencia, se edificará a continuación sobre la derrota de esas patriadas que concibieron un país, si bien no totalmente articulado, por lo menos más ligado a sus raíces, concentradas en un interior potencialmente productivo y  opuesto a una capital-puerto cosmopolita, subsidiada por aquella riqueza, y tributaria de la “Conquista del Desierto” (operación tendiente a expandir la frontera agropecuaria a fuego de Rémingtons comprados a la corona británica para alambrar la pampa húmeda repartiéndose su territorio saqueado, con el objeto de exportar a posteriori materia prima que sería devuelta como manufactura, desde las grandes hilanderías de los países centrales a la metrópoli periférica en ciernes) La contradicción fundante “civilización o barbarie”, entonces, se intentará resolver militarmente primero y luego se tratará de encauzar políticamente mediante una paz blindada. Ese diseño de un país regido por cánones globales es el que se retoma en el año 1976. Se adapta el esquema anteriormente descripto a la usanza de la época, y se trata de disciplinar a la sociedad mediante un proceso represivo calculado científicamente, para ponerla primero de rodillas, y atarla luego, doblegadas sus resistencias, como furgón de cola del Nuevo Orden Internacional. 

De la “guerrilla industrial” a la legislación de impunidad

Para revisar el compromiso de la “sociedad civil” con el genocidio, partiremos de un dato de dominio público: La UCR puso muchos intendentes y diplomáticos en el último gobierno de facto.

Un nítido ejemplo de su anuencia con dicho poder quedó de manifiesto a través de aquella frase de Ricardo Balbín, cuando en la noche del 23 al 24 de marzo de 1976 expresó: “No tengo soluciones que ofrecer”.

En los días posteriores, el dirigente radical elevó la apuesta, declarando que el flagelo principal a combatir era la “guerrilla industrial”.

Por entonces, tal objetivo llevaba el nombre y el apellido de dirigentes gremiales como Oscar Smith (Luz y Fuerza), Jorge Di Pascuale (Farmacia), Benito Romano (FOTIA), Raymundo Villaflor (UOM), Ernesto “Semilla” Ramírez (ATULP), Raúl Reydó (SUPE), Néstor “Pichila” Fonseca (Astillero Río Santiago/Swift), o Armando Croatto (Municipales), solo un puñado de lxs tantxs que serían secuestradxs y asesinadxs. Hombres y mujeres como esos, que venían liderando la resistencia obrera, suman el más alto porcentaje entre las aproximadamente 30.000 detenciones-desapariciones posteriormente denunciadas.

Ahí apuntó, quirúrgica y metódicamente aquel modelo, que ya no exhibía la rudimentariedad de la “Noche de los bastones largos” (1966), sino que constituía una operación sumamente sofisticada.

Pese a la argumentación de algunos organismos de derechos humanos que, durante la transición democrática, con la comprensible intención de limpiar la reputación de sus parientes represaliadxs, frecuentemente lxs presentaron como víctimas inocentes que cayeron por figurar en la libreta de un amigo, el azar fue muy reducido en dicha operación.

Balbín fue el representante por antonomasia de esa clase media que pasó sin solución de continuidad de gritar en un estadio “Montoneros, el pueblo te lo pide: queremos la cabeza de Villar y Margaride” a argumentar en relación a las víctimas de la dictadura que “algo habrán hecho”, brindando carta blanca a la legislación de impunidad.

Acaso una de las expresiones más vergonzantes en la articulación del Proceso de Reorganización Nacional con la democracia condicionada que lo sucedería, fue la Comisión Multipartidaria liderada por Bittel (PJ) y Contín (UCR), que oportunamente dejó desguarnecidxs a 150.000 argentinxs reunidxs en Plaza de Mayo el 16 de diciembre de 1982 para exigir el fin de la dictadura, tras lo cual la respuesta represiva se cobró junto al Cabildo de Buenos Aires la vida del obrero de la construcción Dalmiro Flores.

Todo lo que podemos analizar respecto a esa partidocracia venal y rentista que se llena la boca celebrando 40 años ininterrumpidos de democracia, con un vergonzoso índice de 43.1% de pobreza en uno de los grandes reservorios de alimento del planeta, permite inferir que en 1983 hubo un acuerdo destinado a facilitar el repliegue de los intereses oligárquicos de este país, que negociaron con la clase política que los sucedería permitirnos discutir la política pero no la economía, y contentarnos con revisar las secuelas del proceso represivo pero no las del saqueo atroz que padecemos.

Ello ha conducido a castigar fundamentalmente a los mandaderos de esta historia, a los ejecutores uniformados, no a los mentores de un modelo de país absolutamente vigente, guarecidos en el cono de sombra del debate nacional, sin desfilar por tribunales ni ser escrachados en la vía pública como sus siervos de otrora. Así, los ideólogos de nuestra postración se mimetizaron como clase dirigente para negociar a diario con la partidocracia demoliberal la entrega de un puñado de represores indefendibles, y la democracia formal vino cumpliendo su deseo, ejerciendo un castigo necesario, pero a todas luces insuficiente.

De modo tal que, leyes de Obediencia Debida y Punto Final mediante, se juzgaría a los mandos militares, pero no a los mentores del modelo al que sirvieron. Afortunadamente, la lucha popular ha conseguido la derogación de esas leyes, circunstancia que habilita a profundizar la revisión de lo actuado. Pero lo cierto es que, desde hace cuatro décadas, la máxima “audacia” del progresismo ha sido la detección y castigo del mono, no del dueño del circo. En esa tesitura, la democracia condicionada que transitamos se inaugura convirtiendo en enemigo público número uno al partido militar, pero cabe preguntarse cuándo pagarán la destrucción nacional todos los integrantes de aquel equipo económico y el empresariado beneficiario de sus políticas, que incrementó sideralmente sus ganancias mientras corría la sangre… Solo con una gran complicidad parlamentaria, mediática y judicial puede hacerse respetar el pacto partidocrático-oligárquico con tanto ahínco, recurriendo al insignificante consuelo de plegar un papelito e introducirlo en una urna de cartón cada dos o cuatro años.

El aporte francés de la desaparición forzada y una “Solución Final” contra el disenso

El golpe del 24 de marzo de 1976, entonces, constituyó la operación política y militar estratégica más lúcida y profunda de reconfiguración de la estructura socioeconómica del país para el dominio de una clase especuladora y rapaz, que primero disciplinó a los sectores sociales rebeldes y luego instauró un ideario hegemónico en base a conceptos tales como “achicar el Estado es agrandar la Nación”, destinado a convencer a las mayorías de que “la torta no alcanza para todos”. Esa lógica posibilista vuelve más módicos los reclamos, porque propone un status inmodificable. Tal sentido común se arraigaría a partir de los 90s con ideólogos globales como Francis Fukuyama, que habló del fin de la historia y del último hombre, asignando al mercado el rol regulatorio de la dialéctica capital-trabajo (el Licenciado De Estrada, funcionario económico de la dictadura, diría al respecto que “el mercado debe decidir si conviene producir acero o golosinas”, vale decir, producción de punta o artículos suntuarios)

En dicho escenario quedó definido como principal actor y centro de gravedad de la dictadura un patricio como el Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, cuyo programa requirió el respaldo de la más eficaz experiencia represiva internacional: la originalísima modalidad de la desaparición forzada de personas, sobre la que – salvo excepciones esporádicas, como las del anarquista Miguel Arcángel Rossigna, la del metalúrgico Felipe Vallese, o la del militante de base “Tacuarita” Brandazza – no había precedentes locales. Ese proceder tomó por sorpresa a las fuerzas populares, que tardaron en adaptarse a semejante modo de enfrentamiento.

Hacia la década del 60, el general Alcides López Aufranc – quien en algún momento presidió la famosa metalúrgica ACINDAR – invitó a los veteranos de la guerra de Argelia a asesorar a las fuerzas armadas de nuestro país. Uno de los primeros en brindar dicha asistencia sería el General Paul Ausseresses, que comenzó a desarrollar una política sistemática de formación de cuadros, y a destacar en la Casa Rosada asesores que trajeron toda la experiencia perpetrada por la OAS contra el Frente de Liberación Nacional argelino durante los años 50, como bien describe el ensayo de la periodista francesa Marie Monique Robin “Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa“.

Así se importó el modelo de desaparición forzada de personas que, como bien escribió Rodolfo Jorge Walsh en la Carta de un Escritor a la Junta de Comandantes, no solo viola la tradición antropológica que contempla el derecho al duelo de una persona, sino que deja a los deudos librados a una situación gris, totalmente carente de parámetros respecto de la conducta a seguir ante esa figura. Porque cuando desaparecía un/a compañero/a había que tomar una serie de recaudos, como mudarse o no, enviudar o no, hacer la sucesión o no, etc. Toda una movilización de presupuestos – éticos, afectivos, ni qué hablar operativos – que afectaron sobremanera a la resistencia popular en curso.

La figura del detenido – desaparecido, a diferencia del preso en poder del Poder Ejecutivo Nacional (que padecieran las fuerzas populares en los años 30, 55 y 66) es una figura que coloca al detenido por afuera de los parámetros de tiempo y espacio. Reducido a la condición de objeto, es materia de interrogatorio con los más crueles métodos de flagelación y por tiempo indeterminado. Muchas veces ese proceder fue acompañado por la falacia de que el detenido cayó muerto, como en el caso de la dirigente montonera Norma Esther Arrostito, vista con vida en la ESMA después de que la prensa informara que había muerto en combate. Obviamente, no se trató de un error periodístico sino de una operación de inteligencia destinada a neutralizar a sus inmediatos mediante la farsa de que esa compañera ya no comprometería la seguridad de nadie. Si bien en este caso existió un relativo respeto por ella, acaso por el aura que tenía como “madre fundadora” de su organización y partícipe del Aramburazo, en otros casos, compañeros que supuestamente habían sido ejecutados siguieron siendo objeto de extracción de datos y produciendo caídas y desarticulaciones en el tiempo.

Cabe señalar que el Proceso de Reorganización Nacional también se constituyó en una usina de exportación de su modelo represivo: El general Viola lo compartió con la dictadura del general García Mesa, que derrocara en Bolivia a la presidente democrática Lidia Gueiler. De manera que primero se consolidó en nuestro país y luego se replicó en la región, inclusive en Centro América.

Desprestigiada la dictadura con las numerosas denuncias por violación a los derechos humanos – que encontraron potente caja de resonancia internacional durante el Mundial 78 -, y su deshonrosa rendición en el conflicto armado del Atlántico Sur, se tornó imposible seguir sosteniendo ese modus operandi.

En tal contexto, el general Reinaldo Benito Bignone, último presidente militar, propuso un calendario electoral, e inauguró una mesa de diálogo con una partidocracia demoliberal a la que se encomendaría velar por el orden establecido en la posguerra de aquella dictadura.

Del disciplinamiento al control: La Democracia de la Derrota (*)

Para mejor entender nuestro presente, es preciso reparar en que la dictadura no se retiró desalojada por un poder popular organizado capaz de imponerse y enjuiciarla sumariamente, sino que – sumamente desgastada – fue condicionada por un generalizado reclamo democrático. Ello determinó su necesidad de generar una transacción con los representantes demoliberales del proceso constitucional en ciernes. Existen elementos probatorios, como la anteriormente mencionada legislación de impunidad, compartida por el radical Raúl Alfonsín y el justicialista Carlos Menem. Ese paquete de medidas cubrió la retirada ordenada de los golpistas ganando tiempo a la eliminación de numerosos archivos.

Pero, como lo demostrara la aparición de los restos de las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga y Azucena Villaflor (bien dijo un jurista que “toda burocracia deja rastros”), el ocultamiento de datos nunca logra ser perfecto.

A mediados del año 83, una comisión bicameral encabezada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, allanó el estudio jurídico Klein-Mairal. Durante la confusión del procedimiento, el hijo del periodista ultra liberal Mariano Grondona escamoteó el más pormenorizado archivo sobre la connivencia entre la “Patria Financiera” y la represión. Esa comisión, integrada por los dos partidos que han venido sustentando el pacto de gobernabilidad de la argentina colonial – radicalismo y justicialismo – renunció a profundizar las investigaciones. Ese es otro ejemplo de la claudicación sistemática de la clase política argentina.

Más aún: Vale la pena recordar que en el año 1984 todavía había desaparecidos vivos. Se habían grabado, por ejemplo, dos llamadas telefónicas de la militante secuestrada Cecilia Viñas, que fueron denunciadas con las cintas correspondientes al ministro Antonio Tróccoli, quien las desestimó.

Pero la medida que va más lejos en el afán de la dictadura por cuidar sus espaldas es la operación que produce al delegar el mando de la concentración económica de sus ideólogos en la persona de uno de sus cuadros dilectos, formado en la Fundación Mediterránea, gran estatizador de la deuda privada de las empresas argentinas, y director del Banco Central durante el gobierno de facto:Domingo Felipe Cavallo. A quien no hay que ver sino como el gendarme directo del Proceso de Reorganización Nacional en sucesivos gobiernos democráticos, hasta que el pueblo argentino desmanteló ese armado en diciembre de 2001.

Para más dato, en el video Historia Argentina 1976/83 del historiador Felipe Pigna, producido por la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”, Martínez de Hoz, promediando la década del 90, sentado plácidamente en su casa ante dos colmillos de elefante (seguramente trofeos de las partidas de caza que compartía con el general Eduardo Albano Harguindeguy en la Sudáfrica racista de Ian Smith), dice a cámara algo así como: “El doctor Menem consiguió con votos lo que nosotros no pudimos conseguir con bayonetas”, en una clara reivindicación de la gestión Cavallo.

De este modo se fue transitando desde lo que las ciencias sociales denominan sociedad del disciplinamiento a una sociedad del control, en la que el poder no se mantiene apelando prioritariamente a la represión sino mediante la concentración económica, el blindaje mediático, y una justicia amañada.

En conclusión, concretado el trabajo sucio de eliminar la conciencia crítica de una generación entera, consintiendo el desmantelamiento de las Fuerzas Armadas (y con ello la desarticulación de una política de Defensa Nacional), y sacando ventaja de las dos coaliciones actuales – que son el correlato degradado del histórico bipartidismo argentino -, los dueños del país consiguieron incrementar exponencialmente su riqueza CASI sin sobresaltos durante cuatro décadas, y traernos hasta esta coyuntura en la que, seducidxs por la patraña de vivir en el mejor de los sistemas posibles, invertimos sobrehumanos esfuerzos en exigir la ampliación de la asistencia social… fustigados por olas de calor sofocante seguidas de tremebundas heladas, consecuencia indiscutible de un capitalismo terminal que aniquila toda forma de vida en el único planeta – hogar con que contamos.

Resumiendo: el modelo de exclusión social y sometimiento a los centros de poder mundial permanece incólume, “honrando” una deuda fraudulenta e impagable, y destinando cuantiosos volúmenes de dinero a la contención de un generalizado descontento social.

Antes que en una próxima elección se imponga por robo el abstencionismo, valdrá la pena debatir a fondo si la que padecemos es la única forma posible de ejercer la democracia. En tal tesitura advertiremos que lxs antiguxs pobladorxs de Nuestra América han conocido otras modalidades, participativas y plebiscitarias, capaces de arruinarle el negocio a quienes hoy se llenan los bolsillos viviendo como las monarquías merced a traicionar una y otra vez el voto popular.

Una fecha tan sentida por el conjunto de la población como el Día Nacional de la Memoria, en vez de ser objeto de manipulación cortoplacista con fines electorales, deberá servir para debatir en profundidad sobre los temas planteados hasta aquí, y otros tantos dignos de máxima consideración.

En tal circunstancia, se impone pues que la militancia más consecuente amplíe su horizonte de lucha más allá de las reivindicaciones inmediatas, y tome debida nota de que, a este tren, crece el riesgo cierto de disgregación nacional.

Más aún cuando está fresca en el recuerdo de lxs memoriosxs la disyuntiva electoral entre Liberación o Dependencia, pero lxs sucesivos ocupantes de la Casa Rosada nos enfrentan al riesgo de tener que elegir entre personajes como Larreta o Massa, lo que equivale a optar entre mierda y caca.

Jorge Falcone para La Pluma

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente:  La Gomera de David  2 de marzo de 2023