Cuba históricamente ha reclamado legítimamente ser el Estado soberano de dicho territorio ocupado. No obstante, Washington se niega a poner fin al supuesto “arriendo” haciendo valer el entreguista Tratado cubano-estadounidense de 1903.
El 17 de febrero de 1903 el entonces presidente de Cuba, Tomás Estrada Palma, traicionó las ideas de José Martí y del Partido Revolucionario Cubano que ayudó a fundar, al firmar la cesión del territorio de Caimanera a Estados Unidos, para implantar una base naval contra la voluntad nacional.
De esa manera, hace 120 años, el Gobierno de Estrada Palma cedió, para la Base Naval en Guantánamo, un área de 117,6 kilómetros cuadrados del territorio cubanos, que permanece ocupada desde entonces, en contra de la voluntad del pueblo de la Isla antillana.
El injerencista Convenio para las Estaciones Carboneras y Navales surgió a partir de la imposición de una enmienda constitucional para Cuba, aprobada por el Congreso de EE.UU. y firmada por el presidente William McKinley, en marzo de 1901, que se conoció como Enmienda Platt, mientras el territorio cubano estaba ocupado por el Ejército de ese país.
La Enmienda Platt fue un apéndice de ocho artículos al proyecto de Ley de los Presupuestos del Ejército, aprobado por el Congreso de Estados Unidos e impuesto a la primera Constitución de la República de Cuba, elaborada por la Asamblea Constituyente de 1901, bajo la amenaza de que, si no la aceptaba, Cuba seguiría ocupada militarmente.
El Artículo VII de esta Enmienda establecía la cesión de porciones de suelo cubano con el propósito de ubicar estaciones navales norteamericanas «para poner en condiciones a los Estados Unidos de mantener la Independencia de Cuba y proteger al pueblo de la misma, así como para su propia defensa».
Más insultante aún era el Artículo III, que «concedía a Estados Unidos el derecho de intervenir militarmente en la Isla cuando peligraran (a su juicio) la vida, la propiedad o las libertades individuales».
Y advertía al Gobierno de Cuba que «los Estados Unidos pueden ejercer el derecho de intervenir para la conservación de la Independencia cubana, el mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los Estados Unidos por el tratado de París, y que deben ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba».
También, en su Artículo VI se aprovecharon del error geográfico en el Tratado de París de referirse a Cuba como una isla y no un archipiélago, para disponer que el status de Isla de Pinos (actual Isla de la Juventud) sería determinado en un futuro acuerdo con Estados Unidos.
Estrada Palma, luego de la muerte en combate de Martí, quedó como Delegado del Partido Revolucionario Cubano (PRC), y fue nombrado agente en el exterior de la República en Armas, en la Asamblea de Jimaguayú.
Permaneció en Estados Unidos hasta mucho después de ocupada la Isla por el Ejército norteamericano. En este periodo, una de sus pocas acciones públicas fue la decisión unilateral, irresponsable e inconsulta de disolver el PRC, en diciembre de 1898, al considerar cumplidos los objetivos que dieron lugar a su creación.
En inteligencia abierta con los estadounidenses durante la ocupación, Estrada Palma le recomendó al General en Jefe Máximo Gómez la disolución inmediata y sin compensación monetaria del Ejército Libertador, y le dijo que sus gestiones para obtener el reconocimiento de los haberes de los militares ante el presidente McKinley habían resultado inútiles.
Sugería que los mambises se emplearan como obreros en los ingenios, solución para la cual estaba ya en trato con los hacendados de Cuba.
Máximo Gómez se negó rotundamente a disolver el Ejército mambí sin una compensación monetaria, y le respondió en una carta: «Razones de orden público, de alta política, de moralidad, me decidieron a oponerme y a seguir oponiéndome a que nuestros soldados, que tantas pruebas de abnegación han venido dando, regresen a sus hogares destruidos, a sus campos yermos, sin un centavo en el bolsillo (…)».
Con el visto bueno de Estados Unidos, Estrada Palma se convirtió en candidato a las primeras elecciones cubanas y las ganó, comicios en los cuales tuvo como único oponente al Mayor General del Ejército Libertador cubano y último presidente de la República en Armas, Bartolomé Masó, quien se retiró, finalmente, por falta de garantías electorales.
Tomás Estrada Palma fue presidente de la República de Cuba de 1902 a 1906, resultando electo en las primeras elecciones celebradas, bajo supervisión norteamericana. Gobernó con austeridad extrema, pero con absoluto servilismo hacia los intereses de la Casa Blanca.
Próximo a concluir su mandato, decidió aspirar a la reelección, para lo cual se valió de la fuerza del poder y del fraude, lo que motivó que los seguidores del opositor Partido Liberal se alzaran en armas. Cuando se percató de que la revuelta popular amenazaba con derrocarlo del poder, prefirió solicitar al Gobierno norteamericano la intervención militar. Poco después renunció a la Presidencia para facilitar la entrega de los destinos del país a EE.UU., que ocupó Cuba por segunda ocasión.
La posición del Gobierno de La Habana, al postular la ilegalidad de la base militar estadounidense que además ha sido escenario de innumerables violaciones a Derechos Humanos, se fundamenta en que su origen está en un acuerdo impuesto a Cuba mediante coacción.
Después del triunfo revolucionario en enero de 1959, la Base ha sido punta de lanza en las provocaciones contrarrevolucionarias. Los soldados cubanos Ramón López Peña en 1964; y Luis Ramírez López, en 1966, fueron asesinados por disparos provenientes de territorio ocupado. Otros han resultado heridos.
No debe olvidarse, además, que la Base sirvió de trampolín a las intervenciones militares estadounidenses en Centroamérica; Haití, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Granada.
Más recientemente, la Base Naval ha funcionado como penitenciaría para recluir a ciudadanos de cualquier parte del mundo acusados de terrorismo. El cómo ha funcionado esta prisión, le ha dado la vuelta al mundo en forma de testimonios e imágenes: maltratos, vejaciones y torturas a la orden del día.
Y es que la Base le funciona a las mil maravillas a Estados Unidos para ello, pues al no formar parte oficial de su territorio, no está sujeto a sus leyes, pero tampoco a las de Cuba, ya que no es un enclave bajo control de la Isla, por lo que, legalmente, la estación está en un limbo jurídico que permite que allí pase casi cualquier cosa.
No obstante, Cuba ha señalado la responsabilidad directa de Estados Unidos por todo lo que ha ocurrido y ocurre en la Base, incluyendo particularmente las violaciones de Derechos Humanos que, notoriamente, se han registrado allí. Es una opinión compartida por incontables voces, tanto en Estados Unidos como en la arena internacional.
La devolución de los terrenos que ocupa ilegalmente la Base Naval de Estados Unidos en Guantánamo ha sido un reclamo permanente de la Revolución cubana, desde 1959. Cuenta con el respaldo del pueblo cubano y de la comunidad internacional. La infame ocupación es una espina clavada en el corazón de la patria cubana y un atentado a la soberanía latinoamericana.