Se reanuda el diálogo con ELN
“La paz no es sólo un tema militar, sino que debe tener en cuenta la equidad y la justicia social, la democratización y el respeto a los derechos humanos. De lo contrario, si la paz se limita a la desmovilización, se llama pacificación”. Así lo dijo Antonio García, máximo dirigente del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una reciente entrevista.
García resumió así el pensamiento de la guerrilla colombiana, la segunda más grande y longeva después de las FARC, expresando cómo el ELN concibe la participación en las negociaciones que el presidente Gustavo Petro ha decidido reabrir también con ellos. Un punto que el ELN siempre ha puesto en primer plano fue el de la participación popular en la mesa de negociación: “Lo que estamos trabajando en la sociedad -dijo García- es un proceso de diálogo como forma y mecanismo de participación, tanto para identificar los problemas de la sociedad, tanto para enfocar las respuestas negativas de los gobiernos, como para formular propuestas de transformación”.
Con ese espíritu, la guerrilla se encamina a una nueva ronda de conversaciones con el gobierno de Gustavo Petro. Para facilitarlas, el presidente suspendió las órdenes de captura y extradición a los negociadores ya presentes en La Habana. Fueron bloqueados por el endurecimiento del gobierno de Duque, que quiso enterrar el acuerdo de paz concluido con las Farc, en 2016, por su antecesor Manuel Santos, quien ganó el Nobel por esto.
En el marco de la reanudación de las relaciones entre Colombia y Venezuela, Petro ha pedido al gobierno de Nicolás Maduro que sea el garante de este nuevo proceso de diálogo. Venezuela dio inmediatamente su disponibilidad. Y por eso, después de 4 años de estancamiento, una delegación del ELN llegó a Caracas vía La Habana, acompañada de representantes de los países que acompañan el proceso: Cuba, Venezuela y Noruega. Se dio a conocer un primer acuerdo, firmado por García y Pablo Beltrán, por el Eln, y por representantes del gobierno de Petro, en el que se establece la hoja de ruta de las discusiones y los objetivos.
El Eln, así expresó en un comunicado: “Esta es una victoria de la razón y del derecho internacional frente a la perfidia del gobierno de Duque, que no solo pretendió burlarse de las obligaciones contraídas con el Eln y con la comunidad internacional, pero quiso causar un daño grave al pueblo y a la República de Cuba, por haber acogido las conversaciones en su apuesta por la paz en Colombia”.
Una paz que a Petro le gustaría que fuera «total», para garantizar los cambios necesarios para el «vivir bien» mencionado por la vicepresidenta Márquez, osea para garantizar la posibilidad de expresar lo mejor del ser humano en seguridad y armonía, entendiendo la política como poder hacer y no como una lucha de aparatos por la opresión.
Un desafío dificilísimo en un país como Colombia, donde los espacios de viabilidad de la oposición política se cerraron con la muerte del líder liberal, el abogado Eliécer Gaitán; asesinado en abril de 1948. Ese homicidio desató una gigantesca ola de protestas populares que, habiendo estallado en la capital, Bogotá, pasó a la historia como el Bogotazo. Las manifestaciones se extendieron por todo el país, chocando con una feroz represión que dio inicio al período denominado La Violencia.
Una violencia que se ha vuelto estructural, firmemente entrelazada con el bloque de poder que gobierna en nombre del imperialismo, que utiliza a Colombia como su principal gendarme en América Latina, y por ello ha sembrado el territorio con bases militares estadounidenses. Según el instituto INDEPAZ, desde principios de año ya se registran 83 masacres de excombatientes, líderes sociales y periodistas.
Los últimos ocurrieron en Cali y en la zona de Barranquilla, donde aún subsisten las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a pesar de su desaparición formal, Los Costeños, y Los Rastrojos; este último es el grupo criminal aliado al autoproclamado «presidente interino» de Venezuela, Juan Guaidó, quien lo ayudó durante el intento de invasión desde la frontera, disfrazado de «ayuda humanitaria».
Establecer, como quisiera Petro, un nuevo concepto de seguridad, ya no basado en el modelo norteamericano; sino en el concepto de «vivir bien», significa entonces asumir un amplio choque de intereses que el nuevo presidente, un ex guerrillero y político experimentado, trata de debilitar partiendo «desde abajo», y reconstruyendo un nuevo tejido social.
Por eso, el gobierno ha comenzado a instalar Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMU) en las regiones más devastadas por asesinatos y prevaricaciones: para llevar la presencia del Estado a las zonas más afectadas y responder a la cuestión de la seguridad comunitaria resolviendo los problemas de raíz. Además, lanzó un llamado a todas las organizaciones criminales explicando la «conveniencia» de sumarse al proyecto de «paz total».
Y, por ello, ha cobrado gran trascendencia la designación de la nieta del líder asesinado, María Valencia Gaitán, como nueva directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Un cargo que antes ocupaba Darío Acevedo, quien fue designado por el expresidente Duque en 2019, y quien se dedicó a desmantelar cualquier intento de reconstruir las responsabilidades de los paramilitares; y a incumplir los acuerdos de paz y las instancias que se crearon a raíz de ello.
El CNMH nació durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) con el objetivo de examinar y catalogar toda prueba documental sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en Colombia. Una tarea que deberá realizar la dirección de Valencia Gaitán: desarrollando las actividades del Museo de la Memoria, recuperando, preservando y compartiendo la memoria de las víctimas de las violaciones durante el conflicto; para que el daño sea reparado e irrepetible.
“Creo que es la persona idónea -dijo Petro-, como víctima del proceso inicial de la violencia que nos reunió aquí, y por su capacidad académica, para orientar este Centro Nacional de la Memoria, estos procesos de memoria, que constituyen , en fondo, la verdad de un conflicto”.
Una batalla por la memoria que va más allá de las fronteras de Colombia, dada la cantidad de desplazados o perseguidos por la violencia paramilitar en todo el mundo. También en este sentido, el gobierno de Petro y Márquez representa un punto de inflexión histórico; como lo indican algunos gestos valientes realizados para reiniciar el proceso de paz: la designación como canciller de Álvaro Leyva, ex mediador en las conversaciones entre el gobierno colombiano y las FARC, y también el espacio que le dieron a las mujeres en el nuevo gobierno. También es significativa la elección de varias diputadas indígenas en un país que tiene una población original equivalente al 2% de los 42 millones de habitantes. Los Wayúu son el pueblo indígena más numeroso, con unos 260.000 habitantes.
El 6 de agosto, en vísperas de la toma de posesión de Gustavo Petro como primer presidente de izquierda de Colombia, indígenas, afrodescendientes, gitanos y campesinos le dedicaron un acto simbólico ancestral, que tuvo lugar en la capital. Las comunidades entregaron a Petro y a la diputada France Márquez sus principales pedidos: paz en territorios aislados, defensa del medio ambiente, protección de las minorías, transformación de las políticas antidrogas, defensa de los derechos humanos, reforma de las fuerzas armadas…
Presidió la ceremonia ancestral Carmen Ramírez Boscan, indígena del pueblo wayúu de la Guajira, quien al día siguiente acompañará al mandatario también durante su designación, como representante de los colombianos en el exterior, electa a la cámara por el Pacto Histórico.
Carmen fue víctima de la violencia fronteriza en el territorio de la Guajira, la región más al norte de Colombia, que se extiende hasta la frontera con Venezuela. Un tío suyo fue asesinado, un hermano recibió amenazas de paramilitares incluso recientemente y ella se vio obligada a abandonar el país y quedarse en Suiza después de una reunión internacional a la que asistió como delegada.
La conocimos en Roma, durante su viaje de consulta popular sobre la agenda de «paz total» del nuevo gobierno. Con Carmen, y con las asociaciones de migrantes colombianos en Italia, discutimos el concepto de «seguridad humana» que quiere Petro para resolver la violencia en los territorios, y la reapertura del diálogo con la guerrilla del ELN, que llegó para eso a Caracas, luego de la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela.
—En un libro de 2007, titulado «Desde el desierto», tú analizaste los efectos del conflicto armado en el territorio wayúu, y el impacto de las multinacionales presentes en el territorio. ¿Cuál es la situación ahora?
—He documentado la violencia, y las causas que la producen, desde la experiencia directa. Hoy la primera sentencia colectiva que produce la Ley de Justicia y Paz, se refiere a mi familia como víctima del paramilitarismo, junto con otras 300 personas. En una sentencia de más de 700 páginas, se le ordena al Estado colombiano reparar colectiva y espiritualmente a mi familia y restituir los derechos de la organización Fuerza de Mujeres Wayúu, de la cual soy fundadora. En los últimos años he participado, como delegada de mi pueblo, en numerosas conferencias internacionales sobre derechos humanos, ambientales y de género; y sobre los derechos de las personas migrantes. Debido al cierre totalmente arbitrario de la frontera, que afectó la soberanía de un país hermano, como es Venezuela, la situación de mi pueblo en La Guajira se agravó. Somos un pueblo de caminantes, la frontera que nos divide del otro lado es artificial, hay un ir y venir continuo de Colombia a Venezuela y viceversa. En La Guajira ha sido diezmada una generación entera, 5.000 niños han muerto de sed y de hambre, porque el agua que debía servirnos como bien común nos la ha robado la industria del carbón. Hace 40 años llegó la empresa el Cerrejón prometiendo desarrollo a la comunidad y lo único que provocó fue la destrucción de una generación en nombre del desarrollo neoliberal.
—¿Y ahora cree Ud. que el programa de Petro y Márquez, que ha vivido situaciones similares a la tuya, podría socavar un sistema de poder apoyado en bases militares estadounidenses?
—Hace poco hubo un foro sobre minería organizado por las empresas de Cartagena. Asistieron varias ministras, como Susana Muhamad, Ministra de Medio Ambiente. No te imaginas la cara de los empresarios cuando ella dijo que el agua es un derecho humano, no es un derecho de las multinacionales, y que esa es una prioridad de nuestro gobierno. Pero no podemos seguir pensando que la explotación de la Madre Tierra y los recursos naturales no está teniendo graves consecuencias. Nuestros abuelos decían que sacar carbón de la tierra es como sacarle las entrañas o como violar a una mujer, la madre de todas las madres.
—¿Cuál es el programa del gobierno para los emigrantes colombianos?
—Estamos recogiendo propuestas para el plan de gobierno nacional, basado en la justicia económica, la justicia ambiental, la justicia restaurativa en una agenda de “paz total”: con una atención particular al tema de genero, al flagelo de la trata de mujeres y niñas, y tambien a cambiar el cuento sobre el colombiano que roba, que vende droga, tecetera, cuando son miles que trabajan. Al estallido social, ocurrido en Colombia en 2020 y 2021, le siguió un estallido migratorio, consecuencia de una pandemia mal manejada por el gobierno de Duque, y de la represión. Hace poco fui a una prisión, había muchachos de veinte años condenados a penas desproporcionadas por protestar, con razón, para todos nosotros, víctimas de un lawfare terrible. Otros han tenido que huir a países que ahora consideran la inmigración como un delito, como aquí en Europa, mientras la movilidad de las personas es un derecho, conceder asilo es un derecho. Y, mientras tanto, se dan ayudas selectivas, discriminatorias, sobre la base de criterios políticos, como ahora con los ucranianos.
—¿Cómo te sentiste cuando Petro llevó la espada de Bolívar en su primer día como presidente?
—Un gran orgullo y una inmensa emoción, que se sintió en toda la plaza de Bolívar. Un momento histórico. Yo, junto con otras diputadas indígenas, tuve el honor de acompañar al presidente en la tarima cuando dijo solemnemente: Tráiganme la espada, yo soy el presidente. La espada del Libertador, de la Gran Colombia liberada, que cualquiera puede admirar hoy como símbolo de libertad y buenos deseos para la Patria Grande.