Ante una inflación irrefrenable y una serie de concesiones a los dueños del país (Vicentin, agrodólares, gasoducto Néstor Kirchner), el oficialismo mueve su penúltima pieza unificando las carteras de Economía, Producción y Agricultura, y desplazando así a quienes fueran hasta ahora titulares de esas tres áreas en favor del tercer espacio de la coalición, encabezado por Sergio Tomás Massa, un amigo dilecto de la administración yanqui. Si la maniobra no funciona, solo resta jugar a la reina. Pero como falta más de un año aún para los próximos comicios, sin audacia para afectar el bolsillo de las minorías del privilegio, aparece en el horizonte la posibilidad de sacrificar el último capital político que conserva el peronismo institucional. A partir de ello, al pueblo solo le esperan más ajuste y represión.
Mimos para la oligarquía y culpabilización a los pobres de su propia pobreza
Completando una seguidilla de claudicaciones ante los poderosos, el Banco Central acaba de otorgar “beneficios” a la patronal agraria a fin de incentivarla para que venda su cosecha de soja obscenamente retenida en silobolsas.
Aunque no se trata de una medida directamente devaluatoria o de una rebaja de las retenciones, la iniciativa busca ofrecerles dos cosas: una garantía de que sus pesos no perderán valor ante el dólar, y acceso ilimitado al dólar minorista, que es mucho más barato que los dólares financieros.
La medida es exclusiva para la venta de soja y tendrá vigencia hasta el 31 de agosto.
Concretamente, si por caso un productor vende porotos con este mecanismo por valor de $ 1000. El 70%, es decir $ 700, los podrá colocar en un depósito a la vista (dinero que puede retirar en forma inmediata, semejante a una caja de ahorro) cuyo valor evolucionará atado al del dólar oficial.
El 30% restante, es decir $ 300, puede derivarse al mercado único de cambios para adquirir dólares. Hasta ahora, si lo querían hacer como empresas, debían justificar el pedido de divisas, tanto para importar o pagar deudas o regalías.
Así, mientras el gobierno se congracia con el poder real, los medios de comunicación hegemónicos continúan difamando al movimiento piquetero, acaso constituido en principal obstáculo del gran ajuste que requiere el FMI.
Según una encuesta realizada a nivel nacional, casi el 80% de lxs argentinxs de clase media está poco o nada de acuerdo con los planes sociales. La mayoría vincula esa asistencia que brinda el Estado con palabras como “vago”, y considera “necesario” que se transformen en trabajo.
La investigación de las consultoras Trespuntozero y Grupo de Opinión Pública (GOP) considera como de clase media a aquellos individuos que cumplían con los criterios de ocupación y nivel de estudios que utiliza la Sociedad Europea para la Opinión y la Investigación de Mercados para esa categoría.
Dicho análisis revela que el 79,8% de ese grupo está poco o nada de acuerdo con los planes sociales, mientras que solo el 18,4% está muy o bastante de acuerdo con ellos.
No es extraño: La campaña mediática destinada a satanizar a lxs excluídxs del sistema va dando sus primeros frutos. En estos casos, a la violencia institucional siempre la precede el descrédito de su blanco principal.
Continuidades y rupturas con el 2001
En la dolida Argentina de estas horas, nadie en su sano juicio apostaría a que “cuanto peor mejor”. Por lo demás, explosiones sociales sin un Norte claro apenas alcanzan para condicionar la calidad de una futura reconstrucción de la gobernabilidad burguesa, como ocurriera en 2003. Pero algunos indicadores socioeconómicos ameritan cotejar el contexto actual con el del mayor cimbronazo institucional del siglo en curso.
Pese al impasse – ignoramos si largo o breve – determinado por la designación del flamante Súper Ministro, numerosxs analistas tienden a comparar el escenario que viene configurándose en el país con el que preludió al estallido social de diciembre 2001. Recordemos que una de las grandes causas de aquel colapso fue la política monetaria que regía entonces, conocida como “convertibilidad”, y consistente en la paridad cambiaria peso – dólar.
Eso le quitó al gobierno todo poder de maniobra e hizo que cuando la situación se volvió inmanejable, por falta de dólares, la única opción fuera romper esa paridad y “pesificar” los depósitos, provocando una devaluación que hizo que el peso terminara teniendo un cuarto de su valor contra la moneda estadounidense.
Remitirse a aquel contexto reaviva imágenes como la de manifestantes golpeando cacerolas frente a los bancos.
En efecto, el sistema bancario estuvo en el centro de la crisis y fue el causante de gran parte del enojo que motivó las protestas. La chispa que encendió la ira fue lo que se conoció como el “corralito”: una restricción sobre el retiro de dinero de las cuentas bancarias, que buscaba frenar una masiva fuga de capitales.
Al cabo de tres semanas de implementada tal medida Fernando de la Rúa renunciaba y huía de la Casa Rosada, en medio de masivas protestas.
En diciembre de 2001, los préstamos en dólares llegaban a US$36.600 millones y representaban el 83% de los depósitos bancarios, hoy escasean tales reservas.
Once meses antes de aquella debacle, el Banco Central perdió US$22.000 millones de sus reservas internacionales, terminando el año con reservas de poco más de US$15.000 millones.
Tal crisis ocurrió tras un freno en el crecimiento económico, hoy algunxs analistas hablan de cierto repunte de la economía, aunque tal reactivación no se verifica en el día a día de las grandes mayorías.
De la Rúa había asumido como cabeza de una coalición llamada la Alianza, que se fragmentó poco tiempo después de su llegada al poder con la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, a solo diez meses de haber asumido.
Con este último reordenamiento del gabinete, nuestro Presidente profundiza su aislamiento cediendo a sus aliadxs áreas claves de la administración central, y pagando el altísimo costo de destronar a una Ministra de Economía que asumiera con bombos y platillos hace poco más de 15 días, así como devolviendo a Scioli a su embajada en Brasil.
En tal contexto, vale la pena tener en cuenta que justamente la crisis de 2001 llevó a que millones de argentinos empezaran a recibir subsidios del Estado, ayuda que hoy ha sido puesta en tela de juicio sin ofrecer alternativas significativas para reemplazarla.
El alza de precios es quizás el factor más preocupante de la actual crisis económica, ya que ha contribuido a que millones de personas caigan por debajo de la línea de pobreza (y que ésta esté alcanzado niveles superiores a los de 2001)
Además, se estima que 2022 terminará con una inflación próxima al 80%. Y los salarios han quedado muy rezagados.
Sin embargo, los expertos remarcan que la inflación no fue un factor relevante en la antesala de la crisis de 2001.
El desempleo, en cambio, sí fue un factor importante de esa crisis, ya que por entonces llegó a niveles récord. Dos meses antes de que renunciara De la Rúa alcanzaba al 18,3% de la población. En el primer trimestre de este año ya registra un 7%.
Por último, está el dato que más parece alarmar a quienes temen que Argentina caiga en un nuevo default – o cesación de pagos de la deuda externa -, como el que se declaró en 2001: el vertiginoso aumento del riesgo país, que hoy se acerca a los 3.000 puntos y sube mucho más que en el resto de la región.
En este contexto es entendible la preocupación. Sin embargo, ese guarismo sigue alejado del de 2001, cuando el riesgo país llegó a 5.500 puntos.
No obstante, ante el quiebre del contrato electoral que llevó al Frente de Todxs al gobierno, el descontento social escala y las manifestaciones de protesta también.
Del laberinto se sale por arriba
En la base rumorosa de la pirámide social gana terreno considerar como madre de todas las batallas al desconocimiento del acuerdo con el FMI.
Por otra parte, está a la vista que el Estado actual es inviable. Se impone pues crear un Fondo Nacional de Desarrollo, constituido con los recursos que no irán al pago de deudas fraudulentas, reserva que debería estar al servicio de la economía popular – particularmente en el sector alimentario – y encarar la distribución planificada de alimentos, la que debería quedar bajo control social del pueblo organizado.
A la vez, urge desarrollar la transformación de la materia prima para agregar valor y contribuir a la reorganización del territorio generando nuevos polos productivos.
Tales iniciativas tendrán asidero en el marco de un proceso Constituyente que, yendo de lo simple a lo complejo, permita reagrupar a las fuerzas sociales emergentes en un Frente Popular, por fuera del bipartidismo reinante sujeto a un electoralismo inconducente.
Lo cierto es que hay hambre, y existe una relación directa entre este y la tenencia de la tierra. Por ende, ese flagelo también demanda convocar a los campesinos empobrecidos y pueblos originarios democratizando el acceso a la tierra, un bien que no debe ser el sustento de los agronegocios, sino de la comida indispensable para nuestro pueblo.
La crisis en curso agobia, pero uno de los indicadores más alentadores a tener en cuenta en estas horas es el camino unitario que comenzaron a recorrer los sectores más castigados de la sociedad, los que ante un panorama tan acuciante, deberían ir acordando los lineamientos de su propio programa de emergencia nacional.