Se ha dicho que la política es un asunto demasiado serio para dejárselo a los políticos.
Por eso, faltando pocos días para la segunda vuelta de las presidenciales, queremos hacer una lectura crítica del programa de gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”.
¿Qué proponen Petro y Márquez? ¿Los objetivos propuestos pueden alcanzarse? y ¿Qué tendría cambiar para que sus metas ambiciosas no se traduzcan en una nueva frustración para el electorado?
Para convertir a Colombia en una “potencia mundial de la vida”, el plan de gobierno plantea una serie de objetivos generales y ambiciosos:
- Abandonar el modelo económico basado en la exportación de petróleo y carbón;
- Reemplazarlo por uno de creciente producción agropecuaria, de turismo respetuoso del ambiente físico y cultural, y de una productividad basada en el conocimiento, la ciencia y la tecnología;
- Generar empleo y oportunidades;
- Incluir a las mujeres, el campesinado, las comunidades étnicas y la población migrante; y
- Asumir de forma decidida la defensa y restauración de nuestros recursos naturales.
Este nuevo modelo sería la base de una era de paz que, en un círculo virtuoso, impulsaría la inversión, el crecimiento, el empleo, la reducción de la pobreza, la inequidad y la exclusión, y garantizaría la estabilidad económica y social.
Queremos señalar que los objetivos y los medios para alcanzarlos están desarrollados con rigor analítico y con una visión amplia. Sin embargo, estas propuestas exigirían un nivel de inversión y gasto público sin precedentes. Pero no solo eso: para que nuestro Estado pequeño, ineficiente, y muchas veces ausente pueda alcanzar estas metas, se necesitarían otros ajustes en nuestro modelo administrativo.
“El cambio es con las mujeres”
En un tono poético, el programa empieza por declarar que en su calidad de “guardianas del agua y de la tierra fértil, defensoras del territorio y de la biósfera, cuidadoras y tejedoras de la vida y la paz, bastiones de la economía; las mujeres sostienen el mundo.”
Las mujeres representan un poco más de la mitad de la población y contribuyen más que proporcionalmente en las actividades de cuidado que sustentan la vida y la productividad, pero tienen una participación limitada en la economía monetaria y muy precarias condiciones en temas vitales como la seguridad social.
Partiendo de estas premisas, el programa señala la necesidad de un sistema nacional de cuidado que asuma una parte de la carga de las cuidadoras, que haga posible su acceso a educación y formación, y que les permita participar en todos los órdenes de la vida social.
Este es, sin duda, uno de los aspectos más transformadores del programa, que iría mucho más allá de las leyes de cuotas, no siempre cumplidas. Junto con la propuesta de paridad en todos los cargos públicos, esto tendría el potencial de hacer que el Estado adquiera, por primera vez, un rostro de mujer.
La sociedad civil: protagonista
El programa de gobierno Petro-Márquez les da un papel decisivo a las organizaciones sociales. Se propone que los ciudadanos y sus organizaciones participen de forma incidente en la definición del sistema institucional, de las metas, proyectos, presupuestos, estrategias y actividades que adelantarán los distintos sectores del gobierno.
Si esta propuesta gana el próximo domingo, podríamos esperar que la gestión de los bienes comunes no sea tarea exclusiva del Estado, sino que en buena medida esté confiada a la sociedad civil.
Para poner un ejemplo: en materia ambiental, el programa propone “[construir] un gran pacto nacional de trascendencia regional y global para la defensa ambiental de la Amazonía, la Orinoquía, y el corredor bio-geográfico del Pacífico”. Ese pacto consistiría en “acuerdos comunitarios para la regeneración, restauración ecológica, protección y preservación de estos ecosistemas con base en procesos organizativos, propendiendo por la ampliación de territorios colectivos, titulación de predios y fortaleciendo las autoridades tradicionales y ancestrales”.
Un Estado con más funciones
El programa propone que el Estado reasuma competencias, objetivos, recursos y acciones que había abandono a raíz del proceso de privatización que Colombia adelantó bajo el llamado “Consenso de Washington”.
Como muestra en detalle el cuadro adjunto, el Estado ampliaría sus competencias en materia de energía eléctrica (hoy preponderantemente en manos del mercado). Habría un banco de primer piso que reúna y aproveche los activos de las entidades financieras del Estado que a través de un modelo multibanca, canalice recursos para los pequeños y medianos empresarios. En esta misma línea, se propone:
- Fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos;
- Recuperar las empresas Monómeros y Ferticol;
- Reconstruir las muy debilitadas instituciones del sector agropecuario (Incora, Idema…);
- Poner en marcha un Ministerio de Industria; y
- Recuperar la autoridad sanitaria del Estado.
La lucha contra la corrupción
Este es un tema central de la campaña y las razones para que así sea son evidentes. Como hemos visto en años recientes, la corrupción se ha llevado los recursos destinados a la alimentación escolar, a los servicios de salud, a la construcción de infraestructura de transporte, a los servicios de conectividad, y a otros varios rubros del quehacer público.
Las propuestas en esta materia se encaminan a:
- Reformar la justicia y los organismos de control;
- Eliminar la Comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes;
- Reformar la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, reemplazando a este último por un Tribunal Electoral; y
- Vigilar de verdad toda la contratación pública para garantizar la transparencia, la economía y la eficacia de las instituciones.
Salto adelante en la descentralización
Aunque tenemos algunos avances incipientes en la descentralización administrativa del Estado colombiano, el programa del Pacto Histórico promete un salto cuantitativo y cualitativo en la materia.
Se propone aumentar las transferencias desde el nivel central y fortalecer la capacidad fiscal de los entes territoriales. En particular, se plantea “[avanzar] hacia la construcción de una descentralización del modelo económico territorial, de tal manera que contribuya a la transición energética, combata el cambio climático, asegure la soberanía alimentaria, garantice el derecho a la participación social en la construcción de las políticas públicas, promueva la equidad social y el cambio estructural, mediante la vivencia de la autonomía socio-comunitaria territorial.”
Dicho esfuerzo sería acompañado por una política internacional que:
- Sume esfuerzos para consolidar la paz;
- Avance en cumplir los acuerdos logrados en las cumbres climáticas, reclamando el protagonismo que nos corresponde por la biodiversidad; y
- Defienda la dignidad y promueva el respeto de los derechos los más de seis millones de compatriotas que viven fuera de Colombia.
Un cambio con los servidores y servidoras públicos
Por último, un punto central del plan de gobierno, no exento de controversias, es el compromiso con un servicio público fortalecido y estructurado alrededor de la carrera administrativa. El objetivo es reducir las “nóminas paralelas” o el abultado número de personas que prestan sus servicios bajo un régimen de contratación administrativa.
Este relanzamiento de la meritocracia- que se extendería a sectores tan refractarios como el servicio exterior- es un elemento diferenciador cuando se piensa en la relación del Estrado con la sociedad.
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Fernando Medina G. y María Camila Cótamo J.
Editado por María Piedad Ossaba
Fuente: razonpublica, 12 de junio de 2022
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