El uribismo: legado y marca del crimen en Colombia

Uno de los aspectos determinantes del legado uribista ha sido la profundización de la desigualdad social al fortalecer los impulsores directos e indirectos de ese flagelo, así como el secuestro de buena parte de la institucionalidad de Colombia con fines mafiosos.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, el expresidente y líder de la ultraderecha colombiana Álvaro Uribe Vélez, y el deslegitimado presidente Iván Duque, tienen en común además de profesar ideológicamente el neofascismo que los une, sus vínculos demostrados con la mafia del narcotráfico y las criminales bandas paramilitares.

La influencia del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez en la configuración de la realidad colombiana data de hace más de 20 años. Ha sido la representación personal de un proyecto transnacional que no solo ha buscado convertir a Colombia en un enclave seguro de materias primas sino uno geoestratégico desde el cual incidir en el resto de Suramérica y el Caribe.

Se puede decir con precisión que el uribismo ha gobernado en Colombia desde 2002 porque el expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018), fue su aliado político y se proyectó políticamente tras ser funcionario de un gobierno uribista.

Desigualdad y delitos marca Uribe

Uno de los aspectos determinantes del legado uribista ha sido la profundización de la desigualdad social al fortalecer los impulsores directos e indirectos de ese flagelo, uno de ellos tiene que ver con la tenencia de la tierra que, junto a la intoxicación neoliberal de la economía, sostiene un proceso de acumulación que produce exclusión y violencia de manera acelerada, aun cuando las cifras macroeconómicas digan otra cosa.

El acaparamiento de tierras forma parte de un problema estructural en Colombia, es el origen de la disputa política que ha originado 200 años de guerra en el país con la oligarquía más cruel de Latinoamérica que tiende a concentrar la propiedad de la tierra no para producir, sino con fines especulativos o de control territorial. De esta disputa se alimentan los movimientos guerrilleros, la parapolítica, las masacres y los desplazamientos de millones de campesinos.

El grado de desigualdad en la distribución de un activo como la tierra suele medirse a través del Índice de Gini, una medida que va de 0,0 (igualdad absoluta) hasta 1,0 (un solo propietario posee todo el activo). Según el el Censo Nacional Agropecuario 2015, Colombia posee un Índice de Gini para las tierras de 0,90 y esto lo convierte en el quinto país con mayor concentración de tierras.

Las haciendas mayores de 500 hectáreas que eran 32% de la tierra hace en 1995, llegaban a ocupar el 62% de la superficie nacional en 2015, a cargo de menos del 4% de los propietarios.

Distribución de la desigualdad en el acceso a la tierra en Colombia, proceso en el que Uribe Vélez ha sido actor principal (Foto: Cepal).

Mucho del análisis sobre el legado criminal de Uribe se enfoca en las continuas violaciones a los derechos humanos realizadas durante los gobiernos uribistas, son una marca de su legado político debido a que varias personas de su entorno han sido encarceladas, y otras tienen procesos judiciales, por casos de corrupción como la ‘Yidispolitica’, en el que quedó plenamente demostrado que se compraron votos en el Congreso de la República para aprobar la reelección.

En el caso Agro Ingreso Seguro propietarios de tierras fraccionaron sus predios para acceder a múltiples subsidios y en el de las “chuzadas” del DAS, en donde se interceptaron comunicaciones telefónicas y se realizaron seguimientos a opositores. Las redes de informantes ponían en riesgo y convertían a la población en actores del conflicto y en 2018, el Tribunal Superior de Antioquia pidió iniciar una investigación contra de Uribe Vélez por su posible relación con las masacres paramilitares y sus posibles nexos con el paramilitarismo y se dio a conocer a la opinión pública que hay más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia que no avanza.

La construcción voraz del poder

Más allá de ese legado sangriento como tal, está el usufructo del poder y el enriquecimiento ilícito que han sido tejidos de manera vertiginosa e indetenible. El portal de periodismo investigativo, Cuestión Pública publicó una línea de tiempo de Álvaro Uribe Vélez como servidor público y su patrimonio.

El líder político, nacido en Medellín en 1952 comenzó su carrera como servidor público en 1976-1977 cuando fue nombrado jefe de bienes en Empresas Públicas de Medellín (EPM), época en la que también fue matriculada la empresa Inversiones Uribe Vélez Ltda. Pasó por otros cargos como secretario general del Ministerio de Trabajo, director del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil (1980-1982), alcalde de Medellín (1982), concejal de Medellín (1984-1986), senador de la República (1986-1994), gobernador de Antioquia (1995-1997), presidente de la República (2002-2010) y nuevamente senador (2014-2018).

Sus nexos familiares son fundamentales para analizar su comportamiento no solo en la política sino en los negocios, su padre Alberto Uribe Sierra murió a manos de guerrilleros de las FARC-EP en junio de 1983, se dice que tras su muerte la familia Uribe Vélez sufrió una fuerte crisis económica y que esos eventos determinaron su patrocinio a grupos paramilitares en venganza por el homicidio de su padre. Las FARC-EP niegan la autoría en el mencionado asesinato.

Presuntamente el empresario y ganadero Uribe Sierra mantuvo relaciones con sectores del narcotráfico, su helicóptero fue encontrado en el mayor laboratorio de cocaína propiedad de Pablo Escobar, llamado Tranquilandia, en 1984. La prensa reseñó que, tras su muerte, el helicóptero que su hijo Álvaro Uribe utilizó para llegar a la finca a recoger su cadáver también era propiedad de Pablo Escobar.

El hallado en Tranquilandia era una aeronave de la firma Amórtegui Aerofoto, de la que Uribe Sierra era socio. El exmandatario colombiano asegura que para esta época el helicóptero Hughes HK-2704-X ya había sido vendido, sin embargo la Aerocivil fue la que le otorgó el registro y licencia el 27 de octubre de 1981, justamente cuando él era su director.

Álvaro Uribe se casó con Lina Moreno en 1979, se trata de una filósofa que firmó como “ama de casa” cuando le compró al exalcalde de Cereté (Córdoba), Alfonso Spath Spath, el predio “California” por 4,7 millones de pesos, en el área rural de Montería. En ese predio hoy se construye el Conjunto Campestre Balmoral, desarrollo que ha sido objeto de interés investigativo por varias particularidades.

En 2008, el entonces presidente Uribe y su exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias firmaron el decreto 732 de 2008 que ordenó inyectar recursos al distrito de Mocarí, entre otros, donde el predio California, hoy Balmoral, está ubicado.

Los congresistas, Alirio Uribe e Iván Cepeda, aseguran en su libro Por las sendas de El Ubérrimo que el ex presidente Uribe se ha beneficiado de manera no accidental de inversiones del Estado en zonas aledañas a sus propiedades debido a que la referida firma pudo haberse realizado para “priorizar inversiones que favorecían sus propios predios y los de la empresa de su esposa e hijos y no se declaró impedido para hacerlo”.

El núcleo de la praxis uribista

Desde 1981 que se fundó la Sociedad Uribe Vélez Asociados Ltda., son muchos los negocios de la familia Uribe y también los predios adquiridos. Según lo referido por Cuestión Pública han comprado 80 predios y han vendido 22.

La empresa ganadera Agropecuaria El Uberrimo S.A.S. fue fundada por la familia Uribe Moreno en 1990, es el ícono que prefugura la imagen del Uribe dueño, la ex primera dama Lina Moreno de Uribe, es su representante legal y tiene el 50 % de las acciones.

En particular, junto a sus hijos Tomás y Jerónimo han fundado o participado en empresas como Área Proyectos Inmobiliarios S.A., en Medellín (2001), Ecoeficiencia Co S.A.S., dedicada al negocio del reciclaje (2003) y Achlys Investment Corporation, empresa panameña disuelta en 2014, sobre la que los hijos del llamado “Matarife” habrían reconocido su propiedad en medio del escándalo por las tierras de la Zona Franca de Occidente junto a otra de sus empresas, Yogur S. A, fundada en 2008 y denominada Desarrollo e Innovaciones Inmobiliarias S.A.S. que se encuentra “en liquidación”.

La familia Uribe Moreno es el núcleo del enriquecimiento y las influencias políticas que ha definido la criminal praxis uribista.

El proceso de enriquecimiento de los hermanos Uribe Moreno a partir de la valorización de unos predios en el municipio Mosquera, al ser decretados Zona Franca, fue detenido cuando la oposición política a Uribe Vélez realizó las denuncias respectivas.

Además son mencionados como accionistas en otras empresas como Promotora Gransabana SA (2007), Ecoindustry S. A., (2008), Innovative Andina S.A. (2009) y en Asia American Investment Corporation, esta fue incorporada en el registro mercantil de Islas Vírgenes Británicas en 2008, como se supo por medio de los Offshore Leaks, investigación del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ), posteriormente los hermanos Uribe dijeron que cancelaron la inversión.

En el ramo inmobiliario los hermanos Uribe Moreno poseen acciones en Sapia C.I. S.A.S., que en 2009 absorbió a Salvarte (2001), empresa de artesanías y de donde salieron en 2017. También 31416 SAS (2013), Vele Inv S.A.S.(2013), y Jaguar Capital SAS, promotora de una red de centros comerciales llamados “Nuestro”, donde Tomás Uribe Moreno es representante legal. Esta última ha inaugurado malls en Apartadó (Antioquia, 2015), Soledad (Atlántico, 2017) y Montería (Córdoba, 2017). Por su parte Jerónimo Uribe Moreno ha sido representante legal de Servicios de Ingenieria de Datos S.A.S., consultora en informática.

El lento paso de la justicia

El pasado 13 de abril la Corte Constitucional le mantuvo la calidad de imputado a Uribe Vélez por su presunto soborno a testigos y fraude procesal con una votación de 9 a 0. Su defensa señaló que existió una “vulneración a la imparcialidad e independencia judicial” por parte de algunos magistrados que tomaron la decisión y argumentó que eso representa una “vulneración a derecho fundamental al debido proceso”, por lo que se pidió anular el fallo en mención.

Este es uno de los casos en los que la justicia ha logrado avanzar más y, sin embargo, se mantiene en una fase no decisiva, sin embargo motivó su sorpresiva renuncia al Senado en 2018. El caso se inició en 2014 cuando el expresidente denunció al congresista Iván Cepeda por supuestamente visitar testigos en cárceles para que declararan en su contra.

Cepeda había denunciado a Uribe por la vinculación que tenía con dos paramilitares identificados como Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, para conformar el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá en la hacienda Las Guacharacas, entonces propiedad de su familia y donde ocurrió el asesinato de su padre.

En febrero de 2018 la Corte archivó el proceso contra Cepeda y consideró que había evidencias de que era al contrario, y que quien era víctima de los supuestos falsos testigos era Cepeda y no Uribe Vélez. Algunos hechos:

Sierra y Monsalve le contaron a Cepeda que a finales de los 90, cuando Uribe era Gobernador de Antioquia, surgió el grupo paramilitar.
Sierra indicó que Álvaro Uribe, su hermano Santiago, y otros ganaderos de la región “eran los jefes y creadores de esa estructura”, y los relacionó con las órdenes de varios homicidios.
Según la Corte Suprema, el abogado Diego Cadena contactó en diferentes cárceles a exmiembros de grupos paramilitares para que elaboraran escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago, a cambio de favores jurídicos y dinero.
La exfiscal de Justicia y Paz (proceso de “pacificación” de grupos paramilitares), Hilda Niño Farfán, y Álvaro Prada Artunduaga, senador del Centro Democrático (partido de Uribe) en Huila, colaboraron con la causa de Uribe.

En Colombia existe una interdependencia entre la posesión de tierras y el ingreso del poseedor y, aunque es una herencia colonial, el uribismo la ha intensificado. La espiral de enriquecimiento y acumulación de poder por parte de Uribe Vélez, su entorno familiar y sus sectores aliados, permiten que predomine cierta doctrina del shock en la que el conflicto armado y el comercio de armas benefician a las élites. Asimismo les beneficia el descontrol sobre los derechos de propiedad, que hace que sea uno de los países con las mayores tasas de desplazamiento del mundo lo que deriva en más desigualdad social y despojo cultural.

Por otra parte, el narcotráfico ha generado un sistema económico casi independiente y con él fuentes de trabajo ilegal, de baja calidad, sin las menores garantías para el obrero, mientras las jugosas ganancias son disfrutadas por unos pocos capos sin siquiera pagar impuestos ni contribuir al desarrollo económico del país.

En esa cadena de realidades es que Uribe es un depredador tope.