Primera movilización estudiantil en tiempos de Boric: un joven baleado y otro en riesgo vital

La cultura represiva y militarizada acuñada por las fuerzas de Carabineros de Chile desde inicios de la dictadura de Pinochet es la forma predominante en la que la entidad uniformada se relaciona con la sociedad disidente y el derecho a la protesta social.

El primer deber de la policía es proteger a la población. Y proteger y garantizar sus derechos. Entre los cuales se cuenta uno, vital para la democracia: el derecho a manifestar. Un niño se debate en este momento entre la vida y la muerte por ejercer ese derecho, el mismo que el presidente en ejercicio ejerció no hace mucho. Mala señal. Muy mala señal. [Nota de Poltika]

Niño perseguido por un agente de carabineros

Al menos dos jóvenes resultaron gravemente heridos en medio de las movilizaciones de estudiantes universitarios y secundarios por mejoras alimenticias que se realizaron en Santiago y otras ciudades del país este viernes 25 de marzo.

Cerca del mediodía, un estudiante universitario recibió un balazo real en el pecho por parte de un funcionario de Carabineros en plena Alameda, a la altura del cerro Huelén (Santa Lucía) de Santiago. Afortunadamente fue trasladado casi en el acto a la Posta Central, a pocas calles de allí, y se encuentra fuera de peligro.

Estudiante del Liceo 7 de Ñuñoa se encuentra en riesgo vital tras golpiza en manifestación. Imagen referencial de la violencia en la marcha de este viernes | Agencia Uno

Otro joven, esta vez, un estudiante secundario del Liceo 7, fue atacado violentamente por una banda de delincuentes, de los cuales se sospecha sus nexos con la comisaría de la comuna de Estación Central que está junto a la Universidad de Santiago, hecho también acaecido en el marco de las protestas estudiantiles. El menor está hospitalizado y con un diagnóstico reservado.

En uno y otro caso, las autoridades de la nueva administración del Estado conducida por Gabriel Boric, así como alcaldes y diversos sectores sociales y políticos, condenaron los crímenes y se comprometieron a investigarlos. Mientras la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, calificó lo ocurrido « de suma gravedad » e instruyó un sumario interno en Carabineros; el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, indicó que estudia presentar una querella ante el Ministerio Público.

En tanto, desde la perspectiva de los propios estudiantes que protagonizaron las manifestaciones por la actualización del monto de las becas de alimento cuyo valor es similar al de hace una década, existe desazón.

La cultura represiva y militarizada acuñada por las fuerzas de Carabineros de Chile desde inicios de la dictadura de Pinochet es la forma predominante en la que la entidad uniformada se relaciona con la sociedad disidente y el derecho a la protesta social. En términos recientes, basta recordar los asesinatos, amputaciones oculares, agresiones desproporcionadas y detenciones injustificadas contra civiles en las que estuvo implicada directamente la institución uniformada durante la revuelta social que se inició en octubre de 2019.

Asimismo, si bien es añosa la relación entre el crimen organizado, el narcotráfico, la territorialización antisocial y su colaboración con las policías, la actuación del 25 de marzo contra los estudiantes se activó con especial violencia en la Alameda, esta vez, en el barrio Estación Central, donde, entre la copiosa venta ambulante, grupos delincuenciales se mueven a sus anchas, como las mafias. En medio de las golpizas contra los jóvenes, los delincuentes enseñaron armas de fuego y operaron como un grupo de apoyo a la represión de las Fuerzas Especiales de Carabineros. Ninguno de los bandidos fue detenido, mientras la vieja relación de apoyo tercerizado entre una fracción del crimen organizado y la policía se puso al día.

Cuando ya han transcurrido dos semanas desde el cambio de gobierno nacional, la nueva administración ha debido enfrentar de manera poco afortunada una visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comuna de Ercilla, al territorio mapuche en resistencia de Temucuicui, sin lograr más que un rotundo rechazo de las comunidades de la zona.

Asimismo, y a causa de la dura crisis económica que atraviesa al país, con un vertiginoso encarecimiento del costo de la vida para las grandes mayorías sociales (en un año el precio del pan aumentó un 13%, la carne de vacuno un 26% y el combustible más de un 30%, mientras los salarios se contrajeron un 0,6% según el Instituto Nacional de Estadísticas, INE), buena parte de la población está exigiendo un nuevo retiro de un 10% de sus ahorros previsionales administrados por las privadas AFP. Durante el gobierno de Sebastrián Piñera la presión social y política obligaron al régimen derechista a permitir el retiro de fondos de las y los trabajadores en tres ocasiones, pese a los reclamos de la industria previsional. Sin embargo, esa medida permitió descomprimir y contrarrestar -en un contexto de total ausencia de inversión o ayuda directa y regulación estatal progresista-, un proceso ascendente de ingobernabilidad y paliar los efectos de la crisis devenida de la pandemia del Covid 19.

Pero esta vez quienes se oponen a un nuevo retiro de los ahorros previsionales hacen parte del gobierno de Boric, en especial, el jefe de la cartera de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, un economista militante de la doctrina monetarista de la Escuela de Chicago, misma cuyos discípulos nativos durante la tiranía cívico-militar ejecutaron a rajatabla el programa de privatizaciones más feroz de todas las empresas y servicios del Estado chileno en su historia. De hecho, bajo esa ortodoxia antipopular se creó el capital originario para la ampliación y fortaleza oligopólica de los grandes y pocos grupos económicos que controlan la economía del país, y que hace tiempo extienden sus intereses por el resto de América Latina.

Cierta y paulatinamente, las movilizaciones estudiantiles, ciudadanas y populares van edificando un plan de manifestaciones sociales, independientemente del gobierno nacional, a la par que se intensifica una crisis multidimensional cuyas demandas sociales emergen debido a las necesidades objetivas de la población empobrecida.

Andrés Figueroa Cornejo

Editado por María Piedad Ossaba

Fuente: Politika, 28 de marzo de 2022