Más allá del mapa de la FAO y las rectificaciones, el hambre en Colombia es implacable. Los campesinos, las mujeres y los migrantes son los más afectados. Estas son sus causas y las soluciones disponibles.
Más allá del escándalo
La aparición de Colombia en el mapa «Hunger Hotspots» de la FAO causó revuelo por tres razones:
- primero, un país que se ufana de pertenecer a la OCDE no puede padecer hambre;
- segundo, la reacción de la vicepresidenta fue pedirle a la FAO que sacara al país del mapa y que rectificara la información, y,
- tercero, la respuesta, por lo menos discutible, por parte de Alan Jorge Bojanic —representante de la FAO en Colombia— fue dar un paso atrás a pesar de las cifras.
Sobre este episodio, el FoodFirst Information and Action Network (FIAN) —organización que sigue el estado del Derecho a la Alimentación en el país— señaló la semana pasada que la presión diplomática de Colombia sobre la FAO es “un intento del gobierno de ocultar su gran responsabilidad en la tragedia alimentaria del país y su papel en las violaciones del derecho a la alimentación”.
Más allá del escándalo, que ocupó menos agenda política y más mediática de la que debería, hay evidencia que debe preocupar a toda la población. Especialmente debe preocupar al Estado colombiano, pues es responsable de la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA).
Son datos y hay que darlos
Este no es un problema nuevo. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), desde el 2015 la inseguridad alimentaria en Colombia alcanzó al 54,2 % de los hogares.
La razón: el gobierno no fomenta la producción interna de alimentos y promueve una política comercial que subraya la exportación de commodities. Según concluyen Suescún y Guevara, la política económica actual afecta la alimentación de los colombianos por tres conductos principales:
- la escasa asignación de recursos para el agro —y en particular para las economías campesinas—;
- la precaria asignación de presupuesto para la alimentación y nutrición, y
- los efectos de la “apertura neoliberal” de los años 90 y de los Tratados de Libre Comercio (TLC).
Estos tres factores combinados explican, en gran medida, el hambre persistente en las últimas tres décadas. Bajo la apertura económica y los TLC, Colombia pasó de exportador neto del sector agropecuario a un importador masivo —las importaciones del sector agropecuario aumentaron a un ritmo cuatro veces mayor que las exportaciones—. Esto invirtió la balanza comercial del sector y la convirtió en deficitaria.
La situación se agravó con los TLC: entre 2012 —año de entrada en vigor del TLC con Estados Unidos— y 2019 las importaciones aumentaron un 33 %, mientras que las exportaciones aumentaron un 10 % (Gráfico 1).
Gráfico 1. Balanza comercial del sector agropecuario (cantidad), 1986-2019.
Las importaciones han sido sobre todo de alimentos o insumos para producirlos; por ejemplo, en 2019 tres productos (maíz, trigo y torta de soya) representaron 68 % de las importaciones. Estos productos fueron referentes de la economía local, pero sucumbieron ante la exposición a la competencia externa, y el abandono estatal (Gráfico 2).
Algo similar puede suceder con otros cereales, lácteos y tubérculos —como la papa— si no se toman medidas rápidas para proteger estos rubros de la producción agropecuaria.
Gráfico 2. Principales productos agropecuarios importados en 2019.
Hambre entre campesinos, mujeres y migrantes
El informe “Colombia: Un país que se hunde en el hambre” publicado en octubre del año pasado ya había puesto de presente el problema alimentario que hoy llama la atención en la política y los medios de comunicación.
Según decía ese el informe, el problema del hambre es ante todo político. Las políticas alimentarias —cuyo enfoque debe ser la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Salud Alimentaria o la Ciudadanía Alimentaria— centran la responsabilidad de manera casi exclusiva en las personas y marginalmente en el Estado.
La inseguridad alimentaria es más grave en las áreas con menor concentración de población, es decir, en las zonas rurales y rurales dispersas. Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia (ENSIN) en 2015, la inseguridad en estas zonas alcanzó al 64,1 %, casi diez puntos porcentuales por encima del promedio nacional. No hay que olvidar que en estas zonas residen la mayor parte de los pueblos étnicos y comunidades campesinas.
En todos los departamentos del país los hogares campesinos tuvieron un mayor nivel de pobreza multidimensional, con porcentajes que oscilan entre el 54,5 % y el 82,3 %. Una situación contradictoria y trágica, pues estas comunidades producen gran parte de los alimentos que consumimos.
La situación de las mujeres no es mejor. En Colombia los trabajos del cuidado alimentario, que implica saberes y prácticas, no son reconocidos como base fundamental para la producción de la vida e incluso del gran capital. Según el informe del FIAN, “al no tomar medidas efectivas para erradicar las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas en materia alimentaria, se siguen profundizando las cifras del hambre y malnutrición, más aún cuando se enfrentan a una pandemia mundial que ha empeorado la situación de las y los más vulnerables”.
Las personas migrantes también son víctimas de graves vulneraciones al Derecho a la Alimentación. El informe del Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó en febrero de 2020 que el 55 % de los hogares migrantes se encontraban en condiciones de inseguridad alimentaria moderada o severa. El 67% de los hogares migrantes identificaba el acceso a alimentos como su necesidad más apremiante. Este factor también es señalado por la FAO en el informe que contiene el mapa de la discordia.
Soluciones reales a problemas reales
Pero el hambre si tiene soluciones. El extenso documento de FIAN Colombia propone una ruta con propuestas concretas para enfrentar la crisis.
Una de ellas es cumplir de manera eficiente, eficaz y real del Acuerdo de Paz, donde se incluyen el Sistema Progresivo para la garantía del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, y el reconocimiento de los derechos del campesinado.
Por otro lado, urge:
adoptar normas y políticas en materia alimentaria con enfoque de derechos humanos, es decir, con la participación de los y las titulares de derechos y sus organizaciones;
proteger y apoyar la producción y consumo interno de alimentos verdaderos como contramedida a las dietas corporativas;
poner en marcha una política de alimentación escolar universal basada en los derechos humanos;
adoptar políticas que fomenten el empleo digno, e
impulsar reformas tributarias basadas en la justicia fiscal.
El hambre es real, con o sin mapa. Los precios de los alimentos aumentan todos los días, y todas las personas lo experimentamos a diario. Los cambios para frenar el hambre son claros, pero deben realizarse. Es necesario sumar fuerzas para exigir el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria que nos concierne a todos.
Milena Perdomo
Editado por María Piedad Ossaba
Fuente: RazónPública, 13 de febrero de 2022
Lea en La Pluma: Colombia está en alto riesgo de sufrir una crisis de hambre en 2022, según informe de FAO