En América Latina, durante el siglo XIX, las fuerzas centrales en la lucha política fueron los conservadores y los liberales. Se trató de un conflicto entre élites, lo que la sociología histórica ha denominado Estado-oligárquico. Los conservadores, apoyados por la Iglesia católica, defendieron la tradición familiar, el orden terrateniente, el progreso casi exclusivamente agrario en alianza con agro-exportadores, mineros, comerciantes importadores y banqueros. Eran partidarios de gobiernos fuertes e incluso autoritarios.
Asimismo consideraban legítimo e institucional el sometimiento a su poder de las poblaciones campesinas, indígenas y negras. Creían que la férrea estructura piramidal de la sociedad respondía a aceptables principios aristocráticos, y hasta a realidades inevitablemente construidas, por cuanto la desigualdad correspondia a un orden divino. La democracia debía ser restringida, tanto como los derechos, para lograr una paz y armonía sociales sujetas al poder.
Para los liberales, el orden conservador representaba al “feudalismo” y por ello abogaban por la modernidad capitalista, centrada en la potenciación de la manufactura, la industria y el amplio comercio internacional; pretendían la separación de la iglesia y el Estado, implantar el laicismo, fortalecer la educación y la asistencia públicas.
