La permanencia de la encrucijada hondureña

La crisis social hondureña se ahonda, y la disputa política encuentra en las calles su principal escenario, tras el cierre del debate democrático impuesto por el Gobierno.

De vuelta la sociedad hondureña se lanzó a las calles como demostración de su hastío con los efectos del modelo neoliberal y represivo desarrollado por los sectores de poder, encarnado en el presidente Juan Orlando Hernández (JOH), reelecto el año pasado en medio de un megaescándalo de fraude. La constante movilización social en contra de las arbitrariedades económicas y políticas de ese Gobierno se vio catapultada por la convocatoria de las y los trabajadores de la educación y de la salud para impedir dos reformas impulsadas por el presidente Hernández tendientes a privatizar y precarizar, aún más, la labor de esos importantes sectores.

Los debates por las reformas movilizaron a la sociedad, que se mantuvo en las calles durante una semana desde el llamado a Paro Nacional, impulsado por la Plataforma por la salud y la educación de Honduras, compuesta por sindicatos y organizaciones sociales[i]. Dicha convocatoria logró la rápida adhesión de organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y de estudiantes, que demandan un cambio de rumbo en la economía y el modelo neoliberal-represor instaurado en el país. El llamado al paro puede ser visto como una continuidad en la disputa contra las privatizaciones iniciadas en el 2011 por el Gobierno del presidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien decretó el estado de emergencia educativa para despedir docentes en huelga y obtener facultades especiales para ordenar la represión[ii].

La decisión del Partido Nacional y de los sectores del poder económico de profundizar el modelo neoliberal, manteniendo cerrado el escenario democrático, sugieren una encrucijada política para Honduras. El Gobierno autoritario de JOH torna imposible el debate político en el Parlamento, asfixia la democracia y cierra la participación de la sociedad, que resiste las serias dificultades desatadas por la violencia y la represión estatal, y los demás efectos económico-sociales del neoliberalismo[iii]. Esa encrucijada parece corresponder a la idea de empate catastrófico, pues el Partido Nacional no logra hegemonizar el escenario político (sólo imponer medidas a la fuerza), y los partidos opositores (Liberal y Libre), tampoco encuentran el camino para reconquistar el Gobierno.

Las reformas a la salud y la educación como detonantes

El 26 de abril, el Parlamento reafirmó dos reformas impulsadas por JOH desde el 2018 con decretos presidenciales y del Consejo de Ministros (PCM) con números: 026 y 027[iv]. Estos decretos dieron facultades a los ministros de las dos carteras correspondientes para despedir trabajadores bajo el dudoso argumento de que una buena parte de la planta no cuenta con el perfil ajustado a los cargos que ocupan. En resumen, aprobaron un ajuste laboral.

Llegaron al Parlamento esos dos decretos presidenciales para ser ratificados por la mayoría que ostenta: con 61 diputados del Partido Nacional más seis diputados de otros partidos de derecha, de un total de 128. El resultado de ese trámite fue un escandaloso procedimiento en el que la oposición del Partido Liberal y el Partido Libre no tuvieron la oportunidad de debatir los contenidos de las reformas. Entre manotazos y peleas fueron aprobados, enviando un mensaje de ampliación de la grieta que fue respondida por la ciudadanía organizada en los gremios docentes y médicos.

El Gobierno de Hernández no tiene intención de debatir las reformas porque corresponden a exigencias internacionales. Honduras acaba de aceptar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en modalidad combinada de Derechos Especiales de Giro (crédito stand by) y de Servicio de Crédito Ampliado de 24 meses, por un monto de 311 millones de dólares[v], lo que supone aceptar duras condiciones establecidas por el FMI, de orden estructural y detalladas según la carta de intención de Honduras[vi], que seguro se obliga a un fuerte ajuste de la política fiscal.

Honduras está expuesta desde los años 90 a este tipo de condicionamientos. Es conocida la acción de la Agencia de Cooperación de los EE. UU. (USAID) que impulsó desde 1997 el Proyecto de Eficiencia en la Educación (PEEP)[vii], en el que se establecían las pautas para la estructuración del sistema educativo con el enfoque de “servicio” y no de derechos. El despido de trabajadores y las evaluaciones estandarizadas son algunas de las cuestiones estipuladas, además de descentralizar el sistema dejando en mano de los municipios la gestión educativa, lo que en Honduras significa entregarlas a la base clientelar del Partido Nacional. Estas medidas en general constriñen el debate necesario entre el Estado y la sociedad organizada, aceptando sin discusión la mirada exógena de las reformas, que en la mayoría de los casos desconoce la realidad donde son ejecutadas.

Los docentes y los médicos no se fueron al Paro Nacional sin motivos. Conocen los resultados de esos paquetazos de ajuste fiscal, enfocados a limitar derechos fundamentales con el argumento de la modernización del Estado, cuando la realidad demuestra una crisis de grandes proporciones. Esas medidas neoliberales del Gobierno servirán de combustible para aumentar los porcentajes de pobreza multidimensional. Mucho más al considerar que el 60% de la población está bajo la línea de pobreza, y que una de cada cinco personas vive en la pobreza extrema, según datos del Banco Mundial del 2018[viii].

El Paro Nacional obtuvo un apoyo social de grandes magnitudes y concluyó con la derogación de los decretos presidenciales así como con la promulgación de otros instalando mesas de diálogo con los gremios docentes y de la salud. La Plataforma por el derecho a la educación y la salud, sin embargo, mantiene convocada a la ciudadanía a participar en asambleas los fines de semana, para mantenerse activa a la espera de un retroceso total de las medidas.

Frenar la aplicación de estas regresivas reformas es el resultado de un tremendo pulso ganado por la ciudadanía, aunque no es definitivo. El llamado al diálogo propuesto por el Gobierno de JOH se da luego de las multitudinarias protestas, reprimidas con toda la fuerza policial y militar, que dejó manifestantes heridos y encarcelados, lo que demuestra la intención autoritaria de imponer las medidas neoliberales. Aunque ahora se vea obligado a recomponer la estrategia privatizadora, el Gobierno parece no estar dispuesto a recomponer el escenario democrático, quebrantado desde el 28 de junio de 2009, tras el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.

JOH: El Gobierno del FMI

La crisis social se ahonda, y la disputa política encuentra en las calles su principal escenario, tras el cierre del debate público y democrático impuesto por el Gobierno. La reelección de JOH -obtenida quebrantando la expresa disposición constitucional que la impide-, y el fraude que le quitó la posibilidad al opositor, Salvador Nasralla, llegar a la Presidencia, son sólo indicadores de la decisión del poder económico y de sus aliados internacionales para mantener el control de un país que en su historia ha jugado el papel de colaborador de intervenciones militares de los EE. UU. y de desestabilización de procesos de cambio, como ocurrió con su papel en la lucha de los contras en Centroamérica.

Honduras es un país expulsor de sus connacionales, que se aventuran a migrar hacia los EE. UU. en búsqueda de una vida distinta, con los riesgos de atravesar varios países y llegar a una frontera militarizada por el Gobierno de Trump, que rechaza acoger migrantes. Es una espiral que resulta paradójica, pues las mismas políticas neoliberales impulsadas por los EE. UU. y su apoyo decido al Partido Nacional de JOH son, en buena medida, las causas del desastre estructural que vive el país mesoamericano.

Y la situación que no termina de agravarse. Por dos vías se están profundizando las medidas neoliberales: por un lado el FMI acuerda el crédito stand by para una economía devastada con condiciones aún peores, como ya se mencionó; y, por el otro, se prepara para la llegada de pie de fuerza extranjero (Marines de EE. UU. más el Ejército de Israel) para entrenar a las fuerzas policiales en acciones que detengan las caravanas migrantes y cierren la frontera norte del país[ix]. El Gobierno de JOH niega ambas acciones, no reconoce las negativas condiciones del FMI, y ante la opinión pública niega la acción de fuerzas extranjeras, aunque la base de Pormarola, desde hace años, alberga tropas de esos países[x].

La debilidad del Gobierno de JOH y las profundas dificultades para derrotar a la oposición que cuenta con una mayoría social movilizada, han terminado por concretar un Gobierno que se respalda por completo en el FMI y en su principal patrocinador, los EE. UU. Busca desde el poder global conseguir las fuerzas necesarias para resolver el empate catastrófico que vive Honduras.

La oposición

El Partido Libre y el Partido Liberal, principales referentes políticos de oposición hondureña, están limitados por el estrecho margen democrático existente, que les impide modificar o disputar en el Parlamento proyectos favorables para la ciudadanía y construir en la opinión pública una mayoría política decidida a configurar un nuevo acuerdo social incluyente de las mayorías.

Esa limitante de la oposición en el Parlamento es sopesada por la capacidad de los liderazgos y las organizaciones sociales antineoliberales, como lo demostró el paro nacional que culminó con éxito para las y los trabajadores. Los principales retrocesos de la política neoliberal los ha conseguido la ciudadanía con la movilización social, aunque no resulte una estrategia capaz de derrotar todos los proyectos impulsados por el Gobierno ni producir reformas progresistas, porque éste tiene marcada una barrera contra la participación. La movilización es fundamental, pero aún es insuficiente para convertirse en determinante de un cambio en la balanza política del país.

El importante apoyo al Gobierno de las fuerzas militares y policiales, por otro lado, se expresa en acciones en contra del movimiento social y una represión de amplio espectro, cuya consecuencia principal es el miedo, logrado con el asesinato de liderazgos como el de Berta Cáceres. Una acción sistemática que tiene efectos desestructurantes sobre las organizaciones sociales. La capacidad de éstas para disputar se diezma, y con ello la principal estrategia ciudadana en oposición al Gobierno.

La oposición hondureña está condicionada en el Parlamento por las mayorías gubernamentales y en la movilización social por la megarepresión. Se trata de situaciones que favorecen la imposibilidad de construir un escenario propicio para el cambio. Las condiciones geopolíticas, por su parte, no generan mejores posibilidades para la oposición, todo lo contrario. La ofensiva conservadora limita la ampliación simbólica de apoyos necesarios para sumar contradictores al Gobierno de JOH, y las instituciones de la integración regional, como la CELAC, que podrían aportar a un proceso de apertura democrática, están en crisis por decisión de los gobiernos de derecha, retornados al predominio de la OEA.

No existe institución internacional que detenga la masacre contra periodistas y líderes sociales, y que se oriente a terminar con la impunidad sobre la que actúan las fuerzas y funcionarios estatales[xi]. la OEA observa con displicencia una situación que, en realidad, se acerca a una contravención de los principios formales de la democracia. No existen comisiones internacionales ni grupos de países amigos que apoyen a la oposición para superar el proyecto autoritario del presidente Hernández y de las élites hondureñas.

Notas

[i] http://www.rel-uita.org/honduras/paro-nacional-en-defensa-de-la-salud-y-la-educacion/

[ii] https://www.unicef.org/honduras/14352_20003.htm

[iii] http://sociologia-alas.org/acta/2015/GT-25/Impacto%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20neoliberales%20en%20la%20poblaci%C3%B3n%20mas%20vulnerable%20y%20surgimiento%20de%20una%20econom%C3%ADa%20informal%20honduras%2019902013.docx

[iv] https://diagonalciep.org/honduras-el-derecho-a-la-salud-y-la-educacion-publica-en-peligro/

[v] https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/06/pr19143-honduras-imf-reaches-staff-level-agreement-stand-by-credit-facility-arrangement

[vi] https://www.telam.com.ar/notas/201805/279630-que-es-un-acuerdo-stand-by-otorgado-por-el-fmi.html

[vii] https://www.researchgate.net/publication/259287787_EL_SISTEMA_Y_LAS_REFORMAS_EDUCATIVAS_EN_HONDURAS_EL_BALANCE_DE_DOS_DECADAS_THE_SYSTEM_AND_EDUCATIONAL_REFORMS_IN_HONDURAS_THE_BALANCE_OF_TWO_DECADES (ver página  160)

[viii] https://www.bancomundial.org/es/country/honduras/overview

[ix] http://www.resumenlatinoamericano.org/2019/05/06/el-periodismo-necesita-inversion-para-compartir-esta-nota-utiliza-los-iconos-que-aparecen-en-la-pagina-leer-esta-nota-https-www-e1000-soldados-de-israel-a-un-paso-de-llegar-a-honduras/

[x] https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150513_marines_honduras_centroamerica_eeuu_az

[xi] https://www.lavanguardia.com/politica/20190311/46983994570/la-impunidad-es-generalizada-en-honduras-senala-informe-de-la-onu.html

Javier Calderon Castillo

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Fuente: CELAG, junio 2019

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