Este domingo 9 de febrero (2025) se realizarán en Ecuador las elecciones presidenciales y legislativas y, de ser necesario, el 13 de abril el balotaje. Tendremos 46 años de “democracia”, ya que después de una década de dictaduras, en agosto de 1979 se inició la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia, con la sucesión de 15 presidentes. Pero las dos décadas finales del siglo XX y hasta inicios del XXI estuvieron condicionadas por la crisis económica, la deuda externa, el auge de la ideología neoliberal a través de las Cartas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Consenso de Washington, el desarrollo de la globalización transnacional a raíz del derrumbe del socialismo de tipo soviético, la imposición del modelo empresarial en el país y el predominio de las fuerzas identificadas con las derechas políticas.
La economía edificada, combinada con el debilitamiento de las políticas sociales, los privilegios de la casta política y la progresiva desinstitucionalización que agravó la gobernabilidad, también derrumbaron las condiciones de vida y trabajo para la mayoría de la población. Se trató del mismo fenómeno social que vivió América Latina a consecuencia del neoliberalismo impuesto en la región. Además, bajo las condiciones internas e internacionales señaladas, se debilitó el movimiento popular otrora expresado por la significativa presencia del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y perdieron fuerza las izquierdas tradicionales, que no lograron convertirse en alternativas electorales, aunque desde 1990 el movimiento indígena encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) tomó un impulso inédito.
El legado de la Revolución Ciudadana
El contraste con ese pasado llegó con los Gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), quien abandonó el neoliberalismo e inauguró la economía social del buen vivir, que implicó el fortalecimiento de las capacidades del Estado consagradas por la Constitución de 2008. Fue posible avanzar en impuestos redistributivos de la riqueza, imponer la primacía de los derechos laborales, sociales y comunitarios sobre los propietarios del capital, fortalecer recursos, bienes y servicios públicos (educación, medicina, salud, seguridad social), mejorar la vida y el trabajo, destacar al país en el ámbito de los progresismos latinoamericanos de la época y defender la soberanía nacional. La “Revolución Ciudadana” (RC), que postuló el Socialismo del siglo XXI, tuvo el respaldo inicial de diversos movimientos sociales y de las izquierdas tradicionales, aunque sus reacciones se agudizaron hasta la ruptura con el “correísmo”, debida a múltiples razones.
El Gobierno de Correa marcó un nuevo ciclo, que provocó la reacción de las élites del poder tradicional desestabilizadas al no contar con el control del Estado. El triunfo electoral de Lenín Moreno (2017-2021), promovido por la RC, parecía dar continuidad a las transformaciones logradas. Pero este Gobierno dio un giro total, que provocó la restauración de los poderes tradicionales. Además, inició una inédita persecución a los “correístas”, apoyado por la reforma institucional que logró con un referéndum (febrero/2018) y ejecutada por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y por los funcionarios y jueces nombrados por ella. El ‘lawfare’ (guerra jurídica) y el anticorreísmo se agravaron y el mismo Rafael Correa fue enjuiciado. Solo faltó un decreto como el de 1956 en Argentina, que prohibió hablar de Perón y del “peronismo”. También comenzó un imparable desmontaje de los logros económicos y sociales de la década ahora cuestionada, que destruyó fuerzas productivas y reactivó las condiciones del subdesarrollo.
El triunfo del magnate banquero Guillermo Lasso Mendoza (2021-2023) sirvió para consolidar, definitivamente, un bloque de poder económico y político que, desde entonces, impulsó los dogmas libertarios anarcocapitalistas en el país. Sin embargo, Lasso se vio forzado a aplicar la “muerte cruzada” con la que terminó en forma anticipada su Gobierno. Pero el triunfo de otro empresario millonario, Daniel Noboa Azín (2023-2025), reforzó la tendencia en marcha, de modo que los gobiernos sucedidos desde 2017 no solo reconstruyeron la economía empresarial-neoliberal, sino un tipo de poder oligárquico, que ha dado origen a la segunda época plutocrática del Ecuador, comparable con la primera entre 1912-1925. En aquel pasado predominaban los negocios de las familias del poder con el Estado, el ejercicio de una autoridad despótica y arbitraria que reproducía el comportamiento de los hacendados agroexportadores, y el control o colaboración de otras funciones y aparatos del Estado para resguardar la dominación social establecida incluso por sobre las leyes.
Hoy el estallido de la delincuencia y el crimen organizado, que los estudios académicos concuerdan en señalar que se inició tras la pandemia de 2020, ha reforzado el clima de miedo e inseguridad ciudadana. El problema se agudiza, a pesar de que Noboa decretó la existencia de un “conflicto armado interno” para enfrentar a las organizaciones criminales y al terrorismo, otorgando a la Policía y a las Fuerzas Armadas un rol represivo y de control, que incluso ha sido denunciado por organismos de derechos humanos. Economía en crisis, trabajo derrumbado y vida en peligro han producido una emigración constante y un creciente sentimiento por abandonar un país en el cual la democracia ha sido bombardeada.
Los aspirantes
Las elecciones de este domingo 9 de febrero están marcadas por esos procesos históricos. Participan 16 binomios: tres de ellos, encabezados por los candidatos Henry Cucalón (Construye), Henry Kronfle (Partido Social Cristiano) y Francesco Tabacchi (Creo, partido del banquero Lasso Mendoza), no tienen razones para las diferencias en las orientaciones económicas y sociales, pues todos están vinculados con los intereses de las élites empresariales neoliberales. Los candidatos: Jorge Escala (Unidad Popular) y Pedro Granja (Partido Socialista Ecuatoriano) representan a la estancada izquierda tradicional (y “marxista”), mientras Jimmy Jairala (Centro Democrático) y Carlos Rabascall (Izquierda Democrática) expresan la “centroizquierda”, aunque sin viabilidad actual. En cambio: Víctor Arauz (Pueblo, Igualdad y Democracia), Juan Cueva (Amigo), Wilson Gómez (Suma), Andrea González (Sociedad Patriótica), Luis Felipe Tillería (Avanza) e Iván Saquicela (Democracia Sí) son opciones personalistas, con planteamientos entre la ultraderecha y el libertarianismo criollo, al frente de clubes electorales, ya que carecen del soporte de partidos orgánicos o fuerzas sociales relevantes. Leonidas Iza, patrocinado por Pachakutik y la CONAIE, representa al movimiento indígena que, con el apoyo de otros sectores, aspira a ser una alternativa de izquierda.
La verdadera disputa
Pero la polarización política se ha concentrado entre Daniel Noboa (ADN), que busca su reelección, y Luisa González (Revolución Ciudadana). Se trata de dos proyectos confrontados: de un lado, el neoliberalismo-libertarianismo apoyado por el bloque de poder oligárquico y mediático; y del otro, una economía social, con apoyo de los sectores progresistas y que, además, reivindica las herencias del “correísmo”.
A fin de sostener su propia campaña sin dejar la Presidencia, Noboa entró en conflicto con su vicepresidenta Verónica Abad Rojas creándose un escándalo político y un caos jurídico que ha merecido el cuestionamiento de más de una veintena de exjefes de Estado y de Gobierno de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), así como de un colectivo de abogados y hasta de la cadena CNN que difundió perspicaces notas sobre la sorprendente situación de ilegalidad en el país. En lo de fondo, se ha enmascarado la distinción entre el candidato y el Presidente, que ha podido burlar los controles legales, institucionales y financieros, posibilitando una campaña respaldada abiertamente por funcionarios del Estado, medios hegemónicos, redes, troles y noticias falsas, que han desequilibrado las expectativas electorales de los otros candidatos. ¿Qué más podrá suceder si se realiza el balotaje?
Existe un panorama inquietante para los ecuatorianos/as, pues si hubiera segunda vuelta, es seguro que las derechas se unirán a Noboa Azín bajo la consigna de impedir, por cualquier medio, el retorno del “correísmo”; mientras no se puede asegurar la unidad de los sectores progresistas, de izquierda o centroizquierda y los movimientos populares, si se toma en cuenta las frustrantes experiencias históricas más recientes.
Además, no hay que descartar dos factores que inciden en los procesos políticos de América Latina contemporánea: de una parte, la existencia de una internacional derechista que actúa para minar cualquier triunfo o avance progresista; y de otra, los intereses económicos y geoestratégicos de Estados Unidos sobre la región, que incluyen su necesidad de poner freno a la presencia de China, Rusia o el papel de los BRICS y que, a partir del ascenso presidencial de Donald Trump tendrán cada vez más impacto.
El agresivo monroísmo en marcha es favorable a las derechas políticas y exige el alineamiento de la región con ese nuevo “americanismo”. Es un asunto que pesará de distinta manera en las elecciones y especialmente en el futuro inmediato de Ecuador según quién logre la Presidencia de la República, aunque Noboa ya tiene adelantados varios acuerdos militares con los Estados Unidos que incluyen el uso de Galápagos, y la semana pasada recibió en el Palacio de Carondelet al político venezolano Edmundo González Urrutia, a quien brindó honores de Jefe de Estado.
Juan J. Paz y Miño Cepeda para La Pluma, Ecuador 3 de febrero de 2025
Editado por María Piedad Ossaba
Publicado por Blog Historia y presente
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