Por Cuestión Pública con apoyo de La Liga Contra el Silencio, 10 de diciembre de 2024
El fenómeno está fuera de control. Más allá del escándalo y la indignación generados por los casos de Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESCNNA) vinculados a extranjeros en Medellín, esta alianza periodística encontró que la mayoría de los victimarios son nacionales. Además, casi todos son hombres con roles comunes y corrientes: padres, familiares; un político, un trabajador social, un profesor de voleibol, un policía y proxenetas. Casi toda la sociedad a gran y baja escala está involucrada. Un ejemplo es el caso de un exconcejal de Santuario, un municipio ubicado al oriente de Antioquia, detenido por el delito de demanda de explotación sexual comercial de una menor de 18 años.
Para lograr este nivel de detalle, Cuestión Pública, con apoyo de La Liga, revisaron centenares de documentos de la Fiscalía, a los que tuvo acceso gracias al consorcio internacional Narcofiles. De esta manera, esta alianza construyó una base de datos única con 831 denuncias, que abarcan desde 2008 hasta mayo de 2022.
No es lo único. Para validar esta reconstrucción propia, esta alianza pudo contrastar sus datos recopilados con la base de datos oficial de la Fiscalía. Esta última contiene un universo de 2 813 casos en Antioquia durante los últimos 14 años. La información fue obtenida, en primera instancia, a partir de derechos de petición a la Fiscalía y, luego, concretada con la información hallada en Datos Abiertos, la página web que expone datos públicos de diversas entidades estatales.
Lo más impactante y doloroso es que en este flagelo de los 2 813 casos se encuentran identificadas 4 921 víctimas que confiaron en la justicia al presentar sus denuncias ante fiscales. Al recabar la información también se hizo notorio que, en efecto, se abrían los casos, pero después de este paso inicial, no había quién llevara a los victimarios hasta los juzgados.
De esta manera, se pudo establecer un abismo llamado impunidad, que consumió de un bocado al 93 % de las denuncias que tiene la base de datos de la Fiscalía.
Solo el 7 % logró pasar esta barrera, y en 189 denuncias los casos llegaron a la etapa ejecución de penas. Así, esta investigación evidencia cómo el ente investigador y acusador no solo revictimiza, sino que también fracasa en su labor de protección y acusación, perpetuando un flagelo que sigue arraigado en una sociedad explotadora.
Solo el 7 % de los procesos de explotación sexual de menores llegaron a una condena (2010-2024)
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ESTADO ETAPA
De acuerdo con las cifras del ente acusador, 1 631 procesos, es decir el 58 % están inactivos. De estos, 1 190 casos fueron archivados en las etapas de indagación e investigación.
Se identificaron subregistros en la información reportada por el ente acusador en al menos 21 municipios de Antioquia, entre ellos: Don Matías, Ebéjico y La Estrella.
Hay 27 casos que no fueron incluidos dentro de los 2 813 casos de la entidad.
Para esta investigación realizamos un trabajo de reportería en la capital de Antioquia, en la que trabajamos con la Mesa Contra la ESCNNA Medellín. Allí pudimos conocer varias historias y lograr entrevistas con cuatro de las víctimas.
Las víctimas*
Camila es una menor de 16 años que conoció a Manuel Rivera**, un trabajador social que, según información judicial en poder de esta alianza, visitaba a su hermana Wendy como parte de una medida legal para restablecer sus derechos.
En una oportunidad este hombre, según la declaración que está en poder de la Fiscalía, le pidió a la madre de Camila el número de su hija. Manuel comenzó a llamarla y a decirle “que era una negrita muy linda”.
Días después, la madre de Camila necesitaba dinero, y le pidió a la menor que llamara a Manuel para que le prestara 300 mil pesos. Lo que parecía ser un préstamo se transformó en una especie de transacción sexual en la que Camila terminó siendo el pago por el préstamo. Así, el trabajador social llevó a la menor de edad a un hotel en cuatro oportunidades, según el testimonio de la denunciante, que reposa en la Fiscalía.
La Fiscalía General de la Nación se ha preguntado, ¿cuántos de los funcionarios que prestan un servicio de atención a la niñez podrían ser abusadores o depredadores sexuales? Por lo pronto, el caso de Camila figura entre sus bases como inactivo porque precluyó.
En cualquier caso, Camila al igual que muchas niñas, niños y adolescentes, hace parte de este 93 % de impunidad de la Fiscalía que tiene como epicentro el departamento de Antioquia.
Los datos públicos del ente de control muestran que, después de Medellín, que concentra el 53 % de los casos, el municipio con más denuncias por explotación sexual de menores es Bello, que hace parte del área metropolitana del Valle del Aburrá.
Municipios con más casos de explotación sexual de menores en Antioquia (2010-2024)
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Fuente: Construcción propia a partir de registros oficiales de la Fiscalía.
Desafortunadamente, Camila no es la única joven que ha tenido como explotador a un hombre con un cargo de poder.
En agosto del 2021 Susan, una niña de 12 años, se encontraba en Facebook cuando recibió la solicitud de amistad de un contacto llamado Rodolfo Antonio Giraldo. Días después acordaron encontrarse, por lo que Liliam del Socorro Garcés recogió a la menor y la llevó hasta su casa. Según el escrito de acusación encontrado por esta alianza, Liliam del Socorro Garcés era la asistente del concejal y “encargada de hacer el primer contacto” con Susan.
Una vez llegaron hasta el lugar, se habrían reunido con Rodolfo Antonio Giraldo, quien para ese entonces era concejal de Santuario por el partido Centro Democrático.
La denuncia cuenta que, una semana después del primer encuentro, Susan se reunió con el concejal para tener relaciones sexuales, por las que este hombre le pagaba 100 mil pesos, según el escrito de acusación de la Fiscalía.
Esta denuncia por explotación sexual expuso que dicha situación se repitió en dos oportunidades más. La alerta a las autoridades la dio la hermana mayor de Susan, cuando leyó las conversaciones de la menor con Rodolfo por Facebook, y el 10 de noviembre del 2021 fueron capturados, tanto el concejal como su asistente.
El proceso se encuentra activo en la Fiscalía a la espera de una sentencia por parte de un juez. No obstante, ya va a acumular tres años sin sentencia.
De acuerdo con los casos registrados en la base construida por Cuestión Pública y La Liga, dos de las redes sociales usadas por los presuntos victimarios para aproximarse a los menores fueron Facebook y WhatsApp.
Los registros de la Fiscalía revelan que 2021 y 2019 marcaron los picos más altos en casos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Antioquia, con 339 y 287 respectivamente. Aun así, casi la mitad de estos procesos ya se encuentran inactivos. Solo uno de cada 26 tiene una condena.
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Créditos
Dirección editorial: Diana Salinas. Investigación y reportería: Tatiana Antolínez, Ketty Roqueme y Valeria Báez. Colaboración de editores: José Marulanda, Edier Buitrago y Andrea Rincón. Producción y coordinación editorial: Ilse Cárdenas. Fact check: Sergio Retavisca, Sara Cely, Ketty Roqueme y Valeria Báez. Diseño: Heidy González. Audiencias: Ían Schnaida, Laura Tovar y Natalia Gómez. Webmaster: Paola Téllez.