‘Lawfare’ y amenaza golpista en Colombia: presidente Petro denuncia “ruptura institucional”

Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia.

El presidente Gustavo Petro emitió este viernes 2 de febrero un comunicado público en el que alerta al país que tanto la Fiscalía General como la Procuraduría General de la Nación, en manos de dos obsecuentes funcionarios de la derecha colombiana, vienen promoviendo una operación de ‘lawfare’ (guerra jurídica) con intenciones golpistas que apunta a una ruptura institucional.

La derecha colombiana sigue, de esta forma, el libreto que se ha puesto en marcha a nivel continental para impedir cualquier signo de cambio o proceso progresista de transformación. Para ello cuenta con fiscales, jueces y funcionarios de los órganos de control caracterizados por su obsecuencia que, junto con los medios de comunicación de propiedad de grupos económicos concentrados buscan “manufacturar consentimiento”, en palabras de Noam Chomsky, para generar desestabilización institucional vía el “golpe blando”.

El texto del pronunciamiento público del mandatario colombiano es el siguiente:

Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia:
He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del Canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de EEUU y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan.
No he escuchado, en cambio, que haya una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República.
Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito; desesperadamente sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo.
Incluso hechos repetidos varias veces en campañas de otros partidos políticos como al que pertenece el fiscal general, y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso se criminalizan con desespero.
No es lo mismo la contribución a partidos políticos de un narcotraficante como alias “el Ñeñe” que la del sindicato de maestros; a la contribución de alias “el Ñeñe” la calificaron como legal, a la del sindicato de profesores la califican de ilegal porque somos progresistas.
Esta ruptura institucional ha llegado al máximo desespero, porque las mafias no quieren perder control de secciones enteras de la Fiscalía que he puesto en peligro por haber presentado una terna de mujeres decentes.
La respuesta desesperada será no solo suspender al Canciller de la República, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de Servicios Públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra, buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó.
Como hicieron físicamente con la UP, ahora piensan, usando las instituciones, hacer lo mismo para que aparezca como la gran obra de despedida del fiscal general.
Han decidido la ruptura institucional. Como presidente de la República debo avisar al mundo de la toma mafiosa de la Fiscalía y debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia.
Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular.
GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República
2 de febrero de 2024

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