A finales de 2023, el Presidente chileno Gabriel Boric anunció que la explotación de los yacimientos de litio se encomendaría a una empresa conjunta entre el Estado chileno y SQM hasta 2030, tras lo cual SQM asumiría el control total de las operaciones hasta 2060. SQM (Sociedad Chimica y Minera de Chile) se creó en 1968 como empresa mixta público-privada para explotar el salitre. Entre 1983 y 1988 fue privatizada por Pinochet, que prácticamente la entregó a su yerno Julio César Ponce Lerou, hoy el hombre más rico de Chile. Julio César, alias “el yernísimo”, fue objeto de innumerables investigaciones judiciales por sus prácticas mafiosas de malversación y corrupción. Estaría en la cárcel en un país regido por el Estado de Derecho, lo que evidentemente no es el caso en el Chile del lamentable Gabrielito. A continuación 4 artículos de autores chilenos que arrojan luz sobre este caso que haría reverdecer de envidia a todos los autores de realismo mágico – Fausto Giudice, Tlaxcala
Urgencias
escribe Luis Casado
Jodido año 2024, comienza con una estafa digna de figurar en el Guinness, sin que nadie se emocione. Solo unas cuantas voces se alzaron para prevenir al personal del enorme fraude. Otras cosas no, pero servidor forma parte de ese grupo extremadamente sensible de la parte distal del sistema digestivo que desemboca en la estrecha puerta que nos permite, cada mañana, reconciliarnos con la existencia. Conservamos el invicto… E invitamos a todos los pringaos a oponerse a este vil intento de pasarnos por el aro…
Hace unos días, -aun en el 2023-, tras el rechazo al proyecto de Constitución pergeñado por el fascismo, la (me cuesta llamarla) prensa… informó:
“el Presidente pronunció un medido discurso en el que señaló que las urgencias son otras y dio por cerrado el proceso constitucional.”
En ese momento, -más que cabreado con la sumisa solicitud que muestra hacia las limosnas-, me atreví a afirmar que la escoria política se acomoda a cualquier vaina siempre y cuando las “urgencias” sean definidas por los empresarios, en fin, por los peces gordos.
No fue necesario armarse de paciencia para enterarse de cuales eran esas “urgencias” tan urgentes: entregarle el Litio (y lo que quedaba, si es que algo quedaba, de castidad, virtud y decencia) al yernísimo, ese que en dictadura se trincó por cojones SQM, para gran satisfacción de la escoria política que el estafador financió y sigue financiando como se hace con las paicas y las grelas tarifadas.
Para acallar cualquier manifestación de incomodo, facilitar la penetración y potenciar el goce, el cielo luminoso que funge de mandamás nos entregó algunas cifras, todas ellas relativas a la pasta gansa de la que dispondrá el erario nacional, cuestión de activar el funcionamiento de nuestras glándulas salivales en plan reflejo pavloviano: hace poco nos había deseado “ser felices” (sic), lo que en estricto rigor, como decimos en Francia, “no come pan”, ergo no cuesta un chavo, es un sinónimo simplón del conocido “que Dios se lo pague”.
Del billete largo que se apodera Ponce Lerou, de la gigantesca pata de cabra -herramienta indispensable para los cacos deseosos de descerrajar puertas refractarias- que se le ofrece para abrir mercados, negociar y recibir millonarias participaciones accionarias de inversionistas extranjeros ansiosos de “colocar” sus capitales ociosos… nada. En realidad Ponce Lerou asciende a la calidad de portero del burdel, ese que detiene en la puerta a los clientes indeseables o se las abre amplias a los acaudalados puteros habituales, dadivosos a la hora de remunerar al personal.
También se exhibió impudicamente, como argumento, una supuesta proeza científica, pretendidos avances tecnológicos alcanzados por SQM que ni los chinos, ni los rusos, ni siquiera los yanquis están cerca de descubrir, Benjamin Franklin, Charles de Coulomb, Louis Pasteur, Thomas Edison y Alessandro Volta son una alpargata al lado de Ponce Lerou, se ve que la virgen del Carmen está con el yernísimo, lo protege y lo datea que es un primor.
Las almas piadosas, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda (pero… ¿no es lo mismo, Monseñor?) alabaron al cielo luminoso, ensalzando su “pragmatismo”, cualidad que pondrá Chile muy alto en la lista de los países que atraen bucaneros, filibusteros, corsarios y otros aventureros, -¡qué digo!, a toda la Hermandad de Piratas del Caribe, que Emilio Salgari y Sandokan nos iluminen-, que llegan con el loable propósito de explotar -es el caso de decirlo- nuestras riquezas que fueron nacionales y a nuestros trabajadores (Milei les llama “capital humano”) y así engrasar a quienes ya desbordan de grasa, gracias mayormente a que de vez en cuando “engrasan” a sus serviles condottieri, de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, no se puede decir que a la hora de las propinas sean weones agarrados.
Un pelín urgido por otras “urgencias”, -mucho más sencillas y domésticas que las que mueven al cielo luminoso-, me atreví a evocar este tema en los albores de un año que comienza como el orto, a pesar de los sinceros deseos que el personal se distribuyó generosamente a fines del 2023, deseos que como los del cielo luminoso (ser felices), “no comen pan”, ergo no cuestan un chavo.
La entrega del litio a SQM a partir de 2030
escribe Julián Alcayaga Olivares – Economista y Abogado. Enero 2024
El gobierno, por intermedio de Codelco, pretende entregarle el litio a la empresa privada chileno-china-estadounidense SQM, a pesar de que, desde 1979, en virtud del decreto constitucional DL 2.886, el litio quedó reservado al Estado.
Además, existen otras disposiciones legales que permiten impugnar jurídicamente, e incluso administrativamente, este acuerdo entre Codelco y SQM.
Veamos cuáles son esas disposiciones legales.
1.- El Artículo 640 del Código Civil dispone:
“El Estado se hace dueño de todas las propiedades que se toman en guerra de nación a nación, no sólo a los enemigos sino a los neutrales, y aun a los aliados y los nacionales según los casos, y dispone de ellas en conformidad a las Ordenanzas de Marina y de Corso”.
El Código Civil chileno entró en vigencia el 1° de enero de 1857, por lo tanto todas las propiedades tomadas en la Guerra del Pacífico, pasaron a manos del Estado, y con mayor razón el Salar de Atacama, que no tenía dueño, salvo quizás las pretensiones de los Pueblos Atacameños.
2.- El 30 de mayo de 1884, el Presidente Domingo Santa María, dictó un decreto firmado también por su Ministro Ramón Barros Luco que estableció:
“Suspéndese en todo el territorio de la República, comprendido los departamentos situados al norte del paralelo 23, el otorgamiento de concesiones de depósitos de salitre, boratos y demás substancias enumeradas en el citado decreto de 28 de Julio de 1877, el cual queda derogado”.
El decreto de 28 de julio de 1877, permitía que en terrenos eriales del Estado los particulares pudieran explorar y explotar los depósitos de salitre, boratos y ‘cualesquiera otras materias salinas que hallaren dentro de los límites de su pertenencia’, lo que fue derogado por el decreto de 1884.
3.- Posteriormente, en 1888, se promulga el segundo Código de Minería de Chile (el primero databa de 1874), que en su artículo 2° inciso quinto estableció:
“No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, el Estado se reserva la explotación de las guaneras en terrenos de cualquier dominio y la de depósitos de nitratos y sales amoniacales análogas que se encuentren en terrenos del Estado o de las Municipalidades, sobre los que por leyes anteriores no se hubiere constituido propiedad minera de particulares”.
Este Código de Minería reforzaba aún más la disposición que establecía que en terrenos del Estado, lo nitratos y sales análogas quedaban reservadas al Estado, entre ellas las que se encontraban en el Salar de Atacama.
4.- Más tarde, los Códigos de Minería de 1930 y 1932 establecieron la misma disposición en el artículo 4° de ambos códigos:
“No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado se reserva los depósitos de guano y de petróleo en estado líquido o gaseoso, ubicados ambos en terrenos de cualquier dominio, y los de nitratos y sales análogas, los de yodo y los compuestos de estos productos, que se encuentren en terrenos del Estado, o nacionales de uso público o de las Municipalidades, siempre que sobre los depósitos mencionados no se hubiere constituido, en conformidad a leyes anteriores, propiedad minera de particulares, que estuviere vigente” (lo destacado es nuestro).
5.- En consecuencia, desde el decreto supremo de 1884, hasta la vigencia del artículo 4° del Código de Minería de 1932, que fue modificado en 1979 con el DL 2.886, no se podía constituir pertenencia minera en nitratos y sales análogas en el Salar de Atacama, por ser este yacimiento de propiedad innegable del Estado, en virtud del artículo 640 del Código Civil.
6.- Por otro lado, con el fin de asegurar que la producción agrícola nacional pudiera abastecer las necesidades en alimentos, en 1940, en el gobierno del Presidente Pedro Aguirre Cerda se promulgó la Ley 6.482, que perseguía que el país pudiera producir los fertilizantes que el país necesitaba. Con este objetivo, en el artículo 1°, esta ley creo el Consejo de Fertilizantes, al que se le entregan una serie de atribuciones, y para darle mayores facultades a este Consejo, en el artículo 6° de esta ley dispuso:
“Resérvanse al Estado los yacimientos de carbonato de calcio, fosfatos y sales potásicas que se encuentren en terrenos fiscales o nacionales de uso público, o de las Municipalidades, siempre que sobre los depósitos mencionados no se hubiere constituido en conformidad a leyes anteriores propiedad minera particular que estuviere vigente. En consecuencia, a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, no se podrá constituir pertenencia minera sobre yacimientos que contengan las substancias indicadas en este artículo”.
Lo relevante de esta ley, es que no son las substancias minerales sino los yacimientos que contengan fertilizantes, los que quedaron reservados al Estado, y no se permitía que los particulares pudieran constituir pertenencias mineras de ningún mineral o substancia minera, puesto que era el yacimiento que estaba legalmente reservado al Estado.
Por consiguiente, existe absoluta continuidad entre el decreto del 30 de mayo de 1884, del Presidente Domingo Santa María, y todos los Códigos de Minería hasta el de 1932, en que quedan prohibidas las pertenencias sobre nitratos y sales análogas, y la Ley 6.482, que le reservó al Estado “los yacimientos” que contengan carbonato de calcio y otros fertilizantes.
Son los que precisamente se encontraban en el Salar de Atacama, que además ya era propiedad del Estado por disposición del artículo 640 del Código Civil. La Ley 6.482 estuvo en vigencia hasta el año 1981 al ser derogada por el DL 3.557.
7.- Pero si bien la ley 6.482 reservó al Estado los yacimientos que contengan carbonato de calcio, fosfatos y sales potásicas, posteriormente se crearon nuevas instituciones que se encargarían de los fertilizantes, y que reemplazaron en sus derechos y patrimonio al Consejo de Fertilizantes.
Es así como el 7 de agosto de 1942, el DFL 2-2281 del Ministerio de Hacienda, dispuso, entre otros, que las atribuciones y recursos que la Ley 6.482 otorgaba al Consejo de Fertilizantes, serán ejercidas en lo sucesivo por un organismo que se denominará “Instituto de Economía Agrícola”.
8.- Posteriormente, el 12 de mayo de 1953, el DFL N° 87 del Ministerio de Hacienda, fusiona el Instituto de Economía Agrícola y el Instituto de Comercio Exterior, en una empresa comercial autónoma que se denominó “Instituto Nacional de Comercio”.
En el inciso final del art. 1° del DFL 87 se dispuso:
“Todas las demás atribuciones, derechos y obligaciones del Instituto de Economía Agrícola corresponderán desde esta fecha al Instituto Nacional de Comercio”.
9.- Finalmente, el DFL 274 de Hacienda, publicado el 06.04.1960, creó la “Empresa de Comercio Agrícola” (ECA), que en las Disposiciones transitorias artículo 1° dispuso:
“La Empresa de Comercio Agrícola sucederá en todo su patrimonio, bienes, obligaciones y recursos al Instituto Nacional de Comercio, el que queda suprimido a contar de la fecha de publicación del presente decreto con fuerza de ley” (DFL).
10.- La Empresa de Comercio Agrícola, que tuvo gran importancia y actividad bajo los gobiernos de los Presidente Frei Montalva y Salvador Allende al suceder en su patrimonio, bienes y recursos al Instituto Nacional de Comercio, pasaba a la vez a tener la propiedad del yacimiento del Salar de Atacama.
La ECA estuvo vigente hasta 1989, cuando la Ley 18.899, la reemplazó por la “Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas” (EMAZA).
En suma, hasta 1989, por disposición de la Ley 6.482, la Empresa de Comercio Agrícola, era la propietaria del yacimiento del Salar de Atacama, por contener este fertilizantes, entre ellos carbonato de calcio y fosfatos, lo que fue comprobado por un Estudio Geológico del Salar de Atacama, Provincia de Antofagasta, realizado por el “Instituto de Investigaciones Geológicas”, en diciembre de 1969.
11.- Por todas las razones enumeradas anteriormente, cuando Anaconda, a través de su filial Compañía Sudamericana Exploradora de Minas S.A., en 1969 quiso constituir 75.000 pertenencias en el Salar de Atacama y 4.500 en el Salar de Tara, por un total de 397.500 hectáreas de superficie… no las pudo constituir, porque dichos yacimientos estaban reservados al Estado, aún cuando Anaconda declaró que las manifestaciones eran por cobre, fierro, manganeso y “otras substancias”.
Toda esta historia legislativa que hemos relatado, es prácticamente desconocida, e incluso algunas de estas disposiciones legales son muy difíciles de encontrar.
12.- En consecuencia, en 1977, cuando Corfo realizó las manifestaciones OMA en el Salar de Atacama, casi en las mismas pertenencias que Anaconda quiso constituir en 1967-69, este yacimiento ya era propiedad de la Empresa de Comercio Agrícola, que era una empresa del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, en la que Corfo no tenía propiedad ni mando.
Ahora bien, siendo Corfo una institución de servicio público del Estado, se podrían llegar a considerar válidas esas pertenecías mineras constituidas por Corfo en el Salar de Atacama, precisamente en virtud de las disposiciones legales que resumimos anteriormente.
Pero, lo que no puede hacer Corfo, es entregar a privados la explotación del litio en el Salar de Atacama, en virtud de la siguiente disposición constitucional.
13.- En octubre de 1979, la Junta Militar “en ejercicio de su Poder Constituyente”, dictó el Decreto Ley (DL) 2.886, que dispone:
“Artículo 5°.- Por exigirlo el interés nacional, desde la fecha de vigencia de este decreto ley, el litio queda reservado al Estado”.
Se exceptúa de lo dispuesto en el inciso anterior solamente:
“a) El litio existente en pertenencias constituidas, sobre litio o sobre cualquiera de las sustancias del inciso primero del artículo 3° del Código de Minería, que, a la fecha de publicación de este decreto ley en el Diario Oficial, tuvieren su acta de mensura inscrita, se hallaren vigentes, y cuya manifestación, a su vez, haya quedado inscrita antes del 1° de Enero de 1979” (lo destacado es nuestro).
Esto quiere decir que el litio tiene un estatuto diferente a todas las otras substancias mineras concesibles y no concesibles, porque el litio está reservado al Estado, por una disposición constitucional, el DL 2.886 de 1979, que está vigente.
Por las razones expuestas, el memorándum de entendimiento, acuerdo o decreto supremo, -como quiera que se le llame-, en que Codelco le entrega a SQM el litio en el Salar de Atacama desde 2030 a 2060, sin tener Codelco facultades legales o constitucionales para hacerlo, puede ser impugnado en tribunales mediante una acción constitucional de nulidad de derecho público.
Espero que algunos abogados tomen la decisión de hacerlo, por exigirlo el interés nacional.
Los inversionistas extranjeros (en fin, los saqueadores foráneos) a nada le temen tanto como al “riesgo”. Si ganan tanto dinero y los beneficios y el capital se acumulan cosa mala, se debe a que siempre van a la segura. Para eso hay gobiernos sumisos, mandatarios venales, empresarios corruptos y a veces -no siempre- una Justicia a la orden. En el caso del Litio… ahí está el detalle, como mostró exhaustivamente Julián Alcayaga en POLITIKA: la realidad jurídica, su evolución histórica, incluso en dictadura, invalida la entrega del Litio a la voracidad privada. Nos vemos en los Tribunales… En una de esas no siempre gana Ponce.
Ponce siempre gana
Daniel Matamala – publicada en La Tercera el 30 de diciembre 2023
Si hay dictadura, gana Ponce, el yernísimo.
Si vuelve la democracia, gana Ponce, el benefactor.
Si gobierna la derecha, gana Ponce, el Rey del Litio.
Si gobierna la izquierda, gana de nuevo Ponce, el Rey Perpetuo del Litio.
El verano de 1969, Julio César Ponce Lerou tuvo su golpe de suerte. Vacacionando en Maitencillo, conoció a la joven hija de un militar, Verónica Pinochet. Luego, ya convertido en el yerno del amo y señor de Chile, coleccionó quince cargos en entidades y empresas estatales como Conaf, Iansa, Enami, ENAP, CTC, Endesa, y las dos más importantes para su futuro: Corfo y SQM.
Lo bautizaron como el “yernísimo”.
En 1983, un escándalo de corrupción lo obligó a dejar sus cargos, pero cuatro años después volvió a SQM como presidente del directorio, gracias a los votos de los directores militares designados por la dictadura de su suegro. Privatizó la empresa y se quedó con el control mediante una estructura piramidal conocida como “las cascadas”.
La transición a la democracia amenazó su poder. La Cámara de Diputados cifró en 2.223 millones de dólares la pérdida patrimonial del Fisco por las privatizaciones truchas, de las cuales SQM era el símbolo principal. El Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió una causa por estafa y fraude al fisco por las operaciones entre Ponce y Corfo. El Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó indagatorias en su contra.
El senador DC Eduardo Frei denunció que los trabajadores de SQM en la salitrera Pedro de Valdivia “viven en un ambiente propio de campo de concentración, en cloacas inmundas como animales”. La denuncia fue respaldada por su colega Jorge Pizarro, y el gobierno de Aylwin anunció una comisión investigadora.
Entonces, el “yernísimo” se reinventó. Se separó de Verónica Pinochet y se convirtió en el gran benefactor de la política chilena. Años después, la familia de Pizarro, la campaña de Frei y los ministros del Interior y Economía de Aylwin aparecerían en la nómina de asesores y pagos ilegales de SQM.
Una auditoría estadounidense demostró que SQM entregó, solo en cinco años investigados, 21 millones de dólares a políticos, dos tercios de ellos por vía ilegal. Magnánimo, pagó a derecha, centro e izquierda. En la campaña presidencial de 2009, los tres candidatos financiados por SQM (Piñera, Frei y ME-O) sumaron el 94% de los votos.
“Julio quiso apoyar a gente de todas las creencias. Él quería mantener la democracia en el país”, explicó su abogado y amigo Darío Calderón. Tanta generosidad tuvo sus ventajas. El CDE, el SII y la Cámara de Diputados abandonaron sus indagaciones, y el Estado que se aprestaba a perseguir a Ponce se convirtió en su socio. Corfo le entregó la explotación del litio en el salar de Atacama a cambio de un miserable 6,8% de las ventas.
Ese contrato permitió a Ponce convertirse en el “Rey del Litio”, con una fortuna estimada por Forbes en 3.300 millones de dólares.
Ponce factura, y también legisla. La gerencia de SQM redactó un artículo que la eximía de cualquier aumento de impuestos por seis años. El gerente general Patricio Contesse le envió el texto al senador UDI Pablo Longueira, este lo reenvió al gobierno de Piñera, el Congreso lo aprobó y el memo de SQM se convirtió en Ley de la República. Investigaciones judiciales comprobaron que, en la misma época, la empresa pagó 730 millones de pesos al círculo cercano de Longueira.
En 2020, la Corte Suprema ratificó que Ponce fue el “ideólogo” de un “esquema fraudulento” para perjudicar a los accionistas minoritarios de SQM a través de las “cascadas”. Gracias a él, obtuvo una “utilidad fraudulenta” de 128 millones de dólares.
“En Estados Unidos, Julio Ponce estaría preso”, dijo el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Pero no en Chile. Su “pena” fue una multa de 3 millones de dólares, el 2,3% de lo defraudado.
En el caso de las platas políticas ilegales, ni siquiera eso. Patricio Contesse cargó con todas las culpas, Ponce nunca fue tocado por la investigación, y no está entre los acusados.
Cuando Eduardo Bitran, timonel de Corfo, demandó a SQM por incumplimiento del contrato con el Fisco, denunció que “connotados políticos del más alto nivel me exigieron que cerrara un acuerdo con Ponce”. La disputa se acabó en 2018, con un nuevo pacto entre SQM y el Estado. Esta vez sí fue un win-win: SQM extendió su contrato, y el Fisco se quedó con gran parte de las regalías. El año pasado, el litio entregó a las arcas fiscales más de 5 mil millones de dólares. Además Ponce debió dejar el directorio de la empresa, aunque mantuvo su parte de la propiedad.
Después de décadas de expolio, ahora las ganancias de SQM sí se comparten con los dueños del litio: todos los chilenos.
Esta semana, el gobierno celebró, con bombos y platillos, un nuevo acuerdo con SQM para explotar el litio del Salar de Atacama. Se formará una sociedad hasta 2060, en que Codelco será accionista mayoritario, aunque en los primeros cinco años no tendrá el control ni la mayoría de las utilidades.
Los análisis son divididos: algunos celebran que el Estado se asegura rentas importantes contando con el know how del negocio que tiene SQM. Otros consideran que, como dueño del litio, debió exigir una tajada mayor, o licitar el recurso de manera transparente, en vez de negociar con solo una empresa.
¿Gana Chile con este acuerdo? Discutible. Lo que no admite dudas es que, como siempre, gana Ponce. Las acciones de SQM subieron tras el anuncio, y la compañía cerró 2023 como la empresa más valiosa de Chile, con una capitalización bursátil de 16.717 millones de dólares.
En 2014, el diputado Boric decía que “Julio Ponce es un delincuente de cuello y corbata”. En 2023, el presidente Boric celebra que Ponce sea socio del Estado hasta 2060. Ponce se convierte en el Rey Perpetuo del Litio, hasta que cumpla 115 años de edad, blanqueado por el único sector político que le faltaba: el Frente Amplio que antes lo denunciaba como ícono de la corruptela entre política y negocios.
En Chile todo es incierto, todo cambia y todo gira para seguir igual: siempre, siempre, siempre gana Ponce.
No es mi taza de té, no está en mi lista de favoritos… MC Solaar, ese que canta (en francés):
Scandal es lo comercial, Ayer un jockey su montura drogó, Arde en llamas el Olímpico Ideal, Un Estado con medallas la mejor coca fabricó, A Jesús por treinta dineros Judas lo vendió, Y ahora a Judas la multitud glorificó…
judas
Los treinta denarios en pago de la traición de Judas encontraron un eco en Chile…
En la era de la izquierda pragmática
escribe Juan Pablo Cárdenas S. | Martes 2 de enero 2024
El propio presidente Gabriel Boric se encargó de comunicarle a su país el acuerdo alcanzado entre Codelco, la minera estatal más importante de Chile, y Soquimich (SQM), la empresa privada que desde algunos años opera en el rico salar de Atacama. La noticia es que ambas entidades han acordado la explotación conjunta de las enormes reservas de litio presentes en el desierto nortino.
En esta nueva sociedad las entidades serían dueñas del 50 por ciento cada una hasta el año 2060, correspondiéndole a la minera fiscal administrar la empresa en su primer período, esto es hasta 2030, después de lo cual la gestión le correspondería a SQM.
Se trata del convenio más significativo en la historia empresarial chilena, el que de lograr las proyecciones y prosperar la buena relación entre ambos socios, le dejaría al erario nacional ingentes recursos para el desarrollo de la economía nacional.
De los beneficios que este acuerdo pudiera reportarle al país nadie duda, como tampoco del hecho que la nueva empresa se pondría prácticamente a la cabeza en el mundo en esta actividad y le aseguraría a Chile mayor confianza entre los potenciales inversionistas privados y extranjeros que buscan tierra fértil para sus negocios.
A Boric se le ha celebrado su pragmatismo en la consolidación de este acuerdo. Ello se debe a que nadie habría imaginado que la cuestionada empresa de Julio Ponce Lerou, el yerno del Dictador, terminara asociándose con el Estado después de que durante largas décadas desde la política y, en particular desde la centro izquierda, lo que se propiciaba era la recuperación de una empresa mal habida durante la Dictadura, como muchas otras fuentes productivas fiscales que Pinochet vendió a precio vil a sus amigos y parientes.
Durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, lo cierto es que nada se hizo por recuperar las empresas expoliadas. El propio Patricio Aylwin prometió “justicia en la medida de lo posible”, por lo que en materia empresarial también todo quedó como lo dejara dispuesto la Dictadura.
Para mayor abundamiento del bochorno que a muchos provoca esta noticia, Soquimich se contó hasta hace pocos años entre las entidades empresariales que colaboraron al financiamiento ilegal de la política, otorgando grandes recursos destinados a favorecer a candidatos y legisladores en ejercicio. Lo que se tradujo en severas y documentadas denuncias periodísticas y sendas investigaciones judiciales pero que culminaron en condenar a los infractores con penas muy discretas y escandalosas, así como la impunidad completa para Ponce Lerou y otros empresarios que ejercieron un millonario cohecho. Un delito de “cuello y corbata”, como se sindicó.
Es perfectamente posible sospechar, entonces, que estos recursos destinados a corromper a políticos y jueces hoy estén cobrando un dividendo tan suculento como el que le permitirá a Soquimich convertirse en el socio principal del Estado chileno y con ello conjurar la posibilidad de que el Fisco pudiera algún día recuperar lo otorgado ilícitamente a la llamada iniciativa privada.
Son tan gigantescos los recursos de esta empresa que sus sobornos pueden haber favorecido, también, a los ejecutivos de Codelco que se ven tan entusiasmados con este acuerdo. Así como a medios de comunicación y periodistas que no dejan de celebrar la noticia anunciada por el propio Jefe del Estado. Algo insólito si se recuerda lo que Boric declaraba en el pasado contra Ponce Lerou, como la posición asumida por las agrupaciones de izquierda antes de arribar al gobierno.
Lo cierto es que todo esto ha significado un gélido baño de realismo de parte de la cuestionada política chilena. Podríamos decir que ni la derecha o el mundo empresarial habrían imaginado tanta audacia. Con lo que se ratifica, una vez más, que sean los gobernantes de izquierda los que muchas veces cumplen con las más sentidas ideas de la derecha, como se trata de este acuerdo empresarial, y el reciente hecho de que los más importantes detractores de la Constitución de 1980 hayan propiciado y ganado un plebiscito para darle continuidad a la Carta Fundamental de Pinochet.
Seguramente para aliviar su mala conciencia y demostrar cierto pudor, los negociadores de este magno acuerdo empresarial han concordado que en los directorios de la nueva entidad minera se abstenga de participar el propietario mayoritario de Soquimich, Julio Ponce Lerou, o algún pariente suyo “hasta el segundo grado de consanguinidad”. Una cínica obligación que se impondría hasta el 2030.
Es así como un experimentado senador izquierdista, hace poco fallecido, se atrevió a declarar que el gobierno socialista de Ricardo Lagos había sido la mejor gestión de derecha de toda la posdictadura. Así como otros no podían dar crédito a que un Presidente de derecha como el de Sebastián Piñera se haya prodigado en tantos bonos en favor de la clase media y de los más pobres: Al tiempo de haber logrado con generosos recursos fiscales hacerle frente con éxito a la pandemia del Coronavirus. “Nadie sabe para quién trabaja” se llama ese antiguo juego.