Por: Iván M. García, Raúl Sánchez y María Isabel Magaña
Fotografía: Iván M. García
John Jairo Pérez regresa cada cierto tiempo a la parcela que tuvo que vender hace más de 15 años. Camina en silencio entre las plantas de banano que hay sembradas, con el rostro serio, y observa las pencas que van naciendo. “Ese tallo habrá que podarlo, si no, terminará tumbando la mata de al lado”. Se detiene bajo los gajos aún verdes. “Este lo recogerán pronto”.
Ronda los 50 años y llegó a la finca La Niña, en la región del Urabá, Colombia, en 1982, junto con otras 36 familias que andaban buscando tierra que cultivar. “La ocupamos respaldados por la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) y su política de recuperación de terrenos sin cultivar”, explica.
El EPL, desmovilizado en los años 90, promovió la invasión de parcelas en desuso en un país donde el 14% de los propietarios es dueño del 78% de las tierras, según la Universidad de los Andes.
“Yo cultivaba plátano”, apunta. “Además, aquí todos teníamos palos frutales: mangos, cocos, aguacates”. Hasta que en el 2000 llegó uno de los dueños de la compañía Bananeras de Urabá y miembro de una de las familias bananeras más importantes de Colombia, Felipe Echeverri, y le dijo que esas tierras eran de un comandante paramilitar que quería recuperarlas.
La región de Urabá, donde se instalaron las multinacionales bananeras a principios de siglo, ha sido durante décadas un polvorín. La ausencia del Estado propició que las guerrillas comunistas del EPL y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se movieran a sus anchas desde la década de los 70.
Extorsionaban y secuestraban a ganaderos y propietarios de grandes cultivos -principalmente bananeros- controlaban los sindicatos, se disputaban territorios y aprovechaban el corredor hacia el mar Caribe para introducir armas y financiarse con el tráfico de cocaína.
En respuesta a las guerrillas, entraron al tablero los paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), al margen de la ley y de la “lucha antisubversiva”, tal y como ellos sostenían. Y también las Convivir, cooperativas de seguridad privada –amparadas, legalizadas y armadas por el Estado- y auspiciadas por la agroindustria y la ganadería.
John Jairo cuenta que Echeverri lo convocó, junto con otros vecinos, en La Teca, una vereda cercana. Pero cuando los representantes de las familias llegaron a la reunión, se toparon con un grupo de paramilitares armados. Con Echeverri estaba Rafael García, uno de los principales líderes paramilitares que operaban en el Urabá, la estratégica bahía del Mar Caribe que forma parte de la ruta marítima hacia Panamá, México y Estados Unidos.
En la reunión, el bananero les dijo que si querían quedarse con las tierras debían pagar 10 millones de pesos (unos 4.800 dólares en la época) por hectárea. Los campesinos pusieron el grito en el cielo: ¿por qué pagar por unas tierras que llevaban años cultivando? “Entonces García se sacó el revólver del cinturón, lo puso sobre la mesa y dijo: esto se negocia hoy porque se negocia”, cuenta el campesino.
Finalmente, el precio quedó en 4 millones por hectárea -1.900 dólares-. Algunas familias entregaron las tierras y otras, como la de Pérez, se quedaron y trataron de pagar la cuota. “Pero un temporal se llevó nuestros cultivos, y no pudimos hacer frente a la deuda. Así que, al final, tuvimos que vender nuestras parcelas por mucho menos de lo que valían”, relata el campesino.
Hoy, 15 años después, John Jairo y el resto de las familias reclamantes siguen esperando una resolución judicial que les permita recuperar sus tierras. Pero el de La Niña no es un caso aislado. Hoy, miles de reclamaciones de tierras continúan aún por tramitar en la mayor región bananera de Colombia.
Juan Benito
Otro de los afectados por el episodio de La Niña. Benito era uno de los portavoces de los campesinos en la reunión de La Teca. Cuenta como el jefe paramilitar Rafael García dijo ante la fiscalía que desenfundó el revólver porque “le tallaba la cintura”. “En aquel entonces, esa era la Ley aquí. O uno hacía lo que le decían o le tocaba ir comprándose el cajón (ataúd)”, se lamenta.
Carmen Berrío
Reclamante de tierras en Los Mangos, Turbo. “Ahí vivíamos toda la familia hasta que nos tocó irnos cuando ellos llegaron”, explica sobre los encapuchados que llegaron a su finca armados con fusiles en 1995. Cuando regresó unos años después, la encontró llena de paramilitares. A la espera de una resolución judicial, todavía sigue recibiendo amenazas para que no siga reclamando su tierra. Enseña un pedazo de papel que le dejaron bajo la puerta como advertencia. “Son los nombres de toda la gente que mataron en Los Mangos y que yo conocía”.
José María Calle
Consiguió que le restituyeran sus tierras en Macondo, Turbo. En 1993 mataron a su hermano. En 1995, a su cuñado. En el 96, volvieron a matar a otro cuñado suyo días antes de recibir una carta, sin firma: “Desocupar la zona. Si no quiere tener problemas, ábrase”. Regresó a Urabá en 2005 para intentar recuperar su tierra. Tras un tira y afloja administrativo y judicial con los ocupantes, decidió reocuparla en 2010. Varios años de lucha que terminaron cuando recibió las escrituras definitivas en septiembre de 2016.
Los sectores bananero y ganadero en la región de Urabá financiaron sistemáticamente a grupos paramilitares para protegerse y desplazar a los campesinos de la región. Así, se aprovecharon del conflicto en la zona comprando tierras a muy bajos precios de agricultores que huían de la violencia.
Todavía, gran parte de las tierras donde se cultiva banano en Colombia siguen en disputa. Años después de que las grandes multinacionales del banano pusieran fin a su dominio en el país, el sector permanece en manos de un puñado de grandes productores, como Echeverri, que además controlan la comercialización del fruto.
La finca La Niña se ubica entre las miles de hectáreas plantadas en la región del Urabá. En el eje bananero de Urabá -municipios de Turbo, Carepa, Apartadó y Chigorodó- se concentran 34.000 de las casi 50.000 hectáreas de banano cultivadas en Colombia. Colombia es el cuarto mayor exportador de banano del mundo por detrás de Ecuador, Filipinas y Costa Rica. Más del 90% del banano colombiano termina en los supermercados de Europa y Estados Unidos.
Laombiano termina en los supermercados de Europa y Estados Unidos.
Las tierras robadas por los bananeros en Colombia – La tierra esclava