El 23 de enero de 1963, en plena vigencia del excluyente Frente Nacional, estalló en Santa Bárbara, Antioquia la huelga de los trabajadores de Cementos El Cairo. Desde antes del cese de actividades, el ejército había ocupado las instalaciones de la fábrica para actuar no solo como rompe-huelgas, sino para apoyar las labores de zapa de algunos esquiroles y transportar hasta Medellín el clínker, materia prima que se extraía para alimentar a Cementos Argos.
Santa Barbara, 1963, obra de Augusto Rendón
Eran tiempos de agitación laboral en el país, también de estado de sitio y de represión gubernamental a aquello que se denominaba “comunismo”, como decir, las luchas obreras y campesinas, las pugnas estudiantiles, las reivindicaciones sindicales por mejores condiciones de vida de los trabajadores. Se vivía el segundo mandato del Frente Nacional, a cargo de Guillermo León Valencia, el mismo presidente conservador que tiempo después de los sucesos de Santa Bárbara ordenaría el bombardeo con injerencia de Estados Unidos de vastas zonas campesinas, como el Pato, Guayabero, Marquetalia y otras. Aquellos sucesos serían una de las causas de la fundación de un grupo guerrillero, las Farc.
Lo que se llamaba entonces el “anticomunismo”, una de las características políticas y macartistas del Frente Nacional, tenía conexión directa con la represión a la protesta social, la declaración de ilegalidad de las huelgas de trabajadores, la intimidación a los obreros para que prescindieran de la sindicalización, los consejos verbales de guerra, entre otros numerosos mecanismos de coerción y restricción de las libertades públicas e individuales.
Los cementeros de Santa Bárbara, que habían cumplido con todas las etapas legales hasta la declaración de la huelga, advirtieron que no permitirían sacar las existencias de materiales de la empresa, porque esas acciones, ya premeditadas por el gobierno y los empresarios, debilitarían el movimiento huelguístico. Otra cosa muy distinta pensaban las autoridades, como el entonces gobernador de Antioquia Fernando Gómez Martínez; el ministro de Trabajo, Belisario Betancur, y los dueños de la fábrica.
La huelga transcurrió el primer mes en medio de la solidaridad de los campesinos, los habitantes de la zona, los sindicatos, como de la tensión causada por la presencia del ejército y la intransigente posición de la empresa y el gobierno de sacar a toda costa el clínker. Se estaba cocinando una acción de fuerza contra los trabajadores y su huelga. El 23 de febrero de 1963, a un mes de la declaratoria de huelga, ocurrió una de las más sangrientas represiones a los trabajadores en Colombia, ignominia que, como se sabe, no era nueva. En 1928 había ocurrido la espantosa masacre de las bananeras, en Ciénaga, Magdalena.
La matanza de Santa Bárbara parecía estar preparada de antemano. Aquel sábado 23 de febrero, al atardecer, el ejército, ante la carpa de los huelguistas, quiso sacar las volquetadas de material para conducirlas a Medellín. Esa había sido la orden oficial. Entonces, no solo los trabajadores sino otros habitantes, se opusieron. Y ahí comenzó la balacera de la soldadesca. Fueron asesinadas 12 personas: Pastor Cardona, Rafael Antonio González, Luis Ángel Holguín, trabajadores de Cementos El Cairo; Luis Ángel Ruiz Villada, trabajador de Cemento Argos; los campesinos Rubén de Jesús Pérez Arango, Joaquín Emilio Román Vélez y Luis Esteban Serna Villada; Jesús Román, José de Jesús Suaza, Juan María Holguín Henao, e Israel Antonio Vélez Díaz, habitantes de Santa Bárbara; y la niña María Edilma Zapata, de 10 años, estudiante de la escuela María Auxiliadora e hija del obrero y sindicalista Luis Eduardo Zapata.
Antes de la masacre, hubo una discusión entre los huelguistas y el comandante del operativo, coronel Armando Valencia Paredes, que les dijo a los trabajadores que tenía órdenes del gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, de transportar el clínker y el cemento “por encima de los muertos si fuera necesario”. Los trabajadores se tomaron la vía para no permitir el paso de las volquetas y se presentó la respuesta criminal del Estado. Desde el principio, según se lee en la tesis “La masacre de Santa Bárbara, 23 de febrero de 1963″, de Germán Andrés Jáuregui, la huelga de los cementeros no se trató de parte de las autoridades como un problema laboral, sino como un conflicto de orden público.
Los soldados también dispararon contra el cuerpo médico del hospital de Santa Bárbara, al percatarse que de las ventanas se estaban tomando fotografías. Luego de penetrar a la fuerza en la edificación, despojaron de los rollos fotográficos a los médicos Juvenal Rojas y Alberto Mondragón. Hubo persecuciones a campesinos, trabajadores, habitantes de la zona, por cafetales, montes y cañadas. El terror oficial se desparramó por esa parte de la geografía antioqueña.
Años después, el dramaturgo Jairo Aníbal Niño montó, con la Brigada de Teatro, una obra sobre la masacre de Santa Bárbara, que fue censurada en Medellín. A fines de la década del setenta, paredones de muchas partes de Antioquia aparecieron pintados con la consigna: “Belisario, asesino de los obreros de Santa Bárbara”. La matanza ocurrió hace sesenta años. Para no olvidar.
Reinaldo Spitaletta para La Pluma
Editado por María Piedad Ossaba
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