Entre 1978/1979, el “Plan de Reestructuración Jurídica del Estado”, que la dictadura militar del Consejo Supremo de Gobierno (1976-1979) impulsó desoyendo a los políticos tradicionales que vociferaban por una asamblea constituyente, organizó tres comisiones: la que elaboraría un nuevo texto constitucional, otra para proponer reformas a la Constitución de 1945 y la tercera para elaborar la primera Ley de Partidos, la de elecciones y la creación del Tribunal Supremo Electoral. Los dos proyectos de Constitución se someterían a un referendo (enero 1978), al que seguirían las elecciones para el Ejecutivo, Legislativo y gobiernos seccionales.
Ese inédito proceso fue sistemáticamente atacado por la clase política tradicional. Pero la población, por primera vez en la historia, aprendió y discutió cuestiones constitucionales y mayoritariamente aprobó la Nueva Constitución. Después, votó para presidente por Jaime Roldós Aguilera y por Osvaldo Hurtado Larrea a la vicepresidencia. Tanto la Constitución como el binomio triunfante, fueron atacados permanentemente de “comunistas”, de modo que todo el proceso de retorno a la democracia marcó un momento de derrota histórica de la clase política tradicional, las derechas, la oligarquía empresarial y sus fuerzas aliadas.
La Constitución de 1979 otorgó el voto facultativo a los analfabetos; por primera vez estableció un régimen de partidos políticos y el sistema de doble vuelta (ballotage); creó la Cámara Nacional de Representantes (unicameral); garantizó amplios derechos laborales y sociales. En materia económica mantuvo el “desarrollismo”, con planificación obligatoria; cuatro sectores de economía: estatal, privado, mixto y autogestionario o comunitario; y fijó “sectores estratégicos” (como el hidrocarburífero) exclusivamente en manos del Estado. Se comprenderá por qué las derechas económicas se lanzaron contra semejante “estatismo” y, además, contra los reformistas gobiernos de Roldós (1979-1981), primero y Hurtado (1981-1984), después. Por eso, el triunfo de León Febres Cordero y su gobierno (1984-1988) fue una arremetida contra el “comunismo” anterior; pero la Constitución no detuvo el inicio neoliberal del país, pues la correlación de fuerzas sociales y políticas se había modificado, favoreciendo el autoritarismo fulminante con el que obró la derecha más oligárquica del país, una vez en el poder.
El neoliberalismo ecuatoriano logró consagrar sus consignas en la siguiente Constitución: la de 1998. Nacida de una asamblea de notables, la nueva Carta tuvo disposiciones innovadoras en materia social, reconoció al país como “pluricultural y multiétnico”, dedicó un amplio capítulo a los pueblos indígenas y afroecuatorianos, reconoció tierras ancestrales, organización y relaciones comunitarias, patrimonio histórico, medio ambiente; además, unión libre, igualdad de género, atención a “grupos vulnerables”, la participación democrática, consulta popular, rendición de cuentas, revocatoria del mandato, iniciativa legal ciudadana, etc., avanzando así en principios, derechos y garantías. Pero en materia económica, aunque proclamó la “economía social de mercado”, disfrazó el neoliberalismo puro, introdujo las concesiones, traspaso de propiedades estatales, posibilidad de seguridad social privada, etc., como lo analicé detenidamente en un artículo publicado hace años (https://bit.ly/3BiWPw7). Las décadas de los 80, 90 e inicios del 2000 afirmaron el modelo empresarial-neoliberal y oligárquico.
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Como reacción a ese pasado, tan beneficioso a las elites privadas y sus aliados políticos, el triunfo de Rafael Correa (2007) implicó un cambio radical. Su gobierno articuló un proceso constituyente sui géneris: consulta popular para una asamblea constituyente, elección de asambleístas (alcanzó mayoría el progresismo); elaboración de la nueva Constitución; referéndum sobre esa Carta (obtuvo el apoyo mayoritario) y, finalmente, nuevas elecciones, en las que volvió a triunfar Correa y un congreso con amplia mayoría progresista. Fue un proceso atacado por las derechas económicas y políticas como “chavismo” y hasta “comunismo”, a las que se unieron, como nunca antes, los medios de comunicación hegemónicos.
La Constitución de 2008 amplió significativamente los derechos y garantías sociales, declaró al país “plurinacional”, proclamó el “Buen Vivir” (Sumak Kawsay) y los “derechos de la naturaleza”. En materia económica rompió con el “neoliberalismo” al recuperar capacidades del Estado e introducir: planificación, sectores estratégicos, sujeción del capital al trabajo, economía social y solidaria, soberanía económica, servicios públicos universales y gratuitos, redistribución de la riqueza mediante sistema tributario directo. Este tipo de economía social logró avances indudables durante la década del “correísmo” (2007-2017). Pero el “cambio de rumbo” operó desde el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), quien restauró el modelo empresarial-neoliberal sin que importe la Constitución (https://bit.ly/3QapJCT), bajo una nueva correlación de fuerzas, hegemonizada por un sólido bloque de poder oligárquico que controla el Estado hasta el presente.
CAMBIO DE RUMBO Ecuador: Economía y sociedad 2017-2021
El proceso constituyente de Chile ha seguido un camino comparable con Ecuador. Las aspiraciones sociales por enterrar la Constitución pinochetista de 1980 surgieron desde que se inició la fase de gobiernos democráticos en 1990. Se avanzó lentamente, de modo que lograron introducirse numerosas reformas, aunque sin topar el modelo económico neoliberal. Precisamente las impactantes movilizaciones de octubre 2019 fueron detonantes contra ese neoliberalismo y motivaron la articulación del proceso constituyente: plebiscito de entrada por una nueva Constitución (octubre 2020), que quedó a cargo de una Convención Constitucional (CC); elección de constituyentes (mayo 2021); elaboración de la Constitución y plebiscito de salida. Parecían triunfar las fuerzas progresistas, incluso por la elección del presidente Gabriel Boric en diciembre de 2021.
Sin embargo, el proyecto de Constitución, tildado de “radical” por los avances en materia de derechos, identidades y una serie de principios, comparables con los que ya formaban parte de las constituciones ecuatorianas de 1998 y, sobre todo, en la de 2008, no desmontó el neoliberalismo en materia económica, como sí lo hace la Constitución del Ecuador de 2008. Quien revise el proyecto chileno, encontrará que no hay un solo capítulo dedicado a la economía, que los artículos sobre el tema son escasos y generales, no se profundiza en cuanto a servicios públicos como educación, salud, seguridad social o vivienda, mas allá de las declaraciones teóricas y no fortalece capacidades estatales para garantizarlos, así como no topa, ni un milímetro, el tema de la redistribución de la riqueza mediante impuestos (solo hace una declaración de que serán “progresivos”), tampoco desmonta los tratados de libre comercio en favor de una economía soberana y deja igualmente “libre” al sector privado y a sus propiedades (https://bit.ly/3RmcNLv).
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Sometida al plebiscito, realizado el pasado 4 de septiembre (2022), el triunfo contundente e inesperado del rechazo (62%), en el que, paradójicamente, los sectores populares son los que más se expresaron por esta opción, ha resultado traumático en el país. Pero, desde luego, no puede interpretarse como afiliación a la Constitución “pinochetista” (de hecho, la vigente ya está bastante alejada, pues pertenece a la época de las reformas introducidas durante el gobierno de Ricardo Lagos, 2000-2006), sino como un rechazo a un proyecto que en nada alteraba el modelo neoliberal, tan perjudicial para Chile y que estuvo en la esencia de las movilizaciones que arrancaron en octubre de 2019. Por eso, al siguiente día del golpe político, son los mismos estudiantes los que han vuelto a las calles para exigir un nuevo proceso que apunte a liquidar el neoliberalismo. Es una demanda para volver a los orígenes, bajo un momento en el cual la correlación de fuerzas luce desfavorable a los sectores progresistas e implica, además, una reacción contra el gobierno de Boric, al que se critica por haber obrado en el marco de la “concertación” de noviembre 2019 y no de la rebelión de octubre. Tres intelectuales chilenos coinciden en puntos esenciales: el sociólogo Marcos Roitman aclara cómo el proceso quedó en manos de un CC que se apartó de las aspiraciones de cambio ; el historiador Sergio Grez, quien constantemente cuestionó los resultados de la CC, enfatiza en que la “casta política” dejó a un lado las demandas populares de octubre 2019, que tampoco se reflejaron en la Constitución; y el sociólogo Felipe Portales igualmente destaca las tibieza de la CC y de la misma Constitución (https://bit.ly/3d5E2eq).
En todo caso, Ecuador también ha demostrado que, por sobre las Constituciones progresistas y avanzadas, como las de 1979 y 2008, cuando hay gobiernos conservadores y, además, apuntalados por los grupos privados más poderosos, lo que se haya escrito en materia económica no importa para nada, porque se impone, si es necesario por la fuerza del autoritarismo y la represión (ahora también el “lawfare”), el poder neoliberal y oligárquico.