El plan reestructura 33.000 millones de dólares de deuda casi cinco años después de que Puerto Rico se convirtiera en el primer estado o territorio usamericano en declararse esencialmente en quiebra.
Una protesta en noviembre ante el tribunal federal de San Juan, donde un juez de quiebras estaba considerando un plan de ajuste de la deuda de Puerto Rico. Foto Carlos Giusti/Associated Press
MIAMI – Puerto Rico recibió el martes la aprobación de una jueza federal para salir de la bancarrota en el marco del mayor acuerdo de reestructuración de la deuda del sector público en la historia de Estados Unidos, casi cinco años después de que el territorio, con problemas financieros, declarara que no podía pagar a sus acreedores.
Desde que Puerto Rico entró en bancarrota, su crisis económica no ha hecho más que agravarse por los huracanes Irma y María, una serie de terremotos y la pandemia de coronavirus.
El plan de reestructuración reducirá la mayor parte de la deuda del gobierno de Puerto Rico -unos 33.000 millones de dólares- en aproximadamente un 80%, hasta los 7.400 millones de dólares. El acuerdo también ahorrará al gobierno más de 50.000 millones de dólares en pagos de deuda.
Y, aunque con un descuento, Puerto Rico comenzará a pagar a los acreedores, algo que no ha hecho en años. El gobierno dijo en 2015 que no podía seguir pagando sus préstamos.
“Hoy es realmente un día trascendental, y es un nuevo día para Puerto Rico”, dijo Natalie A. Jaresko, la directora ejecutiva de la junta de supervisión que ha supervisado las finanzas de Puerto Rico desde 2016, en una conferencia de prensa virtual el martes por la tarde. “Este periodo de crisis financiera está llegando a su fin”.
La junta no elegida, que fue creada por el Congreso, está lejos de ser bien querida en Puerto Rico, donde muchos de los más de tres millones de habitantes de la isla se refieren a ella como “la junta”. A los críticos les preocupa que Puerto Rico no tenga suficiente dinero en su fondo general para hacer incluso los reducidos pagos de la deuda a largo plazo, lo que eventualmente forzaría recortes económicos más dolorosos.
Cuando el territorio entró en bancarrota en mayo de 2017, tenía más de 70.000 millones de dólares en deuda de bonos y más de 50.000 millones de dólares en obligaciones de pensiones no financiadas con los trabajadores públicos. Las quiebras de otras entidades públicas, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, siguen sin resolverse.
Una empresa privada usamericana-canadiense, LUMA, se hizo cargo de la distribución y transmisión de la red eléctrica de la isla de la pública Autoridad de Energía de Puerto Rico el pasado verano. Desde entonces, se han producido apagones en toda la isla. Foto Erika P. Rodríguez para The New York Times
“El acuerdo, aunque no es perfecto, es muy bueno para Puerto Rico y protege a nuestros pensionistas, a la universidad y a los municipios que sirven a nuestro pueblo”, dijo el gobernador Pedro R. Pierluisi en un comunicado. “Todavía tenemos mucho trabajo por delante”.
La magnitud de la quiebra de Puerto Rico no se parece a nada visto antes en Estados Unidos. El territorio tenía más de 120.000 millones de dólares en deuda y obligaciones de pensiones, superando con creces la quiebra de 18.000 millones de dólares presentada por Detroit en 2013.
La jueza Laura Taylor Swain, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que presidió el caso de quiebra de Puerto Rico, señaló en sus conclusiones el martes que algunos acreedores se opusieron al plan de reestructuración. Pero también escribió que el plan “permitiría al Estado Libre Asociado prestar futuros servicios públicos y seguir siendo una entidad pública viable”.
La jueza Swain celebró largas audiencias sobre el plan en noviembre, incluyendo algunas en San Juan, la capital de Puerto Rico. Los manifestantes se reunieron fuera del tribunal federal cuando comenzaron las audiencias.
El martes, Julio López Varona, activista y director interino de la campaña del Centro para la Democracia Popular, una organización de abogacía de izquierda, atacó el acuerdo por considerarlo terrible para el puertorriqueño medio.
“Estamos hablando de más recortes presupuestarios, más compromiso de nuestros servicios y potencialmente subidas de tarifas como las que hemos visto en los últimos 10 años”, dijo, refiriéndose a las altísimas tarifas eléctricas de Puerto Rico. “Sabemos que es un acuerdo insostenible. Muchos, muchos economistas han dicho que Puerto Rico no está reduciendo lo suficiente su deuda. Es una receta para el desastre”.
José Caraballo-Cueto, economista y profesor asociado de la Universidad de Puerto Rico, dice que cuando una ley federal que da a las empresas extranjeras un incentivo fiscal para operar en la isla deje de aplicarse a finales de año, se traducirá en menos dinero para el fondo general del gobierno.
“Lo que está ocurriendo con el fondo general se traducirá en más medidas de austeridad para los servicios esenciales o en impuestos más altos para hacer los pagos”, dijo.
El martes, la junta de supervisión se opuso a esos argumentos y defendió enérgicamente el plan de reestructuración, que dice que el gobierno tiene suficiente para hacer los pagos de la deuda hasta 2034. David A. Skeel Jr., presidente de la junta, dijo que el plan era largo y complicado y que muchos de sus críticos probablemente no lo han leído.
“Esto es absolutamente sostenible”, dijo. “No va a provocar más recortes. Realmente creo que hay mucha impresión errónea por ahí”.
A principios de 2020 se había alcanzado un acuerdo anterior, pero tuvo que ser reelaborado después de que la pandemia de coronavirus causara estragos en la frágil economía de Puerto Rico, que en los últimos años ha dependido en gran medida de las exenciones fiscales federales y de los fondos de ayuda para desastres. El huracán María golpeó apenas unos días después del huracán Irma en 2017, devastando la isla.
Los activistas y los funcionarios electos obtuvieron una gran victoria en las negociaciones de reestructuración de la deuda a finales del año pasado, cuando la junta de supervisión dio marcha atrás en sus planes de recortar las pensiones de los profesores jubilados y otros trabajadores del gobierno. Esa propuesta fue rechazada de plano por los políticos de Puerto Rico. Muchos puertorriqueños temían que esos recortes agravaran la pobreza entre las personas mayores.
Johnny Rodríguez Ortiz, que pasó 31 años trabajando para la compañía eléctrica, ahora pasa cada miércoles por la mañana protestando frente a la sede de la empresa. Teme que el proceso de quiebra de la empresa le haga perder su pensión.
“El único camino que nos han dejado es la pobreza o la lucha en las calles”, dijo Rodríguez, de 73 años, de la ciudad de Sabana Grande, en el suroeste de Puerto Rico.
Los críticos también han exigido una auditoría de cómo se contrajo la gran deuda y han exigido que los responsables sean procesados o rindan cuentas.
Pero a pesar de toda la controversia que el plan de reestructuración ha suscitado en la isla, también ha trazado un camino a seguir -aunque no necesariamente fácil- tras años de limbo de la deuda.
Vista aérea de la Laguna del Condado en San Juan, la capital de Puerto Rico.Laurie Chamberlain. (Getty Images)
“El plan de reestructuración dará a los puertorriqueños un nivel de certeza de cuánto tendrá que pagar la isla anualmente y nos permitirá crear una política económica eficaz”, dijo Heriberto Martínez Otero, director ejecutivo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes de Puerto Rico.
El plan, añadió, también “inicia la cuenta atrás” para la salida de la junta de supervisión. La frustración por el poder de la junta fue tan intensa que cuando los puertorriqueños enfurecidos salieron a las calles para destituir al gobernador Ricardo A. Rosselló en 2019, a menudo coreaban: “¡Ricky, renuncia, y llévate a la junta!” (El Sr. Rosselló dimitió. La junta se quedó).
Para prescindir de la junta, Puerto Rico debe equilibrar los presupuestos durante cuatro años consecutivos y cumplir otros requisitos, como obtener acceso al mercado de crédito a tipos de interés razonables.
“Así que, como mínimo, la junta seguirá existiendo durante al menos tres años más”, dijo el Sr. Skeel. “Puede que sea un poco más que eso”.
Patricia Mazzei, Frances Robles y Coral Murphy Marcos
Original: Judge Approves Deal to Resolve Puerto Rico Bankruptcy
Traducido por Sancha P. Anzo
Fuente: Tlaxcala, 19 de enero de 2022
Traducciones disponibles: Français
Patricia Mazzei es la jefa de la oficina de Miami, que cubre Florida y Puerto Rico. Antes de incorporarse a The New York Times, fue redactora política de The Miami Herald, donde informó sobre las elecciones presidenciales de 2016, la diáspora cubana y los desastres naturales. Graduada por la Universidad de Miami, nació y creció en Venezuela, y es bilingüe en español.
Patricia Mazzei est la chef du bureau de Miami, couvrant la Floride et Porto Rico. Avant de rejoindre le New York Times, elle était rédactrice politique pour le Miami Herald, où elle a fait des reportages sur l'élection présidentielle de 2016, la diaspora cubaine et les catastrophes naturelles. Diplômée de l'université de Miami, elle est née et a grandi au Venezuela, et est bilingue en espagnol.
Frances Robles es una corresponsal nacional y extranjera con sede en Florida. Realiza reportajes de investigación y cubre noticias de última hora sobre diversos temas, como la corrupción, los tiroteos policiales, las catástrofes naturales, Centroamérica y las condenas injustas.
Frances Robles est une correspondante nationale et étrangère basée en Floride. Elle réalise des reportages d'investigation et couvre les nouvelles de dernière minute sur une série de sujets, notamment la corruption, les fusillades policières, les catastrophes naturelles, l'Amérique centrale et les condamnations injustifiées.
Coral Murphy Marcos es reportera de negocios de The New York Times
Coral Murphy Marcos est journaliste économique pour le New York Times.