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¿Qué se puede esperar de la visita de la CIDH a Colombia?

¿Qué se puede esperar de la visita de la CIDH a Colombia?

La CIDH tiene que balancear perspectivas e intereses políticos. Su delegación no va a poner a Duque en jaque ni viene a arreglar el país…

La visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia para investigar violaciones de derechos humanos ha despertado cierta esperanza entre algunos sobre el paro, el futuro de Duque y lo que viene en camino.

No es la primera visita de la CIDH a Colombia y el organismo ha enviado delegaciones a varios otros países de América Latina a lo largo de los años, siendo uno de los más recientes Chile. Teniendo en cuenta que no es un instrumento nuevo y podemos mirar qué pasó en otros casos, ¿qué se puede esperar de ellos y qué impacto tendrá su paso por el país?

Primero, debemos explicar brevemente lo que es la CIDH y su papel. Su propia página web explica más o menos bien su papel formal:

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington DC. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).

Y entre sus funciones está:

Promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas […] En cumplimiento de su mandato, la Comisión: 1. Recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alega que Estados Miembros de la OEA que han ratificado la Convención Americana o aquellos Estados que aún no la han ratificado [y] han violado derechos humanos.

Así, estas visitas son una parte integral y normal de sus funciones para investigar lo anormal.

La situación actual en Colombia no tiene precedentes en la historia reciente del país, pero sí los tiene en el continente. Los mismos manifestantes hacen referencia a Chile y emulan varios elementos de las protestas en ese país, como la Primera Línea, las Brigadas Médicas, etc. Así las cosas, ¿qué pasó cuando fueron a visitar a Chile?

Primero, la CIDH reconoce a Chile como un país que:

Cuenta con un sistema democrático y un Estado de Derecho con una sólida institucionalidad democrática y de derechos humanos. No obstante, el país enfrenta un profundo desafío para sus instituciones democráticas, en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para superarlo.

Lo más probable es que la CIDH diga algo parecido sobre Colombia ahora.

Como resultado de su visita, esta institución dio fe de todas las denuncias recibidas y el tipo de agresión por parte de los Carabineros de Chile, a la vez que condena las acciones ‘no pacíficas’ de los manifestantes. A su vez, criticó al Estado de Chile en los siguientes términos:

La CIDH observa que la respuesta del Estado frente a las movilizaciones se caracterizó por la represión mediante un uso desproporcionado de la fuerza y conductas repetitivas de violencia en contra de manifestantes que resultó en un número elevado de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Entre otros, [se] destacan detenciones masivas, la apertura de procesos penales y el envío al Congreso de un paquete de medidas legislativas para endurecer las penas de algunas modalidades de protestas, en particular las que se ejercen con violencia.

Sigue la CIDH con unas 20 recomendaciones al Estado chileno, entre ellas la reforma policial y otras banalidades como:

Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra forma, de acuerdo con los protocolos vigentes.

Si llegan a decir lo mismo sobre Colombia no será nada que no sepamos ya o que no hayan denunciado varios políticos y organizaciones sociales y de derechos humanos. Aquí no vienen a poner en orden a Duque, aunque, según el lenguaje empleado pueden contribuir al desgaste del régimen, si así lo deciden. No obstante, las experiencias pasadas en Colombia no son alentadoras en ese sentido.

La CIDH realizó una visita al país en 2012, cuando Juan Manuel Santos, quien como ministro de Defensa era el responsable de los falsos positivos durante el gobierno de Uribe, llevaba dos años en el poder. En ese momento, el organismo afirmó que:

A través de la presente visita, la CIDH ha podido valorar importantes avances en el desarrollo de la institucionalidad estatal dedicada a la protección de los derechos humanos. La Comisión valora y saluda el importante impulso que el Gobierno de Colombia ha dado a las políticas públicas en materia de derechos humanos y al fortalecimiento de la atención de las víctimas de violaciones y la protección de personas en riesgo, así como la significativa inversión en recursos tanto humanos como financieros que el Estado está realizando en estas áreas.

¿Alguien reconoce el país del que hablan? Narnia debe ser, pues el año siguiente Santos negó la existencia del paro agrario con su infame frase «el tal paro no existe» mientras mandaba al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía a atacar a los manifestantes ‘inexistentes’. Claro, esta visita se hizo a petición del mismo Estado y el informe se lee como un ejercicio de relaciones públicas a favor del incipiente proceso de paz con las FARC. Es de notar que durante todo el gobierno de Uribe la CIDH no vino al país ni por petición del Gobierno ni por el clamor de la gente. Quien sí vino al país en 2009 fue el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Phillip Alston, para investigar los falsos positivos. Describió los hechos que encontró y no como simples errores, pues a su juicio no lo eran, pero al mismo tiempo afirmó en términos muy claros:

No he visto ninguna prueba que indique que la comisión de esos homicidios formara parte de una política oficial o hubiera sido ordenada por altos funcionarios del Gobierno [ la negrilla no es del original]. Sin embargo, recibí informes detallados y creíbles de ejecuciones de ese tipo en todo el país, cometidas en numerosos departamentos y por un gran número de unidades militares diferentes. De mis investigaciones se desprende claramente que los miembros de las fuerzas de seguridad de Colombia han cometido un número considerable de ejecuciones ilegales y que el cuadro sistemático de falsos positivos se ha repetido en todo el país. Ha habido demasiados asesinatos de carácter similar para caracterizarlos como incidentes aislados perpetrados por apenas algunos soldados o unidades renegados, o ‘manzanas podridas’.

Así, ¿qué va a decir la CIDH? Pues, naturalmente, algo parecido: que son asesinatos a manos de distintas unidades y que se requiere una reforma de alguna u otra cosa, y el fortalecimiento del Estado de derecho.

Vale recordar qué pasó luego del informe de Alston: poca cosa. Los avances que hubo fueron producto de las largas luchas de las víctimas, no de la implementación de alguna de las recomendaciones del relator. ¿Y qué pasó con los responsables políticos de esos crímenes? Pues, Uribe sigue montando caballo en su finca y manejando la presidencia a través de Twitter o de sus emisarios, entre ellos sus propios hijos. ¿Y su ministro de Defensa, quien pagaba a los soldados por cada cadáver entregado? Pues, Juan Manuel Santos se convirtió en presidente, gracias al apoyo de varios de los que hoy lamentan los asesinatos cometidos durante el paro.

Alston era un funcionario bastante neutral y, aun así, no pasó mayor cosa.

La CIDH tiene que balancear perspectivas e intereses políticos. Su delegación no va a poner a Duque en jaque ni viene a arreglar el país. El futuro del país está en las manos de la gente en la calle, no en las elecciones del año que viene y mucho menos El futuro del país está en las manos de la gente en la calle, no en las elecciones del año que viene y mucho menos en el informe de la CIDH.

 

Editado por María Piedad Ossaba

Publicado por El Turbion, 11 de junio de 2021