Desafíos para las próximas elecciones en Colombia

La izquierda colombiana se prepara ya para las próximas elecciones presidenciales en 2022. Las propuestas de su programa son suficientes al menos como punto de partida hacia transformaciones de mayor calado. Para que este propósito sea factible se requiere la formación de un amplio frente de fuerzas políticas partidarias de las reformas que movilicen a las urnas a mayorías suficientes para garantizar una presencia decisiva también en el poder legislativo; se requiere sobre todo que el movimiento popular de protesta que se ha intensificado en los años recientes asuma ese programa como propio y alcance un nivel de organización de suficiente entidad.

Ese respaldo popular es la base social a un cambio que, unido a la efectiva voluntad política de quienes gobiernen, posibilite no solo la aplicación estricta del Acuerdo de Paz sino todo un conjunto de reformas que den comienzo a la superación del actual modelo neoliberal, un modelo que es mucho más que una forma de economía pues afecta a todo el orden social y hasta consigue formar una cultura de individualismo feroz y patológico, enemiga jurada de los principios indispensables de la solidaridad social.

Además de la efectiva voluntad política del gobernante se requiere asegurar los recursos. El país cuenta, por fortuna, con un capital humano suficiente; no así en lo relativo a los recursos materiales. Sin embargo, si existe la posibilidad real de adelantar medidas que garanticen recursos suficientes. Habría que comenzar por ordenar el gasto público de manera completamente diferente así como el propósito de incrementar substancialmente los ingresos del Estado. No es posible que el país continúe dedicando un porcentaje tan desmesurado de su gasto a la guerra si uno de los objetivos centrales de un nuevo gobierno es precisamente poner fin realmente al conflicto interno. Parece mucho más racional tener unas fuerzas armadas mucho más pequeñas (las de hoy rondan el medio millón de efectivos para un país de cerca de 48 millones de habitantes) y sobre todo más capacitadas para hacer frente a una agresión externa (que es su misión principal según la Carta Magna). Cancelar el servicio militar obligatorio y desplazar parte de los militares profesionales a otros ministerios será una solución adecuada y disminuiría mucho la tensión en los cuarteles y su muy probable oposición a este tipo de medidas. También es absolutamente necesario combatir a fondo la corrupción (sobre todo en obras públicas), una verdadera plaga incompatible con la necesidad de construir un Estado moderno y democrático; todo ello daría al nuevo gobierno unos recursos adicionales nada desdeñables.

Buena parte de los ingresos del Estado se van a satisfacer la deuda externa. Es decisivo que la reforma suponga un cambio radical en la política de endeudamiento porque ésta constituye una de las formas más perniciosas de relación con el capitalismo internacional, la expresión quizás más aguda del imperialismo moderno.

Por fortuna hay estrategias de corrección y superación suficientes; solo hace falta voluntad política para aplicarlas y dar fin a uno de los problemas más graves del país porque su pago supone un desangre inmenso en las cuentas públicas y limita grandemente la capacidad de actuar del gobierno. En efecto, hay experiencias exitosas de países que han sometido la deuda externa a una nueva negociación, consiguiendo condiciones favorables y en algunos casos se ha llegado inclusive a desconocer deudas que estaban cargadas de ilegalidades. La legislación internacional posibilita estos procedimientos aunque lógicamente será la correlación de fuerzas que se consiga generar la que lo haga factible. Los acreedores principales (bancos y gobiernos metropolitanos, organismos económicos internacionales y otros similares) tienen un gran poder y si el nuevo gobierno desea aliviar la carga de la deuda y poder disponer de más fondos para sus planes reformistas tendrá que maniobrar muy hábilmente y hacer real el principio de la soberanía nacional en un escenario mundial en el cual las leyes se cumplen si se tiene fuerza para imponerlas. El margen de maniobra no es muy amplio pero existe y de lo que se trata es de usarlo de la manera más adecuada. No es necesario excluir por completo el endeudamiento externo pero sí lo es diseñar una política de generación propia de recursos que deje la financiación internacional como un complemento. En esta misma dirección opera la necesaria reforma fiscal así como el combate a la evasión de impuesto y a la fuga de capitales. Se trata entonces no solo de reordenar el gasto público sino de generar nuevas fuentes de un ingreso más sano y que sobre todo que sirva de base al ejercicio real de la soberanía nacional.

Desde esta misma perspectiva sería necesario subrayar la necesidad de apostar ya por un nuevo proteccionismo como instrumento clave en la defensa del trabajo nacional. No se trata por supuesto de proponer la autarquía sino de buscar mecanismos que aseguren, para comenzar, la soberanía alimentaria. Es indispensable adelantar una política exterior esencialmente diferente a la actual; revisar a fondo los acuerdos comerciales sería un primer y decisivo paso. Se trataría de impulsar algún tipo de desarrollismo, un modelo que a pesar de sus grandes limitaciones en Colombia ha permitido no obstante el proceso de urbanización, el acceso desigual del país a la modernidad. Es indispensable impulsar la producción nacional de bienes de consumo y defender el actual tejido productivo aunque se mantenga por un tiempo la necesidad de importar los equipos necesarios para su elaboración. El objetivo deseable es producir en el país esos equipos necesarios para producir los bienes de consumo. Se trataría, en algunos aspectos, de retomar la industrialización clásica, nunca asumida realmente en el país como objetivo central del desarrollo, al mismo tiempo que incursionar en las nuevas tecnologías superando el modelo neoliberal que repite aquí aquel reaccionario adagio español de “que inventen ellos”. Es indispensable rechazar enfáticamente a los modernos Florentinos González, aquel agente criollo del imperialismo británico en el siglo XIX que sostenía que los pueblos del norte del planeta (Europa, en particular) estaban destinados por la Providencia a producir los medios complejos del industrialismo mientras al sur le estaba reservada la producción “natural” de materias primas, minería y productos agrícolas (el “extractivismo” de entonces).

Proponer un nuevo proteccionismo (al cual, de hecho, las naciones metropolitanas jamás han renunciado realmente) no es más que una medida de legítima defensa. Cuando la izquierda y las fuerzas reformistas proponen en sus programas un modelo educativo moderno, público, universal y gratuito, es necesario subrayar que el fundamento de ese nuevo sistema educativo no es otro que un sistema de investigación básica y aplicada que permita al país salir del atraso y alcanzar un puesto digno en el concierto de las naciones. Tampoco se trata de proponer objetivos desmedidos que convertirían a Colombia en una potencia mundial pero sí de avanzar en todo lo que sea factible. Sin ir más lejos, la actual pandemia del coronavirus pone de relieve la importancia de tener no solo un sistema público de salud de suficiente solvencia sino centros de investigación básica y aplicada que permitan alcanzar algún grado de independencia en este asunto. Los avances de los investigadores cubanos y de otros países de desarrollo medio como España serían un buen ejemplo de que sí es posible un grado mayor de autonomía en un tema tan trascendental. La integración de Latinoamérica permitiría ampliar esos horizontes en la industria farmacéutica y en las nuevas tecnologías, indispensables para alcanzar la industrialización necesaria y no ser simples economías de complemento, prescindibles y atrasadas.

Cuando el gobierno de Morales en Bolivia decidió que el litio (el país tiene el mayor depósito del mundo de este estratégico metal) no se vendería como materia prima sino como producto procesado, con suficiente valor agregado, mostró el camino a seguir. No sorprende que tantos analistas del golpe de la derecha vean actuando a la mano siniestra de las grandes multinacionales que están tras el litio; ahora tendrán que negociar con el nuevo gobierno democrático del país andino que mantiene la estrategia que empezó Morales y fue abolida por los golpistas.

La integración regional es otro de los temas que merecería mayor énfasis en los programas electorales de la izquierda colombiana. Las experiencias de la integración regional no son precisamente muy halagüeñas pero la necesidad de buscar conjuntamente nuevas relaciones es evidente. Lo real es que ha terminado la hegemonía de Occidente con la irrupción de otras potencias emergentes en el escenario mundial. Los lazos tan estrechos que Colombia tiene con Estados Unidos (y con la Unión Europea) se pueden convertir en elementos de enorme incomodidad si un nuevo gobierno intenta impulsar reformas como las anotadas. Pero alcanzar una mayor capacidad para limitar esa dependencia tan aguda de Washington si es posible. Basta constatar cómo Brasil o Argentina han multiplicado sus relaciones comerciales con Rusia y China al menos en aspectos comerciales. De hecho, esas nuevas potencias hacen ya presencia importante en el continente dando a un nuevo gobierno de progreso en Colombia la oportunidad al menos de multiplicar sus socios comerciales. No gustará a Estados Unidos pero por lo visto es poco o nada lo que pueden hacer para evitarlo.

Juan Diego García para La Pluma

Editado por María Piedad Ossaba