La guerra yanqui contra el periodismo: Assange lucha contra la extradición en un tribunal británico

Hoy, 7 de septiembre, la farsa de juicio que se celebra en Londres sobre la extradición del editor de WikiLeaks Julian Assange a los EE.UU. ha comenzado. Fiscales usamericanos afirman que la publicación por parte de Assange de pruebas de crímenes de guerra perpetrados por EE.UU. ha violado la Ley de Espionaje de este país.

Se escapa a mi entendimiento por qué un editor australiano que trabajaba desde Europa y que publicó abiertamente pruebas veraces de crímenes de guerra debería ser culpable en virtud de una ley política usamericana.

El juicio ante el tribunal británico es nominalmente público. Pero su acceso ha sido severamente restringido. Escribe Craig Murray:

La galería pública ha sido reducida a de 80 plazas a nueve “debido a la Covid”. Cinco de estas plazas están reservadas para la familia y amigos de Julian -uno de estos es el que ocupo yo hoy- pero no están garantizadas más allá de eso. Sólo hay cuatro asientos para el público en general.

Los periodistas y las ONG seguirán la audiencia en línea, pero no todos: sólo podrán hacerlo los periodistas y las ONG “aprobados”, seleccionados por el orwelliano Ministerio de Justicia. Anoche cené con algunos seguidores de Assange pertenecientes a alguna de las ONG registradas, ninguno de los cuales había recibido el “aprobado”. Yo mismo había presentado mi solicitud como representante de Hope Over Fear, pero fue rechazada. Es la misma historia de los que solicitaron el acceso en línea como periodistas: sólo los oficialmente “aprobados” podrán observar.

Se supone que es una audiencia pública, a la que en tiempos normales cualquiera debería poder entrar directamente de la calle a la gran galería pública, y cualquiera con una tarjeta de prensa podría acceder a la galería de prensa. ¿Cuál es la justificación de la selección política de quiénes pueden observar? Se ha establecido un sistema extraordinario en línea, en el que sólo a los observadores que gozan del favor del Estado se les asigna “salas” en línea en las que sólo se permite la presencia de la persona identificada. Ni siquiera las organizaciones autorizadas van a poder disponer de una clave de acceso que pueda utilizar cualquiera, ni siquiera uno a la vez. Sólo determinadas personas específicamente designadas tienen acceso antes de que se inicie el procedimiento, y si su conexión se interrumpe en algún momento no podrán volver a conectarse ese día.

Hay cerca de 40 ONG, incluida Amnistía Internacional, a las que se les había comunicado que tendrían acceso a distancia al juicio, pero hoy la juez ha revocado ese acceso sin dar ninguna razón para ello.

Sólo unos pocos reporteros seleccionados y conformes al sistema pueden observar el proceso, con lo cual el público va a recibir una imagen muy sesgada del caso y del juicio.

En este momento todos los periodistas del mundo deberían estar en pie de guerra, protestando por los abusos que está sufriendo y ha sufrido Assange, y por el destino que le espera si se aprueba la extradición. Deberían estar protestando en las primeras paginas y en los programas de noticias de televisión contra los interminables y flagrantes abusos del proceso legal en las audiencias de Assange en los tribunales británicos, incluyendo el grave conflicto de intereses de Lady Emma Arbuthnot, la juez que ve su caso.

[…]

No es indispensable que los periodistas se preocupen por Assange o sientan simpatía por él. Tienen que alzar la voz en protesta porque la aprobación de su extradición marcara la muerte oficial del periodismo. Significará que cualquier periodista en cualquier lugar del mundo que descubra verdades embarazosas sobre los Estados Unidos, que descubra sus secretos mas oscuros, tendrá que callarse o arriesgarse a ser encarcelado por el resto de sus días.

Esta perspectiva debería aterrorizar a todos los periodistas. Pero no ha tenido tal efecto.

La gran mayoría de los periodistas occidentales, por supuesto, nunca en toda su carrera profesional descubren un secreto de alguna significación de los centros de poder, ni siquiera aquellos periodistas aparentemente especializados en esos centros de poder. Estos periodistas se dedican a remodelar los comunicados de prensa y las informaciones de los grupos de presión, a alimentarse de fuentes gubernamentales que los utilizan como filtro hacia las grandes audiencias que dirigen, y a transmitir chismes y comentarios más o menos picantes obtenidos en los pasillos del poder.

Esa es la realidad del periodismo “de acceso” que constituye el 99 por ciento de lo que llamamos noticias políticas.

La renovada pero “políticamente correcta” información sobre el fundador y editor de WikiLeaks será también la repetición de una serie de falsas acusaciones ya conocidas contra Assange.

Caitlin Johnstone ha publicado una útil refutación completa de las 31 difamaciones más utilizadas contra Assange, y también ofrece consejos apropiados sobre cómo derrotar otros argumentos utilizados en su contra.

Kevin Gosztola ha hablado con Barry Pollack, el abogado de Julian Assange en EE.UU., quien hace un esbozo de la acusación que el Gobierno usamericano está preparando:

La posición que está tomando EE.UU. se basa en que tienen jurisdicción en todo el mundo y pueden presentar cargos penales contra cualquier periodista en cualquier lugar del planeta, tanto si son ciudadanos de EE.UU. como si no. Pero si no son ciudadanos usamericanos, no solamente pueden presentar cargos contra ellos, sino que esas personas no tendrán derecho a defensa acogiéndose a la Primera Enmienda[1]. Queda por ver si un tribunal de los EE.UU. aceptaría esa posición, pero esa es ciertamente la posición que el Gobierno está tomando.

En los casos que se han presentado bajo la Ley de Espionaje hasta la fecha, los esfuerzos para presentar impedimentos a la Primera Enmienda han sido infructuosos. En general, los tribunales no han permitido o apoyado dichos impedimentos. Pero se trataba de casos en los que el acusado era el filtrador de la noticia, no el editor que la publicó.

Este caso es único. El gobierno de EE.UU. nunca ha intentado acusar a un periodista o a un editor amparándose en la Ley de Espionaje.

Los argumentos de la defensa contra la extradición de Gran Bretaña a los EE.UU. son los siguientes:

El equipo de la defensa, encabezado por Edward Fitzgerald QC[2], aduce que el procedimiento de extradición equivale a un abuso de procedimiento en tres categorías separadas pero superpuestas:

1. La solicitud pide la extradición por lo que es un “delito político” clásico. […]

2. El enjuiciamiento se lleva a cabo por motivos políticos ulteriores y no de buena fe. […]

3. En la solicitud se tergiversan fundamentalmente los hechos a fin de situar este caso dentro de los límites de un delito de extradición; tanto al tergiversar que Julian Assange ayudó materialmente a Chelsea Manning a acceder a información de seguridad nacional como al tergiversar que hubo una divulgación imprudente de los nombres de determinadas personas. […]

Hay argumentos adicionales por los que la solicitud de extradición debe ser rechazada por el tribunal británico. Pero no es probable que el tribunal acepte ninguno de ellos. No hay muchas dudas sobre el probable resultado del juicio:

A juzgar por la primera semana de audiencias en febrero en el Woolwich Crown Court, todos los indicios apuntan a que ya se ha tomado la decisión de extraditar a Assange, y que las próximas tres o cuatro semanas serán simplemente una selección, por parte de la justicia, por las mociones que hagan parecer que el editor de WikiLeaks esta teniendo un juicio justo.

Después de la actual ronda de audiencias de extradición todavía pasará algún tiempo hasta que el sistema judicial británico llegue a una decisión final:

La Juez de distrito Vanessa Baraitser es probable que tarde semanas o incluso meses en considerar su veredicto, y la parte perdedora probablemente apelará.

Es una lástima que primero el sistema judicial sueco y luego el británico se hayan dejado convertir en secuaces en un enjuiciamiento fundamentalmente injusto de un periodista que ha sacado a la luz más crímenes que cualquier otra persona viva.

NdT

[1] Primera de las diez enmiendas de la Carta de Derechos (Bill of Rights), introducida en 1791, a la Constitución de EE.UU., que garantiza la libertad de expresión, prensa y reunión.

[2] Queen’s Counsel, una categoría de letrados propia de los países de la Commonwealth.