El Banco Mundial acaba de proyectar que la economía ecuatoriana, junto con México, será la más golpeada de América Latina: el PIB decrecerá 6%, cifra superior al promedio regional (-4,8%). Desde que inició la crisis sanitaria, el Gobierno de Ecuador fue prolijo en anunciar más austeridad y pagar la deuda externa, pero pasó seis semanas en estado de postración para definir un plan económico. Finalmente, el 12 de abril, el ministro de Finanzas, Richard Martínez[1], continuando y modificando lo anunciado por Lenín Moreno, bosquejó al país su plan económico (ver tabla 1). Mientras el mundo entero abraza al keynesianismo, el ministro de Ecuador va a contracorriente y propone un coctel de austeridad e impuestos que pone el peso de la crisis sobre los trabajadores públicos, sobre los trabajadores privados y, en menor medida, sobre las grandes empresas. ¿Puede tener éxito el plan de Martínez, o Ecuador se convertirá en la Grecia de América Latina?
Un diagnóstico errado
Tanto el Gobierno como la izquierda ecuatoriana están errando en el diagnóstico de la crisis económica. Mientras la derecha y el Gobierno buscan que se difieran o perdonen tributos y salarios, la izquierda busca prohibir despidos y mayor esfuerzo tributario inmediato a las grandes fortunas. En ambos casos hay una mala codificación de la problemática. Hay que partir de la idea de que ésta no es una crisis convencional que se dirime entre quién pagará el esfuerzo ¡Este no es el caso en el corto plazo! Vivimos una crisis diferente e inédita; una crisis de liquidez doble: (i) una crisis de liquidez interna que ha roto la cadena de pagos, porque los trabajadores no pueden ir a producir y los consumidores no pueden consumir. (ii) una crisis de liquidez externa, porque se perdió la única fuente de dólares (exportaciones) que sostenía a la dolarización. Todo se asemeja a un escenario de guerra para la economía de Ecuador.
La referencia a la doble crisis de liquidez es el efecto dominó de un sistema de pagos. Toda economía capitalista se define como un encadenamiento de deudas simultáneas; todos los agentes deben a alguien y al mismo tiempo alguien les debe. Las empresas deben a los trabajadores, los trabajadores deben a los proveedores de alimentos, las empresas deben a los bancos y al Estado, y éste también debe a la banca y a sus ciudadanos. Si una deuda entra en impago, el sistema se viene abajo como dominó. En estos momentos, la secuencia de pagos de deudas se está rompiendo y estamos a muy poco tiempo de que los agentes se declaren en moratoria de sus obligaciones. Cuando se produce un cortocircuito generalizado en los pagos se detona automáticamente una grave crisis de liquidez interna; deja de existir suficiente dinero en la economía para solventar esas deudas. Si a esta anemia de dinero interna sumamos la pérdida de dólares por exportaciones (reservas internacionales), lo que hay es una severa crisis de pagos internos y externos.
Si las empresas no pagan tributos y salarios, el Estado y los hogares colapsarán, arrastrando la demanda agregada y quebrando a la empresa a su paso. En el otro caso, si se pide un esfuerzo inmediato a los privados, también se profundizará la crisis de no pago de empresas y hogares, por lo que no tendremos impuestos de donde financiar el gasto público. En ambos casos llegaremos al mismo desenlace: desempleo y pobreza.
Es por eso que, en este momento de máxima emergencia, no sirve de nada tratar de quitar de un bolsillo y ponerlo en el otro, indistintamente cuál sea el bolsillo público y cuál el privado. La clave para evitar el colapso es que alguien incurra en un déficit extraordinario, cree la liquidez suficiente y cubra esas deudas temporalmente para que se restablezca el circuido de pago y repago. El único que puede hacerlo es el Estado.
Crisis inédita, soluciones extraordinarias
El Gobierno prácticamente está resignado a llevar al país a la crisis generalizada. La política económica comienza a dar tumbos. De un sitio a otro, sin saber qué es lo mejor. Al mismo tiempo, el Gobierno propone incentivos a los privados, impuestos a los hogares y profundiza la austeridad; no advierte que el equilibrio fiscal es extraer recursos al sector privado. Piensa que hay que recortar por un lado y gastar más en salud por el otro. Nuevamente, sin un rumbo claro. De nuevo, será un fracaso porque, como dijimos, en estos momentos no es cuestión de pasar de un bolsillo al otro; es cuestión de crear liquidez doméstica y sostener la fuga de divisas para frenar la iliquidez externa y, así, evitar que se interrumpa el circuito de deudas. Por ende, la única salida de cortísimo plazo consiste en:
- Solucionar la liquidez doméstica mediante: a) un sobregiro del Banco Central y la banca pública hacia al Gobierno para financiar los salarios por 3 meses de todos los trabajadores (formales e informales). [2] b) Imponer tasas y montos extraordinarios de colocación de crédito a la banca privada para que complemente al crédito público.
- Solucionar la liquidez externa mediante: a) una restricción de las importaciones suntuarias, como vehículos. b) Renegociación de la deuda externa con todos los multilaterales y con acreedores privados; c) Repatriar los activos en el exterior de ecuatorianos, tanto hogares, empresas y sector financiero.
Es urgente actuar rápido; actuar tarde es lo mismo que no hacerlo. Cuando la economía colapsa es mucho más difícil restablecer el estado original. Por eso en estos momentos es necesario invertir mucho sin mirar el déficit fiscal
Los impuestos no son una solución en el corto plazo. La única forma de dotar de liquidez y evitar la quiebra es creando crédito público y privado (no menor al 10% del PIB). Se necesita que el Gobierno central contrate crédito extraordinario y canalice mucho microcrédito para que los pequeños puedan sostener su producción y los consumidores puedan seguir consumiendo. La pregunta que surge es, ¿cómo financiar ese estímulo?
¿Cómo se paga el crédito?
Conceder crédito no tiene ninguna restricción física. La banca privada crea dinero de la nada sin la necesidad de tener una porción abultada de depósitos. Así es como funciona la banca de reserva fraccionaria (encajes). Si la banca privada lo hace todo el tiempo, ¿por qué el Estado no? No existe razón para esa diferencia. En este momento se deben relajar estas preocupaciones, porque dejar que la crisis se profundice es más peligroso para el sistema financiero que la supuesta fragilidad del crédito público.
En una segunda fase se deberá discutir cómo devolver el préstamo al Banco Central, que deberá ser repagado con impuestos. Los microcréditos a empresas deben ser concedidos a bajas tasas y amplios plazos para que la deuda pueda ser gestionada y repagada sin que produzca un nuevo episodio de iliquidez. Pero esto será solo una vez haya pasado la fase crítica, no ahora.
Richard Martínez propone un plan que durará 12 meses en terminar de ser implementado, por un monto irrisorio. Cuando se termine de recaudar esa poco significativa cantidad de impuestos, la economía ya habrá perdido miles de empleos; tantos que ni podrán recuadrar la recaudación extra. Por eso es urgente un crédito que permita transitar el 2020 con el menor impacto.
Sólo una vez que las empresas estén a salvo de la quiebra, gracias al crédito y el salvataje del Estado, se deberá definir cómo recuperar el aporte del Estado vía un impuesto extraordinario. Una vez pase lo peor, y solo ahí, se debe definir la prelación del esfuerzo de ricos y pobres. Primero creo la liquidez, luego la redistribuyo.
Notas
[1] Quién es Richard Martínez: https://www.celag.org/el-nuevo-gobierno-empresarial-en-ecuador/
[2] https://www.celag.org/cuanto-cuesta-evitar-el-desempleo-en-america-latina/
Nicolás Oliva y Jameson Mencías
Editado por María Piedad Ossaba
Fuente: CELAG, 20 de abril de 2020