La democracia chilena tiene sus bases asentadas en una Constitución dictatorial. Es una de las grandes verdades que incomoda a los sectores más poderosos en la nación austral y a la clase política que los representa. El pueblo, sometido durante décadas a unas leyes hechas a la medida del fallecido dictador Augusto Pinochet, se levantó a finales de 2019 en unas protestas que rechazaron el aumento del transporte público y llegaron al punto culminante de exigir una nueva Carta Magna.
La deuda la han heredado e ignorado varios gobiernos “democráticos” y aunque finalmente la administración de Sebastián Piñera torció el brazo, hay razones para creer que el resultado del nuevo texto constitucional, no llenará las expectativas del pueblo chileno. VTactual conversó con el analista político venezolano de origen chileno, Sergio Rodríguez Gelfenstein, cuya familia se instaló en el país caribeño desde los años sesenta.
El camino que condujo hacia una nueva Constitución
Muchos fueron los gobiernos chilenos que coquetearon con la idea de modificar la Constitución dejada por Pinochet, incluso Michelle Bachelet convirtió esa idea en oferta electoral que nunca cumplió. Pero al parecer el tiempo ha llegado. Aunque Sergio Rodríguez Gelfenstein opina que es prematuro hablar de un cambio de Constitución en Chile, reconoce que “los factores que condujeron a que se produjera toda esta situación, tienen que ver con el agotamiento de los sectores populares de un modelo progresivamente excluyente”.
“Mucha gente se pregunta por qué todo esto (el estallido social) ocurre ahora y no antes. La razón es que se han cumplido 30 años de la aplicación del sistema de pensiones instaurado por la dictadura y la gente se ha comenzado a jubilar y se da cuenta de que cobra una miseria”, reconoció el analista, quien estima que este problema transversaliza a toda la sociedad, por lo que se han sumado estudiantes y trabajadores que generaron una tremenda presión social.
Para Rodríguez, esta presión social hizo que el gobierno de Piñera, “en búsqueda de su salvaguarda y la salvaguarda del sistema, intente estos mecanismos de hacer cambios cosméticos a la Constitución sin producir un cambio total”. Opina que el gobierno chileno aprovecha el amparo que le da la actual Constitución “para poder poner impedimentos” para que se haga efectivamente un cambio radical en la Carta Magna.
Dos métodos, mismo propósito
Si los chilenos aprueban cambiar su constitución, tendrán dos opciones para hacerlo: a través de una Convención Constitucional o de una Convención Mixta Constitucional. Rodríguez Gelfenstein estima que en cualquiera de los casos, la voluntad del pueblo será burlada. “Todo lo que ha hecho el gobierno es para burlar al pueblo. Y no solo el gobierno, la oposición de derecha que ha gobernado también después de la dictadura hoy han conformado un bloque único de poder que se ha puesto de acuerdo para imponer la voluntad de las élites, entendiendo que el diálogo y una nueva Constitución no son la vía, sino la represión del pueblo”, manifestó.
Para el analista político las dos opciones para conformar las convenciones que redactarían una nueva Constitución, están viciadas, pues representan los intereses de las élites dominantes. Piensa que se han puesto de acuerdo “para contener el impulso de la lucha popular”, sin que ello apunte a dar solución a las reformas estructurales que el pueblo está exigiendo. “El pueblo en la calle está reclamando crear una Asamblea Constituyente originaria que dé origen a una nueva Constitución y no que solamente se hagan reformas cosméticas a la Constitución pinochetista para que se consolide el pinochetismo sin Pinochet”.
Parir la nueva o remendar la vieja
“La Constitución de Chile es legal pero no es legítima”, asegura Sergio Rodríguez Gelfenstein y justifica su sentencia al recordar que “esa Constitución fue aprobada en un momento en el que imperaba el terror de la dictadura, no había un ente electoral, partidos políticos prohibidos, los sindicatos estaban prohibidos, represión, asesinato, tortura y muerte. El poder legislativo estaba en manos militares y no habían garantías de ningún tipo”.
Basándose en ello, Rodríguez evalúa el carácter ilegítimo de la actual Constitución chilena, que la actual oposición concertadora “intentó legitimar cuando el propio ex presidente (Ricardo) Lagos le dio su apoyo, así como se lo han dado todos estos gobiernos”. Estima que el modelo que instaura la Constitución de Pinochet, es un modelo que excluye a las grandes mayorías y que tiene por meta privatizarlo todo en agravio del pueblo, desapareciendo así al Estado. “Las grandes decisiones del país las toman los empresarios y el pueblo tiene menos acceso a la educación, la salud, la vivienda y una vida digna. Es un sistema que se mantiene porque lo apoyan los militares y los carabineros con su herencia pinochetista con su doctrina de Seguridad Nacional, que sostiene que el enemigo es el pueblo”.
Estima Rodríguez que “hacer las reformas que propone Piñera significaría que esta Constitución (la actual), rechazada por haber sido hecha por el dictador, ahora sea legalizada en condiciones de democracia”.
Maquillaje y represión
Según Sergio Rodríguez el gobierno chileno tiene todo listo para convalidar una reforma a la actual Constitución y la posterior represión al pueblo que salga a reclamar el engaño. “La orientación que le ha dado al proceso el gobierno y la oposición es maquillar a la supuestamente nueva Constitución. Esa es la única manera que tienen de seguir sosteniendo el sistema y contener la presión popular”.
Rodríguez teme que esta vía tomada por las élites gobernantes desemboque en “una gran masacre otra vez”. “El gobierno se está preparando para reprimir con fuerza las manifestaciones populares. Piñera sigue comprando grandes cantidades de gases lacrimógenos y equipamiento para la represión. Acaban de llegar a Chile once nuevos camiones comprados en Israel con equipamiento ofensivo contra los manifestantes y en Chile hoy se siguen violando impunemente los derechos humanos”.
Finalmente reflexionó que el mundo debe estar preparado no solamente para ver una “Constitución maquillada” en Chile, sino para una “violenta represión que podría incluir el asesinato selectivo de dirigentes o una gran masacre para contener una vez más la efervescencia de las luchas populares”.
Randolph Borges
Fuente: VTactual.com, 7 de marzo de 2020
Editado por María Piedad Ossaba