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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco de la función de control político del Congreso de la República, los Representantes y Senadores abajo firmantes, hemos venido adelantando un proceso de seguimiento a la implementación del Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y lasFARC.
Este informe recoge los principales retos que hemos identificado a lo largos del primer año del Gobierno del Presidente Iván Duque, y formula recomendaciones para garantizar su efectiva implementación.
Desde distintas tendencias políticas, estamos convencidos de que la mejor manera de garantizar la no repetición del conflicto armado y la transformación de los territorios más afectados por la guerra, es cumpliendo a cabalidad con lo establecido en el Acuerdo de Paz.
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El Acuerdo suscrito entre el Gobierno y las FARC en 2016 puso fin a más de medio siglo de conflicto armado y logró que 13.000 excombatientes dejaran las armas e hicieran tránsito a la legalidad.
Pero garantizar su no repetición y hacer sostenible el proceso de construcción de paz, es aún una tarea pendiente.
Como lo ha señalado el Profesor John Paul Lederach del Instituto Kroc, el 50% de los países vuelven a la guerra durante los primeros 5 años después de la firma de un acuerdo de paz. En Colombia llevamos 2 años y medio desde la entrada en vigor del Acuerdo y, aunque en 2017 tuvimos la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, 2018 demostró que ese proceso era supremamente frágil y que la violencia podía recrudecerse en cualquier momento.
Los puntos del Acuerdo de Paz no fueron capricho de las partes en la mesa de conversaciones. Fueron incluidos justamente como garantía de que el conflicto no volviera a resurgir.
Implementarlos implica atacar de manera directa las condiciones que permitieron que el conflicto se perpetuara durante tantos años. Por eso cuando a los habitantes de la Colombia urbana nos preocupa que la economía y la seguridad no vayan bien, pero somos indiferentes ante la implementación del Acuerdo de Paz en la Colombia rural, olvidamos que ha sido nuestra incapacidad para escuchar a esos territorios periféricos y para garantizar bienes y servicios básicos a sus habitantes, lo que ha generado el caldo de cultivo perfecto para que sigamos siendo un país violento, que mata a sus líderes sociales y de crecimiento económico por debajo desu potencial.
De ahí que más allá de los eslóganes sobre si el Gobierno de Iván Duque “ha hecho trizas la paz”, o si le apuesta a la construcción de la llamada “paz con legalidad”, a un año del inicio de su Gobierno resulta necesario hacer un corte de cuentas de en qué va la implementación del Acuerdo de Paz. La historia no le perdonaría a este Gobierno desaprovechar la oportunidad histórica que abrió el fin de la guerraentre el Gobierno y las FARC.
El Gobierno del Presidente Iván Duque se ha aproximado a la implementación del Acuerdo de Paz desde una narrativa contradictoria. En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del Acuerdo de paz.
A su vez, el Gobierno niega la existencia del conflicto armado, refriéndose en cambio al problema como “condiciones de violencia y marginalidad”. En consecuencia, la solución ya no es la paz territorial plasmada en el Acuerdo de Paz basada en la participación ciudadana, la ampliación de la democracia, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, y el reconocimiento de los daños causados por todas las partes en el conflicto armado; sino un proceso de “estabilización” y de garantía de la “legalidad”, asociado con reincorporación de las bases guerrilleras (no de sus mandos), y pensado en lógica centralista desde Bogotá.
Esta visión limitada de la construcción de paz responde también a que los compromisos del Acuerdo de Paz para el Gobierno Duque no hacen parte de una política de Estado , sino de la política de paz del gobierno anterior.
Afirman que las obligaciones del Acuerdo son “obligaciones de medio” y que para su cumplimiento el Gobierno cuenta con un “margen de apreciación” sobre cómo llevarlas a cabo. Cuando la Corte Constitucional ya ha aclarado que el cumplimiento del Acuerdo Final debe hacerse de buena fe, respetando su integralidad y garantizando la no regresividad; y que lo que está dentro de las facultades del Gobierno es decidir sobre ciertos aspectos que hacen parte de la política de paz, no sobre si se implementa o no el Acuerdo o con qué alcance .
Como resultado de esta visión, el 57% de las normas requeridas para la implementación del Acuerdo aún están pendientes de trámiteen el Congreso de la República.
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