CIUDAD DE MÉXICO — Cuando los funcionarios estadounidenses y mexicanos se preparaban para reunirse en Guatemala en julio, a Estados Unidos le preocupaba un asunto en especial.
Migrantes hondureños en las afueras de Tapachula, México, se dirigen al norte en un camión el 22 de octubre. Credit Pedro Pardo/Agence France-Presse — Getty Images
Una caravana de cientos de migrantes centroamericanos había atravesado México a pie algunos meses antes para tratar de entrar a Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses querían saber si México estaría de acuerdo con obligar a esos migrantes a solicitar asilo en ese país, en vez de dejarlos entrar a Estados Unidos.
Los mexicanos dijeron que no.
Actualmente, con muchos miles más en camino, el mayor desplazamiento de migrantes camino al norte en décadas, la presión para resolver el problema ha alcanzado nuevas dimensiones.
Después de que aparentemente se ha descartado la propuesta hecha en julio pasado conocida como el “acuerdo del tercer país seguro” —ha sido rechazada por el próximo presidente mexicano—, México vuelve a tener su sistema migratorio en un estado de crisis y en la mira de los funcionarios estadounidenses.
Aproximadamente seis mil migrantes han entrado al país en los últimos días, como parte de una nueva y mucho más grande caravana de personas que huyen de la violencia y la pobreza absolutas de El Salvador, Guatemala y Honduras (de donde proviene la mayoría de ellos).
Para evitar su llegada a la frontera de Estados Unidos, el presidente Trump ha presionado a Honduras, Guatemala, El Salvador y México para que detengan su trayecto. Pero, aunque México desde hace mucho tiempo se ha doblegado a los mandatos migratorios de Estados Unidos, la gran cantidad de personas que huyen esta vez ha presentado nuevas complicaciones.
Desde 2014, cuando las autoridades mexicanas comenzaron a reprimir la migración ilegal debido a la exhortación del gobierno de Obama, los migrantes han estado acorralados en un amplio operativo de captura en la frontera sur de México.
Se ha detenido y deportado a miles, mientras que otros miles han solicitado asilo dentro de México. Esas solicitudes se han multiplicado desde que comenzó la represión.
Sin embargo, la avalancha de migrantes la semana pasada ha sobrepasado el Plan de la Frontera Sur de México. La mayor parte no está solicitando asilo, lo que pone a México en una difícil encrucijada. ¿Deben aprehender a miles de migrantes y crear una crisis humanitaria, sin mencionar la crisis de relaciones públicas? ¿O simplemente deben acompañarlos en su éxodo para garantizar una travesía ordenada?
Migrantes en la caravana hacia Estados Unidos Credit Johan Ordóñez/Agence France-Presse — Getty Images
Parece que por el momento, el gobierno ha elegido lo segundo.
México ya está teniendo problemas para asimilar el aumento de migrantes que buscan protección de los peligros que acechan en sus países —unos 14.000 en 2017—, a pesar de que el mismo México difícilmente cumple con la definición de un país seguro. El año pasado fue el más letal en dos décadas.
El próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien tomará posesión en diciembre, ha sido un crítico férreo del trato a los migrantes por parte de Estados Unidos.
En una entrevista, el futuro secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló: “No estamos de acuerdo con esto, ya que sería contraproducente y agravaría el problema. Es necesaria otra política”.
Esta situación también plantea un reto para Trump, quien ha amenazado con recortar la ayuda al exterior y desplegar al ejército para aprehender a los migrantes.
Si el ejército captura a miles de migrantes, entre ellos mujeres y niños, podría ser un desastre de relaciones públicas de la misma magnitud que fue la separación de padres e hijos menores de edad en la frontera. Pero si el presidente opta por no hacer esto, quizás aliente a que más migrantes viajen en grandes grupos.
Ya se están propagando rumores de que viene una nueva caravana de migrantes de Honduras.
“Si se permite que pasen estos grandes grupos de gente, ¿qué se espera para las afluencias futuras?”, dijo Maureen Meyer, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, un grupo de derechos humanos. “¿Se convertirá en la nueva forma de viajar? Existen muchas incógnitas sobre el modo en que esto se desarrollará en los próximos días”.
La caravana se ha vuelto un asunto político en Estados Unidos, en especial en vísperas de las elecciones del próximo mes. Pero la división de opiniones respecto a si recibir a los migrantes o deportarlos también ha resonado en México.
Mientras algunos mexicanos han ofrecido comida, agua y viajes gratuitos a quienes transitan por el país, otros han reaccionado violentamente por miedo a que los migrantes les quiten los empleos o aumente la actividad criminal si les permiten quedarse.
“Existe una gran división social tratándose de este flujo migratorio, entre la aceptación y el apoyo y un absoluto rechazo”, comentó Claudia Masferrer, experta en migración del Colegio de México, una universidad de Ciudad de México. “Esta caravana enfrenta a México con lo que nosotros como país le hemos exigido a Estados Unidos en relación con nuestros propios migrantes mexicanos”.
La renovada atención a los migrantes centroamericanos en Estados Unidos llega en un momento en el que datos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos muestran que casi 400.000 personas fueron detenidas en la frontera en el año fiscal de 2018, que terminó el 30 de septiembre.
La Patrulla Fronteriza detuvo a 16.658 personas que viajaban en grupos familiares en septiembre, una cantidad récord, según datos gubernamentales obtenidos por The New York Times. El número de detenciones a lo largo del año fiscal de 2018, mientras tanto, llegó a las 107.212 personas, de manera que se excedió la cifra histórica anterior de 77.857, del año fiscal de 2016.
Los migrantes descansan en un campamento en Tapachula. Foto José Méndez/EPA vía Shutterstock
La caravana se puede ver como un desafío directo a la forma en la que se ha transformado el sistema de solicitud de asilo con Trump. Tanto en la política como en la práctica, los cambios impuestos por su gobierno han enviado un mensaje claro al mundo: como lugar de refugio, Estados Unidos está, en gran medida, cerrado.
“Este es un reflejo de lo que ocurre cuando debilitas el sistema de acceso ordenado al asilo”, comentó Michelle Brané, directora del programa de Derechos y Justicia para Migrantes de la Comisión de Mujeres Refugiadas, un grupo de defensoría. “Provocas un caos. Eso es lo que este gobierno ha ocasionado”.
Los cambios en la política han aumentado enormemente el número de solicitantes de asilo a los que se procesa penalmente conforme a la política de tolerancia cero, y han eliminado categorías importantes de persecución que ya no califican para el estatus de asilo.
De acuerdo con esta política de mano dura, los solicitantes de asilo que ingresen a Estados Unidos sin presentarse primero ante las oficinas de la Patrulla Fronteriza deben ser procesados de manera automática. Con el presidente Barack Obama, en cambio, solo se les procesaba si se les había arrestado por cruzar la frontera ilegalmente en el pasado.
Las víctimas de violencia doméstica y, en mucho menor grado, las de violencia de pandillas, alguna vez calificaron para el asilo si podían comprobar que las autoridades en sus países de origen no habían podido o no habían estado dispuestas a protegerlos. En junio, el fiscal general Jeff Sessions anunció que estos casos ya no calificaban.
El gobierno de Trump también ha aumentado el escrutinio que se aplica durante la primera fase del proceso de solicitud de asilo, conocida como “entrevista de temor creíble”, que determina si se permitirá a los migrantes proceder con sus casos. Se esperan más cambios en este sentido.
“El umbral extremadamente bajo para determinar que el miedo es creíble se presta para el fraude y el abuso”, comentó Michael Bars, vocero de la oficina de Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, la agencia federal que evalúa las solicitudes de asilo. Si bien la determinación de que el miedo es creíble no equivale a otorgar el estatus de asilo, dijo, el solicitante obtiene “entrada libre a Estados Unidos, lo que le permite desaparecer dentro del país para vivir y trabajar ilegalmente”.
Los límites impuestos recientemente a la cantidad de gente que puede acercarse a ciertos cruces fronterizos al día, conocidos como “métrica”, también han generado cierto impacto.
Las largas filas, con gente que duerme al aire libre para intentar obtener acceso, quizá hayan empujado a algunos solicitantes de asilo a cruzar la frontera ilegalmente, según un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional. “El atraso ocasionado por estas directivas contrapuestas probablemente ocasionó cruces fronterizos ilegales adicionales”, reveló el informe, lo cual significa posibles procesos conforme a la política de tolerancia cero.
Así como el endurecimiento de las políticas fronterizas puede haber conducido a una mayor inmigración ilegal, la retórica de Trump de mano dura con los migrantes podría endurecer también la postura de López Obrador.
“Las amenazas de Trump hacia México dificultan más, hablando en términos políticos, que el nuevo gobierno se siente a hablar sobre inmigración”, comentó Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, un grupo de investigación. “De ninguna manera iba a ser fácil encontrar puntos de acuerdo, pero Trump está ocasionando que se vuelva todavía más difícil para el gobierno entrante abordar este problema”.