Ecuador: 40 años entre “democracia” y desengaños

Apartándose de la Constitución de 2008, en dos años Moreno edificó el segundo modelo empresarial, subordinando la conducción económica a los intereses de las cámaras de la producción.

Redes Sociales:
9

El 10 de agosto es la fecha nacional del Ecuador, pues se conmemora el inicio del proceso de independencia del país en 1809, con la instalación de una Junta Suprema de gobierno criollo. El aniversario ha servido de ocasión para reflexionar sobre los últimos 40 años de la trayectoria histórica, pues el 10 de agosto de 1979 se inició la fase de gobiernos constitucionales más larga en la vida republicana del Ecuador, tras una década de dictaduras militares.

Durante los primeros 17 años hubo cinco gobiernos: Jaime Roldós (1979/81), Osvaldo Hurtado (1981/84), León Febres Cordero (1984/88), Rodrigo Borja (1988/92) y Sixto Durán Ballén (1992/96). En los siguientes 10 años hubo siete gobiernos: Abdalá Bucaram (1996/97), Rosalía Arteaga (fin de semana), Fabián Alarcón (1997/98), Jamil Mahuad (1998/2000), Gustavo Noboa (2000/03), Lucio Gutiérrez (2003/05), Alfredo Palacio (2005/07) y una dictadura nocturna (enero 21 de 2000). Fueron derrocados Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, quienes eran, además, los únicos presidentes electos de esa década. Entre 2007/17 gobernó Rafael Correa, sucedido por Lenín Moreno (2017/hoy).

Roldós y Hurtado (en sus primeros dos años), obraron en el marco de la progresista Constitución de 1979, bajo principios desarrollistas y reformistas. La deuda externa heredada comenzó a pesar. Hurtado firmó (1983) la primera carta de intención con el FMI, que inauguró los condicionamientos externos para cubrirla. Febres Cordero rompió con las políticas “socialistas” de sus antecesores (así los acusó) e inauguró el modelo empresarial, continuado y profundizado por Durán Ballén y desde 1996 por todos los gobiernos sucesores, que tuvieron en la Constitución de 1998 el paraguas económico para el camino neoliberal. Entre 1983 y 2003 se firmaron 16 cartas con el FMI. La consigna de reducir el Estado, privatizar sus bienes y servicios, así como subordinarse a intereses de banqueros y altos empresarios, para cumplir con el ideario neoliberal y del FMI, fue especialmente seguida por Febres Cordero, Durán Ballén, Mahuad y Noboa; la flexibilidad laboral sobre todo por éste y por Gutiérrez.

El legislativo inauguró la “pugna de poderes” durante el gobierno de Roldós, fenómeno que se reprodujo largamente. La “clase política”, institucionalizada por la ley de partidos y presente sobre todo en los sucesivos congresos, edificó un Estado-de-partidos, para reproducir sus propios intereses en él, sin importar las responsabilidades ante los electores. Han predominado partidos regionales, empresas electorales, movimientos personalistas y objetivos coyunturales. La función judicial permanentemente fue cooptada por las elites del poder político, al mismo tiempo que la arraigada corrupción interna y administrativa resultó solo episódicamente afrontada.

De manera que a la economía empresarial neoliberal y a la subordinación de las funciones públicas a sus intereses, acompañó la inevitable desinstitucionalizacion del país, que derivó en la crisis gubernamental destapada desde 1996. Jaime Roldós defendió los derechos humanos incluso frente a la política del gobierno de los EEUU, auspiciante de las dictaduras terroristas latinoamericanas de la época. Febres Cordero, en cambio, fue el mayor violador de esos derechos (según la Comisión que investigó fueron crímenes de “lesa humanidad”). Borja fue democrático, sin lograr superar las bases neoliberales de su antecesor. Durán Ballén obró al servicio de las elites económicas, desinstitucionalizando servicios y capacidades estatales, que también continuó Noboa. El gobierno de Bucaram fue el más corrupto de la era. Alarcón arrinconado por su ineficiencia política, comparable a la de Palacio. Mahuad dio continuidad a Durán Ballén en la subordinación del Estado a intereses bancarios, que tampoco superó Gutiérrez, autoproclamado “el mejor amigo” de los EEUU.

Bajo esas circunstancias, las condiciones de vida y de trabajo de amplios sectores de la población nacional se deterioraron, mientras la riqueza y la opulencia se concentraron en una cúpula social. La modernización capitalista lograda y el consumismo característico de la vida urbana, obviamente no podían ocultar las tensiones sociales que se acumulaban, presentes en las resistencias de las organizaciones populares y laborales, las protestas y manifestaciones públicas. El Frente Unitario de Trabajadores (FUT) desarrolló importantes huelgas nacionales hasta inicios de la década de 1990, a partir de la cual su declive fue acelerado. El movimiento indígena se fortaleció como nunca antes desde el levantamiento nacional de 1990 y fue un factor clave para detener la casi segura firma del tratado de libre comercio con los EEUU, durante el primer lustro del nuevo milenio.

Como en ninguna otra época, el camino económico, unido a la voracidad de las elites empresariales y al arrinconamiento de las capacidades estatales para el control, la regulación y la imposición de los intereses ciudadanos frente al de los particulares, provocaron el auge de la corrupción privada y los más grandes atracos al Estado nacional, como la sucretización de las deudas privadas (1983), la resucretización (1987), los “salvatajes” bancarios desde 1996, el feriado bancario (1999) y la dolarización (2000), además de la evasión tributaria, las sobre y sub facturaciones, los negociados con obras y servicios públicos.

Todos los gobiernos que se identificaron con el neoliberalismo que, además, se extendió por América Latina, coincidieron en reproducir las estrategias del capital transnacional y en responder positivamente a la geoestrategia mundialista y americanista de los EEUU, que pasó a convertirse en potencia con hegemonía unipolar a raíz del derrumbe del bloque socialista. Roldós afrontó un conflicto armado con Perú, que revivió con Durán Ballén, quien, al reconocer la “vigencia” del Protocolo de Río de Janeiro, posibilitó que Mahuad suscribiera la paz definitiva con el vecino del sur.

El contraste con las décadas anteriores se produjo entre 2007-2017, con la Asamblea Constituyente, la nueva, progresista y adelantada Constitución de 2008, y los tres gobiernos de Rafael Correa, quien logró el apoyo ciudadano en catorce procesos electorales, que incluyeron varias consultas populares.

Se inició así un ciclo inédito en la historia contemporánea, en el cual se superó el neoliberalismo empresarial, recuperando capacidades estatales y una orientación social y popular. Diversos estudios internacionales dan cuenta, con cifras y análisis, del crecimiento del país, así como de amplios avances en cuanto a la redistribución de la riqueza, la disminución de la pobreza, el desempleo y el subempleo, la extensión de los servicios públicos (particularmente educación, salud y seguridad social), la enorme inversión en obras e infraestructuras, así como el cobro de impuestos. Acusado como “estatista”, el nuevo modelo de economía despertó las reacciones contrarias de las cámaras de la producción, a pesar de que hubo sectores empresariales que crecieron y hasta fortalecieron sus negocios, como fue el sector bancario.

Se fortaleció la nueva institucionalidad estatal, a pesar de que la centralización de decisiones, la hegemonía política lograda en las diversas funciones del Estado, pero también la confrontación directa con los antiguos sectores de poder y con la prensa hegemónica, así como la ruptura con las izquierdas tradicionales y las dirigencias de los principales movimientos sociales como el obrero y el indígena, crearon situaciones contradictorias frente a los ideales de la “Revolución Ciudadana”. Ese ambiente fue aprovechado por la oposición, que permanentemente combatió a Correa acusándole de autoritario, populista e hiperpresidencialista. Su gobierno, sin embargo formó parte del ciclo de gobiernos progresistas, democráticos y de nueva izquierda, que caracterizaron a varios países de América Latina desde 1999. Todos ellos afirmaron el latinoamericanismo, superaron el neoliberalismo, adoptaron políticas soberanas y enfrentaron al imperialismo.

Moreno, quien fuera Vicepresidente de Correa, triunfó con el patrocinio de Alianza País y el personal apoyo del mismo Correa, aunque apenas alcanzó un estrecho margen que llegó al 51.16% de la votación (su adversario, el millonario y banquero Guillermo Lasso obtuvo el 48.84%). Se creyó que continuaría la Revolución Ciudadana; pero casi de inmediato, Moreno rompió con Correa, con Alianza País y con el proceso heredado. Pasó a encabezar la “descorreización”, un propósito impulsado por las derechas políticas, aunque también fue acogido por varias izquierdas, los “marxistas pro-bancarios” y aquellos dirigentes de movimientos sociales que creían hacer justicia contra las políticas del régimen anterior, al que acusaron de “criminalizar” la protesta social.

Apartándose de la Constitución de 2008, en dos años Moreno edificó el segundo modelo empresarial, subordinando la conducción económica a los intereses de las cámaras de la producción. En materia política siguió las orientaciones de las derechas nacionales y se identificó con el nuevo ciclo conservador latinoamericano, abandonando la identidad con la región en aras del nuevo americanismo impulsado por los EEUU.

También resultó exitosa la “descorreización”, que acudió incluso al lawfare, la persecución política y el falseamiento sobre los procesos vividos en la década pasada, que han sido acciones encubiertas por los grandes medios de comunicación hegemónicos, además de coincidir con los ejes de la política exterior norteamericana contra los gobiernos progresistas latinoamericanos, todo lo cual ha configurado un cuadro histórico inédito en cuatro décadas. Los casos de corrupción, descubiertos en ese proceso, afectaron seriamente la imagen del gobierno de Correa.

En dos años, la economía se ha desequilibrado, la institucionalidad se ha desbaratado, reviven antiguos moldes del país soñado por las derechas económicas y políticas. Lo más grave es que aceleradamente se pierden logros sociales y laborales, con deterioro de la calidad de vida, el incremento de la pobreza y el derrumbe de servicios públicos, previéndose un agravamiento de las circunstancias existentes por la firma de una carta de intención con el FMI, suscrita a 16 años de la última, que condiciona al gobierno a volver a las nefastas políticas de ajuste ya vividas por el país en las décadas de los ochenta y noventa.

La esperanzadora democracia idealizada en 1979 ha perdido su rumbo en 2019. Bajo tiempos conservadores latinoamericanos, Ecuador enfrenta más dificultades para retomar la construcción de una democracia social que supere la hegemonía recobrada por elites políticas y empresariales. En todo caso, van conformándose grupos y colectivos ciudadanos, así como organizaciones nuevas entre los movimientos sociales, que progresivamente avanzan en la consolidación de posiciones para replantear una senda que se perdió.

Juan J. Paz-y-Miño Cepeda para La Pluma, Ecuador 12 de agosto de 2019

Editado por María Piedad Ossaba

Publicado por Blog Historia y presente

Visita la red del colectivo Ruta Krítica, el nuevo blog de difusión del pensamiento y la comunicación alternativos