Balance de 2018 en Colombia
Un país que oscila entre el genocidio político y el ecocidio

Es posible que la movilización estudiantil tenga repercusiones en el futuro inmediato al haber demostrado que la movilización organizada es un medio eficaz de lucha, el cual a su vez permitió captar la debilidad intrínseca del gobierno de Duque, algo que no es raro si se recuerda que este personaje es un advenedizo y una marioneta del uribismo, con poca capacidad de maniobra.

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Son tantos los asuntos negativos que se presentaron en Colombia en el año que termina, que cualquier balance es necesariamente parcial y limitado. Es evidente que en 2018 se acentuó el genocidio político, la corrupción pública y privada, la guerra contra Venezuela y un dantesco ecocidio, que afecta principalmente a la zona selvática en el sur de nuestro país. Sobre estos tópicos versa este escrito, que termina con una breve consideración sobre la lucha de los estudiantes de las universidades públicas, cuya movilización alcanzó conquistas significativas, que pueden catalogarse como el logro social más importante del año.

GUERRA EN CURSO CONTRA VENEZUELA

«El plan estadounidense insta a ‘apelar a aliados domésticos como a otras personas insertadas en el escenario nacional con el objetivo de generar protestas, disturbios e inseguridad, pillaje, saqueos, robos, asaltos y secuestros de buques y otros medios de transporte, con la intención de desabastecer el país».
Stella Calloni, Plan del Comando Sur contra Venezuela. El golpe “maestro” de Estados Unidos contra Venezuela, Rebelión, mayo 14 de 2018.

Tras la posesión de Iván Duque como presidente están redoblando los tambores de guerra contra Venezuela. Así, un vocero del nuevo régimen de extrema derecha, Francisco Santos, embajador en Washington, anunció ante sus amos imperiales que no se debería descartar ninguna opción (ni la militar) para derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Al mismo tiempo, los medios de desinformación y sus opinólogos criollos activaron la campaña de propaganda para alentar una agresión militar a Venezuela. Otros afirman que ese ataque bélico nunca se va a realizar y simplemente es una cortina de humo, con mucha artillería verbal pero sin ninguna acción sobre el terreno. Ambas posturas parten de un presupuesto equivocado, al suponer que se trata de una guerra clásica, con enfrentamientos militares directos entre contendientes claramente definidos. No, ahora las guerras de nueva generación no desembocan necesariamente en acciones militares convencionales (aunque esa vía no se descarta, luego de que otras no hayan sido suficientemente efectivas), porque se libran en diversos terrenos (cultura, información, economía, diplomacia) y recurren a la propaganda, al saboteo, al desgaste económico, al aislamiento diplomático.

En estas circunstancias, desde Colombia se viene librando una guerra contra Venezuela, auspiciada por el Estado y las clases dominantes de nuestro país, que comenzó durante el gobierno de Juan Manuel Santos y es continuada ahora por el régimen de Iván Duque. Diversos hechos lo demuestran.

Ciertas afirmaciones no son meras anécdotas, sino verdaderas declaraciones de guerra, como la hecha en marzo de 2018 por el entonces Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas. Este afirmó que se estaba diseñando un plan para “el día después”, por un valor de 60 mil millones de dólares procedentes de Estados Unidos y Europa, para la “reconstrucción económica de Venezuela” porque este país tiene muchos recursos y es “muy solvente con las mayores reservas petroleras del mundo y recién certificaron que tiene una de las minas de oro, entre las mayores del mundo, con un buen potencial de cobre”[1]. La ambición por obtener esa suma de dólares, que bien le serviría a Colombia para solucionar algunas de sus problemas estructurales de miseria y desigualdad, es un claro indicador de la guerra en marcha, porque tal cantidad de dinero solamente puede invertirse luego de destruir a Venezuela, y eso es lo que se está haciendo en estos momentos, con la participación activa del Estado colombiano.

La acción diplomática contra Venezuela es propia de una guerra, en la medida en que el régimen criollo se inmiscuye en los procesos internos de nuestro vecino, mancillando la idea de soberanía y autodeterminación, y respalda a delincuentes confesos que han huido de Caracas y se han refugiado en suelo colombiano, como sucede con la ex fiscal general de aquel país a la que se le sigue considerando como “fiscal en el exilio”, y se le alienta, con gran cinismo e impunidad, a realizar juicios contra el presidente Nicolás Maduro en el recinto del Senado colombiano.

En lugar de colaborar con la investigación para aclarar la responsabilidad de colombianos en el frustrado atentado del 4 de agosto contra Nicolás Maduro, que fue preparado en Norte de Santander, el gobierno de Duque respalda a quienes participaron en el fallido magnicidio (el primero en la historia en el que se usaron drones cargados con explosivos), uno de los cuales, un tal Salvatore Lucchese, estuvo en la posesión de Duque el 7 de agosto en la Plaza de Bolívar de Bogotá. Y miembros de la mal llamada oposición, que son prófugos de la justicia venezolana y algunos de ellos inculpados en ese atentado, han sido acogidos como “luchadores de la libertad” por los gobiernos de Santos y de Duque. Ese es el caso de Julio Borges, al que le han dado el estatuto de “refugiado político”.

El saboteo económico, mediante el contrabando, el hurto de petróleo, la acción de bandas paramilitares en territorio venezolano, constituyen los instrumentos de desgaste y de saboteo a la economía venezolana que se impulsan desde Colombia y aumentan su desangre, avaluado en miles de millones de dólares. En esa misma dirección, se alienta a la salida de venezolanos con falsas promesas, para luego utilizarlos como vehículo de propaganda, y abandonarlos a su suerte o matarlos, si se tiene en cuenta que en 2018 fueron asesinados más de 300 venezolanos en nuestro territorio.

La guerra mediática, la más evidente y visible de todas, no da tregua. Nunca en la historia reciente de los medios de desinformación masiva en Colombia (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador, Semana…) se había dado el caso de que un país sudamericano estuviera en primera plana de cobertura en forma permanente durante varios años, para calumniar, mentir, difamar, como se hace hoy con Venezuela. La situación llega hasta el extremo de que los voceros de falsimedia incitan al asesinato de Nicolás Maduro y otros mandos civiles y militares de Venezuela, incentivan al saboteo económico, a la migración de personas pobres y encubren la responsabilidad criminal del gobierno colombiano y de los paramilitares en la desestabilización del vecino país. Nada dicen, por ejemplo, sobre la criminal política de desabastecimiento impulsada por los Estados Unidos y sus multinacionales, que ha dejado a los niños sin vacunas, sin medicamentos y sin instrumentos quirúrgicos.

Esta guerra no convencional, de nueva generación, que el Estado colombiano libra contra Venezuela, se desencadena, como una señal de la traición característica de ese estado y de las clases dominantes de Colombia, luego de que se desarmara a las Farc (lo cual se hizo con la participación activa de Venezuela), con lo que se le eliminó una retaguardia estratégica, que le podía servir de colchón de contención al vecino país.

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El régimen colombiano es el perro faldero de los Estados Unidos y de su Ministerio de Colonias (la OEA), cuyo propósito supremo es apropiarse de las reservas de petróleo de Venezuela y de otros minerales que allí se encuentran, esperando con esto que a la oligarquía criolla le queden unas cuantas migajas, que compensen su postración y servilismo. Postración que llega al extremo, burlándose de cualquier proyecto de integración sudamericana, de convertirse en cómplice activo de la guerra de destrucción que el imperialismo libra contra Venezuela. ¡Y todavía hay quienes se disgustan por estos lares cuando se recuerda que Colombia es el Caín o el Israel de Sudamérica!

CRIMENES DE HOMBRES «ILUSTRES»: LO QUE VA DE LA MOTOSIERRA AL CIANURO

“Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen”
Honorato de Balzac

En el año que termina la lumpenburguesía colombiana presentó en público un nuevo tipo de asesinato: con cianuro. No es que este sea un medio novedoso de asesinato, sino que hasta ahora no había sido empleado, que se sepa, por las clases dominantes de Colombia, pero en 2018 murieron en extrañas circunstancias dos personajes “ilustres”, pertenecientes a familias de abolengo de la sociedad colombiana, de apellido Pizano, primos de Ernesto Samper Pizano, ex presidente de la República.

Esas clases dominantes de Colombia han demostrado a lo largo de la historia nacional, rubricada en los últimos 70 años, que no escatiman ningún medio para matar a los que consideran sus adversarios, de manera directa por medio del Estado y sus fuerzas armadas, o recurriendo a terceros, como los paramilitares. Pueden recordarse algunos de los mecanismos de terror empleados por esos grupos sicariales para matar con sevicia aterradora a los guerrilleros o a los que son considerados como sus auxiliadores: la motosierra para trozarlos vivos; los caimanes para devorarlos sin dejar rastro; el machete para mochar cabezas y luego jugar futbol con ellas; las hormigas para que devoren a seres humanos a los que se encadena y se meten en un hueco: «A los informantes y guerrilleros los ponemos allí con panela. Duran tres días mientras se los comen las hormigas», como contó uno de los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad[2]. Esta no es una violencia ciega, sin norte ni dirección, porque tiene un perfecto sello de clase: a quienes pretendan cuestionar el orden establecido hay que eliminarlos, recurriendo al terror, para demostrar de lo que son capaces los verdaderos dueños de este país. Se trata de hacerlos sufrir, de causar el mayor daño posible, para generar una sensación de pánico que disuada a aquellos que atreven a desafiar el poder de la oligarquía criolla.

Fiscalía se dirigió por cianuro, pero en el camino se apropió de los discos duros de Pizano

 Muertos “ilustres” y el cianuro

Ahora, la lumpenburguesía recurre al cianuro para acallar a un personaje incómodo y a su hijo, por lo que sabía sobre la corrupción del grupo económico más poderoso del país, con relación al escándalo de Odebrecht y la Ruta del Sol. Incluso, Jorge Pizano poco antes de morir, y de seguro porque presentía que su fin se avecinaba, entregó a algunos periodistas reveladores audios en los que resulta implicado en forma directa el actual fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, quien, entre otras cosas, emplea un lenguaje de alcantarilla. La trama de cualquier novela policiaca indicaría sin mucho esfuerzo que los primeros sospechosos no son otros que aquellos interesados en acallar a los muertos, y estos son el principal grupo económico del país –implicado hasta los tuétanos en el negociado corrupto de Odebrecht– y su funcionario estrella de la Fiscalía.

Pero, como emblema de la impunidad que reina en Colombia, la Fiscalía asumió la investigación de esas dos muertes y en forma rápida y sin muchos soportes concluyó que los occisos no fueron asesinados, algo así como cuando el ratón cuida el queso. Y una entidad al servicio de la Fiscalía, Medicina Legal, incurrió en mentiras burdas para desviar la atención sobre la extrañas muertes, hasta llegar a decir, por boca de su Director (quien tuvo que renunciar por sus propias mentiras y contradicciones) que se había confirmado que Jorge Pizano no había muerto envenenado con cianuro, algo difícil de sostener porque sus restos fueron incinerados.

Estas dos nuevas muertes engordan el currículo criminal de las clases dominantes e indican que éstas matan sin compasión incluso a los que sean de su propia clase, en la medida en que representen un peligro, por lo que puedan saber, y resulten hablando más de la cuenta, como lo hizo Jorge Pizano. Una diferencia fundamental radica en que contra ellos no se emplea los métodos horrendos descritos más arriba (motosierra, hormigas, caimanes…), sino que se usa el cianuro, para eliminarlos en forma fulminante y con poco dolor, algo bien distinto al sufrimiento que se le causa a los humildes. Motosierra contra unos (los pobres y “enemigos”) y cianuro contra otros (los ricos “desviados”), es el lema que guía la práctica criminal de las clases dominantes de Colombia, un lumpenburguesía asesina, corrupta y gansteril.

CONTINÚA EL GENOCIDIO POLITICO

Durante el 2018 se mantuvo la tendencia criminal de los últimos 35 años de asesinar a líderes políticos y sociales a lo largo y ancho del país, como prueba de que el genocidio de tipo político y de clase no se ha atenuado con la desmovilización de las Farc, como algunos pensaban en forma ingenua que iba a suceder. Esto indica que el terrorismo de Estado se mantiene incólume en Colombia, porque no es posible suponer que cada dos días en cualquier lugar del país se asesine en promedio a una persona con alguna militancia política y social, ligada a organizaciones sociales o a alguna tendencia de izquierda, y el Estado se encuentre al margen de cualquier responsabilidad, por acción u omisión.

Las estadísticas, aunque parciales e incompletas son un claro indicador: entre enero y noviembre fueron asesinados 226 líderes sociales, en 27 de los 32 departamentos del país, con la particularidad de que una buena parte fueron ultimados a mansalva en sus propios domicilios. El mayor número de muertes se encuentra en el Departamento del Cauca, con 41, seguido de Antioquia, con 33. Al genocidio debe agregársele el asesinato de antiguos guerrilleros de las Farc y de sus familiares, en total la cifra se acerca a 100 de los que se tiene confirmación, un número que puede ser mayor.

Estos crímenes no son arbitrarios ni indiscriminados, se planean con antelación y se procede en forma sistemática y sin pausa. En muchos casos, especialmente cuando se asesina a mujeres, se actúa con sevicia contra sus cuerpos, incluyendo violencia sexual. Se asesina a aquellas personas que tienen algún liderazgo en sus comunidades, que se oponen a la presencia de multinacionales y de procesos extractivistas, que reclaman o defienden tierras, que denuncia la corrupción, que exigen derechos, que son dirigentes sindicales, defensores de derechos humanos, líderes cívicos, indígenas, campesinos… Es decir, los asesinados son pobres, humildes, muchos de ellos habían sido perseguidos con anterioridad, o habían sido desplazados de sus territorios… En la mayor parte de los casos reina la impunidad, que es superior al 90%.

Un porcentaje importante de asesinatos se derivan de la criminal “guerra contra las drogas”, implementada en forma conjunta por varios Estados (Colombia, Ecuador), para cumplir las órdenes de Estados Unidos, lo que es patente en el Departamento de Nariño, donde en 2018 fueron asesinados campesinos e indígenas, entre ellos 24 pertenecientes a la comunidad de los Awá, hasta mediados de diciembre. Para este grupo étnico la situación es tan crítica que uno de sus dirigentes afirmó que “es preocupante que desde hace tres meses vienen asesinando de manera pausada, sin que hasta el momento las autoridades municipales se pronuncien sobre lo que viene ocurriendo”[3].

La responsabilidad estatal en este genocidio sin fin queda en evidencia al escuchar declaraciones de altos funcionarios del gobierno saliente de Santos y del entrante de Iván Duque, que justifican en forma descarada los asesinatos, tanto de los líderes sociales como de los ex miembros de las Farc. Al respecto, Emilio Archila, Consejero para el Posconflicto del gobierno actual sostuvo, con una gran dosis de cinismo, que «Mi invitación al análisis es que no solamente se revisen los números, sino a que se analicen cuáles son las causas que están investigando los organismos correspondientes, en particular la Fiscalía. Si uno mira esas causas, la gran mayoría se atribuye a hechos que han ocurrido en enfrentamientos entre grupos que están dedicados al delito»[4]. Como puede leerse, para uno de los encargados de la «paz» del actual régimen le tienen sin cuidado los asesinatos de ex guerrilleros, cuya cifra ya es expresión de un nuevo genocidio político en marcha (como el de la Unión Patriótica o el de A Luchar). Se aduce que los muertos no importan, porque son un resultado de enfrentamientos entre delincuentes., como si el Estado y sus aparatos bélicos estuvieran al margen o fueran neutrales. Es la cínica lógica de los “falsos positivos”, en la que el jefe máximo de la bacrin de los uribeños aseguraba que los jóvenes asesinados por el Ejército (brazo armado del Estado) estaban bien muertos porque no “estarían recogiendo café” sino delinquiendo. O, como lo dijo el último Ministro de Defensa (sic) del gobierno de Juan Manuel Santos, los líderes sociales mueren por “líos de faldas”.

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Este cinismo muestra que Colombia ha cambiado muy poco con la desmovilización de las Farc, y que el terrorismo de Estado sigue incólume, hasta el punto que el Relator de la Onu, Michel Forst, aseguró que la visita más dramática que había realizado en su vida a cualquier país fue la que hizo a Colombia: «Eso fue lo que sentí al escuchar los testimonios de los defensores ante tantos ataques. Además, hay que tener en cuenta el impacto de grandes campañas de difamación por parte de funcionarios públicos, incluso a niveles altos del Estado. Escuché una declaración del ministro de Defensa sobre los defensores y una más del gobernador de Antioquia que, para mí, son inaceptables»[5].

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ECOCIDIO DANTESCO EN MARCHA

«Estamos presenciando un arboricidio, un animalicidio. Se fue la ideología, entró el capital. Hay un frenesí por tierras baratas. Estamos destruyendo con tanta desfachatez, soltura y fiereza que ni siquiera aprovechamos la madera. Simplemente vamos quemando todo».
José Yunis, «Lo que está pasando en la Amazonía es ilegal, inmoral, e irracional», El Espectador, marzo 2 de 2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/lo-que-esta-pasando-en-amazonia-es-ilegal-inmoral-e-irracional-articulo-742210

En Colombia está en marcha un ecocidio, concentrado en nuestro territorio selvático del sur, tras la desmovilización de las Farc. En forma paradójica la guerra preservó los ecosistemas y riquezas naturales en gran parte de nuestro territorio, al impedir que grandes zonas fueran incorporadas al capitalismo criollo y transnacional durante cinco décadas y permanecieron cerradas a los ciclos extractivistas, como lo recordó un colono que habita en los terrenos del Parque Nacional Natural Tinigua:

«Hoy tenemos reglas claras: ya no dejamos colonizar y está prohibido talar más de 10 hectáreas anuales». Con frescura reconocía que las FARC habían ideado un mecanismo para proteger los recursos naturales. Desde que ese grupo guerrillero había entrado en la región había implantado un riguroso mecanismo para evitar la sobreexplotación del bosque. Todos los campesinos debían obedecerlos. Incumplirlos significaba multas y, en ocasiones, la expulsión del territorio[6].

En la época en que las Farc ocupaban estos territorios eran pocos los claros de selva que se observaban desde el aire, claros que indican donde se ha tumbado monte. En ese momento, 3 millones 800 mil hectáreas de cuatro parques naturales (Tinigua, Picachos, Sierra de La Macarena y Sumapaz) eran prácticamente vírgenes, correspondiendo a un área tan grande como la de Suiza. En un lapso de dos años las cosas han cambiado negativamente: se han incrementado los claros en la selva, puesto que con la salida de las Farc, el terreno quedó libre para que ganaderos, terratenientes, explotadores de madera, multinacionales del suelo y del subsuelo emprendieran la nueva conquista, como si estuviéramos en el siglo XVI. En efecto

Desde que se firmó el acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016, en Colombia cada vez hay más rastros de la pérdida de estos bosques. Paradójicamente, a la par que las tropas abandonaban las selvas para iniciar un proceso de reintegración a la vida civil, los rugidos de las motosierras y los incendios se multiplicaron en la Amazonía. […] El 70% de la deforestación se concentra en la Amazonía y, desde la salida de las milicias, aumentó 44%. Los municipios donde más bosques se destruyen son también municipios donde la guerrilla se refugió por muchas décadas: San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá; La Macarena, en Meta; Puerto Guzmán y Puerto Asís, en Putumayo, y San José del Guaviare, en Guaviare[7].

La destrucción de la selva entre 2017 y 2018 ha sido aterradora, hasta el punto que el llamado “cinturón verde”, una franja que en teoría goza de protección que está ubicada entre el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Serranía de La Macarena perdió 90 mil hectáreas. Registros satelitales, recogidos por Rodrigo Botero, Director de Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) indican que en 2017 la actividad ganadera deforestó un millón y medio de hectáreas de bosque primario[8].

Para despejar la selva se recurre al método ecocida de incendiar de manera indiscriminada, para lo cual los interesados desembolsan hasta 1000 dólares para pagar a sus pirómanos a sueldo [una especie de sicarios (asesinos) de la naturaleza] que se encargan de hacer arder la selva. Ese costo no lo puede asumir un campesino o un colono, sólo lo puede hacerlo alguien que cuenta con reservas de dinero, como terratenientes, ganaderos, traficantes de cocaína, empresas madereras, multinacionales extractivistas, bancos, poderosos grupos económicos (Aval, Santodomingo, Ardilla Lulle)… En los primeros meses de 2018 se presentaron más de 9000 incendios forestales en la región amazónica colombiana, un verdadero arboricidio, impulsados por las manos criminales del capital y sus socios, interesados en apropiarse de las tierras quemadas, para construir carreteras e iniciar sus proyectos “productivos”, en realidad destructivos.

En la Amazonía, de selva a potrero por obra del fuego ecocida

El 2018 nos deja la impronta de las llamas que han consumido miles de hectáreas en el sur del país, destruyendo todo lo que encuentran a su paso, arboles, animales, ecosistemas, culturas ancestrales… En el Guaviare fueron arrasadas 20 mil hectáreas, en la Sierra de la Macarena 100 hectáreas y cada hora se queman unas 15 hectáreas en territorio amazónico, para un total diario de 400 hectáreas. La destrucción de la zona de transición que se encuentra entre los Andes y la Amazonía, afecta la regulación hídrica, lo cual arrasa con la diversidad biológica que caracteriza a esta zona del país. Estas quemas y la deforestación consecuente ponen en peligro la existencia de la extraordinaria biodiversidad de la Amazonía, calculándose que unas 4300 especies animales pueden desaparecer en la próxima década, entre ellos jaguares, dantas, tigrillos, monos, águilas, ranas, serpientes, peces, aves, insectos y plantas ancestrales. Un solo ejemplo es indicativo:

El churuco, primate que habita en las altas copas de los árboles de los Andes y Amazonia, también necesita de espacio para subsistir. Por lo cual, al igual que monos nocturnos y araña y titís pigmeo y de Caquetá, sufrirían con la intensificación de la deforestación. El churuco, al igual que la danta, es una especie “reforestadora”, es decir, una especie que transita por grandes extensiones de bosque llevando y trayendo en su aparato digestivo un sinfín de semillas que va dejando a su paso. Solo un churuco alberga semillas de hasta más de 200 especies distintas de flora[9].

Las aves de la región amazónica, cuya extraordinaria variedad es admirada en el mundo, se ven afectadas en forma directa por la deforestación y los incendios, pues según el Instituto Humboldt: “Loros y tucanes […] prefieren sitios altos para anidar o huecos de las palmas y árboles. Al talar sus hogares muchos de ellos morirán en el momento del corte. La deforestación rompe con la conectividad de los ecosistemas, disminuye la abundancia de especies y elimina las copas de los árboles donde habitan las aves”[10].

El ecocidio no sólo afecta a plantas y animales sino en forma directa a las comunidades indígenas, habitantes milenarias de la selva, que se ven arrinconadas y acosadas por los «nuevos conquistadores», que reviven, en cabeza del Estado colombiano, los proyectos extractivistas que recuerdan la tenebrosa época del caucho, con su cortejo de destrucción y muerte. Al fin y al cabo el ecocidio también es etnocidio, que significa, dicho en forma simple: el asesinato de las culturas aborígenes.

Para completar el cuadro del ecocidio, la destrucción de la Amazonía contribuye a calentar aún más el planeta, terreno en que los resultados del 2018 son igualmente catastróficos, con el aumento de los gases de efecto invernadero, que han sobrepasado las peores estimaciones, al alcanzar cifras superiores a las 400 partes por millón (ppm)

MANIPULACION, MENTIRAS Y VIDEOS

«Néstor Humberto Martínez Neira dice muchas veces «jueputa». Lo hace en privado, porque bajo su nombre, en la tarjeta de visita, pone «Fiscal General de la Nación de Colombia». Pero en su agenda telefónica están los números de algunos «hampones» de guante blanco, de ésos que en el país de la coca y la guerrilla saben manejar un lenguaje de arrabal, gastan hierros del calibre 22 o saben dónde hacerse con un sobrecito de cianuro”.
Carlos Mattos, Cianuro, dinero negro y vendetas procesales: la oscura sombra del fiscal general de Colombia. Disponible en: https://www.elespanol.com/mundo/20181114/cianuro-dinero-vendetas-procesales-fiscal-general-colombia/353215896_0.html

El 2018 fue el año de los videos, con lo que nos referimos no a las boberías cotidianas que circulan por el mundo virtual, sino a la utilización de videos y audios con fines claramente políticos. Tres videos y audios resonaron, por las consecuencias inmediatas y de larga duración, que pueden llegar a tener en la vida política colombiana; en su orden el de Jesús Santrich, el del Fiscal Néstor Humberto Martínez y el del ex candidato presidencial Gustavo Petro.

El 9 de abril, como producto de un burdo montaje, fue encarcelado Jesús Santrich, uno de los negociadores de las Farc en la Habana y el más crítico frente al fallido acuerdo con el Estado colombiano. Ese montaje en el que participó la DEA, otras agencias de los Estados Unidos, la Fiscalía y el gobierno de Juan Manuel Santos tiene el propósito de comenzar la extradición hacia los Estados Unidos de los antiguos miembros del Secretariado de las Farc, acusándolos de ser narcotraficantes, con lo cual se reafirma, por si existieran dudas, el carácter traicionero del bloque de poder contrainsurgente en Colombia, empezando por el Estado, y el fracaso del mal llamado “proceso de paz”.

Con respecto a este video, los otros dos personajes señalados también intervinieron. El Fiscal para decir, como si hubiera hecho un fabuloso descubrimiento, que las pruebas eran concluyentes y se iba a cumplir con la orden de los Estados Unidos de extraditar a Santrich. Gustavo Petro, por entonces en plena campaña presidencial, tuvo un comportamiento vergonzoso, en el que tráfico dignidad por votos, y sin ninguna distancia crítica hacia el montaje lo avaló e indicó que, de ser presidente, extraditaría a Santrich, pero no a Álvaro Uribe Vélez, al que le anunció que le daría todas las garantías legales, como si alguna vez no las hubiera tenido.

Pero a los dos personajes mencionados les dieron de su propia medicina. Primero al Fiscal General de la Nación, puesto que a los pocos días de la extraña muerte del ingeniero Jorge Pizano, a mediados de noviembre fueron revelados varios audios en los que conversa con el Fiscal y que aquel gravó en secreto, porque dudaba por supuesto de ese personaje, abogado corporativo de los grandes grupos económicos del país, empezando por el grupo AVAL, de Luis Carlos Sarmiento Ángulo.

Sin ninguna duda, y este no fue ningún montaje, porque ni el propio Fiscal desconoció su autenticidad, lo que dejan en claro esos audios es que Néstor Humberto Martínez sabía desde 2015 de la participación del grupo AVAL en los negociados corruptos de Odebrecht, concretamente en la construcción de la Ruta del Sol, puesto que en ese momento fungía como asesor jurídico de ese poderoso grupo económico, un hecho que siempre había negado[11].

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El “independiente” Fiscal y algunas de las empresas
a las que ha servido como abogado

El escándalo que suscitaron estas grabaciones llevó a que se presentara un debate en el Congreso de la República, en donde el Fiscal estaba en el ojo del huracán. Uno de los participantes en ese debate fue Gustavo Petro, quien enfatizó la responsabilidad del Fiscal en el caso de la corrupción de Odebrecht. Por su parte, el Fiscal señalo que era honesto y transparente (como cualquier alcantarilla) y en forma increíble afirmó que estaba siendo víctima de una conspiración orquestada a nivel internacional en la que participan la CIA, el FBI, el gerente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, varios periodistas, políticos como Gustavo Petro y hasta las Farc[12]. Como puede verse, el Fiscal ha sido víctima de su propio invento: contra él se han usado grabaciones, como las empleó contra Santrich, pero con la diferencia que las suyas son auténticas, sobre las que no existe ninguna duda de su veracidad, y en este caso no pasará nada, e incluso estas denuncias de corrupción aumentaran su popularidad y lo impulsarán a otros ámbitos del poder en un futuro cercano.

Gustavo Petro también fue víctima de su propia arrogancia contra Santrich, y pensó que contra él jamás se utilizarían las mismas armas que se emplearon contra el dirigente de las Farc, perdiendo entre otras cosas la perspectiva política con respecto a las clases dominantes de este país, que no dudan en recurrir a todas las formas de lucha para destruir a los que se les opongan en el camino. En efecto, el mismo día del debate en el Senado, miembros del Centro Democrático (Demoniaco) le sacaron a relucir su propio video. En el mismo se ve a Gustavo Petro recibiendo dinero, en la oscuridad, y guardándolo en una bolsa de plástico[13]. Por supuesto, el video se esgrimió en público en ese momento (y seguro lo tenían guardado hace tiempo), para desviar la atención de la corrupción del Fiscal, y lo lograron porque de eso prácticamente se dejó de hablar. Ese hecho no puede ocultar, sin embargo, que lo que se observa en el video de Petro es muy feo, expele un cierto tufillo de bajos fondos, máxime que el actual senador patinó, balbuceó, incurrió en contradicciones, que en lugar de aclarar lo sucedido lo comprometieron todavía más.

Petro, que tan seguro se veía cuando afirmaba que extraditaría a Santrich por un video-montaje hecho por la CIA y la DEA, ahora recibe el mismo trato, con la diferencia de que lo suyo tampoco fue un montaje, sino que es un video auténtico. Aquí puede aplicarse el dicho popular que en pelea larga hay desquite, y un desquite costoso, puesto que después de ese escándalo se acabó la imagen de incorruptible de Petro, y creemos que con ello fenecieron sus aspiraciones presidenciales. Una diferencia que muestra hasta donde llega la injusticia colombiana radica en que mientras a la persona a la que le hicieron un montaje se encuentra en la cárcel desde el mes de abril, y corre el riesgo de ser extraditado en cualquier momento a los Estados Unidos, mientras los otros dos personajes, con sus audios y videos auténticos, que tan elocuentes fueron contra Santrich, gozan de plena libertad.

LOS ESTUDIANTES SALVAN EL AÑO

«La educación pública en peligro de extinción»
«Llueva o truene el paro se mantiene»
Consignas de los estudiantes en paro

Afortunadamente, al final del año hubo una buena noticia para los sectores populares, relacionada con la lucha de los estudiantes de las universidades públicas, que consiguieron un importante logro, por medio de la lucha organizada y la movilización. Tras un ciclo de siete años de pasividad del movimiento estudiantil, luego de la última gran lucha del 2011, en 2018 volvió a cobrar fuerza la lucha de los estudiantes colombianos.

El paro comenzó el 11 de octubre y su fuerza fundamental fueron los estudiantes, organizados en ACREES, FENARES y mayoritariamente en la UNEES (Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior), que emergió tras la realización de un encuentro realizado en la ciudad de Florencia, y donde participaron cerca de 1.000 delegados de las universidades públicas del país. Allí se elaboró un pliego de peticiones que se concentró fundamentalmente en asuntos financieros, dada la difícil situación económica de la universidad pública, como resultado de una política de Estado dirigida a liquidarla en forma paulatina, como quedó reglamentado en la Ley 30 de 1992. Esta disposición aseguró la desfinanciación estructural de la universidad pública, que cada vez recibe menos presupuesto del Estado y se ha visto obligada a conseguir recursos propios, vender servicios y mercantilizarse internamente.

Las exigencias de los estudiantes tuvieron la fortuna de que captaron el aspecto central de la crisis estructural de la universidad y lo expresaron en el momento preciso, tras el cambio de gobierno, y se ventiló como un tema central de discusión política cuando fue evidente la crisis del programa estrella de Juan Manuel Santos “Ser Pilo Paga” o, en forma más general, se desnudaron las falacias de la propuesta neoliberal de financiar la demanda.

El 10 de octubre se presentó una extraordinaria manifestación nacional, que contó con la participación de miles de estudiantes y de otros sectores de la sociedad y al día siguiente se inició el paro. Desde el principio, como suele ser costumbre en Colombia, el gobierno de Duque le apostó a dividir el movimiento y a esperar su desgaste. En cuanto a la división se apoyó en los rectores, que a espaldas del movimiento, decidieron firmar un acuerdo con el gobierno, mediante el cual recibieron pírricos recursos económicos, que fueron presentados como la gran conquista de esos burócratas de la academia, a cambio de dar su pleno apoyo al nuevo programa de “Generación E”, que reemplaza a Ser Pilo Paga, y que se sustenta en la misma lógica de financiar la demanda. Con este pacto por arriba se supuso que el movimiento estudiantil se iba a quebrar, máxime que esa fue la tarea que asumieron los rectores. Pero eso no se logró, y el paro de los estudiantes se mantuvo, contra viento y marea, y oponiéndose a los intereses internos en cada universidad (de los rectores y buena parte de los profesores) por volver a clase, realizó trece marchas a nivel nacional, incluso una el 13 de diciembre –una fecha inusitada para una protesta social en la Colombia de hoy–, en la cual fue brutalmente agredido el estudiante de la Universidad del Cauca, Esteban Mosquera, quien perdió uno de sus ojos por el impacto de una granada aturdidora enviada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el tenebroso ESMAD. Esto no fue excepcional, porque durante los dos meses del paro hubo continuas agresiones a los estudiantes, particularmente contra los de la Universidad Pedagógica Nacional, algunos de los cuales resultaron heridos o fueron encarcelados.

Una característica importante de esta lucha universitaria, conducida por los estudiantes, ha radicado en que se pudo convocar a otros sectores de la sociedad, por la justeza de las peticiones para sostener financieramente a la universidad pública, con lo que se mostró además la importancia que esta institución tiene para la sociedad colombiana. Los jóvenes dieron muestra de iniciativa para comunicar su sentir a importantes sectores de la sociedad, lo que suscitó un apoyo directo de gran parte de la comunidad, como se vio en las movilizaciones y otras repertorios de lucha adoptados por los estudiantes, tales como cátedras libres y abiertas en diversos sitios de las ciudades, difusión de propaganda en los buses, visitas a escuelas y colegios de barrios populares, mensajes a través de las redes sociales, esfuerzo de adoptar un lenguaje comprensible para cualquier persona sobre el problema financiero de la universidad…

La protesta demostró que sí existen canales de financiación y no es cierto, como lo sostienen los defensores del neoliberalismo educativo, que no hay cómo remediar los déficits crónicos de las universidades, salvo, según ellos, mediante la privatización y la retirada del Estado. Contra la corriente se hizo patente que sí es posible financiar la universidad pública, pero eso supone modificaciones en la estructura de gastos del Estado, especialmente en los consagrados a “defensa y seguridad”, que siguen teniendo un peso abultado, pese a que se diga que la guerra se acabó.

Finalmente, por la fuerza del movimiento, que se mantuvo a pesar de la represión policial, de las provocaciones y amenazas, se formó una mesa de dialogo, con participación de estudiantes, profesores (donde desempeñó un importante papel la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, ASPU) y miembros del gobierno, y se garantizaron recursos para asegurar el funcionamiento de las universidades en los próximos cuatro años y quedó como tarea impulsar una reforma a la Ley 30. Por supuesto, teniendo en cuenta el prontuario de incumplimiento de las promesas que hacen el Estado colombiano y los gobiernos de turno, hay que estar atento para que se cumpla lo pactado.

Es posible que la movilización estudiantil tenga repercusiones en el futuro inmediato al haber demostrado que la movilización organizada es un medio eficaz de lucha, el cual a su vez permitió captar la debilidad intrínseca del gobierno de Duque, algo que no es raro si se recuerda que este personaje es un advenedizo y una marioneta del uribismo, con poca capacidad de maniobra. Esa debilidad quedó patente gracias a la lucha de los estudiantes, y eso podría ser la semilla de una reactivación de diversos movimientos sociales en Colombia en el próximo año. Eso, desde luego, solo será posible si se aúnan fuerzas y se mantiene la voluntad de lucha y de movilización.

Notas:

1. Daniel Bases, “Colombia quiere preparar plan de rescate financiero para Venezuela”, febrero 9 de 2018. Disponible en: https://lta.reuters.com/articulo/domesticNews/idLTAKBN1FU02E-OUSLD.

2. María McFarland Sánchez-Moreno, Aquí no ha habido muertos- Una historia de asesinato y negación en Colombia, Editorial Planeta, Bogotá, 2018, p. 145.

3. El Tiempo, 3 de diciembre de 2018. Disponible en: https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/preocupacion-en-narino-por-asesinato-de-indigenas-awa-301062).

4. Karen Bohórquez Contreras, “Mayoría de asesinatos de ex guerrilleros está relacionado con delitos: gobierno”, noviembre 22 de 2018. Disponible en: https://www.rcnradio.com/colombia/mayoria-de-asesinatos-de-exguerrilleros-esta-relacionada-con-delitos-gobierno.

5. El Tiempo, 4 de diciembre de 2018, disponible en https://www.eltiempo.com/justicia/delitos/relator-de-onu-sobre-lideres-sociales-entrega-informe-sobre-colombia-301126

6. Sergio Silva Numa y Helena Calle, “Colombia le dice adiós a sus selvas”, El Espectador, septiembre 30 de 2018. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/colombia-le-dice-adios-sus-selvas-articulo-815320.

7. Ibíd.

8. Sergio Silva Numa y Helena Calle, “Colombia le dice adiós a sus selvas”, loc. cit.

9. Más de 4.300 especies peligran por la deforestación, diciembre 21 de 2018. Disponible en: https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/mas-de-4300-especies-amazonicas-peligran-por-la-deforestacion/42447

10. Ibíd.

11. Los audios pueden oírse en: https://www.semana.com/nacion/articulo/audios-de-nestor-humberto-martinez-y-jorge-pizano/590999.

12. Así es la teoría de conspiración denunciada por el Fiscal, disponible en https://www.eltiempo.com/politica/congreso/teoria-de-conspiracion-denunciada-por-fiscal-nestor-humberto-martinez-298856

13. El video puede observarse en: https://www.youtube.com/watch?v=PnavHDCCT00.

Renán Vega Cantor, especial ara La Pluma, Bogotá, 26 de diciembre de 2018

Editado por María Piedad Ossaba