Hace siete años, los vecinos de Cerrillos, en las afueras de Santiago, se organizaron contra el data center de Google y obtuvieron un fallo judicial histórico que frenó un proyecto que pretendía extraer 169 litros de agua por segundo del acuífero. Google lo rediseñó con refrigeración por aire, pero, gracias a una modificación del reglamento ambiental que elevó de 80 a 1.000 toneladas el umbral de combustible almacenable, el nuevo proyecto podrá instalarse sin evaluación ambiental. Mientras el gobierno de Kast crea una mesa para acelerar los data centers, con Medio Ambiente como simple invitado, los activistas de MOSACAT[1] Tania Rodríguez y Rodrigo Cavieres cuentan cómo vivieron desde dentro esta política de Estado. Nacido en 2019 contra el proyecto de Google, MOSACAT fue en 2024 la única organización social opuesta a los data centers en el grupo de trabajo del Plan Nacional de Data Centers. Reunimos aquí su entrevista con el sitio indio Down To Earth y el resumen de dos reportajes más recientes del sitio chileno El Desconcierto.-FG, Tlaxcala
«Vimos un aparato estatal completamente subordinado a los intereses empresariales»: Entrevista con activistas chilenos de Mosacat que luchan contra un proyecto de centro de datos de Google cerca de Santiago
Rosali Rüsberg, Down To Earth, 26 de junio de 2026
Un grupo de resistencia comunitaria de Chile cuenta qué ocurrió cuando las multinacionales tecnológicas intentaron construir infraestructuras de IA en su país.
Mientras la India amplía rápidamente su infraestructura de centros de datos y trata de atraer inversiones en inteligencia artificial, también crea condiciones cada vez más favorables para las empresas tecnológicas mundiales. Recientemente, Andhra Pradesh atrajo la atención internacional al conceder al proyecto de centro de datos de Google, de 1 GW, una inusual licencia de «distribuidora reconocida» («deemed DISCOM»)[2], que permite a la empresa contratar y gestionar la electricidad dentro del área del proyecto, reduciendo así una de las principales incertidumbres de las inversiones en grandes centros de datos.
Aunque las consecuencias a largo plazo de este cambio normativo siguen siendo inciertas, las comunidades de otros mercados emergentes de centros de datos ya afrontan las consecuencias de la rápida expansión de estas infraestructuras. Ante la previsión de inversiones de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares USA en el mercado indio de centros de datos durante los próximos cinco años y la creciente preocupación por sus efectos ambientales, merece la pena examinar cómo evolucionan los marcos normativos de países como Chile, que ya adoptaron planes nacionales de centros de datos en 2024 y figuran entre los mercados más importantes de su región. Una de las campañas de resistencia más exitosas surgió en Cerrillos, municipio situado en las afueras de Santiago de Chile. Tras conocer en 2019 el proyecto de Google de construir un centro de datos de 200 millones de dólares, los vecinos fundaron MOSACAT (Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio), que finalmente obligó a Google a abandonar sus planes originales. Siete años después, el centro de datos sigue sin construirse. El conflicto se desarrolló en medio de la sequía más grave del centro de Chile desde 2010 y de una creciente preocupación por el uso del agua. Cerrillos se encuentra sobre un importante acuífero que abastece a las comunidades locales, por lo que los planes iniciales de Google de utilizar un sistema de refrigeración de alto consumo de agua resultaban especialmente controvertidos.
En esta entrevista, Down To Earth conversa con dos integrantes de MOSACAT: Rodrigo Cavieres, periodista, y Tania Rodríguez, exdocente incluida en la lista de TIME de las personas más influyentes del mundo en inteligencia artificial en 2024. Ambos repasan el desarrollo de la campaña, lo que reveló sobre la toma de decisiones a escala nacional en materia de centros de datos y las lecciones que deberían considerar países como la India al impulsar sus propias infraestructuras de IA.
Rosali Rüsberg (RR): Desde la perspectiva de MOSACAT, ¿cuáles fueron las principales consecuencias del proyecto para la comunidad de Cerrillos?
Tania Rodríguez: Cuando empezamos a estudiar el proyecto —porque en 2019 un centro de datos era algo completamente desconocido para nosotros—, lo primero que examinamos fue el agua. Se trataba de una cantidad enorme. Disponían de 169 litros por segundo y también habían comprado derechos de agua por 228 litros por segundo. Temíamos que empezaran con 169 litros por segundo y después aumentaran a 228. Esa era nuestra preocupación principal. A partir de ahí seguimos investigando y, como organización, empezamos a entender mejor la situación. Contábamos además con vecinos que nos apoyaban y firmaban peticiones; entre todos pagamos a un abogado. Cuando empezamos a hablar con Google, ya sabíamos de las enormes cantidades de gasóleo que almacenaban, de todas las externalidades, del ruido, de las vibraciones y también del problema energético, que nos preocupa muchísimo. Sin embargo, los vecinos que integraban la asamblea de apoyo nos dijeron: «Miren, lo único que queremos es que Google no utilice agua». Eso fue lo que le dijimos a Google. Lo discutimos internamente, pero intentamos actuar democráticamente y representar la opinión de los vecinos.
RR: ¿Cómo describiría el contexto normativo en el que se desarrolló el proyecto?
Tania Rodríguez: Nos resultó muy sospechoso. En primer lugar, Dataluna, la empresa intermediaria local que hablaba en nombre de Google, se acercó a nuestras autoridades locales y les pidió que mantuvieran el asunto en secreto para que la ciudadanía no supiera nada. Tenemos la grabación de una sesión del concejo municipal en la que un concejal le dijo al alcalde: «Escuche, usted nos dijo que era un buen proyecto. Nos pidieron que lo mantuviéramos en secreto. La gente de Google nos pidió confidencialidad». Lo segundo que nos pareció sospechoso fue que no se sometiera a un Estudio de Impacto Ambiental. Ese habría sido el procedimiento apropiado porque, a nuestro juicio, el proyecto cumplía los requisitos del artículo 11 de la legislación ambiental chilena, que exige una evaluación completa para los proyectos que puedan afectar significativamente los recursos naturales, como el agua. Eso era lo que defendíamos. En cambio, se presentó mediante una Declaración de Impacto Ambiental, un trámite más rápido. En aquel momento, todos los centros de datos recurrían a declaraciones. Ahora ni siquiera tendrán que presentar una.
Imagen de portada: Activistas chilenos del MOSACAT (Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio) reunidos en torno a una pancarta que proclama: «El agua no es solo un recurso, el agua es vida». Tania Rodríguez, en el extremo izquierdo de la foto, y Rodrigo Cavieres, en el extremo derecho.