Durante medio siglo, el capitalismo europeo se apoyó en la extracción de plusvalía relativa. Tras el agotamiento del fordismo, el giro monetarista de 1979 y la ofensiva neoliberal organizaron la acumulación capitalista por desposesión: deslocalización, financiarización, fin del empleo estable y una lenta proletarización de las capas medias.
Al obrero todavía se le permitía ganar en el precio de las mercancías, hasta que, a partir de 2008, la productividad dejó de crecer y el beneficio pasó a sostenerse en la apropiación de las rentas, sobre todo de los trabajadores y asalariados, mediante la compresión salarial.
El 24 de febrero de 2022, con la guerra de Ucrania, ese proceso dio un salto: se desindexaron los salarios, volvió la «austeridad» y la plusvalía absoluta se convirtió en política consciente, extraída de forma directa del cuerpo y del tiempo de vida del trabajador.
La paz, presentada desde el siglo XIX como armonía del libre comercio, se mostró de nuevo como lo que era: una tregua armada, y la guerra entró en la propia arquitectura de la Unión Europea.
Sobre ese fondo, desde octubre de 2023, Palestina fue el catalizador de todas las luchas latentes: los campamentos universitarios pusieron en pie a una generación de jóvenes y no tan jóvenes y abrieron un ciclo que, pasando por los tractores de los campesinos de 2024 y por la revuelta serbia, todavía no se ha cerrado.
En esos dos años, la nueva generación que despertó a la lucha aprendió tres cosas. Que la Unión Europea era cómplice material del genocidio, por sus acuerdos de asociación con Israel, su comercio de armas y su silencio diplomático.
Que los Estados europeos, con Alemania, Francia y el Reino Unido a la cabeza, proscribían la solidaridad con Palestina bajo la acusación de antisemitismo, es decir, que el Estado de derecho tenía como límite la crítica del sionismo.
En esos países, el movimiento era duramente reprimido por el Estado, con campamentos de protesta prohibidos, estudiantes expulsados de las universidades y la proscripción de la consigna «Del río al mar», maniobra estratégica del bloque atlantista para impedir la convergencia entre quienes protestaban contra el genocidio en Gaza, convergencia que ya se había producido en Italia y que comenzaba en otros países.
El Estado pasó a exigir que las instituciones que debían amparar la lucha solidaria la reprimieran, por el contrario, como hicieron universidades de prestigio, sindicatos confederales y partidos, de derecha, de centroizquierda o ecologistas.
Quien vio desalojar su campamento, expulsar a sus compañeros de universidad y criminalizar sus consignas entendió que la legalidad la define la correlación de fuerzas. Esa lección migraría a los institutos de secundaria, a los puertos y a las plazas.
Alemania vivía en paralelo una conflictividad invisible: frentes de oposición que no convergían, un sindicalismo sectorial que conquistaba aumentos salariales sin formular una política de clase, un campo político capturado por la AfD (Alternativa para Alemania) —partido de derecha nacionalista, antiguerra, antiglobalista—, jóvenes precarios del sector servicios y becarios académicos sin voz.
Pero la represión produjo lo contrario de lo que buscaba, y la generación de los antiguos enamorados de los Verdes alemanes descubrió en ellos el carácter imperialista del propio Estado.

Austeridad y rearme
2025 fue el año de los proyectos. Los gobiernos de la Unión Europea diseñaron en paralelo las dos jugadas que luego serían combatidas en la calle: el recorte del gasto social y el rearme.
El 31 de enero, en Bélgica, cinco partidos (la N-VA, el MR, Les Engagés, el CD&V y los socialistas flamencos de Vooruit) firmaron el acuerdo de gobierno que la prensa llamó Coalición Arizona, por los colores de los partidos asociados y los de la bandera del Estado yanqui de Arizona.
El gobierno fue encabezado por Bart De Wever, nacionalista separatista flamenco de extrema derecha. Su programa era el más coherente de Europa Occidental desde el punto de vista de las clases dominantes. Con un déficit público superior al 5 %, preparó un ajuste de unos 10 000 millones de euros.
El proyecto de ley de pensiones, aprobado el 28 de mayo de 2026, introdujo una penalización del 5 % por cada año de jubilación anticipada antes de los 67, a partir de 2027; exigió 156 días trabajados para contar un año en las jubilaciones anticipadas; desmanteló la pensión de los funcionarios; elevó de 25 a 35 años de cotización el derecho al empleo de final de carrera, es decir, a trabajar menos horas; suprimió las prejubilaciones, sin tener en cuenta los oficios penosos, como si fuera lo mismo pasar treinta años en una oficina que levantando ladrillos en una obra; determinó, durante toda la legislatura, ningún aumento para las pensiones más bajas; y previó 2400 millones de euros de ahorro en cuatro años.
La indexación automática de los salarios, conquista histórica de la clase obrera belga, no funcionaría, de 2026 a 2028, para los salarios superiores a 4000 euros brutos: se empezaba por arriba, pero se sabía que, atacado el principio, se haría lo mismo con los salarios más bajos. Se anunció, además, un aumento del Impuesto sobre el Valor Añadido, después archivado, y la bolsa anual de horas trabajadas.
Los sindicatos se limitaron a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, que se pronunciaría a mediados de 2028, con la reforma ya aplicada. Mientras recortaba las pensiones, el país aumentó su gasto militar un 59 %.
En marzo, la Comisión Europea presentó el plan ReArm Europe, rebautizado Readiness 2030 cuando el primer nombre pareció demasiado sincero: 800 000 millones de euros para defensa en cinco años.
En junio, en La Haya, la OTAN fijó la meta del 5 % del PIB para 2035, un 3,5 % en defensa y hasta un 1,5 % en «seguridad ampliada». La cláusula de «escape» del Pacto de Estabilidad, que permite a los Estados miembros incumplir temporalmente los draconianos límites presupuestarios dictados por la Unión Europea, fue activada para el gasto en armamento.
Cuando se trata de armas, el dinero aparece. ¡Cuando se habla de pensiones, desaparece! Mantener esos presupuestos exigía recortar el gasto social, limitar la sanidad y aplazar toda inversión pública que no fuera militar.
Friedrich Merz, el canciller menos popular de la historia reciente de Alemania, anunció que quería «el ejército más fuerte de Europa». Al cerrar el año, el gasto militar de la Unión Europea rozaba los 400 000 millones.
Era un rearme emprendido cuando los USA no pueden ceder más autonomía a Europa, que debe seguir siendo un protectorado semicolonial, cada vez más dependiente, de un imperio en declive. Y el 78 % de las compras europeas de defensa se hacen y deben hacerse sobre todo en los USA.
La Unión Europea y la Alianza Atlántica, anexo estratégico de Washington, serían una semiperiferia dependiente del turismo y del capital extranjero, con la «economía de guerra» como única alternativa viable y rápida para tranquilizar a los capitales europeos.
El 10 de septiembre de 2025, la población sometida del moribundo eje franco-alemán comenzó a levantar la cabeza y a salir a luchar, lanzando la consigna que recorrería el continente considerado propiedad exclusiva de las clases dominantes: «Bloqueemos todo».
Es decir, detener físicamente Francia y Alemania, en oposición a las políticas de austeridad. Y las movilizaciones, inicialmente estudiantiles, bajaron a las calles, como recuerdo y herencia de los Chalecos Amarillos, de las manifestaciones de trabajadores y sectores populares de 2018.
Se enfrentaron a dos caminos divergentes: una huelga general o el encapsulamiento del movimiento en las elecciones de 2027. La jornada contra el presupuesto de Bayrou, primer ministro francés, se repitió el 18 de septiembre de 2025.
Gregório Carboni Maestri, Revista Consciência, 11 de noviembre de 2026
Traducido por Tlaxcala
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