El pueblo colombiano será llamado próximamente a las urnas para decidir sobre el futuro de la reforma laboral prevista en el programa electoral del entonces candidato Gustavo Petro y validada cuando fue elegido presidente de la república en 2022.
Esta reforma fue presentada por el gobierno hace más de dos años y lamentablemente, se encuentra bloqueada desde entonces en el Congreso, víctima de una feroz obstrucción y de la marcha atrás de algunos parlamentarios que se habían comprometido en apoyarla cuando fueron elegidos.
Siendo ésta, una oportunidad para analizar qué es el derecho laboral, en qué consiste la reforma laboral y qué dice este estancamiento sobre el estado democrático del país.
¿Qué es el Derecho laboral?
Un trabajador cede su tiempo de trabajo al dueño de la empresa para la que trabaja, su patrón. Durante este tiempo, debe obedecer a las instrucciones del patrón; se dice que está en una relación de subordinación. Esta definición podría ser la de esclavitud. Pero el derecho laboral es lo que separa el trabajo asalariado de la esclavitud.
En el siglo XIX, durante la revolución industrial, se pasó de un sistema feudal de servidumbre, caracterizado en Colombia por el sistema de hacienda, a un sistema capitalista de producción industrial. Inicialmente, el contrato de trabajo se consideraba un contrato como cualquier otro, con la idea de que el patrón y el trabajador negociaran de igual a igual, vaya chiste… ¿Cómo podría un trabajador, que necesita ganar un salario para sobrevivir, negociar de igual a igual con el dueño de los medios de producción necesarios para realizar el trabajo? ¿Quién ha visto alguna vez a un patrón aumentar los salarios, reducir los ritmos de trabajo, sin estar obligado a ello, sólo porque ese día se levantó de buen genio?
Entonces, la explotación de los trabajadores fue muy violenta en aquella época y, poco a poco, los trabajadores se organizaron en sindicatos y comenzaron las luchas sociales por salarios decentes y mejores condiciones de trabajo.
Esas luchas dieron origen al derecho laboral, un conjunto de normas que limitan y demarcan la explotación de los trabajadores por parte de los empresarios. Puede decirse que el nivel de protección que ofrece la legislación laboral es un termómetro que muestra el estado del equilibrio de poder entre los trabajadores, sus sindicatos y los empresarios.
La tendencia histórica en Colombia, como en el resto del mundo, fue una mejora constante de las condiciones de trabajo de los asalariados… hasta el giro neoliberal de los años ochenta. Este giro, iniciado por Margareth Thatcher (Reino Unido) y Ronald Reagan (EEUU) a nivel internacional y César Gaviria en Colombia, se caracterizó por un retroceso del Estado en la gestión de los asuntos públicos (a través de la privatización de los servicios públicos) y por un fuerte deterioro del derecho laboral.
En Colombia, este retroceso estuvo marcado en particular por la ley 100 de 1993 (privatización de los fondos de pensiones y de seguro de enfermedad y creación de las tristemente célebres EPS) y la ley 789 de 2002 (reducción de los derechos de los trabajadores en materia de trabajo nocturno y dominical, indemnización en caso de despido injustificado o indemnización en caso de retraso en el pago de los salarios). César Gaviria, Misael Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, todos estos expresidentes se guiaron por los principios del neoliberalismo.
Sin embargo, los movimientos sociales de 2019 y el Estallido Social de 2021, oponiéndose a una reforma tributaria injusta, demostraron que el pueblo ya no quería esa política. La elección de Gustavo Petro en 2022 confirmó democráticamente este rechazo. En ese contexto se lanzó el proyecto de reforma de la legislación laboral a principios de 2023.
¿En qué consistió la reforma?
– Devolver a los trabajadores los derechos que les robaron los gobiernos anteriores (trabajo nocturno a partir de las 6 de la tarde, paga extra del 100% por trabajar los domingos y feriados, etc.).
– Adaptación a los nuevos tipos de relaciones laborales (marco jurídico y derechos laborales para los trabajadores plataformas en línea como Rappi)
– Reconocimiento de relaciones laborales hasta ahora ignoradas (madres comunitarias) o mal reguladas (trabajadores domésticos, periodistas, deportistas, etc.).
– Aumentar la seguridad del empleo sin estabilidad (reconociendo los contratos indefinidos como norma y limitando el uso de contratos de duración determinada).
– Creación de un régimen especial que permita a los trabajadores agrícolas beneficiarse de la protección social y del derecho laboral.
– Proteger a los trabajadores vulnerables, en particular, prohibiendo el despido injustificado de mujeres embarazadas.
– La organización de las relaciones entre empresarios y sindicatos
– Una política de apoyo a las microempresas y las pequeñas empresas.
– Limitar la subcontratación por parte de las grandes empresas.
Está claro que, contrariamente a lo que han dicho algunos medios de comunicación, no se trata de una reforma marxista o extremista. No cuestiona los fundamentos de la explotación capitalista. Simplemente, propone un reequilibrio de las relaciones entre empresarios y trabajadores. Pero ni siquiera eso es lo que quieren los empresarios. El enfoque conciliador del gobierno (que había aceptado dar marcha atrás en una serie de medidas) no dio sus frutos y el filibusterismo parlamentario saboteó el proyecto, como ya ocurrió con la reforma de la salud.
Esta obstinada obstrucción, a pesar de la legitimidad democrática del proyecto de ley y del apoyo popular, ha generado una grave crisis política, con una oposición abierta entre los poderes legislativo y ejecutivo del país (y podríamos añadir el judicial, dado el bloqueo del proyecto de reforma de las pensiones por parte de la corte constitucional). Ante este punto muerto, el Presidente Petro decidió dar al pueblo el papel de juez del conflicto lanzando la consulta popular.
Una vez más, la oposición intenta impedir la celebración de dicha consulta retorciendo las normas de la Constitución para impedirlo, o retrasarla lo suficiente para que la cercanía de las próximas elecciones deje obsoleto el proyecto de ley.
Es extremadamente preocupante que los parlamentarios se opongan a la celebración de la consulta popular y traten de impedir que se exprese la democracia directa. La historia de la violencia en Colombia es también la historia de la negativa a que la democracia se exprese. Si no se permite que el pueblo lo haga, corremos el riesgo de que esta violencia vuelva a incendiar el país.
¿Y qué pasa con la democracia?
La palabra democracia viene del griego Demos (el pueblo) y Kratos (el poder). Por lo tanto, democracia significa poder del pueblo. El presidente de la república, los ministros, representantes a la cámara, senadores, gobernadores, alcaldes, etc. son (o deberían ser) únicamente servidores para el pueblo. Su elección o nombramiento les confiere un mandato y sólo un mandato: ser la voz del pueblo y servir a sus intereses.
Si no se atienen a este mandato, deja de ser una democracia para convertirse en una oligarquía (oligos: pocos, arkho: mandar); un régimen en el que una pequeña élite sirve a sus propios intereses. O, como en el caso de los representantes electos, los de sus amos, los que financian sus campañas y/o poseen los grupos mediáticos que les dan la exposición que necesitan para ser reelegidos.
El voto no es entonces más que una ilusión, y las relaciones sociales se organizan mediante la violencia y la represión.
Al pueblo de Colombia
Pueblo de Colombia, recupera el poder, alza la voz y defiende tus intereses en las calles y en las urnas.
No olvides los nombres de quienes han traicionado su palabra y/o han intentado quitarte el derecho a expresarte democráticamente. No respetan el mandato que les has dado.
El año que viene tendrás que elegir de nuevo tus representantes en el Congreso. Vota por quienes te representarán cumpliendo su palabra. Elige a quienes serán tus servidores y no tus amos.