La crisis del régimen, el agotamiento de la democracia liberal, la corrupción en la justicia, la crisis en las cárceles, un poder constituido que no se quiere reformarse, la problemática de la droga y una guerra de décadas, nos convoca a un Poder Constituyente.
Se necesita una nueva Constitución. Un nuevo contrato social que redefina la convivencia entre colombianos/as, hoy y para el futuro. La constitución de 1991 está agotada. Es cosa del pasado. Es una fórmula vieja y desgastada en una Colombia que ha cambiado profundamente.
¡Qué la de 1991 fue superior a la constitución de 1886, por supuesto que sí! Pero hoy, urge una nueva carta de navegación que trascienda la constitución actual, en participación real, en democracia, en justicia, donde el poder constituyente tenga la llave de las reformas. ¿Quién ha dicho que no se puede cambiar la constitución? Tal vez aquellos leguleyos interesados en la letra muerta de la norma. O el Kínder de Gaviria y sus acólitos, interesados en que la tecnocracia siga galopando sobre las normas.
Cuando el poder constituido no llena el sentir y el ser de la democracia, nace la necesidad del poder constituyente. Ahí la potencia, que es el pueblo, debe y puede cambiar la constitución cuando no se ajusta al momento político ni expresa el sentir profundo de la democracia y no sirve a los interese de las mayorías.
El contenido, al día de hoy, de la constitución de 1991, está lejos de una verdadera democracia y por el contrario atornilló el modelo neoliberal y justificó el régimen mafioso y antipopular. Hasta el punto que cualquier intento de reformar la constitución, tiene que pasar necesariamente por el poder más desprestigiado y corrupto de la historia de Colombia: el Congreso.
Necesitamos una nueva constitución. Una nueva carta magna, hija de un pueblo movilizado que se da su propio proceso constituyente, donde se expresen las mayorías, porque es amplio, popular y democrático. Que recoja el sentir de toda la nación, que mire hacía al mundo, que se vuelve cada vez más multipolar, de cara al el futuro, de paz y prosperidad. Por tanto, esta constituyente tiene que albergar la salida a los grandes problemas de la nación.
Es decir, tiene que resolver 200 años de violencia política y social, tiene que dar cuenta de la problemática de la droga, tiene que ponerle tatequieto a la corrupción incrustada, desde hace décadas, en la institucionalidad; en últimas, tiene que resolver la crisis del régimen.
Este proceso no se hace en el Congreso ni en las viejas instituciones. Se hace afuera. En las calles, en las barriadas, en las veredas, en las fábricas, en las universidades, en el campo y en las ciudades. Con pueblo, con fuerzas vivas, con las primeras y terceras líneas, con todos los actores que quieran pasar la página de la violencia y la guerra, por tanto, es para todos, los armados y los desarmados, los ilegales y los legales; un pacto nacional para reconstruir Colombia.
Solo con la movilización, con la organización y la toma de decisiones del pueblo podemos construir el pacto social de la paz, el pacto social de la convivencia, el pacto social de las mayorías nacionales. Está potencia nos tiene que llevar a romper el impedimento jurídico y procedimental que impide que el pueblo se exprese libremente, porque la constitución del 1991 fue contra la participación popular en términos del qué hacer para abordar las reformas.
Pondremos a consideración que el pueblo defina la paz total, la amnistía patrimonial para los dineros ilícitos, cadena perpetua para los corruptos, especialmente los de cuello blanco, una doctrina de seguridad nacional, presupuesto participativo, voto popular del sector justicia para escoger al fiscal, y bajar los salarios de los congresistas.
La cita, entonces, es con todos, con todas; somos mayoría, somos nación,
SOMOS: PODER POPULAR