El pueblo colombiano aguarda con grandes expectativas el final del periodo del cuestionado Francisco Barbosa al frente de la Fiscalía General de la Nación como una oportunidad inédita para contar con un ente acusador democrático, apegado a las leyes y a los derechos humanos, y no a sus intereses de grupo y sus filias y fobias ideológicas. Sin embargo, el momento histórico que debía llegar este lunes 12 fue frustrado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde la mayoría de sus integrantes se negó a elegir, como se los mandata la ley, a una de las candidatas propuestas por el presidente Gustavo Petro y aplazó de manera indefinida la elección, dejando como interina en el cargo a la vicefiscal Martha Mancera, tan desprestigiada y parcial como el saliente Barbosa.
El caso resulta especialmente lamentable por las probadas capacidades y el perfil idóneo de las tres juristas propuestas por el mandatario, Luz Adriana Camargo Garzón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. En su terna, Petro rompió con la tradición de la clase política oligárquica de incluir a exministros, amigos personales, y cubrir cuotas políticas. En cambio, las mencionadas son mujeres que han luchado contra la corrupción, la parapolítica (la simbiosis entre la ultraderecha institucional y los escuadrones de la muerte contrainsurgentes financiados por empresarios y terratenientes, mucho tiempo tolerados e incluso protegidos por el Estado) y otras lacras del país andino, además de ser defensoras incansables de los derechos humanos que han obtenido reconocimiento internacional por su labor.
De manera cínica, los magistrados que paralizan la democracia se dicen víctimas de presiones ilegales e incluso de “secuestro” por parte de los manifestantes que el pasado 8 de febrero acudieron a la sede del Poder Judicial para reclamarles el cumplimiento de su deber. El Presidente de ese organismo calificó de inaceptable que se llegue a sitiar a jueces, cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado, quizá sin percatarse de que los ciudadanos justamente impulsaban la independencia, autonomía e imparcialidad extraviada por él y sus colegas.
Este encontronazo entre el Ejecutivo y la sociedad, de un lado, y el aparato de procuración e impartición de justicia, por otro, refleja el atrincheramiento de la ultraderecha colombiana en los ministerios públicos y los tribunales después de perder la Presidencia en los comicios de 2022. Como ha ocurrido durante el decenio reciente en Perú, Brasil, Guatemala, Argentina, Ecuador, México y otras naciones latinoamericanas, fiscales y jueces se han convertido en organizadores o facilitadores de golpes de Estado denominados “blandos” porque los tanques y las bayonetas militares son sustituidos por indagatorias sin sustento, abusos procesales y prevaricación.
En Colombia, fiscales y togados han emprendido una persecución tan arbitraria como implacable contra el entorno del primer presidente de izquierda en la historia del país; mostrando mucho más interés en el golpeteo político que en resolver los llamados abiertos a deponerlo o las amenazas contra la vida de Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. En México, pese a la fortaleza de que goza el gobierno federal gracias al amplio respaldo popular, no han faltado los conatos de golpe: apenas el 23 de agosto pasado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Luis María Aguilar Morales presentó a sus pares un proyecto que proponía destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador por un asunto administrativo. La moción era tan patentemente desproporcionada y antidemocrática que Aguilar Morales tuvo que retirarla de inmediato, pero dejó al desnudo la existencia de designios golpistas al interior del máximo tribunal.
Sólo una ciudadanía informada y movilizada puede frenar la reorganización de las derechas golpistas que pretenden interrumpir o al menos obstaculizar mandatos populares progresistas desde los espacios que ocupan en fiscalías y tribunales. Colombia merece la oportunidad de construir un futuro distinto al horror oligárquico y paramilitar que ha padecido por décadas, pero este cambio únicamente será posible mientras la sociedad se pronuncie con firmeza a favor de la democracia, el Estado de derecho y la inalienable soberanía del pueblo.